Desarrollo Social afianza la representatividad propia de las comunidades originarias

Agentes de Asuntos Indígenas profundizan la tarea mediante acciones en territorio como el asesoramiento en los procesos administrativos, la concreción de reuniones informativas y la entrega de personerías jurídicas.

A travérs de acciones realizadas en diversos puntos de los municipios de Aguaray, Tartagal y Embarcación, agentes y funcionarios de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social continúan afianzando la representatividad propia de las comunidades originarias. Estas acciones responden a la directiva del ministro de Desarrollo Social Mario Mimessi, de intensificar el trabajo en territorio para fortalecer institucionalmente a las comunidades indígenas de la provincia. En este sentido, se realizaron reuniones con referentes de las comunidades de Misión La Loma, de Aguaray; Misión Sachapera 1, y Curva del Talar entre otras. Estos encuentros se convocaron para brindar asesoramiento sobre la representatividad de las autoridades electas y dar acompañamiento en los procesos de cambio de autoridades comunitarias. Por otra parte, en el municipio de Embarcación, en el marco del proceso inscripción de personería jurídica solicitada por la Comunidad Toba El Tuscal, se realizó una visita a la misma, para realizar una verificación en territorio, del lugar de asentamiento de las familias que integran la comunidad. Finalmente en Tartagal, conjuntamente con el vocal de pueblo Wichí del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), se entregaron tres instrumentos legales de inscripción que certifican las personerías jurídicas de las comunidades Wichi de Pozo Nuevo, El Paraíso Lote A y a la Organización Indígena "Silat" (mensajero), todas residentes en este municipio. Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación https://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/desarrollo-social-afianza-la-representatividad-propia-de-las-comunidades-originarias-93890

Murieron dos niños wichí por el desamparo del gobierno de Salta

A tres años de la declaración de la emergencia sociosanitaria, dos niños murieron en la localidad de Morillo por gastroenteritis. Las autoridades se apuraron en aclarar que no fue por desnutrición, prisa que el Ejecutivo provincial no tiene para garantizar al Pueblo Wichí el acceso a agua potable y frenar el avance del agronegocio sobre sus tierras.

Por Silvana Melo para Agencia de Noticias Pelota de Trapo Dos chiquitos wichí murieron por gastroenteritis en el departamento Rivadavia, centro del caliente verano salteño y del abandono más feroz de la supervivencia originaria. Funcionarios y funcionarias del pueblo de Morillo salieron —con la celeridad que no aparece a la hora de abrirles las puertas de la salud pública— a aclarar que no habían muerto de hambre. No estaban desnutridos, aseguraron. Pero murieron de gastroenteritis. Una enfermedad aguda absolutamente evitable. Dos muertes decididamente evitables. Y emparentadas con el consumo de agua, una de las tragedias del chaco salteño. La falta de agua mató a una decena de niños en medio de la sequía con oleadas de fuego de enero de 2023. El Pilcomayo, un hilito en aquel verano, este año enloqueció y va inundando, con barro y una furia que se lleva las chozas y lo poquito que tienen los wichí. El agua está contaminada, no hay pozos y los gobiernos, desde hace años, disponen su ceguera selectiva. Las mangueras extensas y resquebrajadas por el sol conectan canillas para el modesto milagro de un chorrito que a veces trae arsénico, sabor a sal o agroquímicos. Como la mayor parte de los pueblos originarios, los wichí salteños están atravesados por la deriva de los envenenadores, por la deforestación brutal, por la tala de sus propias herramientas de subsistencia. Y recogen el agua que pueden en bidones de glifosato que abandonan los productores con indolencia, con descuido. Gestos de profundo desprecio a la vida. Cercados por la frontera del agronegocio, despojados de sus espíritus y de sus creencias, de sus alimentos y de sus remedios, el desmonte los desnudó ante un mundo de hostilidad extrema. Que los descubrió de pronto y los encerró en los rincones de la tierra más árida, allí donde no se ven, para que cuenten, apenas, con una parcelita donde caerse muertos. Donde dejar sus huesitos. En el verano de 2020 y en el de 2021 los niños wichí no morían por Covid. Se ausentaban de lo que queda del monte por desnutrición, diarreas, deshidratación. “Nosotros vivimos en una bolsa de sufrimiento”, decía Rosa Rodríguez, docente bilingüe wichí en 2020. “Nosotros a la palabra epidemia la tenemos instalada hace mucho tiempo, a nosotros nos mata el hambre, la falta de agua, de recursos económicos”, decía cuatro años atrás y nada, nada cambió. Ni por la emergencia sociosanitaria declarada por el gobernador Gustavo Sáenz en los departamentos General San Martín, Orán y Rivadavia (2020) ni por los amparos y los informes de la Defensoría del Niño y el Adolescente de la Nación. Nadie pudo —nadie quiso— detener esta tragedia en el norte salteño, donde los niños se mueren como cae de los árboles la fruta madura. Muertes por gastroentiritis en Salta - Misión Foto: Télam En los primeros seis meses de 2021 murieron 64 niños wichí. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y la Comisión Directiva Wichí Misión La Loma demandaron a la provincia. Acusan al gobierno de Salta de no cumplir con la Ley de Salud Intercultural, que permitiría el acceso a la salud pública. Cinco niños y niñas de las comunidades murieron en diciembre de 2022. En tres días de enero de 2023 fallecieron tres en el departamento San Martín (con tres años de emergencia socioambiental) en medio de las oleadas de un calor enfrentado con la naturaleza, generado por una lucha capitalista contra la tierra. Una tierra cuarteada por la sequía, que se tragó tanta vida chiquita sin agua, tantos mañanas sin amaneceres sin prevenirles los males ni cama de hospital. Mientras, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, emprendía su batalla contra la Ley de Humedales. Y mantenía el negocio de la deforestación junto a su predecesor, Juan Urtubey, para ampliar las puertas abiertas al agronegocio, dejar avanzar la frontera agropecuaria y ensanchar el destierro de los pueblos que alguna vez fueron de ahí. Nacieron ahí. Con una preexistencia de más de 500 años ante los que no dejan de practicar el método de la conquista: el exterminio para usufructuar la tierra sin ser la tierra. Ellos son la tierra. Beben de la tierra y la tierra de ellos. Pero los gobiernos de Salta han legislado para que 200 familias tengan en sus manos el 80 por ciento de esa tierra. Ellos, que no son la tierra, la dominan. Y producen aquello que venden afuera. Y no alimentos para una infancia desagregada de este mundo. No agua buena. No medicina cerquita porque ya no hay árboles para ponerse hojas en la frente ni infusiones para la panza. A fines de 2023 Gilda Rojas se enfermó. Tenía 19 años y un bebé. Y vivía en el kilómetro 6 de Tartagal. La indiferencia del sistema de salud empujó a su hermana a instalarse con ella en las puertas del hospital Perón para exigir que la derivaran a Salta. A la capital. Donde suele atender dios, aunque los wichís siempre tienen que esperar. Su familia habló con los medios, reclamó en el hospital y, después de demasiado tiempo despilfarrado en burocracia letal, le dieron el traslado. Pero Gilda murió. Entonces esta vez su familia se plantó con el ataúd de la chica wichí de 19 años ante el hospital. Ahora era la muerte. Cuando ante la vida lo único que hubo fue indolencia. Ahora son dos chiquitos muertos en Morillo. Por gastroenteritis. Morillo, donde los niños wichí que llegan a adolescentes se ahogan de alcohol o inhalan nafta. Pueblos quebrados por la pobreza, la ausencia de agua, el desmonte brutal y las enfermedades feroces del desamparo. En Salta la linda, la que agrupa a la mayor población originaria del país. Cerca de cien mil hombres, mujeres y niños confinados a territorios yermos, castigados por la sequía, la inundación y los 50 grados del verano. Separados de la tierra por quienes la usufructúan y la agotan. Que en los últimos treinta años profundizaron el exterminio planificado por el capital y el agronegocio. Para ampliar la frontera agropecuaria y angostar la de la vida. https://agenciatierraviva.com.ar/murieron-dos-ninos-wichi-por-el-desamparo-del-gobierno-de-salta/

Ciudad Situación peligrosa Las organizaciones indígenas de Rosario y la región rechazan el mega DNU de Milei

El gobierno atenta directamente contra la soberanía nacional y los derechos de los pueblos originarios. Además, declara feriado nacional el 24 de enero en honor a Julio Argentino Roca

Desde las organizaciones indígenas de Rosario y la región enviaron un comunicado en rechazo al DNU del presidente Javier Mile ya que atenta contra la soberanía nacional y los derechos de los pueblos originarios. En el comunicado expresa: “Además, declara feriado nacional el 24 de enero en honor a Julio Argentino Roca. ¡Es el colmo de los colmos! Nos están haciendo burla con uno de los procesos de genocidio, sometimiento y colonialismo más tristes de la humanidad. Cabe recordar que Roca fue uno de los responsables de la muerte de niños, hombres, ancianos, indígenas. Con el agregado de que en la actualidad el juego geopolítico es enorme y despiadado. Entregar la soberanía nunca fue ni moral, ni éticamente algo aceptable. Los pueblos originarios hemos aportado mucho a la construcción de una patria libre y soberana, pero entregar hoy la soberanía como pretende Milei, y más con el marco internacional actual, sería literalmente destruir el país y su futuro para siempre”. Firman: *Fuerza Ancestral indígena *barrios originarios de Rosario *fundadores de Pueblos Originarios en Lucha* *FM Aire Libre 91.3 Mhz *comunidad Pueblos Originarios de Awyayala y comunidad Tonokote Kushi Kawsaypa en Rafaela (Santa Fe) *organización Qom Martirez Lopez *Movimiento indígena plurinacional de trabajadores del abya Yala (MIPTA).* https://www.elciudadanoweb.com/las-organizaciones-indigenas-de-rosario-y-la-region-rechazan-profundamente-el-dnu-de-milei/

Profesionales indígenas se suman al equipo de atención médica del MSPBS

Nueve licenciados/as en enfermería y un licenciado en radiología provenientes de pueblos indígenas fortalecerán la atención médica en distintas regiones sanitarias.

