Pueblos originarios de Jujuy iniciaron una marcha desde La Quiaca a Buenos Aires contra la reforma de Morales

"Partimos a la capital del país para exigir que se respeten los derechos de los pueblos indígenas. Por el Territorio, por el Agua y por la Vida”, indicaron en un comunicado las comunidades indígenas integrantes del tercer Malón de la Paz.

Comunidades indígenas integrantes del tercer Malón de la Paz iniciaron este martes una marcha desde La Quiaca a Buenos Aires en defensa de sus territorios, de sus recursos naturales y contra la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales que, alertaron, “viene por los derechos de los pueblos”. La partida se realizó desde localidades más alejadas de la Puna y la tarde de este martes harán su paso por San Salvador de Jujuy para continuar viaje por distintas provincias hasta el Congreso nacional el 1 de agosto, Día de la Pachamama. “Al igual que nuestros abuelos maloneros partiremos a la capital del país para exigir que se respeten los derechos de los pueblos indígenas. Por el Territorio, por el Agua y por la Vida”, indicaron en un comunicado. A través de la protesta, exigen a la Corte Suprema de Justicia que se expida respecto de la inconstitucionalidad de la reforma -aprobada y sancionada el 20 de junio-, y al Congreso de la Nación la intervención a la provincia y realice y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria. “Llevamos más de 40 días apostados en las rutas buscando visibilizar nuestros reclamos hasta llegar a la Corte para que de un dictamen sobre nuestro pedido”, refirió el docente abrapampeño e integrante del Malón de la Paz Sergio Zerpa. “Al igual que nuestros abuelos maloneros partiremos a la capital del país para exigir que se respeten los derechos de los pueblos indígenas. Por el Territorio, por el Agua y por la Vida”Comunicado de los pueblos indígenas “Estamos saliendo desde distintas comunidades, Susques, La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara y Pueblo Tilián. Tenemos la adhesión de las comunidades indígenas de todo el país como los kollas de Salta, los wichis y el pueblo mapuche que van a estar el 1 de agosto en Buenos Aires”, añadió. El contingente malonero realizó al mediodía una parada en Purmamarca, donde se lleva a cabo el corte de ruta (cruce de ruta nacional 9 con la 52) para mantener un encuentro con la columna que provenien de Susques y de las Salinas Grandes. De acuerdo con la planificación, harán una caminata en la frontera con Salta; el miércoles en Lules (Tucumán) compartirán un almuerzo y dormirán en Santa María (Catamarca) y el jueves serán recibidos por representantes de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán. El viernes serán recibidos por los pueblos indígenas Tonokoté, el sábado tendrán un encuentro con el pueblo Comechingon de Córdoba y el domingo con el pueblo Qom y pueblos indígenas del NEA en Rosario. El 1 de agosto realizarán actividades por el Día de la Pachamama, con un acampe en la Corte Suprema y en el Congreso de la Nación. El 31 en la entrada a la provincia de Buenos Aires habrá un encuentro con los Pueblos Indígenas del Sur y el 1 de agosto realizarán actividades por el Día de la Pachamama, con un acampe en la Corte Suprema y en el Congreso de la Nación. La marcha reedita la gesta más grande de originarios por la lucha de sus territorios, conocida como el Malón de la Paz que en 1946 emprendieron 174 kollas jujeño a Buenos Aires para pedir por sus tierras. https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/pueblos-originarios-de-jujuy-iniciaron-una-marcha-desde-la-quiaca-a-buenos-aires-contra-la-reforma-de-morales/amp/

Policiales Una mujer le prendió fuego a su pareja y fue detenida

Ocurrió en barrio Los Tobas de Tartagal. El hombre está internado.

Una joven mujer quemó gravemente a su pareja utilizando para ello un frasco de alcohol y un encendedor, tras una discusión que finalizó casi sin violencia. Sin embargo la mujer fue en busca del inflamable para intentar quizá asesinar a su pareja, prendiéndole fuego para luego huir, abandonando al hombre a su suerte. Ocurrió el sábado al mediodía en el barrio Los Tobas, de la ciudad de Tartagal. El desencuentro escaló hasta que la mujer abandonó la discusión y regresó con un frasco de alcohol medicinal de 90 grados. Sin decir palabra -según el informe- le arrojó el inflamable a su pareja y le echó fuego. El hombre sufrió en escasos minutos o segundos, graves quemaduras en el rostro y torso, los lugares donde cayó el alcohol y se inflamó de inmediato. La víctima fue asistida y trasladada hacia el hospital zonal, pero debido a su gravedad y a las complicaciones que presentaba, fue rápidamente derivado hacia el hospital San Bernardo de esta capital, donde se encuentra internado. Se sabe que el hombre recibió la mejor atención posible pero aún así su condición médica es delicada y su pronóstico reservado. Se informó que presenta quemaduras de primer y de segundo grado en zonas vitales de su cuerpo. La mujer, tras el hecho, se dio a la fuga del lugar pero luego regresó y en ese momento fue detenida por orden de la fiscalía actuante. La agresora se encuentra bajo custodia policial y ayer fue imputada de graves delitos, aunque su calificación legal es por ahora provisoria, atento a la gravedad de los hechos y a la salud de su pareja, que por tratarse de un caso de quemaduras graves, transita horas claves para su recuperación. https://www.eltribuno.com/policiales/2024-11-27-0-0-0-una-muje-le-prendio-fuego-a-su-pareja-y-fue-detenida

Analizan crear un mapa lingüístico en el Chaco y replicarlo en la región

Un proyecto inédito se encuentra en etapa de desarrollo entre un grupo de investigadores y habitantes de Colonia Aborigen.

La Dirección Nacional de Gestión Patrimonial sostiene programas y contenidos sonoros en la radio del Centro Cultural Kirchner, en Buenos Aires. Uno de ellos se llama Visita Guiada y todo julio lo dedicó a la masacre de 1924. La directora Viviana Usubiaga contó a NORTE que se entrevistó a la jueza federal Zunilda Niremperger y se reprodujeron voces de miembros de las comunidades de Colonia Aborigen. "Todo está en la plataforma del Centro Cultural Kirchner y en breve se podrá reproducir en Spotify", dijo.

