13 ene. 2012

La ONU defiende a los pueblos originarios de la discriminación

Los pobladores originarios y las comunidades migrantes en el país son víctimas de un "aumento de las prácticas discriminatorias" en materia de política habitacional y desalojos territoriales, afirmó la Relatora Especial de Naciones Unidas para la vivienda, la brasileña Raquel Rolnik.
Tras una visita que realizó al país en abril del año pasado, la representante de la ONU difundió en los últimos días el informe completo del relevamiento realizado. El documento observó "el importante incremento en el número de desalojos ejecutados en varias regiones del país", que influyó "en el deterioro" de la situación habitacional. Rolnik resaltó "el aumento de prácticas discriminatorias en contra de grupos específicos, en particular la población migrante y los pueblos indígenas". La Relatora Especial se mostró "particularmente preocupada" por la situación de las comunidades originarias, que son "víctimas de desalojos forzosos particularmente violentos y relacionados con proyectos petroleros, mineros y agrarios llevados a cabo sin consulta previa ni participación". Rolnik notó que los pobladores ancestrales "de varias provincias" están bajo orden de desalojo o se encuentran en peligro por intentos de venta de parte de su territorio". "Aunque el Estado haya invertido en la construcción de viviendas para la población indígena, estas últimas serían social y culturalmente inadecuadas, y en muchos casos de baja calidad y sin acceso a servicios" básicos, completó. La experta, por tal motivo, exhortó al gobierno nacional "a respetar la orden de suspensión de cualquier sentencia que tuviera por objeto el desalojo de una comunidad indígena". Con respecto a la población migrante, destacó como positivo que el artículo 14 bis de la Constitución de la Nación reconoce el derecho a una vivienda adecuada a todos los habitantes, "aunque no tengan constituido un domicilio con todos los efectos legales". "A pesar de esto, la población migrante conocería obstáculos específicos en materia de acceso a una vivienda adecuada, lo que está reflejado en el porcentaje importante de migrantes que viven en villas", dijo Rolknik. La Relatora Especial notó "con particular preocupación la existencia de prácticas discriminatorias contra esta población en la adjudicación de vivienda social", y mencionó el caso de la ciudad fueguina de Ushuaia, donde una ley "define puntajes para la atribución de programas de vivienda en función de los años de residencia y a la conducta cívica". Al mismo tiempo, cuestionó como requisito la de poseer el DNI argentino para poder acceder al programa de vivienda FONAVI. Rolknik observó "un fenómeno de estigmatización creciente de los migrantes que viven en asentamientos irregulares", lo que "se traduce en la asociación de esta población con el narcotráfico y la delincuencia, y en la oposición creciente que se está dando entre los 'okupas'". La funcionaria de Naciones Unidas, por su parte, mencionó que "varios factores dificultan" la concreción del derecho a la vivienda adecuada en la Argentina, "en particular la falta de regulación sobre el mercado de tierras y suelo, la especulación inmobiliaria, la falta de coordinación federativa en la formulación e implementación". http://elsolonline.com/

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