En un importante paso hacia la inclusión y el fortalecimiento de la atención médica en todo el país, la Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha solicitado y logrado la incorporación de profesionales licenciados pertenecientes a diferentes comunidades indígenas. Esta medida, en conformidad con la Ley de Salud Indígena 5.469/15 y la Ley 6.279/19, que establece la obligatoriedad de la incorporación de personas de comunidades indígenas en las instituciones públicas, refleja el compromiso claro y directo de la administración del Ministerio de Salud con la población indígena. La contratación de un licenciado en radiología y nueve licenciados/as en enfermería para diversas regiones sanitarias representa un avance significativo en la dirección de una atención médica más inclusiva y culturalmente sensible. Los profesionales incorporados provienen de comunidades como Yshyr Ybytoso, Nivacle, Ava Guarani, Mbya Guarani, Ache y Pai Tavytera, demostrando la diversidad y la representatividad de la iniciativa. La ministra de Salud, Dra. María Teresa Barán, destacó la importancia de esta contratación, subrayando que no solo fortalecerá los servicios de salud en diferentes regiones, sino que también cumplirá con la visión de una atención médica que respeta y comprende las particularidades culturales de las comunidades indígenas. Esta decisión no solo cumple con las obligaciones legales establecidas, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de la diversidad en el ámbito de la salud. La inclusión de profesionales de diversas comunidades indígenas no solo beneficiará a los pacientes, asegurando una atención más personalizada y culturalmente competente, sino que también contribuirá al fortalecimiento de la diversidad en el sistema de salud público. https://www.mspbs.gov.py/portal/29067/profesionales-indigenas-se-suman-al-equipo-de-atencion-medica-del-mspbs.html

El Municipio comprometió potenciar la labor de comunidades de pueblos originarios y reconoció su aporte cultural

El intendente Merino escuchó los proyectos de los referentes de las etnias. El propósito es revalorizar sus costumbres e ideas. En pleno convencimiento de reconocer el invaluable aporte cultural a la sociedad contemporánea, el Municipio de Trelew realizó la labor territorial e institucional de las comunidades asentadas en la ciudad. El intendente Gerardo Merino, y el coordinador General de Relaciones Institucionales, Leandro Ferrario, recibieron hoy en el Palacio Municipal a referentes de pueblos originarios y a personas que acompañan el arte autóctono. En la reunión, el intendente ahondó acerca de sus proyectos y el impacto en la comunidad. También los invitó a continuar estrechando las relaciones, sobre la base del conocimiento e intercambio cultural, que alimenta los vínculos interpersonales y multisectoriales. El Ejecutivo reconoció el aporte de los pueblos originarios en la comunidad; costumbres y tradiciones que no fueron olvidadas por el esfuerzo propio de aquellos que la enaltecen y custodian socialmente con constancia. El diálogo, desde el Municipio, se sostiene con distintas entidades, a fin de conservar la institucionalidad. Y en este contexto, Merino y Ferrario escucharon los planes de las referencias del sector y la posibilidad de encauzar acciones conjuntas. “El eje del encuentro fue exhibir la labor vinculada con el arte y su cultura. Y que ellos conozcan las gestiones del Municipio encaminadas hasta el momento para preservar su identidad cultural”, dijo el funcionario municipal. Ferrario comentó que la Coordinación General de Relaciones Institucionales tiene bajo su esfera la Dirección de Pueblo Originarios; que en líneas generales “potencia el trabajo que se viene haciendo” desde el Estado para exponer las costumbres autóctonas. En esta línea, ratificó que “el compromiso del Municipio es realzar esos trabajos y poner a disposición las distintas áreas del Gobierno para seguir adelante con el reconocimiento de las comunidades indígenas”. Por parte de los pueblos originarios participaron los referentes Marcos Calfunao, Vicente Ledesma, Milton Frintt, Angélica Huichulef, Claudia Cayupil, Liliana Huichulef, José Huayquilaf, Sandra Curaqueo (Lof Calfunao), Belén Frintt. Ellos representan a las comunidades Calfu Moo, Comunidad Colhipan, Alto Lepa , Meli Wilran Mapu, y Agrupación Cañadón del Arte. https://www.trelew.gov.ar/el-municipio-comprometio-potenciar-la-labor-de-comunidades-de-pueblos-originarios-y-reconocio-su-aporte-cultural/

Noticias Episcopado Endepa recuerda que 'el territorio es vida, no mercancía' 2 DE ENERO, 2024BUENOS AIRES (AICA) El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen expresa su preocupación por el DNU n° 70/2023 y por el proyecto de ley "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", que impulsa el Ejecutivo.

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) difundió un comunicado con el título “El territorio es vida, no mercancía”, en el que expresa su preocupación fuerte por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) n° 70/2023 y por el proyecto de ley tiulado “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional “El DNU es una disposición unilateral, que no se condice con el sistema republicano de la división de poderes, con la que el Poder Ejecutivo Nacional intenta modificar el sistema legal instaurado constitucionalmente”, se advierte en el texto. Tras dar sus fundamentos, Endepa brega por “la promoción del diálogo institucional, para que valores como la libertad puedan tener una verdadera expresión en el respeto de nuestro sistema legal y el cumplimiento del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, y la Declaración de las Naciones Unidas y de los Estados Americanos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. Texto del comunicado Como Equipo Nacional de Pastoral Aborigen manifestamos nuestra fuerte preocupación por el DNU N° 70/2023 y el Proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional. El DNU es una disposición unilateral, que no se condice con el sistema republicano de la división de poderes, con la que el Poder Ejecutivo Nacional intenta modificar el sistema legal instaurado constitucionalmente. Mediante este decreto se deroga la Ley de Tierras N° 26.737 que pone límites a la titularidad y posesión de privados extranjeros. Esto está profundamente relacionado con la problemática territorial de los Pueblos Indígenas, ya que propicia y acentúa el avasallamiento de sus derechos adquiridos. La falta de utilización del sistema democrático, el mismo por el cual el pueblo argentino eligió a sus legisladores para construir, modificar o derogar las leyes, termina infringiendo la norma mayor que es nuestra Constitución Nacional. Los Pueblos Indígenas no solo han mostrado su profunda inquietud sino que, además, han luchado –y lo siguen haciendo– por la defensa de los bienes naturales frente al extractivismo que es política de Estado. Es claro que la derogación de esta ley regulatoria promueve la venta de territorios a extranjeros y, con ello, la vulneración de los derechos territoriales de las Comunidades Indígenas. Esta situación recuerda el famoso caso de las tierras en las que se encuentra el Lago Escondido, en Río Negro, que fueron vendidas a un extranjero y como consecuencia se privatizó el ingreso al mismo, espacio natural que es de todos. El riesgo de la extranjerización sin límites de los territorios, más aún cuando a la fecha no se ha terminado de cumplir con el relevamiento territorial de Comunidades Indígenas que ordena la Ley 26160, produce una tensión angustiante en los Pueblos Indígenas. Debido a estas razones afirmamos que el decreto de necesidad y urgencia en cuestión termina siendo inconstitucional. Las leyes, en el sistema nacional argentino, resumen la soberanía del pueblo expresada en la elección de sus representantes para discutirlas y crearlas mediante los legisladores. El presidente no puede asumir facultades legislativas ni vulnerar el orden constitucional. Las normas legales merecen la discusión necesaria para ser aprobadas como tales. Es por ello que bregamos por la promoción del diálogo institucional, para que valores como la libertad puedan tener una verdadera expresión en el respeto de nuestro sistema legal y el cumplimiento del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas y de los Estados Americanos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Más información, en www.endepa.org.ar y redes sociales.+

La primera cosecha de miel de pueblos originarios fue de 140kg Este emprendimiento forma parte del Programa Apícola respaldado por la Dirección de Bosques Nativos.