"En los actos de reparación sugeridos en la sentencia se interpela a varios ministerios; por eso muchos contenidos de Cultura se comparten con Educación; la intención es que esos episodios formen parte de las currículas escolares", agregó. Otro objetivo relacionado con el abordaje del genocidio indígena es impulsado por el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. En 2022 se había firmado un convenio, a partir de un pedido de integrantes del Instituto del Aborigen del Chaco con investigadores del INAPL (que también depende del Ministerio) para otras iniciativas relacionadas con la comunidad vinculada a la historia de Napalpí. El proyecto consiste en crear un mapa lingüístico inédito de Colonia Aborigen, que podría replicarse en otras poblaciones de la región. https://www.diarionorte.com/235291-analizan-crear-un-mapa-linguistico-en-el-chaco-y-replicarlo-en-la-region

Operativo de DNI en Colonia Aborigen Gobierno realizó entrega de insumos a registros civiles de la provincia

El ministro Jorge Gómez concretó los aportes en dependencias oficiales de las localidades de Presidencia Roca y Fortín Lavalle. El ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Jorge Gómez, estuvo visitando los Registros Civiles de Presidencia Roca y Fortín Lavalle, donde hizo entrega de distintos insumos de trabajo así como también estuvo escuchando a los trabajadores de ambas instituciones. "Tenemos la tarea de garantizar el buen funcionamiento de todas las dependencias del Ministerio de Gobierno en cada rincón del Chaco, y eso requiere una inversión en equipamientos e infraestructura para asegurar la comodidad y seguridad de los trabajadores en cada localidad", expresó el ministro Gómez.

El ministro de Gobierno, Jorge Gómez, entregó insumos a los registros civiles de Presidencia Roca y Fortín Lavalle. El funcionario remarcó la importancia de estar en territorio, así como lo pide el gobernador, Leandro Zdero, ya que permite conocer de cerca las necesidades que tienen los trabajadores y los vecinos. "Esto marca la impronta que le hemos podido dar y la dinámica de trabajo que tenemos", señaló Gómez. Por otra parte, la subsecretaria de Asuntos Registrales, Mercedes Marinich, acompañó el operativo de DNI que se hizo en Colonia Aborigen, donde más 150 personas pudieron acceder a su documento nacional de identidad, así como también a distintos trámites registrales. "Los operativos nos permiten avanzar en el proceso de documentación garantizando el derecho a la identidad de muchísima gente que no tiene los recursos para abonar este trámite. Por esa razón, trabajaremos de esta forma en el interior provincial, llegando a los lugares más vulnerables", explicó la subsecretaria Marinich. Destacaron que estos operativos, al igual que la entrega de insumos y mejoramiento de infraestructuras, se llevarán adelante en todo el interior provincial "para poder cumplir con lo prometido de mejorar las condiciones laborales y así, entre todos, seguir construyendo el Chaco que nos merecemos". ACUERDO CON HUMANIDADES Gómez, junto con la subsecretaria de Asuntos Registrales, Mercedes Marinich, y la interventora de Catastro, María Eugenia Ojeda, se reunieron con la vicedecana de la Facultad de Humanidades de la UNNE, Analía García, y firmaron un convenio para las pasantías de los estudiantes dentro de las instituciones estatales. "Nos parece importante que los estudiantes tengan oportunidades de prácticas en una materia que se relaciona con sus estudios", sostuvo Marinich. https://www.diarionorte.com/263053-gobierno-realizo-entrega-de-insumos-a-registros-civiles-de-la-provincia

Beatríz Edith Mendez de la comunidad Wichí del Barrio Esperanza de Ingeniero Juárez.

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Cursó sus estudios primarios en la escuela de su barrio, EPEP Nro 482 “Sagrado Corazón de Jesús”, luego continuó con sus estudios de nivel secundario en la EPES Nro 03 de Barrio Obrero. Hoy es egresada de la UNAF con el título Técnico en Análisis Clínicos. Un orgullo para su familia y para toda la comunidad! FELICITACIONES!!! y que continúen los éxitos Beatríz! 💖👏🏻👏🏻 POR:Delegación Zonal Matacos

El 15° Festival Latinoamericano de Cine de los Pueblos Originarios llegará a la Cacique Pelayo

Durante la jornada, se proyectará una selección de las producciones que formaron parte de la grilla del mencionado evento.

Este martes 26, el 15° Festival Latinoamericano de Cine de los Pueblos Originarios, organizado desde el Departamento de Cine, Audiovisuales y Artes Digitales (Decaad) del Instituto de Cultura del Chaco, retomará su itinerancia y llegará al Centro Educativo Franciscano Intercultural Bilingüe UEP N°72 Cacique Pelayo, de Fontana. Durante la jornada, se proyectará una selección de las producciones que formaron parte de la grilla del mencionado evento. Esta actividad, destinada a las y los alumnos de la institución, se enmarcará en el acto de cierre de año de los Martes de Arte de dicha escuela. Cabe mencionar que el logo de esta edición del FLCPO tuvo su génesis en ese espacio curricular. “En la escuela tenemos los Martes de Arte, que es un espacio que habilita la institución con el fin de abrir para las y los alumnos las posibilidades de crear, de conectarse artísticamente, de poder expresar libremente lo que piensan y reforzar nuestra identidad como pueblos originarios. En ese marco, este año llevamos adelante el taller Máscaras Originarias, con la idea de trabajar la identificación”, contó Karina Alonzo, docente originaria de Cacique Pelayo. Las chicas, chicos y chiques que son estudiantes en esta escuela son en su mayoría integrantes de las comunidades, por lo que el desafío era trabajar su identidad como miembros de los pueblos preexistentes. “Las chicas, chicos y chiques que son estudiantes en esta escuela son en su mayoría integrantes de las comunidades, por lo que el desafío era trabajar su identidad como miembros de los pueblos preexistentes. La premisa era que se vieran como en un espejo y plasmaran lo que observaban en ese reflejo, lo que son y lo que quieren ser, respetando la impronta originaria perteneciente a la comunidad. Y fue así como salieron creaciones hermosísimas», agregó. Lo particular de los «Martes de Artes» en la escuela bilingüe Cacique Pelayo es que las y los estudiantes se pueden inscribir libremente en los distintos talleres, formando así grupos compuestos por alumnas y alumnos de diferentes cursos. En Máscaras Originarias por ejemplo participaron chicas y chicos de 1° a 5° año. Dichas producciones, con el permiso de las y los participantes del taller, fueron incorporadas como símbolos visuales representativos de la 15° edición del Festival Latinoamericano de Cine de los Pueblos Originarios. https://www.eldiariodelaregion.com.ar/articulo/el-15-festival-latinoamericano-de-cine-de-los-pueblos-originarios-llegara-a-la-cacique-pelayo/

“Hoy el INAI es un instrumento de los enemigos de la causa indígena”

Jorge Nawel Purruán, uno de los seis coordinadores de la Confederación Mapuche de Neuquén, analiza dos llamativas decisiones que adoptó esta semana el Gobierno en relación a los relevamientos territoriales. Dice que “para hacer justicia con las comunidades mapuche, hay que afectar intereses”.

