Conflicto de tierras y violencia Bandas armadas amenazan a una comunidad indígena en Santiago del Estero

La comunidad Yacu Kachi resiste al intento de expulsión violenta por parte de patotas armadas. Acusan al empresario Orlando Canido, dueño de la empresa Manaos.

En Bajo Hondo, una zona fértil en el noreste de Santiago del Estero, once familias indígenas de la comunidad Yacu Kachi, del pueblo originario Guaycuru, resisten la violenta intrusión de patotas armadas que intentan expulsarlos de sus tierras. Hoy, unas veinticinco personas armadas, no identificadas, permanecen en el lugar. Amedrentan y desoyen la orden policial de retirarse impuesta por el fiscal provincial Miguel Torresi. Por las noches, derriban y roban los alambrados “restaurados por la comunidad por segunda vez en menos de un mes”, explican los técnicos de los organismos nacionales involucrados: el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Ministerio de Agricultura de la Nación que inspeccionaron el lugar este viernes. Mientras la comunidad reclama la pronta resolución del conflicto iniciado, según expedientes judiciales, por el empresario Orlando Canido, dueño de la gaseosa Manaos. Canido dice poseer título de propiedad sobre estas tierras comunitarias. Aunque por ser esta “una ocupación actual, tradicional y pública” --según lo relevado por el INAI--, no pueden ingresar al mercado inmobiliario. Sin embargo, una escalada de intrusión violenta para expulsarlos del lugar se inició en 2016, y recrudeció este último mes. Para hostigar a estas familias, “las patotas” amenazan de muerte, derriban alambrados para que escapen los animales, incendian viviendas, disparan al aire. Hoy se mantienen en guardia, mientras la comunidad exige respuesta a las denuncias judiciales realizadas en varios procesos simultáneos. En ellas responsabilizan a Canido, y a quienes consideran “sus empleados”, por los intentos de expulsión, y el atropello. Según el expediente que invoca además protección ambiental, Canido reclama la posesión del paraje Bajo Hondo, que controla la comunidad: 900 hectáreas en el límite con las provincias de Chaco y Santa Fe. Canido busca incorporarlo a su establecimiento La Omara. La firma ya posee 4.000 hectáreas que antes pertenecían a la comunidad, y circundan esta “isla fértil” donde las familias guaycuru desarrollan su producción agropecuaria. El territorio en conflicto es de bosque nativo. Le corresponde a la comunidad según la Ley 26.160, de Relevamiento Territorial del INAI. Pero el intento de expulsión la contradice y se suma a una serie de hechos iniciados cuando Canido --quien desde 2012 compra campos en la zona--, arremetió contra Bajo Hondo. Entonces la comunidad realizó las primeras denuncias y presentó un recurso de amparo ambiental. En el último mes “Las estrategias de hostigamiento van desde la quema de viviendas a la fumigación con agroquímicos sobre las zonas pobladas”, confirma la abogada de la comunidad María José Venancio a Página/12. El atropello de la semana pasada se percibe como la extensión del frustrado desalojo del 12 de junio, "del que participaron al menos cien efectivos policiales”, advierte. Los efectivos fueron llegando durante las diez horas que duró el operativo dictado por la jueza Rosa Falco. Solo fue posible frenarlo por la participación de organismos nacionales como la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI) del Ministerio de Agricultura de la Nación, y del INAI. Para Deolinda Carrizo, directora de Género e Igualdad de la SAFCI, muchos conflictos donde intervienen tiene que ver con “casos de tierras”. “En estas situaciones hay mujeres afectadas, y parte de la política de producción busca visibilizar estas condiciones, contraponer a los empresarios que quieren tierra para monocultivos, las pequeñas producciones de pueblos originarios”, señala Carrizo. El conflicto en Bajo Hondo expresa ese contrapunto entre la pequeña producción, y el agronegocio. Escalada violenta En el intento de expulsión del 12 de junio, varias camionetas 4x4 junto a 50 efectivos policiales -inicialmente- llegaron al lugar. Era temprano a la mañana. Detuvieron a tres hombres, sacaron de sus casas a ocho familias. Los niños lloraban. Sacaban sus pertenencias de las viviendas. Estuvieron sin comer y sin abrigo por diez horas. La policía intentaba concretar el desalojo habilitado por la jueza Falco a favor de Canido. La medida, en claro incumplimiento a la Ley de Relevamiento Territorial de comunidades indígenas, sumó la intervención de Magdalena Odarda, presidenta del INAI. Esto es porque esta ley indica para los casos “relevados” la suspensión de los desalojos. “La escalada violenta se inició cuando Canido se presentó como titular las tierras comunitarias”, detalla la abogada de la comunidad. El empresario logró la posesión de 4000 hectáreas en los alrededores de Bajo Hondo y comenzaron los intentos de expulsión. El expediente de 2016 solicitó un recurso de amparo ambiental por parte de la comunidad, contra Canido, Ladislao Letonai y Adrián Corico. No es la única denuncia. Hay otras en zonas cercanas como Quimili o Vilela. La denuncia de Yacu Kachi de 2016 fue recibida por la jueza Falco, quien dio la razón a la comunidad. “Pero en 2019, la misma jueza les notifica que deben desalojar el sitio”, refiere la abogada. Ellos no pueden acceder al expediente: “les dicen que se ha perdido”, afirma. Y se autoriza el desalojo. “Pero la comunidad no puede ser parte del proceso, y solo se considera lo que presenta el empresario”, señala Venancio. Hoy, mientras el fiscal Torresi ordena las inspecciones, en el marco del legajo que denuncia la presencia de personas armadas en territorio comunitario, se espera que el Supremo Tribunal de Justicia provincial revise y revoque la sentencia de Falco. En tanto “la patota armada” continúa en el lugar. Desde el área de prensa y relaciones institucionales de la empresa Manaos explicaron, ante la consulta de este diario, que "por ahora no va a ser posible contactar a Orlando Canido". Agronegocio o producción agroecológica “Manaos contamina, expulsa a las comunidades campesinas de sus tierras ancestrales con bandas armadas. Eso hace Manaos”. Así corre la voz en la comunidad Yacu Kachi, o del “bajo hondo”, en lengua guaycuru. Se refieren a la actitud de Canido, propietario de grandes extensiones de tierra que antes pertenecían a esta comunidad y hoy están destinadas al monocultivo de soja. Las familias de Yacu Kachi ocupan una zona fértil en esta región semiárida. Cultivan productos de huerta, crían vacas, chivas, animales de granja. Mantienen una producción agroecológica y comunitaria, para el autoconsumo y la venta en mercados locales. Esto les garantiza la subsistencia, también el bosque nativo. El lugar fue designado como posesión de la comunidad por el INAI. Pero las intrusiones violentas buscan que tome posesión el establecimiento La Omara. La firma, a través de diferentes estrategias de apropiación, ha fragmentado el territorio. Según el relevamiento del INAI, originalmente hubo 19.990 hectáreas bajo control de distintas comunidades, entre ellas, las del pueblo Guaycuru, muchas de las cuales están alineadas al MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero). https://www.pagina12.com.ar/352765-bandas-armadas-amenazan-a-una-comunidad-indigena-en-santiago De esa extensión original, 4.000 ya pertenecen a Orlando Canido. Y rodean el núcleo fértil que aún controla Yacu Kachi. "Desde que en 2012 el empresario se apersonó en la zona, ya no tenemos paz", cuentan los lugareños. Pero advierten: “no nos vamos a ir, no nos van a sacar”.