La comunidad originaria Huarpe Clara Rosa Guaquinchay, ubicada en el Sitio Ramsar Laguna de Huanacache, celebró la recolección inaugural de miel. Hay que tener en cuenta que en San Juan las comunidades apícolas no sólo representan un emprendimiento que impulsa la economía regional, sino que también se encargan de la preservación de bosques nativos en la provincia. Este emprendimiento sostenible forma parte del Programa Apícola respaldado por la Dirección de Bosques Nativos, en estrecha colaboración con la comunidad Huarpe, situada en el departamento 25 de Mayo. La reciente cosecha, que tuvo lugar como parte de la temporada 2023/2024, resultó en la recolección de 140 kilos de miel de algarrobo, destacando el potencial de esta actividad en la región. El proyecto se desarrolló mediante la realización de talleres, donde un apicultor designado por la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable trabajó mano a mano con los habitantes locales en la construcción de colmenas. La Dirección de Bosques Nativos desempeñó un papel crucial al proporcionar las herramientas necesarias y brindar un acompañamiento continuo en el desarrollo de la actividad apícola. El objetivo era capacitar a la comunidad para producir miel tanto para consumo interno como para su posterior comercialización. https://www.0264noticias.com.ar/noticias/2024/01/02/56958-la-primera-cosecha-de-miel-de-pueblos-originarios-fue-de-140kg

Quién es Félix Díaz: el integrante Qom que levantó el acampe de Plaza de Mayo y se acerca a Milei y Bullrich

Crece a preocupación en las comunidades originarias luego del acercamiento de Félix Díaz con el gobierno de Javier Milei. Especulan con intereses políticos y económicos que pondrían en peligro el territorio de los pueblos indígenas

Luego de casi cuatro años, el integrante de la comunidad Qom Potae Napocna Navogoh de Formosa, Félix Díaz levantó el acampe que se encontraba en Plaza de Mayo, por pedido del actual jefe de Gobierno Porteño, Jorge Macri. Díaz y otros miembros de la comunidad se encontraban frente a Casa Rosada a la espera de ser recibidos por integrantes del gobierno nacional. El acercamiento del Qom con el nuevo gobierno nacional encendió las alarmas de la comunidad indígena que teme por el futuro de los pueblos originarios, luego de la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación. “Como comunidad indígena, no nos sorprende, por parte de él, porque siempre ha sido funcional a los gobiernos de derecha. Siempre buscó un rédito político”, expresó, en dialogo con El Destape, Catalino Sosa, director de la Etnia Toba (qom) de Formosa. Durante el 2015 se lo vio a Félix cerca del ex presidente Mauricio Mari, quien aprovechó la campaña presidencial para entablar un vínculo con el indígena. “Es conocido por su militancia política con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Siempre ha tenido una afinidad con la derecha en Argentina”, explicó Sosa. Según entiende el director de la Etnia Toba, el acercamiento de Félix con el gobierno de Javier Milei escondería intereses políticos que podrían atentar con las tierras que ocupan los pueblos originarios, a lo largo del territorio argentino. “Que él se siente en la mesa con ellos, es una traición a la lucha ancestral de los pueblos y hay un solo fin: se está preparando a nivel nacional una persecución sistemática del territorio indígena”, agregó el formoseño. “Buscan terminar con el derecho de la propiedad de las comunidades, por los intereses de las multinacionales. Hay intereses políticos y económicos detrás del levantamiento del acampe”, aseguró Sosa. Desde que se conoció la figura de Félix, se lo asoció como cacique de Formosa, sin embargo, Catalino explicó que dentro de las comunidades los caciques son elegidos de forma ancestral y hereditariamente, lo que hace que Díaz no sea reconocido de esa forma dentro de la comunidad Toba. “Él no tiene la representatividad que tienen que tener los líderes indígenas y en la colonia Primavera ya hay un cacique”, advirtió. Por otro lado, Sosa explicó que la idea de instalar que Félix es representante de las comunidades originarias de Formosa esconde un interés por parte de los grandes medios de comunicación y los gobiernos de derecha en Argetina. “Los medios buscan instaurar una figura que van a saber usar en el momento que persigan a las comunidades, para que defienda la postura del gobierno y avale la persecución que se viene a las comunidades indígenas”. Por último, el director Toba expresó: “Nosotros repudiamos y consideramos como traición que Félix se siente a la mesa de un gobierno que está preparando medidas para reprimir y perseguir al pueblo indígena. Eso demuestra el ‘Vale todo por un cargo’”. La reunión de Félix con el gobierno MÁS INFO cuál fue la respuesta del gobierno La decisión de levantar el acampe fue confirmada tras una reunión del dirigente indígena con el jefe del gobierno porteño, Jorge Macri, y su ministro de Seguridad, Waldo Wolff. "El Gobierno nos propone tener un acuerdo. Queremos que nos devuelvan el decreto original 672/16 para que podamos trabajar a la par del Estado, lo que hemos buscado siempre, con el anterior gobierno no hemos hecho nada fuera de lugar", expresó Díaz. El decreto que reclaman es el que impulsó Mauricio Macri en el 2016 y que les brindó la posibilidad de ser escuchados. "Gracias a ese decreto, pudimos articular y trabajar a la par del Estado, que es lo que unifica a la ciudadanía”, agregó Félix. Whatsapp Facebook Twitter Email Telegram Linkedin PUEBLOS ORIGINARIOS EL DESTAPE FORMOSA JAVIER MILEI https://www.eldestapeweb.com/informacion-general/pueblos-originarios/quien-es-felix-diaz-el-integrante-qom-que-levanto-el-acampe-de-plaza-de-mayo-y-se-acerca-a-milei-y-bullrich-2023122915280

Denuncian perjuicio a pueblos originarios de San Luis Tras denuncias de corrupción y malos manejos, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi restituyó el manejo del Pueblo Ranquel a Víctor Baigorria, como Lonco normalizador de la comunidad originaria.