Jorge Nawel Purruán es coordinador de Xawvnko, uno de los seis consejos zonales en los que está dividida la Confederación Mapuche de Neuquén. Cuando lo llamamos el viernes por la mañana, se encontraba reunido con autoridades de organizaciones mapuche de Río Negro y Mendoza evaluando la ofensiva política y judicial contra comunidades originarias frente a la que dice no piensan quedar de brazos cruzados. Esta semana hubo dos noticias en el corazón de Vaca Muerta que impactaron en el ámbito nacional. Es la decisión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que preside Claudio Avruj en la órbita ministerial de Guillermo Francos, de reabrir a pedido de un privado francés y la empresa Loma Negra las carpetas de relevamientos territoriales de comunidades que habían sido cerradas, es decir reconocidas en grado avanzado por el Estado. Hay en disputa 43.000 hectáreas donde coexisten el derecho de las comunidades a habitar su territorio y la esperanza de la burguesía argentina de desarrollar a toda máquina la explotación de hidrocarburos.

A través de un comunicado, la Confederación Mapuche expresó que esto implica un grave antecedente. ¿Por qué? -Porque las carpetas cerradas les dan una cierta seguridad a las comunidades. Es un reconocimiento débil, pero importante. Recordemos que el relevamiento territorial es sólo eso, una delimitación preliminar de lo que podría llegar a ser un territorio comunitario. No es un título de propiedad, no es una mensura, no es una reforma agraria. El gobierno nacional, en su política negacionista, plantea el relevamiento como prácticamente una restitución territorial. Son momentos de tanta presión de los propietarios privados que ven afectados sus intereses, que el gobierno les está dando voz a quienes se han opuesto siempre a la seguridad territorial de la comunidad mapuche. Por eso están reabriendo carpetas. Es una situación muy grave, porque es como retroceder en el tiempo y comenzar a reavivar conflictos que la ley 26.160 descomprimió. Una ley de emergencia creada para evitar situaciones traumáticas para las comunidades, de violencia y desalojos. Ahora el INAI está agitando la criminalización, reabriendo carpetas, volviendo a encauzar este viejo litigio y eso nos parece sumamente dañino, sumamente ilegal y desvirtúa totalmente el rol del INAI que hoy se ha puesto del lado de los terratenientes, del lado de las empresas que están pretendiendo territorios indígenas. Todo nos plantea un desafío nuevo que tenemos que enfrentar, no podemos quedar pasivos. Eso es lo que estamos discutiendo en este momento. – ¿Cuál es la justificación formal por la que el INAI pide la reapertura de estas carpetas? -Responde al planteo que están haciendo sectores afectados por el relevamiento. Para hacer justicia con las comunidades mapuche, hay que afectar intereses de viejos usurpadores, de terratenientes, de municipios, de empresas, de privados que se han ido apropiando del territorio mapuche. El relevamiento viene a demarcar un territorio que está reconocido por estudios antropológicos, históricos, sociales y eso afecta intereses que habían quedado neutralizados hasta el año pasado. Ahora se reavivaron, y ante el primer planteo que hace un privado, que dice que el relevamiento está afectando su propiedad privada, el INAI reacciona y detiene los relevamientos o reabre los cerrados, como en estos dos casos, el de las comunidades Rams y Quinchao. Uno de ellos, extranjero, de nacionalidad francesa, que confronta con Rams. Y el otro es el de una empresa calera, que se enfrenta a Quinchao. Hoy el INAI es un instrumento de los enemigos de la causa indígena. Porque el INAI es el órgano que debe cumplir y aplicar todo el reconocimiento jurídico que hemos logrado en la última década. Y en lugar de ser un instituto que implementa esos adelantos jurídicos que ha habido, se sienta en la mesa con los enemigos de los pueblos indígenas. Hay que describirlo así para saber con quién estamos tratando.