El mandatario, en su quinto informe a los sanluiseños acerca de la situación recibida por la gestión anterior, se refirió a uno de los hechos de corrupción “más indignos y vergonzosos que me toca transmitir”. Poggi explicó que “a partir de un trabajo coordinado entre diferentes áreas del gobierno, hemos desarticulado un hecho de corrupción que viene de años y que es violatorio de los derechos humanos de los pueblos originarios, una afrenta aberrante a la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos indígenas, reconocidos en nuestra constitución provincial”. Poggi detalló que sobre finales de la gestión anterior, “el ex senador Sergio Freixes, junto a quien sería su secretaria privada, la Sra. Sofia Aguilera y el hijo del gobernador saliente, Alberto Rodríguez Saá Hijo, se hicieron designar Loncos del Pueblo Ranquel mediante una asamblea, ratificada por una resolución del Registro de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia”. Para que se entienda, Freixes, su secretaria y el hijo del gobernador, se hicieron nombrar responsables de la dirección y administración de la comunidad Ranquel, sus riquezas y su tierra, se hicieron nombrar loncos, es decir, caciques. El gobernador les informó a los sanluiseños que “la comunidad ranquel posee un campo, que deviene de ese reconocimiento constitucional, para explotación agrícola ganadera superior a las 66.000 hectáreas. De ese territorio y de sus riquezas productiva, Freixes, su secretaria y Alberto Rodríguez Saá hijo, se habían apropiado”. En consecuencia, Fiscalía de Estado realizó la pertinente denuncia, “en la misma se da cuenta que ya desde el año 2017, Sergio Freixes era quien administraba todos los negocios de la comunidad Ranquel. De esta manera, desde el 2017, no tenían los ranqueles los derechos económicos, civiles y políticos sobre su territorio, lo tenía Freixes, según consta en la denuncia judicial”. La investigación da cuenta que el 21 de abril del año 2020, el ministro de producción de la gestión anterior, Juan Lavandeira, firmó un poder especial para operaciones administrativas y bancarias, a favor de Sergio Freixes y otros, para que en su nombre y representación, intervenga en los asuntos agropecuarios del “Establecimiento San José Municipalidad del Pueblo Ranquel”. “El gobernador saliente permitió que mediante la escritura Nº 144, protocolizada por el escribano de gobierno de ese entonces, le quitó a la comunidad del Pueblo Nación Ranquel, la autonomía y decisión sobre su territorio”, explicó. Los ranqueles desde hace más de seis años perdieron la potestad de su territorio y de sus recursos económicos. Freixes fue quien manejó su coparticipación y aportes especiales recibidos, fue quien intervino en el manejo y arrendamiento para los más de 8000 vacunos y 120 caballos que, según organismos oficiales, habría en ese campo. Entre los meses de marzo de 2022 y julio de 2023 las cuentas que manejo Freixes tuvieron un movimiento de dinero que ascendió al monto de $283.399.813. Los manejos de esos fondos, son materia de investigación de la Unidad de Información Financiera de la Nación, ante la sospecha de posible lavado de dinero. “Cuatro días antes del final de la anterior gestión los supuestos Loncos, Freixes, Aguilera y Rodríguez Saá hijo, se hicieron transferir un aporte del tesoro provincial por $50.000.000. Repito, para que se entienda, el 6 de diciembre, tres días antes de finalizar su mandato, el gobernador Rodríguez Saá dictó el Decreto N° 11.685 del 2023, donde le transfirió a las cuentas administradas por Freixes y su hijo, $50.000.000” Poggi remarcó “Estamos dando cumplimiento al artículo 11 bis de nuestra constitución y al convenio 169 de la OIT sobre Pueblo Indígenas y Tribales”, reconocido en nuestra carta magna provincial, que determina en su Art. 17, inc 3 que “Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ello”. “Por todas estas irregularidades, es que en el día de la fecha he instruido a la jefa de la Dirección de Personería Jurídica que intervenga al Pueblo Nación Ranquel, restituyendo a Víctor Baigorria, perteneciente a la comunidad Ranquel, como Lonco normalizador de la comunidad originaria. Acompañado por el doctor Darío Oviedo y el médico veterinario Carlos Amondarain”, anunció el mandatario. Ya en el cierre de su informe explicó que la Justicia está actuando “a partir de la denuncia penal que hemos formulado desde Fiscalía de Estado”. terrazasdelportezuelo03 Habilitaron un 0800 para denunciar corrupción en San Luis “Hemos dictado las medidas administrativas y jurídicas tendientes a proteger las tierras y bienes que hasta hoy eran saqueados a la comunidad originaria y al Estado provincial también. Parece mentira, se utilizó una causa noble, destinada a una justa reparación histórica, repite el atropello de sometimiento y saqueo que se intentaba reparar. Siempre les digo que “La plata que nos falta se la llevó la corrupción y los aprovechados del Estado, hoy además les digo, al pueblo de la Nación Ranquel, le estamos sacando la mano de encima, de los aprovechados que los explotaban y oprimían”. El lonco Víctor Baigorria contó también que “Freixes alquilaba parte del campo y no rendía cuentas, él dice que sí rendía, pero al Gobierno. Nosotros no sabíamos nada”, afirmó. “Nunca pude llegar al exgobernador, siempre me cerraron las puertas. Yo estaba preocupado y le quería contar que me estaban falsificando la firma”, explica. Fueron tiempos amargos, que quiere dejar atrás. Por delante, se abre una esperanza y Baigorria lo sabe, está ansioso por comunicarle las novedades a sus vecinos, a quienes lo eligieron como lonco. “Vamos a ver qué pasa ahora, es algo nuevo. Acá somos todos laburantes. Estoy contento porque fui desde el primer momento a contarles la verdad a los funcionarios del nuevo gobierno y me tendieron la mano, esto es un bien para la comunidad”, cierra con confianza, aunque sabe que queda un largo camino por recorrer para recuperar la confianza luego de años de maltrato. https://cuyonoticias.com/contenido/11419/corrupcion-y-saqueo-a-pueblos-originarios-de-san-luis

Pueblos Originarios contra el mega DNU de Milei Derogar la Ley de Tierras es “directamente un remate” de la provincia

El Instituto Provincial de Pueblos Originarios criticó la iniciativa que entra en vigencia a partir de hoy. Otros sectores criticaron la criminalización de la protesta y el congelamiento de planes Potenciar Trabajo.

El mega decreto de necesidad y urgencia 70/23 que entra en vigencia a partir de hoy también generó el rechazo de los pueblos originarios de Salta. El reclamo oficial vino de parte de las autoridades del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), que manifestaron que la derogación de la Ley de Tierras N° 26.737 “es directamente un remate del territorio provincial”. Al momento del relevamiento realizado en 2012, Salta era una de las provincias con mayor porcentaje de tierras (más del 10 por ciento) en manos de extranjeros. Con la Ley que a partir de hoy quedaría derogada, se ponía el límite del 15 por ciento del total de tierras rurales en manos de extranjeros. El IPPIS sostuvo que con la derogación de esta normativa “están incentivando la venta del territorio del Estado argentino al mejor postor”. El organismo emitió un comunicado ayer en el que resaltó que “por la deuda histórica que mantiene el Estado con los Pueblos Indígenas, en cuanto a la aprobación de la Ley de Propiedad Comunitaria”, es necesario “que nos garantice la seguridad jurídica de los territorios que poseemos desde tiempos inmemorables (muchos de ellos relevados mediante la Ley N° 26160)”. El IPPIS sostuvo que la derogación de la Ley de Tierras “implica una invitación a los inversores inmobiliarios extranjeros a hacer negociados con los titulares registrales y por consiguiente afectar las posesiones de nuestros territorios comunitarios. Siendo la provincia de Salta una de las más extranjerizadas del país, esta medida es directamente un remate del territorio provincial”, aseguró. Concluyó el comunicado con la reafirmación de que “como pueblos ancestrales tenemos el derecho a ser iguales en cuanto la diferencia nos inferiorice, y derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracterice. Llamamos a todas y todos los hermanos de distintas culturas, de distinto color, pero de un mismo corazón a unirnos en este justo reclamo”. Quitar derechos a quienes apenas los tienen Sergio Simplicio, de la organización originaria La Nueva Integridad, de Misión La Loma, conformada por los pueblos Toba (Qom), Wichí y Guaraní de la localidad de Embarcación, en el departamento San Martín, e integrante también de la asociación Mintti, reclamó por el peligro que, entienden, genera el DNU respecto de la propiedad comunitaria ante el avance de una eventual extranjerización de sus territorios, pero también por la criminalización de la protesta social. Las comunidades indígenas de Salta realizan protestas recurrentemente, por diversas razones, entre ellas por la muerte de niños y niñas a raíz de causas evitables (y que tienen de base la desnutrición), la desatención y atención insuficiente de las personas de las comunidades con discapacidad, la falta de acceso a la salud por falta de facilitadores interculturales o recursos humanos médicos, de recursos para la compra de alimentos, y el avance de medidas indirectas, como la devaluación, que socava los pocos ingresos con que cuentan para sobrevivir. Todos son motivos que abonan el terreno para que recurran a los cortes de ruta como única herramienta política para obtener respuestas. El avance de un protocolo de seguridad y la posibilidad de criminalizar aún más los cortes de ruta puso en alerta a las comunidades, dado que sus manifestaciones suelen realizarse en arterias nacionales. El incremento de los precios como las tarifas del colectivo (un viaje desde Embarcación a la ciudad de Salta pasó de costar poco más de 5 mil a 15 mil pesos), también complica a las personas que habitan en el norte salteño y deben trasladarse a la capital provincial para todo tipo de trámites o por razones de salud. “Te empieza a faltar (el dinero) porque no manejamos un sueldo fijo. A veces apenas llegamos a los 50 mil pesos y con los beneficios, a 60 mil pesos. Pero al pagar la suba de la mercadería, la luz, el transporte, y los útiles cuando empiecen las clases, nos complicaría un montón”, explicó Simplicio. Gran parte de la población de esta zona (indígena y criolla) trabaja en fincas, en la cosecha de verduras o máiz. Las más de las veces estos trabajos se realizan en la informalidad, sin registración alguna. En este contexto, la derogación de artículos y leyes que les protegían les deja una situación de mayor vulnerabilidad aún. Contra el congelamiento del Potenciar Trabajo En la Comunidad Misión Salim 2, ubicada en Padre Lozano (paraje del municipio de Embarcación), personas beneficiarias del plan Potenciar Trabajo de las comunidades originarias se manifestaron en contra de su congelamiento y de distintas políticas anunciadas por el gobierno nacional. Actualmente cobran 76 mil pesos en concepto del programa Potenciar Trabajo, desde 2024 este monto será de 78 mil pesos con un solo bono de 10 mil pesos, insuficientes para atender las necesidades esenciales de una persona, o un grupo familiar. “Conseguimos los planes a través de la lucha”, dijo el cacique y referente del Polo Obrero, Leonardo Simplicio, tras reiterar las múltiples necesidades por las que atraviesan las comunidades. Como ejemplo de la afectación que les provocaría el congelamiento, indicó que antes al menos compraban unas 60 tiras de pan con 1500 pesos. “Y ahora con mil pesos solo llegamos a tener 5 o 6 tiras de (pan tipo) Felipe”. Añadió el histórico problema de la falta de reconocimiento del Estado al trabajo que realizan las comunidades como las artesanías, la carpintería o la producción de carbón. “Nosotros queremos un trabajo pero también un pago digno”, afirmó. Cuestionó que el actual gobierno nacional busque pagar una deuda, lo “que está bien. Pero tendrían que pagarla los que tienen guita, y no gente como nosotros”, sostuvo. “No hay trabajo” en la zona, y las “changas” se pagan, por jornal, entre 5 y 6 mil pesos en una jornada que va de 8 a 12 y de 14 a 16, con temperaturas que superan los 40 grados, contó. La situación alimentaria ya entró en emergencia. Pues con el inicio de las vacaciones, los alumnos y las alumnas dejaron de acceder al alimento que se brinda en las instituciones educativas. “Hace tres meses nos suspendieron además la mercadería para comedor y merendero, que antes al menos daba un desayuno y hasta el almuerzo” a las personas de la comunidad, relató el cacique. https://www.pagina12.com.ar/699557-derogar-la-ley-de-tierras-es-directamente-un-remate-de-la-pr

Se recibió la primera médica del pueblo wichí: "Quiero ayudar a mi comunidad"

En diálogo con Télam, la joven puso en valor el rol de la Universidad Pública y la importancia del Programa de Pueblos Indígenas que se desarrolla en la UNNE: "Me ayudó tanto a mí y a muchos estudiantes de distintas comunidades".

Una joven formoseña se convirtió en la primera médica argentina del pueblo wichí luego de terminar en la provincia de Corrientes su carrera en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), y al concretar su logro destacó la importancia de la educación pública "con acceso para todos" y dijo que su sueño es regresar a su pueblo "para ayudar a mi comunidad". Junto a su padres, compañeros y docentes universitarios, Sandra Toribio celebró la culminación de su carrera de Medicina, con una sonrisa plena, la bandera Whipala en alto y un objetivo claro: volver a Ingeniero Juárez, el pueblo ubicado al oeste de la provincia de Formosa donde nació ella y también sus padres para ejercer la profesión, "lo que me han enseñado, el arte de curar, en mi comunidad", dijo en diálogo con Télam. La joven puso en valor el rol de la Universidad Pública y la importancia del Programa de Pueblos Indígenas (PPI) que se desarrolla en la UNNE: "Me ayudó tanto a mí y a muchos estudiantes de distintas comunidades indígenas", contó y agregó detalles del camino recorrido, los desafíos, los logros y sus proyectos a futuro. "El Programa Pueblos Indígenas acompaña a los estudiantes de forma pedagógica, con psicopedagogas, con un tutor, que siempre es otro indígena que está más avanzado en sus estudios y con becas, que ayudan bastante" Sandra Toribio Sandra, de 28 años, es la decimoprimera estudiante indígena egresada de la UNNE y la primera médica. Asegura que su gran objetivo cumplido tiene que ver con múltiples factores: el esfuerzo de sus padres que la enviaron a estudiar, su ejemplo "porque siempre fueron muy trabajadores y emprendedores", el acompañamiento del PPI y "mi gran esfuerzo". "El Programa Pueblos Indígenas acompaña a los estudiantes de forma pedagógica, con psicopedagogas, con un tutor, que siempre es otro indígena que está más avanzado en sus estudios y con becas, que ayudan bastante, como la del comedor, por ejemplo", explicó Toribio. https://www.telam.com.ar/notas/202312/650659-primera-medica-wichi-corrientes.html

La lucha del pueblo ayoreo frente al cuero para coches de lujo

Una noticia que puede parecer anecdótica, pero que contiene muchas implicaciones que nos abren las vías respiratorias de la conciencia. La empresa fabricante de cuero para coches de lujo Pasubio ha anunciado que boicoteará a los proveedores cuyas actividades amenacen directa o indirectamente los bosques habitados por el pueblo ayoreo, una comunidad indígena que vive voluntariamente aislada en Paraguay. Este boicot es el resultado del compromiso mantenido durante 20 años por parte del pueblo ayoreo. Las 7.000 personas que lo integran (entre Paraguay y Bolivia) custodian cientos de miles de hectáreas de El Gran Chaco, el segundo bosque continuo más extenso del continente suramericano. Aunque una parte de esta comunidad vive sin contacto directo con la colonización, sus líderes han sabido trenzar alianzas con profesionales del Derecho y decenas de organizaciones paraguayas e internacionales para denunciar la invasión ilegal de los ganaderos, que continúa impunemente ante la corrupción de las autoridades locales. El camino no ha sido fácil. En 2001, el Gobierno de Paraguay reconocía formalmente un territorio de 550.000 hectáreas como“Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode. Aun así, 15 años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que dictar una medida cautelar que exigía al Estado paraguayo proteger sus bosques y su territorio; lo hizo a instancias del pueblo ayoreo. A pesar de que las instituciones paraguayas sigan permitiendo que las haciendas agroganaderas ocupen y desforesten ilegalmente este territorio ancestral, y a pesar de que sólo han transferido aproximadamente una quinta parte de las tierras prometidas, las alianzas de las organizaciones no gubernamentales con el pueblo ayoreo han logrado que Pasubio, hasta ahora el principal importador italiano de este cuero, deje de utilizarlo para fabricar asientos, interiores y volantes de autos de lujo como BMW, Jaguar Land Rover, Porsche, más las gamas altas de Citroen y Peugeot. Para que la empresa italiana diera este paso han sido determinantes iniciativas como la encabezada por la ONG Earthsight, cuyas investigaciones demostraron que casi dos tercios de las pieles exportadas desde Paraguay iban a parar a empresas italianas, principalmente a Pasubio, cuyos ingresos anuales de 313 millones de euros dependen en un 90% de la industria del automóvil. En sus informes, Earthsight demostró que una finca de la empresa Caucasian S.A. y otra perteneciente a un asociado de la Cooperativa Chortitzer deforestaron ilegalmente 2.700 y 500 hectáreas respectivamente entre 2018 y 2019 de la reserva del pueblo ayoreo. Además detalló la existencia de una tercera finca, de la empresa Yaguareté Porã, que lleva unos 20 años talando e invadiendo con ganado este territorio. Estas empresas obran impunemente gracias a la corrupción y la inacción del Ministerio de Medio Ambiente de Paraguay, que permitía que las fincas recibieran permisos de deforestación irregulares. A estas investigaciones se unieron las de otra ONG, Survival International, que sacó a la luz las relaciones comerciales de dos empresas italianas con haciendas agroganaderas ilegales: Pasubio y Gruppo Mastrotto. Tras denunciarlas ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Survival las instó a detener estas importaciones. El grupo Mastrotto fue la primera en iniciar un diálogo con la ONG, aunque no ha llegado a ningún compromiso de este tipo. Pasubio, tras un breve descargo de responsabilidad, ha dado este mismo mes el paso definitivo. De ahí nuestra noticia que abraza de diciembre. En una nota de prensa, la compañía reconoce: “Gracias al papel de sensibilización desempeñado a lo largo de los años por Survival International, el movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas y la ONG Earthsight, el Grupo Pasubio ha tenido acceso a información actual y detallada sobre la amenaza que pesa sobre los Ayoreo-Totobiegosode que viven en el Gran Chaco paraguayo, y especialmente sobre los grupos Ayoreo que viven sin contactar en el bosque”. Y añade: “En este contexto, el Grupo Pasubio confirma su decisión de excluir de sus suministros cueros y pieles vinculados a la deforestación del PNCAT [territorio ancestral Ayoreo]; por tanto, a partir de hoy, el Grupo Pasubio suspende todas las relaciones comerciales con proveedores paraguayos que no puedan ofrecer garantías adecuadas sobre la ausencia de cualquier relación, directa o indirecta, con las explotaciones ganaderas existentes dentro del PNCAT”. Los ayoreo son un caso único en América, pues constituyen el último pueblo indígena que vive aislado de manera voluntaria fuera de la Amazonia. Las demás comunidades indígenas en aislamiento voluntario se encuentran dentro de la Cuenca Amazónica. La mayoría de los ayoreo fueron sacados violentamente de su territorio tradicional en la segunda mitad del siglo XX. En la década de los 60 se inició un proceso sistemático de búsqueda y contacto de los ayoreo, que culminó con su deportación y reducción en aldeas misioneras, pequeños asentamientos, donde hoy subsisten como sedentarizados. Esta paulatina eliminación del pueblo ayoreo llegó a su máxima expresión durante los años 90. Entonces la dictadura de Stroessner no sólo negaba la existencia de los ayoreo, sino que los perseguía y mandaba matar en cacerías humanas. Ya entrados los 2000, las agrupaciones gremiales de ganaderos e incluso algunos funcionarios públicos del Gobierno negaban aún la existencia de este pueblo centenario. Ha sido la persistencia de este puñado de habitantes ancestrales de El Gran Chaco y sus aliados lo que ha permitido que actualmente la legislación paraguaya e internacional asegure la prevalencia del derecho de autodeterminación de los pueblos originales del territorio. No sólo se debe respetar su decisión, sino que han de trabajar por preservar su territorio. Aunque siguen sufriendo la amenaza de la deforestación, la construcción de caminos, los megaincendios y el avance de la frontera agrícola-ganadera, la valentía de sus líderes, el trabajo de investigadores sociales, periodistas e incluso cineastas (la película de la directora paraguaya Aramí Ullón, Apenas el Sol, fue candidata a los Goya en 2022) ha permitido que la preservación de los bosques del Chaco sea una reivindicación viva. La decisión de Pasubio corrobora la importancia del compromiso sostenido en el tiempo y el poder de las alianzas.https://elasombrario.publico.es/lucha-pueblo-ayoreo-frente-al-cuero-para-coches-de-lujo/

El Gobernador Ricardo Quintela inauguró la segunda etapa del Parque Temático El Saladillo En la tarde del sábado 30, el gobernador Ricardo Quintela dejó inaugurada la segunda etapa del la obra del Parque Temático El Saladillo, que comprende la inauguración de los sanitarios, la iluminación desde el ingreso al parque y de toda la parte del casco histórico, de los jesuitas y de la casa del entonces gobernador, Natal Luna; además de un recorrido nuevo con diez estatuas hiperrealistas, que pone en valor a los primeros habitantes, los pueblos originarios.