-La empresa que acciona contra Quinchao es Loma Negra, que expresó en un comunicado que la preexistencia de los pueblos originarios reconocidos en la Constitución no es absoluta y debe ser interpretada en armonía con las demás garantías y derechos constitucionales dentro de los que se encuentra, entre otras, el derecho de la propiedad y el ejercicio de industria lícita. -Bueno, ese tipo de planteo encuentra eco absoluto en un gobierno que defiende a rajatabla la propiedad privada y la producción por encima de cualquier otro derecho humano. Y va a encontrar eco, va a encontrar respaldo. Tenemos una Justicia totalmente domesticada, totalmente funcional a esos intereses. Hoy los pueblos indígenas confrontamos con todos esos poderes reavivados, alentados por un discurso oficial que pone de vuelta en amenaza toda la seguridad jurídica creada por el relevamiento territorial. Eso hace crecer la responsabilidad de las provincias, porque recordemos que la Ley 26.160 es nacional. ¿Por qué desde las provincias se promovió la criminalización y persecución judicial contra los pueblos indígenas que reclamaban a derecho? Nosotros siempre tuvimos un cobijo en la política nacional, siempre tuvimos un aliado, siempre tuvimos un lugar donde fuéramos contenidos en nuestros derechos para, de alguna manera, aminorar toda la embestida de los intereses que representan los gobiernos provinciales. Hoy esa política nacional más que ser un cobijo o un reaseguro del derecho se sienta del lado de los terratenientes y de los privados. Por lo tanto, estamos confrontando con los intereses del Estado Provincial y el Estado Nacional. -Más allá de estos casos, ¿cómo es la convivencia en términos generales entre las comunidades y las empresas que operan en Vaca Muerta? -Es una relación traumática, porque el fracking que se vino a instalar acá hace 11 años es una tecnología criminal prohibida en numerosos países, sobre todo países del primer mundo, por el impacto que genera en cuanto a movimientos sísmicos, acumulación de basura petrolera, emisión de gases tóxicos a la atmósfera, destrucción de todo lo que es vida natural. Solamente se permite acá porque, bueno, este es el cuarto mundo donde todo está permitido. Entran las empresas multinacionales, muchas de las cuales no pueden operar en su país por esta restricción que hay, llegan acá y tienen todas las prebendas que se les puede dar. Entonces, la cuestión de la seguridad de la población local, la comunidad mapuche, los crianceros, los criollos y la cuestión ambiental es un tema de segundo, tercero o cuarto orden. Así está planteado el juego. – ¿Se desarrollaron en Neuquén consultas informadas a las comunidades, como indica la Constitución? – El derecho a la consulta es uno de los más violentados desde su establecimiento en una ley nacional del año 92. Imaginate, te estoy hablando de una ley que tiene más de 30 años, la Ley 24.061, que es la que ratificó el convenio 169 de la OIT. Después, posteriormente, el gobierno de De la Rúa la ratificó en Ginebra. Se comprometió a aplicarla desde el año 2000. Han pasado 24 años y no tiene aplicabilidad porque no hay voluntad política ni de los gobiernos ni de los tribunales de hacerlo. Nosotros, luego de muchísima movilización, convertimos la consulta en ley el año pasado en la provincia. Pero no hemos logrado un solo caso de aplicación, porque hay una decisión política de sostener que la consulta entorpece, que pone palos en la rueda al desarrollo, que necesitamos darle libertad a los inversionistas para que revienten la tierra. Esa es la lógica que utiliza hoy el gobierno provincial del Neuquén, que viene violando hace un año el derecho a la consulta. -Hace unas semanas el Ministerio de Seguridad anunció la creación de un comando de fuerzas unificadas en Vaca Muerta para defender la producción. ¿Hay nueces o puro ruido? -Nosotros estamos en alerta, porque cuando Bullrich habla de reprimir y de matar en defensa de este modelo neoliberal extractivista, lo tomamos muy en serio porque demostró que está dispuesta a matar. Es una potencial homicida, por lo tanto hay que tomarla en serio. Y están ya ensayando acá en Vaca Muerta. Hace diez días, un operativo de Gendarmería conducido por una jueza federal, quiso ingresar al territorio comunitario de Campo Maripe para hacer una explotación y la comunidad se lo impidió. Inmediatamente YPF exigió la intervención de Gendarmería. La jueza decidió no permitir la actuación de Gendarmería, pero aplicó una multa a la comunidad de 100.000 pesos por cada día que impida a la empresa ingresar a trabajar. La comunidad no va a dejar entrar a la empresa hasta que no se aplique la consulta. Estamos en este momento prestando mucha atención, porque de la acción civil que implica la multa, pueden pasar a la Justicia penal, que permite el desalojo y la cárcel para aquellos que obstruyan ese posible desalojo. Entonces nosotros lo que estamos notando, es que están ya haciendo pruebas de ensayo para ver cómo, en algún momento, entran por la fuerza. Por Pablo Bassi Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen

Causa Comunidades Indígenas: la Justicia sobreseyó a Patricia Bullrich

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5, a cargo de la Dra. María Eugenia Capuchetti, resolvió archivar por inexistencia de delito la causa iniciada tras la denuncia presentada por los representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en junio de 2019, contra la entonces ministra Patricia Bullrich.

Allí se acusaba a la funcionaria de haber “orquestado un plan criminal dirigido al ejercicio de la violencia, coacción, amenazas, lesiones, muerte, daños a la propiedad, así como maniobras de espionaje ilegal, sobre distintas comunidades indígenas pertenecientes al pueblo mapuche a fin de que cesaran los reclamos y protestas en torno a la titularidad de las tierras que estos ocupaban para favorecer a negocios inmobiliarios de terceros, empresarios y entidades afines”. Entre las razones que sostiene la Resolución del Juzgado, se cita que “La investigación se enfocó en una supuesta estrategia de persecución y estigmatización implementada por las autoridades de seguridad desde el 2015 que habría tenido como fin desarticular los reclamos históricos del pueblo mapuche por la recuperación de sus tierras ancestrales, facilitando así la expansión de intereses empresariales. Sin embargo, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Fiscal en su requerimiento de instrucción y tras una exhaustiva labor probatoria, la evidencia recopilada no cumple con los requisitos mínimos para la configuración de un hecho punible”. Asimismo, el escrito sostiene que “las acciones del Ministerio se limitaron a intervenir en casos específicos, como denuncias de delitos, que habían sido previamente presentadas ante la justicia provincial. En todos los casos analizados, las actuaciones de las fuerzas policiales federales, dependientes de la citada cartera ministerial, actuaron en coordinación con las fiscalías y juzgados correspondientes”. En ese marco, el documento agrega: “La acción que se pretende poner en juicio desde el derecho penal, no fue una maniobra coordinada de forma aislada y exclusiva desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, tal como parece plantearse al limitar la denuncia y la acusación a este grupo de funcionarios. La acción que fue coordinada para dar respuesta estatal a una determinada realidad, y que pretende ser aquí tachada de delictiva, importó control de autoridades de distintos poderes de distintas provincias, con distintas jerarquías”. “Se descarta la hipótesis criminal, dado que esta se erige ya como una selección antojadiza de un grupo determinado de funcionario”, prosigue la medida. Cabe aclarar que la denuncia incluyó a diversos funcionarios del Ministerio y a los integrantes de las fuerzas de seguridad que participaron en numerosos operativos en la zona patagónica. La causa, caratulada “Bullrich, Patricia y otros s/homicidio agravado fuerzas de seguridad y otros”, quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, Secretaría N° 9. Tras la denuncia, el Fiscal impulsó la investigación penal y requirió los antecedentes de todas las causas tramitadas contra comunidades originarias citadas, como usurpaciones de predios privados y de Parques Nacionales, por la quema de vehículos, viviendas y refugios alpinos, daños a propiedades privadas y del Estado, por amenazas agravadas, cortes de rutas, lesiones graves a particulares y a integrantes de las Fuerzas de Seguridad, así como las causas tramitadas por las muertes de Rafael Nahuel en Villa Mascardi y de Santiago Maldonado en Esquel. Fue así que la Jueza Capuchetti valoró lo actuado en 13 expedientes judiciales donde se investigaron más de 50 hechos delictivos y estudió los informes realizados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, del Ministerio de Seguridad de la Nación (aportado por diversas administraciones políticas), y lo informado en los expedientes administrativos tramitados contra los integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina y la Prefectura Naval Argentina abiertos en relación a los hechos denunciados. Para resolver, la magistrada concluyó que: “El análisis exhaustivo de la prueba colectada ha permitido corroborar la hipótesis inicial de los denunciantes: existe un conflicto arraigado entre las comunidades indígenas y el Estado (tanto nacional, como provincial y municipal) centrado en la disputa por la tenencia de tierras. No obstante, resulta jurídicamente insostenible atribuir responsabilidad penal a las entonces autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación por hechos individuales en los cuales no se ha acreditado su participación directa o indirecta, o en su defecto la existencia de un plan sistemático de vulneración de derechos en los términos sugeridos por los denunciantes y el Ministerio Público Fiscal”. https://www.zonanortediario.com.ar/23/11/2024/causa-comunidades-indigenas-la-justicia-sobreseyo-a-patricia-bullrich/