Al respecto, el ministro de Culturas y Turismo, Gustavo Luna, manifestó: “Inauguramos esta segunda etapa, de cinco que están determinadas, para poner en valor este parque que se perfila a ser uno de los más importantes del interior del país, en cuanto al contenido y lo que representa para la historia de un pueblo”. Luna recordó que “con la presencia de Ricardo (Quintela) en la primera etapa se inauguró la ruta, 7 km de iluminación y con el estudio del maestro Pugliese, un gran artista que ya no está presente y es quien dio valor a los parques temáticos más importantes de Latinoamérica, se le dio contenido hiperrealista, para entendimiento de los turistas y de los chicos de las escuelas, la historia de la presencia de los jesuitas, la presencia de los negros acá, la figura de Joaquín V. González que era el yerno de Natal Luna”. Luna detalló que “El Saladillo ya cuenta en su primer recorrido con las imágenes hiperrealistas del maestro Pugliese, que reconocen la presencia de los negros y esclavos de los jesuitas en este lugar”. “También está la figura de Joaquín V. González cerca del lago, donde se inspira en una obra literaria muy importante y reconocida, que se llama “El señor del agua”. “En esta segunda etapa -continuó- está dispuesta a los pueblos originarios y se va completando, termina con los primeros animales, la primera fauna, una familia de tarucas, también del maestro Pugliese, que le dan un valor único a este lugar”. En lo que respecta a la cantidad de visitantes, el ministro remarcó que “este parque tiene muchos visitantes, especialmente chicos de las escuelas y si tenemos en cuenta esto, más el Paseo Cultural, el Parque Acuático, El proyecto WINTY del Parque Eólico, La Rioja se va consolidando como destino turístico de jerarquía, que fue el objetivo planteado en pre pandemia”. En la oportunidad, se entregaron linternas para paseos nocturnos, sobre esto el funcionario comentó: “Hoy entregamos linternas mineras, dispuestas para darle jerarquía al parque y escapándole a las altas temperaturas, que hacen caer las visitas un diez o veinte por ciento de lo que estamos acostumbrados y vamos a habilitar un día a la semana un recorrido nocturno que le genera una magia, un encanto muy particular”. “Si esto avanza bien, vamos a tratar de tener cinco o seis propuestas nocturnas para estimular también el excursionismo de La Rioja en aquella gente que estaba acostumbrada a vacacionar en otras provincias y que por la situación económica del país optaron por quedarse en sus casas” indicó Luna y agregó que “como Gobierno vamos a estimular la visitación y tener abiertas las propuestas como el KM 0, los museos y otras como este parque”. “Cuando Talampaya tuvo el record este año de 1500 turistas, ya en El Saladillo entraron 500 o 600 personas” finalizó. https://nuevarioja.com.ar/politica/el-gobernador-ricardo-quintela-inauguro-la-segunda-etapa-del-parque-tematico-el-saladillo.htm Estuvieron presente la vicegobernadora Teresita Madera; el intendente de la Capital, Armando Molina; la viceintendenta Mónica Díaz D’Albano y miembros de los gabinetes provincial y municipal.

El retorno al rewe de la machi Betiana

El pueblo mapuche necesita vivir en su territorio para existir. Así es para la Lof Lafken Winkul Mapu. Sin embargo, y a pesar de ser un derecho consagrado, según Parques Nacionales, jueces y fiscales funcionales al poder económico, eso no es viable. Las mesas de diálogo que se celebraron con el gobierno argentino para dar solución al conflicto, han resultado una farsa. En la última, del 1° de junio del 2023, se había logrado el reconocimiento del rewe como territorio sagrado, acordando el retorno de la machi junto a sus colaboradores más cercanos. Después de seis meses esperando la formalización escrita del acuerdo, el 5 de diciembre la machi Betiana viajó a Buenos Aires y ahí se encuentra con la puerta cerrada del INAI, que se niega a firmar. De vuelta a Bariloche, ya con el nuevo gobierno instalado, las comunidades expresan su preocupación frente a la incertidumbre del retorno de la machi al rewe. El 28 de este mes la acompañamos al territorio para visitar el rewe. Fue desolador atravesar los signos del ultraje: lo que antes fueron sus rukas hoy son montículos de maderas quemadas, tiradas con los restos de juguetes de sus pichis. Todo está destruído, abandonado. Un sentimiento fuerte me invade: ¿cómo puede una mente humana planificar tanta crueldad? ¡En este espacio encontró su sentido y su armonía una comunidad! ¡Es incomprensible! Las lamuen (hermanas) buscan el lawen (plantas medicinales), prenden el fuego y realizan su ceremonia. Al dia siguiente el 29 de diciembre, en el Centro Cívico de Bariloche, varias lof (comunidades) mapuche, organizaciones ambientalistas, artísticas, sindicatos y medios alternativos, realizan una concentración, pidiendo el restablecimiento de la Ley Anticianuro 3981/05, derogada hace 12 años. Esta ley ha sido el fruto de años de luchas, por eso es considerada por los activistas de la región una conquista popular que frenó la megaminería en la provincia. En esa ocasión la machi Betiana toma la palabra y recuerda que después de más de 1 año del brutal desalojo, su comunidad Lafken Winkul Mapu se encuentra todavía fuera de su territorio y el rewe militarizado. Después de la campaña del desierto es el primer rewe lawen–medicina con una machi, en territorio patagónico, por eso tiene un significado tan especial para el pueblo mapuche. Se levantó para traer sanidad al pueblo mapuche y a todas las personas que creen en sus tratamientos con plantas medicinales. “Ese rewe nos da la vida –expresa la machi–. Está en juego nuestra salud y la de nuestros pichikeche (niños). Defender los territorios es lo que nos moviliza como mapuche. Nuestro espíritu está conectado con la tierra, con cada espacio. Defender los territorios es defender el agua que baja de ellos, la misma agua que tomamos todos. Nuestras luchas se unen”. Luego termina convocando el 14 de enero a las 6 am en Diarco, a realizar un Nguillatun en el territorio para pedir el retorno a su lugar ceremonial sagrado. Los derechos se conquistan poniendo el cuerpo. Esa es la resistencia de la Lof Lafken Winkul Mapu en el territorio. Rafita Nahuel asesinado por construirla; Jessica Bonnefoi, todavía en cárcel domiciliaria; otros integrantes de la loft con orden de captura, lo saben bien, por eso siguen viviendo el hostigamiento de un capitalismo perverso e ignorante y una sociedad que no termina de reconocer sus raíces originarías. https://www.pressenza.com/es/2023/12/el-retorno-al-rewe-de-la-machi-betiana/

El gobernador entregó la custodia del poncho de Inacayal a comunidades originarias

“En un momento tan convulsionado como el que estamos viviendo, que hayamos podido restituir esta prenda a sus legítimos dueños, nos invita a hermanarnos entre todos y a trabajar en conjunto para sacar adelante a la provincia y a cada comunidad”, señaló asimismo el mandatario chubutense”.

El Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este viernes en Tecka la entrega de la custodia del poncho del Cacique Inacayal, en un acto muy emotivo que contó con la presencia de integrantes de pueblos originarios de la región, y del que participaron también autoridades y referentes de los tres poderes del estado provincial. Unión y respeto entre los pueblos Acompañado por Luisa Meli, la Longko de la comunidad “Petu Mongeleim” de Tecka, territorio ancestral del Cacique Inacayal, el mandatario provincial expresó que “es un momento histórico y muy emocionante, para mí y para todos, porque este poncho que hoy restituimos a sus legítimos dueños es un símbolo de la unión y el respeto entre los distintos pueblos”. “En nuestra provincia las comunidades llevan adelante un trabajo muy importante a la hora de mantener viva la cultura, las tradiciones y los orígenes, que yo siempre he reivindicado”, señaló Torres a continuación, añadiendo que “por eso quise venir personalmente a transmitirles mis respetos y mi vocación de seguir construyendo en conjunto”. “Los temas pendientes se solucionan en paz y bajo la ley” Además, indicó que “hay que saber separar el trabajo fundamental que sostienen las comunidades originarias, de la violencia de unos pocos vivos que no entienden que más allá de las diferencias culturales, o de creencias, los temas pendientes hay que solucionarlos en paz, con tolerancia y bajo la ley”. “Somos conscientes de que todavía hay asuntos no resueltos con los pueblos originarios, como por ejemplo el relevamiento de tierras, pero estamos comprometidos a solucionarlos cuanto antes, en un marco de diálogo y respeto, recibiendo siempre a todas las comunidades”, aseguró Torres. Importancia de la entrega Cabe destacar que el poncho de Modesto Inacayal data de finales del siglo XIX, cuando fue obsequiado por su dueño al perito Francisco Moreno como símbolo de amistad. Es, por tanto, una importante pieza de patrimonio histórico que estuvo mucho tiempo en guarda del gobierno chubutense, hasta que el mandatario provincial tomó la decisión de transferir su custodia a los pueblos originarios de la zona de Tecka, legítimos herederos de dicho cacique, quienes celebraron con mucha emoción el retorno de una prenda tan simbólica y con significados tan profundos dentro de la cosmovisión ancestral originaria de Latinoamérica. https://www.diariocronica.com.ar/noticias/2024/01/01/90729-el-gobernador-entrego-la-custodia-del-poncho-de-inacayal-a-comunidades-originarias

“Los pueblos indígenas debemos ser parte de las negociaciones y las soluciones climáticas” Más de un centenar de representantes de pueblos originarios de todos los continentes participaron en la vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP28).