En consonancia con el voto en la ONU, cae el presupuesto del Instituto de Asuntos Indígenas

El voto contra la protección de los derechos de las comunidades indígenas ante Naciones Unidas va en línea con una política que se aplica desde hace meses a nivel interno, afirman instituciones que defienden los derechos de estas colectividades. El presupuesto del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para 2025 refleja esta situación, ya que crecerá cuatro puntos por debajo del 18,3% de inflación previsto por el Gobierno para ese año. Como parte del ajuste, también se dispuso el traspaso de funciones a las provincias.

Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución de Naciones Unidas que pretendía garantizar el cumplimiento de los derechos de las comunidades indígenas en cuanto al acceso a la justicia, la preservación de las culturas y el medio ambiente. La postura del país en el exterior va en consonancia con la política local y se refleja en el proyecto de Presupuesto para 2025. Si se aprueba, el monto asignado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) crecerá un 14% para ese año, cuatro puntos porcentuales por debajo de los cálculos más optimistas sobre inflación. El recorte presupuestario de 2024 derivó en la eliminación de las funciones del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci), que se encarga de tramitar las personerías jurídicas. Ahora esa responsabilidad caería en las provincias, aunque no hay plazo ni especificaciones sobre cómo sería ese traspaso. El INAI, según explica el mismo proyecto que trata actualmente el Congreso, es un organismo descentralizado que tiene la función de implementar políticas “que hagan efectivos los derechos de la población indígena y sus comunidades, tales como la problemática del acceso a la tierra, la promoción de la organización y participación indígena, el ejercicio de la interculturalidad en sus distintas dimensiones, la prevención y abordaje de conflictos que involucran a comunidades indígenas, y el desarrollo de acciones para el acceso a derechos entre diferentes áreas del Estado Nacional y niveles provinciales y municipales”. Algunas de esas cuestiones estaban presentes en el documento que Argentina rechazó en la votación ante la ONU, que además mencionaba que los pueblos originarios debían participar en la toma de decisiones sobre los asuntos que pudieran afectar sus derechos o tuvieran un impacto en sus territorios y recursos naturales. Es precisamente en este sentido que distintas organizaciones entienden que esta decisión va en línea con el recorte presupuestario, que pasará de los $ 4.696 millones en 2024 a los $ 5.374 millones en 2025, muy por debajo de cualquier estimación acerca del comportamiento de los precios para el año entrante. Entre otras medidas, el Instituto planea delegar la función del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci) a las provincias. Ese registro era hasta ahora el encargado de otorgar personería jurídica a las colectividades, lo que en la práctica les garantiza el acceso a los derechos. Pero el Gobierno decidió, a través del INAI, que se suspendan los trámites en curso y que no se inicien nuevos hasta tanto no se constituyan registros provinciales dedicados a ese fin. “La resolución del INAI habla de instar a las provincias a conformar espacios de diálogo para ver cómo se llevarían adelante los registros locales. No hay especificación sobre qué procedimiento se va a aplicar, cuál va a ser el plazo, o cuál es la metodología de trabajo”, explicó a PERFIL Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay, abogada indígena de identidad quechua-kolla de la Asociación Xumek. La personería jurídica no debería ser condición para la garantía de los derechos de las comunidades indígenas, pero en la práctica lo es. “Esto se ha tergiversado y, entonces, si la comunidad indígena no tiene personería jurídica no se le reconocen ciertos derechos”, agregó. “La derogación del Renaci no es algo menor para las comunidades. Hay mucha judicialización, en particular en relación a sus derechos territoriales. Pero también, lastimosamente, hay muchas causas penales”, detalló Alancay. La falta de personería jurídica las deja no solamente desprotegidas frente a estas causas sino también con menos fuerza a la hora de ser reconocidas como interlocutoras válidas en las negociaciones sobre emprendimientos que podrían poner en peligro sus territorios. “El ajuste presupuestario es la excusa. Detrás hay un Estado que acaba de festejar el día de la raza”, opinó. “Está ese otro lado que no se puede desprender respecto a lo que incomoda, molesta: no son los pueblos indígenas en general, sino algunas comunidades en particular por el lugar en donde se encuentran”, explicó. “Los dos grandes problemas que tienen las comunidades son, por un lado, los conflictos territoriales y, por otro, la temática de la representación social en el conjunto en la sociedad. Pero el conflicto más urgente es el territorial”, detalló a este medio el abogado Adán Costa, docente universitario y presidente de la Comisión de Derecho Indígena Latinoamaricano e Interjuridicidad del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe. Costa acompaña legalmente a comunidades en procesos de desalojo. “En los últimos meses se dieron algunos casos de resonancia como el del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, o el de los juicios penales que se dieron en la comunidad Winkul Mapu, en San Carlos de Bariloche, en donde, además del desalojo también hay –y esto es un tema muy peligroso–, acciones de tipo penal, procesos penales en contra de quienes intentan resistir en sus propias comunidades”. Diferentes asociaciones advirtieron en un comunicado que la ley 26.160, que protege a las comunidades de estas situaciones, no sería prorrogada en 2025. Se trata de una normativa de emergencia cuyo plazo se extendió en cuatro oportunidades. “Si bien tenía sus deficiencias, la ley declaraba la emergencia territorial de todas las comunidades indígenas del Estado argentino”, afirmó en este sentido Paula Alvarado Mamani, perteneciente al pueblo kolla y abogada. “Prohíbe los desalojos a estas comunidades y obliga al INAI a llevar adelante un relevamiento técnico, jurídico y catastral de los territorios indígenas”. Mamani destacó que la eliminación del INADI y del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad también implicaron un recorte hacia las comunidades: “en esas instituciones había un tratamiento de los derechos de los pueblos indígenas. Las mujeres indígenas teníamos un lugar al cual recurrir”, sintetizó. “Antes de asumir, la vicepresidenta Victoria Villarruel decía que la ley 26.160 debía derogarse porque atenta contra el derecho de la propiedad privada en favor de ‘falsos indios’ o ‘pseudo mapuches terroristas’”, señaló por su parte Angélica Mendoza, del equipo de pueblos originarios de la asociación Servicio Paz y Justicia (Serpaj). Lo cierto, afirmó, es que “sin la ley, los intereses de empresas extractivas o inmobiliarias podrían desalojar a las comunidades de los territorios a su antojo”. “Desde que asumió este gobierno comenzó con su tarea de desfinanciar el INAI. Eliminaron áreas importantes del organismo y reconocieron que no se completarán los relevamientos de comunidades indígenas del país. Sólo quedarían los que ya se hicieron”, sintetizó. https://www.perfil.com/noticias/economia/en-consonancia-con-el-voto-en-la-onu-cae-el-presupuesto-del-instituto-de-asuntos-indigenas.phtml

Corte Interamericana condena a Chile por violar los derechos humanos de 135 mapuches en 1992

La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó, en audiencia al Estado de Chile, la sentencia condenatoria por violar los derechos humanos de al menos 135 mapuches en 1992, al condenarlos por integrar el Consejo de Todas Las Tierras y crear la bandera mapuche. A 32 años de los hechos, por los que 135 comuneros mapuches cumplieron penas de cárcel, acusados por asociación ilícita, usurpación y por crear la bandera mapuche, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández López, en una audiencia telemática desde San José de Costa Rica, notificó al Estado de Chile de la sentencia condenatoria. Lee también... CIDH continúa revisión de denuncia contra el Estado de Chile de 144 mapuches sentenciados en 1992 “El tribunal determinó que la actuación del ministro en vista extraordinaria, que formuló la acusación y dictó la sentencia de primera instancia, estuvo guiada por el sesgo discriminatorio, el prejuicio y la idea preconcebida acerca del carácter ilegítimo e ilegal de la organización Consejo de Todas las Tierras”, indicó López y añadió que en la sentencia penal “fueron inobservadas (sic) distintas garantías judiciales”. La sentencia ordena anular al Estado de Chile la condena, que en su momento aplicó el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Temuco, Antonio Castro Gutiérrez, en contra de los comuneros; además de ordenar un acto reparatorio y de reconocimiento público, sumado a indemnizaciones a los involucrados y varias otras medidas Sentencia: “Hecho histórico” El líder del Consejo de Todas Las Tierras, Aucán Huilcamán Paillama, valoró la decisión del Tribunal Internacional, calificándola de un “hecho histórico y único en la región del Estado chileno con el Estado Mapuche”. Huilcamán anticipó que tomará contacto con la Cancillería para conocer en qué momento el Estado de Chile comenzará a cumplir la condena, detallando que 40 de los comuneros mapuches condenados fallecieron esperando este fallo. https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2024/11/21/corte-interamericana-condena-a-chile-por-violar-los-derechos-humanos-de-135-mapuches-en-1992.shtml

A nuestros hermanos de la radio comunitaria Santa Catalina se les arruino la consola de la Radio

A nuestros hermanos de la radio comunitaria Santa Catalina se les arruino la consola. Cualquier aporte suma. Para mejor información comunicarse con Fabio Bejarano 388 516-6115 POR :Jose Sajama

Nación Guaraní repudia el voto del gobierno de Milei en contra de los Derechos de los Pueblos Originarios.

Desde el Consejo de Caciques e integrantes de las 135 Comunidades originarias de la provincia de Misiones, manifestaron su profundo repudio al voto emitido recientemente por el gobierno nacional, contra la resolución de la ONU que protege los derechos de los pueblos originarios. Consideran que, el voto argentino encabezado por el canciller Gerardo Wertheim, es un ataque contra los derechos y la dignidad de los pueblos originarios. Mediante un comunicado que se difundió entre la prensa, el colectivo sostiene que el voto argentino ante la ONU, “es de un desconocimiento histórico y cultural de las comunidades originarias en Argentina”. Recordaron que “durante siglos han luchado por el reconocimiento de sus derechos, su territorio y su identidad”. En esa dirección, explicaron que el espíritu de la resolución de Naciones Unidas que rechazó la delegación argentina, promueve el acceso a la justicia, la protección del ambiente y el respeto de las culturas y lenguas de los pueblos originarios. Argentina reconoció sus derechos en 1992, a través de la ratificación del convenio 169 de la OIT y luego en 1994 a través de nuestra constitución nacional. En la que quedaron consagrados en el artículo 75 inciso 17, los siguientes derechos: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan…” “Argentina es un pueblo multicultural, pluriétnico, multilingüe, y los pueblos indígenas somos parte constitutiva de nuestra identidad como nación, Por tanto, nos merecemos el pleno respeto y apoyo del Estado para garantizar nuestros derechos” se quejaron y advirtieron que “el voto de Milei contradice estos principios fundamentales y promueve una política que excluye y vulnera a quienes hemos sido históricamente marginados. En la perspectiva neoliberal de desarrollo, una de sus bases es el extractivismo, por eso ha puesto la mira en que ‘el mercado’ se apropie de las tierras ancestrales para la explotación de los bienes naturales comunes”. Desde Misiones, “reafirmamos nuestras fuerzas para con la defensa de nuestros derechos y con la construcción de un país que valore y respete los derechos colectivos, entre ellos el derecho a la educación intercultural bilingüe”. Por ello rechazan cualquier acción o postura que perpetúe la exclusión y la discriminación de las comunidades originarias. Foto ilustrativa /Archivo: radio Cataratas (WEB)

Castelli sitiada

Manifestantes de movimientos sociales cortaron ayer la ruta 95 por reclamos incumplidos del gobierno provincial. La medida sigue este miércoles. El corte es total en el kilómetro 1224.