COP28. “Sin los pueblos indígenas no hay solución climática”, coincidieron mujeres y varones de distintos pueblos originarios que se dieron cita en la COP28, que se llevó recientemente en Dubai. Esta afirmación es parte de dos puntos esenciales para ellos: participación en las negociaciones climáticas y financiamiento climático directo para los pueblos indígenas. Desde hace años lo exigen. No es suficiente estar en los pasillos de la sede de la COP de turno, tampoco en los side events en los que participan. Los pueblos indígenas son uno de los nueve grupos que tienen estatus de observadores al interior de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y, por consiguiente, ejercen un papel influyente en los esfuerzos climáticos globales. Sin embargo, aún hay una brecha significativa cuando se trata de garantizar una participación significativa en la política climática. La COP28 tuvo como prioridad la agenda global (GST, por sus siglas en inglés), componente central del Acuerdo de París que implicaba una evaluación exhaustiva de hasta dónde ha llegado el mundo en la lucha contra el cambio climático y cuánto le queda por recorrer. Hubo ocho versiones del documento final, que se cerró el 13 de diciembre, un día después del cierre previsto. Domingo Peas, presidente de Cuencas Sagradas. Domingo Peas, presidente de Cuencas Sagradas. Lo que se ha resaltado de este documento es el acuerdo sobre la “transición para abandonar los combustibles fósiles”. Otro de los puntos principales de la agenda de los indígenas, sobre todo de las tres cuencas de bosques tropicales (Amazonía, Congo y Asia-Pacífico), que albergan dos tercios de la biodiversidad terrestre, pero donde casi el 20% de los bosques tropicales intactos conviven con concesiones activas y potenciales de petróleo y gas. Los indígenas amazónicos tienen muy malas experiencias con los hidrocarburos. “Los combustibles fósiles, especialmente el petróleo, han causado y continúan causando un gran daño en los territorios de la Amazonía peruana. Hemos visto comunidades nativas que han sufrido durante 30 o 40 años la extracción de petróleo, sin que las ganancias obtenidas por esa actividad se hayan distribuido de manera justa, y más bien ha habido contaminación de sus ríos, sus suelos y con ello se amenaza la seguridad alimentaria”, dice Ketty Marcelo, indígena asháninka-yanesha y presidenta de la Organización de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (Onamiap), a Inforegión. “Se habla de transición energética, pero consideramos que esta transición justa debe reconocer a la madre naturaleza como sujeto de derecho, así como a las vidas que habitan en nuestros territorios. También debe contemplar la libre determinación de nuestros pueblos. Al hablar de energía renovable, creemos que nuestros pueblos deben ser consultados y se debe obtener su consentimiento”, añade. De hecho, las delegaciones originarias llegadas a la COP pidieron que las partes de la ONU se sumaran al tratado de no proliferación de combustibles fósiles para poner fin a la expansión del carbón, el petróleo y el gas. “El texto es muy débil. A pesar de los muchos aportes y presentaciones que hicimos, nuestras opiniones no se han integrado”, asegura Domingo Peas Nampichkai, líder ecuatoriano del pueblo achuar y presidente de la Alianza Cuencas Sagradas, que integra a 30 pueblos indígenas de Ecuador y Perú. Él reconoce que en las COP de cambio climático quienes toman las decisiones hablan de los pueblos indígenas, reconocen su valor en el cuidado de los bosques, pero saben muy poco de su realidad y de las amenazas a las que están expuestos. No está conforme con los resultados de Dubai. “Hemos venido a la COP28 para hablar sobre cambio climático, nos gustaría participar en las negociaciones, pero no se nos da la oportunidad. El ecosistema amazónico está vivo, pero la industria de los combustibles fósiles lo puede dañar irreparablemente. Nosotros no queremos más explotación de petróleo en nuestro territorio. Tampoco queremos minería ni tala ilegal. La Amazonía debe ser respetada como cualquier ser humano”, indica a Inforegión. Respecto del balance global, señala que el modelo económico actual no permite salir delparadigma de los combustibles fósiles. Sin embargo, considera que “hay esperanza” de que el mundo entienda que estamos ante un punto de no retorno en la Amazonía. Ketty Marcelo, presidenta de Onamiap. Ketty Marcelo, presidenta de Onamiap. El documento –añade– muestra que los presidentes de los países más contaminantes han ganado, pero la ciencia, la academia, la sociedad civil, algunas empresas privadas junto con las organizaciones indígenas “seguiremos insistiendo en la necesidad de terminar con los combustibles fósiles. Los pueblos indígenas de todo el mundo debemos andarjuntos y mostrar que somos los mejores aliados de los gobiernos para atender la crisis climática y la pérdida de biodiversidad”. Para Gregorio Mirabal, responsable de clima y biodiversidad de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), el documento final es un pequeño avance. “Se reconoce por primera vez la necesidad de una transición que deja atrás los combustibles fósiles. Eso hay que rescatarlo como una declaración, como un titular periodístico”, subraya, pero considera que no es un logro histórico, “es insuficiente”. Los negociadores –continúa– han llegado a esa decisión tras la intensa presión de la sociedad civil, algunos gobiernos y los diversos pueblos indígenas que han participado en la COP. Destaca el papel que han jugado la Unión Europea, Brasil, Colombia, Dinamarca, Costa Rica, y algunos países asiáticos. El documento final del balance global contiene nueve menciones a pueblos indígenas, el borrador anterior tenía once. Se indica que las políticas públicas climáticas deben respetar los derechos de los pueblos originarios; también se reafirma que las soluciones sostenibles y justas a la crisis climática deben basarse en un diálogo social significativo y efectivo con la participación de todas las partes interesadas, incluidos los pueblos indígenas. Se reconoce además el conocimiento de los pueblos indígenas y los sistemas de conocimiento locales, las cosmovisiones y sus valores para apoyar el logro del objetivo global de adaptación climática y diseñar una infraestructura resiliente al clima. “El GST nos menciona, reconoce que somos los guardianes de la tierra, resaltan nuestro trabajo, pero son los mismos reconocimientos que se hacen todos los años; no se da el paso final: que es que los pueblos indígenas participen en las negociaciones”, apunta Mirabal. Reclama que ningún gobierno lleva a la COP a pueblos indígenas para estar en la mesa de negociaciones o al menos estar en los momentos donde se dan esas discusiones, ni siquiera como observadores. “El documento podría ser mejor con nuestra participación”, subraya. Aunque habría que señalar que algunas delegaciones nacionales incluían a representantes de los pueblos originarios. El líder del pueblo indígena kurripako de Venezuela indica que la gran pregunta gira en torno de la implementación, pues –afirma– es un acuerdo muy general. “¿Cuándo se va a llevar a cabo la implementación? Si no se hace pronto, corre el riesgo de quedarse en una declaración, y la crisis climática no se detendrá. Tenemos poco tiempo”. Por su parte, Levi Sucre, director general de la Alianza Mesoamérica de Pueblos y Bosques, considera que los resultados de la COP28, lejos de brindar esperanza a los pueblos indígenas y comunidades locales, no solo carecen de aliento, sino que tampoco sorprenden. “Observemos el escenario en el que se forjaron estos acuerdos: en lugares distantes de nuestras comunidades, en edificios de las capitales, poblados por individuos que nunca han puesto un pie en un bosque, aquellos que contribuyen significativamente a la contaminación de nuestros territorios y que, sin embargo, toman decisiones sobre cómo gestionarlos junto a nosotros”, señala a Inforegión. En la COP28, añade, fue evidente el liderazgo de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la exigencia del respeto a sus derechos y la ausencia de un modelo de inversión directa que llegue a sus territorios, donde se protegen los bosques. El acuerdo solo da una línea a tales derechos. Fanny Kuiri, presidenta de COICA. Fanny Kuiri, presidenta de COICA. “Nuestra expectativa era que la COP28 abordara estos temas cruciales para la supervivencia de los bosques, pero lamentablemente, el debate se centró nuevamente en los intereses económicos de un modelo de desarrollo obsoleto desde el punto de vista ambiental. Aunque se logró un acuerdo sobre una transición en la eliminación del uso de fuentes de energía fósiles, consideramos que es crucial volver la mirada a donde se encuentran los bosques, en nuestras comunidades, y concentrarse en garantizar la seguridad jurídica de los mismos para que podamos seguir protegiéndolos”, detalla. Un punto central que destaca y que coincide con los otros entrevistados para este reportaje, es la financiación climática, “que tampoco ha avanzado lo suficiente, ya que no está diseñada para llegar a nuestras comunidades”. Otro es la corrupción, especialmente en los países en desarrollo. “Existe una carencia general de fondos para abordar la crisis climática, especialmente en el apoyo financiero necesario para aquellos que defendemos los territorios de amenazas de grandes empresas agroindustriales, hidroeléctricas y mineras. Cuando se prometen fondos, estas promesas no se destinan a nuestras comunidades, a pesar de la expectativa de que continuemos desempeñando nuestro papel milenario como guardianes de la tierra”. De hecho, al inicio de la COP28 los representantes indígenas manifestaron su compromiso a trabajar con los Estados para implementar soluciones reales basadas en sus conocimientos. Por otro lado, el 11 de diciembre se lanzó la Declaración conjunta de la COP28 sobre el clima, la naturaleza y las personas, e incluyó 4 menciones a los pueblos indígenas:acceso a la financiación climática de manera inclusiva y equitativa, incluso a través de modalidades de acceso directo, en particular para los pueblos indígenas; garantizar la representación y participación plena, equitativa, inclusiva y efectiva de los pueblos indígenas en la planificación e implementación de planes y estrategias sobre clima y biodiversidad en todos los niveles, respetando sus derechos, mejorando la seguridad de la tenencia de la tierra y utilizando sus conocimientos tradicionales. Asimismo, considera que se debe fomentar su colaboración en la recopilación de datos, métricas y metodologías, y marcos de información voluntaria para el cambio climático, la biodiversidad, y los esfuerzos de gestión sostenible de la tierra. Es un reconocimiento que se suma al de la evidencia científica. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de la ONU afirmó en febrero de 2022 que los pueblos indígenas son “fundamentales” para hacer frente al cambio climático y pidió que se les reconozca la tenencia de la tierra, sus sistemas de conocimiento y la gestión de los bosques. Los pueblos indígenas y las comunidades locales están a la vanguardia de la acción climática. Salvaguardan el 80% de la diversidad biológica y cultural del mundo, mientras ocupan sólo el 20% de las tierras. Además, poseen conocimientos y soluciones vitales para restaurar ecosistemas y sumideros de carbono. Antes de la COP28 se conoció un estudio publicado por Nature Climate Change, que revela que los bosques gestionados formalmente por comunidades indígenas y locales han mejorado los resultados en materia de carbono, biodiversidad y medios de vida, abordando simultáneamente tres objetivos buscados por las propuestas globales de soluciones basadas en la naturaleza. “Cada vez hay más consenso internacional de la importancia y relevancia de los pueblos indígenas, de su conocimiento tradicional, de sus derechos y de su forma particular de enfrentar los efectos del cambio climático. Sin embargo, ello no ha determinado que haya un mayor financiamiento para los pueblos indígenas, todavía es insignificante para las organizaciones indígenas. Eso es una contradicción”, dice David Kaimowitz, director de programas de International Land & Forest Tenure Facility. De hecho, sólo el 2,1% de los US$1.700 millones prometidos a los pueblos indígenas en la COP26 en Glasgow (2021) llegaron directamente a ellos, según la Alianza Global de Comunidades Territoriales. Durante la COP28, la alianza señaló que los donantes siguen utilizando sistemas inadecuados y anticuados para documentar y entregar la ayuda al desarrollo y, a menudo, envían el dinero para los pueblos indígenas y las comunidades locales a través de terceros, lo que limita las cantidades que les llegan. Los pueblos indígenas también fueron mencionados en la Declaración de los Emiratos sobre Agricultura Sostenible, Sistemas Alimentarios Resilientes y Acción Climáticafirmada por más de 130 naciones. Más allá de la declaración, se anunció la movilización de más de US$2.500 millones en financiación para apoyar la seguridad alimentaria y al mismo tiempo combatir el cambio climático. Entre los puntos clave descritos en la declaración se encuentran la adaptación de los sistemas alimentarios a los cambios climáticos actuales, con especial atención a los pequeños agricultores y grupos indígenas, la mejora de la gestión del agua en la agricultura y la protección y restauración del suelo y los ecosistemas. El cambio climático puede alterar la disponibilidad de alimentos, reducir el acceso a los mismos y afectar su calidad. “Nosotras, las mujeres indígenas, asistimos a estas cumbres, pero no solo hablamos del cambio climático en nuestros territorios, sino también de cómo afecta la seguridad y soberanía alimentaria, nuestra identidad con la pérdida de semillas, y otros aspectos como la transmisión de conocimientos, salud y educación. Todas estas áreas están interconectadas, y miramos el territorio de manera integral, defendiendo todas las vidas que nos rodean”, explica Ketty Marcelo. “Hay muchos intereses de los empresarios agrícolas, que son los que también tienen voz frente a los estados. Habrá que ver cuán efectiva es esta declaración. Nosotras como mujeres indígenas abordamos el aspecto de la necesidad de incluir el respeto y la conservación de la biodiversidad tanto alimentaria, como medicinal, y de todo lo que corresponde a la alimentación principalmente de los diferentes ecosistemas en el mundo”, señala Tarcila Rivera Zea, fundadora de Chirapaq. Fanny Kuiri, coordinadora general de la COICA dice a Inforegión que esperaba un final más ambicioso respecto de los combustibles fósiles y un mayor compromiso con los pueblos indígenas. “En primer lugar, la Amazonía corre peligro por diversas actividades legales e ilegales, y es pernicioso que se siga dependiendo del petróleo. Los tomadores de decisiones nos reconocen, nos saludan, pero no nos consideran a su nivel. Mientras no haya diálogo de pares, entre pueblos indígenas y los gobiernos, no habrá soluciones reales para enfrentar la crisis climática”, remarca. Ella sabe que será muy difícil que los países lleguen a un consenso para dejar de ladolos combustibles fósiles. Incluso que la tan esperada transición energética sea justa, tal como exigen los pueblos indígenas. Sin embargo, al igual que sus compañeros no pierde la esperanza de ser escuchados. “Lo que se ha decidió en esta COP puede ser un avance, pero los negociadores de las siguientes conferencias deben tener en cuenta que sus decisiones afectan la conservación de los ecosistemas, en especial la Amazonía. Debe haber voluntad de terminar con la crisis climática y con las industrias que la fomentan”,concluye. Finalmente, hay que resaltar dos iniciativas sudamericanas. Por un lado, Perú propuso lacreación del Fondo Climático para Mujeres Indígenas, que beneficiaría a más de 3 millones de mujeres de poblaciones originarias del país, y contará con dos componentes: fortalecimiento de capacidades y liderazgo; y recursos para la acción climática, que permitan reducir la vulnerabilidad asociada al cambio climático. La ministra del Ambiente de Perú, Albina Ruiz, indicó que este lanzamiento marca un hito en las acciones que vienen desarrollando los pueblos indígenas u originarios, especialmente la población femenina que es muy vulnerable ante los impactos del cambio climático. “Merecen una atención inmediata y focalizada en sus territorios para que sus planes de vida no se vean afectados”, aseveró. “Esperamos que más países, aliados del sector privado, y del financiero; la cooperación internacional y la sociedad civil se sumen. Esperemos que en enero podamos aprobar esta versión preliminar de nota de concepto y durante el primer trimestre de 2024 contar con un Plan de Trabajo que ayude a fortalecer su rol como lideresas en la lucha contra el cambio climático”, añadió. En tanto que Sonia Guajajara, ministra de pueblos indígenas de Brasil, planteó crear un comité técnico sobre cambio climático, con representación permanente de los pueblos indígenas. La iniciativa tiene como objetivo integrar la perspectiva de los pueblos tradicionales en la propuesta que Brasil llevará a la COP30 en Belém. https://inforegion.pe/los-pueblos-indigenas-debemos-ser-parte-de-las-negociaciones-y-las-soluciones-climaticas/