Compromisos incumplidos del gobierno provincial fueron los motivos esgrimidos por movimientos sociales cuando en la víspera volvieron a paralizar a la ciudad que, una vez más, se vio seriamente afectada por los cortes.Primeramente, desde las 9, en la ruta nacional 95, lo hizo el movimiento de trabajadores desocupados (MTD) 1º de Mayo, encabezado por Rafael Sánchez, que, entre sus reclamos, planteó la construcción de viviendas en todo el departamento Güemes, apertura de comedores comunitarios y entrega de equipamientos para proyectos productivos. Y la segunda medida de protesta, también sobre esa vía nacional, encabezada por Simeón Sánchez, de la organización Pueblo Toba, cuyos manifestantes reclamaron el pago de haberes a docentes originarios a quienes se les adeuda desde marzo.Este miércoles los reclamos continúan. Compromisos no cumplidos con el MTD 1º de MayoEl reclamo de compromisos incumplidos por parte de distintas áreas del gobierno provincial, fue el motivo que llevó a los manifestantes del MTD 1º de Mayo a realizar la medida de fuerza. Entre los pedidos se mencionan el inicio de la construcción de viviendas en Castelli, Fortín Lavalle y otras localidades del departamento Güemes, la entrega de una ambulancia para el puesto sanitario de Fortín Lavalle, apertura de comedores comunitarios y la entrega de equipamientos para proyectos productivos. Docentes originarios sin percibir haberesPor otra parte, desde la organización Pueblo Toba, los reclamos que llevaron a cortar la ruta nacional 95 tuvieron que ver con la falta de pago a docentes originarios que, desde marzo, no perciben sus haberes. En relación a esto se detalló que los docentes de los pueblos originarios, Enzo Gómez y Alicia Nardo, están cumpliendo sus tareas desde el 20 de marzo a pedido de la comunidad y hasta la fecha no perciben sus haberes. Ambos cumplen tareas en la escuela de educación primaria (EEP) 1043, dependiente de la escuela para adultos (EPA) 73. También exigen el inmediato informe del compromiso de construcción del edificio escolar para la gran masa poblacional del sector del barrio Chacra 65. https://www.datachaco.com/75739-castelli-sitiada

Parte consulta indígena sobre temas que regularán las áreas protegidas y sitios prioritarios

Iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente busca llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de estos pueblos sobre medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente, en este caso respecto a la Ley SBAP.

Miércoles 20 de noviembre de 2024.- Una invitación a los representantes de comunidades y pueblos indígenas a participar de la consulta sobre diversas materias, que serán reguladas en los futuros reglamentos sobre Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios y que fueron establecidos en la denominada "Ley para la Naturaleza", extendió la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. "Queremos recoger la voz, las experiencias, los saberes de los pueblos indígenas que ancestralmente han estado conviviendo en medio de territorios y áreas de conservación de la biodiversidad. Saber qué piensan, qué opinan, cómo se pueden vincular en la gestión de estas áreas protegidas. Por eso les invitamos a participar activamente en esta consulta que se inicia este 20 de noviembre en todas las regiones del país", expresó la autoridad ambiental. La consulta Indígena es una invitación a los representantes de pueblos y comunidades indígenas a participar de un diálogo, que tiene como objetivo llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, acerca de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente y que, en este caso, provienen de la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Ese cuerpo legal estableció la necesidad de elaborar reglamentos sobre áreas protegidas y de sitios prioritarios, tarea que le corresponde al Ministerio del Medio Ambiente. Para elaborar estos reglamentos se ha considerado el desarrollo de una consulta Indígena a nivel nacional para dialogar con las distintas comunidades indígenas que habitan los territorios o en sus inmediaciones, ocupados o utilizados ancestralmente o para fines culturales. En la actualidad, las áreas protegidas de Chile abarcan una superficie de 167 millones de hectáreas, sumando un total de 245 áreas, tanto en tierra como en mar. Esto significa que las áreas protegidas cubren prácticamente el 22% (16,6 millones de hectáreas) del territorio nacional continental e insular, y para el ámbito marino, un 44% de la Zona Económica Exclusiva (150,5 hectáreas). Para estos efectos el Ministerio desplegará la realización de cerca de 100 encuentros en diversas localidades y todas las regiones del país, con el objeto de dialogar con las comunidades sobre las materias consultadas. La ministra Rojas destacó que "estos encuentros son fundamentales para el Ministerio, porque los pueblos indígenas tienen una vinculación ancestral y espiritual con la naturaleza. Su opinión es por lo mismo, vital a la hora de definir estos reglamentos que regularán, por ejemplo, la forma en que se crearán o desafectarán las áreas protegidas por el Estado". Para conocer el calendario de los encuentros y más antecedentes de la consulta, se puede visitar http://consultaindigena.mma.gob.cl https://www.induambiente.com/actualidad/noticias/parte-consulta-indigena-sobre-temas-que-regularan-las-areas-protegidas-y-sitios-prioritarios

“Los pueblos originarios estamos firmes con el compañero gobernador Gildo Insfrán y el Partido Justicialista”, ratificaron

Desde los pueblos originarios de Colonia Muñiz y Ayo La Bomba, ambas cercanas a Las Lomitas, agradecieron al Gobierno provincial por la asistencia sanitaria brindada a estas comunidades, durante los tres días de operativos, donde destacaron la amabilidad con la que fueron atendidos.

Al igual que la respuesta que ofrecieron mediante los múltiples servicios. Por eso, dijo el presidente de la comunidad de Colonia Muñiz Antonio Luna que ha sido “muy importante” la llegada del operativo “para atender a las personas, esto le hacía mucha falta a nuestra comunidad”. También el dirigente aseguró categórico que “estamos firmes con el compañero gobernador Gildo Insfrán y el Partido Justicialista en colonia Muñiz”, recordando que su filiación al partido es una tradición que heredó de sus padres. Así que “la comunidad wichí de Las Lomitas acompañamos las políticas del Gobernador”, subrayó. En cambio, criticó al intendente Atilio Basualdo, porque “dejó de ser el partido a partir de que se reunió con autoridades del Gobierno de Javier Milei”. Tomás Domínguez, presidente de la comunidad de Ayo La Bomba, fue otro de los dirigentes que celebró también el arribo “de este tipo de actividades, en una decisión del Gobierno de Formosa de atender a las comunidades originarias aledañas a Las Lomitas”. “Estamos orgullosos de haber recibido a tantos profesionales de la salud, pero también a quienes son de la parte educativa y demás áreas que dependen del Gobierno provincial”, expresó. Por último, uno de los primeros pobladores de Colonia Muñiz, Desiderio Sánchez, comentó que su comunidad fue poblada en 1914 y que, “cuando se festeja el cumpleaños de Las Lomitas, también acá se hace lo mismo”, debido a la cercanía que se tiene como esa localidad ubicada en el centro de la provincia de Formosa. Finalmente, afirmó que “desde siempre tenemos mucho apoyo de las autoridades del Gobierno de Formosa” tal como también testimoniaron los demás dirigentes originarios. Por último, un vecino de Las Lomitas, de nombre Daniel Martínez, quien llegó hasta Colonia Muñiz para atenderse con su familia, expresó su agradecimiento al gobernador Insfrán, y destacó sobre todo “la amabilidad” con la que fueron atendidos. Y acusó a Basualdo de ser “un malagradecido con el gobernador Insfrán”, al referirse a la campaña de difamación que el jefe comunal viene llevando adelante apoyada por los sectores de la oposición. https://agenfor.com.ar/2024/11/los-pueblos-originarios-estamos-firmes-con-el-companero-gobernador-gildo-insfran-y-el-partido-justicialista-ratificaron/

Comunidades del Pueblo Nación Charrúa de Entre Ríos eligieron sus representantes

La asamblea de renovación o/ y continuidad de los delegados del Consejo de Participación Indígena (CPI), ante el Instituto nacional de asuntos indígena (INAI), se llevó a cabo el sábado 16 de noviembre del 2024 en el Polideportivo de la ciudad de Villaguay, con la presencia de autoridades de 12 comunidades de la provincia.

En una jornada que comenzó con una ceremonia ancestral y que continuó con planteamiento de algunas preguntas, a los técnicos del INAI, sobre la situación del organismo y como trabajarían con los nuevos mandatos de las comunidades, por lo que expresaron que su rol es cumplir con lo que ordena el reglamento de CPI basado en la ley 23302 que crea el instituto y los artículos 75 inciso 17 que reconoce su preexistencia étnica y cultural, como el respetar su identidad, herramienta que resguarda sus derechos y que la provincia de Entre Ríos adhirió incorporándola a la constitución provinciales con el artículo 33. Luego se llevó a cabo la asamblea donde intercambiaron saberes desde el proceso de sus comunidades y la elección de sus dos representantes ante el INAI, quedando como elegidos Silvia Solari de la comunidad Ayendajau de Federal, que formará parte de Mesa Nacional y Héctor Senaqué Santomil de la comunidad Charrúa Etriek de Villaguay , que continuaría como Concejo de Coordinación Indígena ( CCI). Silvia expresó que se siente “, orgullosa y digna de representar a nuestro pueblo” por lo que está dispuesta a afrontar “los desafíos y seguir luchando por nuestros derechos “Afirmó. Y detalla de que es necesario “demostrar que somos grupo de hermanos que está de pie”, y que “en cada paso que demos nos muestre orgulloso de nuestra identidad”. Resaltó. En ese sentido menciona que “debemos seguir visibilizando la cultura de nuestro pueblo Charrúa y que se creen nuevas leyes que den respaldo a las decisiones que tomemos de acuerdo a las demandas de las comunidades”. En tanto Héctor afirmó que “esta herramienta de representación ante el organismo del estado es para garantizar las leyes vigentes de la constitución a lo que desde el cuerpo de CPI se debe hacer valer”. Por lo que es imprescindible que las demás representaciones del país tengan que observar y hacer cumplir, en conjunto, las demandas con la constitución en mano, porque se están vulnerando y violando las leyes y los derechos de las comunidades indígenas, impunemente” A lo que agrega que “es fundamental seguir planteando reparación histórica y que se efectivice la ley de propiedad comunitaria , así como hacer que se garanticen otros derechos” En cuanto a la jornada , Héctor celebró que “alguien como Silvia esté en ese lugar de representación, por las característica de ella, de nos solo preocuparse por su comunidad sino por las demás de su localidad y que se nota su deseo de llevar de la mejor manera el mandato”. También mencionó que “desde ya hay presentada en distintas ciudades de la provincia la propuesta de que se cree área intercultural y pueblos originarios”. Y que eso mismo propuso al INAI “para que desde allí soliciten que se cree en la provincia”. Las autoridades de las comunidades que participaron fueron: Silvia Solari de Ayendajau, Federal; Celia Saucedo de Gue Guidaí Berá , Maciá; María Romero de Pueblo Jaguar, Villaguay; Sandra Giménez Salto grande, Chajarí; Diana Villa de Y’ Jaguarí, Villaguay; Martín Maislín de Onkaiujmar, Paraná; Ukaivberá Gladys Do Nascimento de I’Tu, Concordia, Héctor Senaqué Santomil de Charrúa Etriek, Villaguay; Gisela Miño de Ombú, Federal; Rosaura Escobar de Rafaelita, Federal, Evangelina Leguiza de Remajumén, Km 13, Maciá; Juan Manuel Acosta de Inchalá Ué ,Villa Domínguez Las comunidades notificadas fueron 20 de las cuales 8 estuvieron ausentes, por los que justificaron la no presencia… Contacto: 3455432518 Hector Santomil Romina Arapeiz 3435233376 FOTO:Comunidades del Pueblo Nación Charrúa de Entre Ríos

Argentina. Pueblos Originarios. Enérgico repudio a declaraciones de la Directora de Tierras del INAI que atentan contra los derechos indígenas consagrados

Resumen Latinoamericano, 13 de noviembre de 2024 La Mesa Nacional del Consejo de Participación Indígena (CPI) expresó su “enérgico repudio” a los dichos de la funcionaria del INAI Sonia Ochoa, quien señaló que “las consultas libres, previas e informadas que se realizan a las comunidades, no tienen carácter vinculante y no pueden detener por sí solas el avance de un proyecto minero”. Tras las declaraciones de la Directora de Tierras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) durante una jornada de capacitación sobre Derecho Indígena, en Catamarca, la Mesa Nacional de CPI hizo público su repudio a través de un comunicado, señalando: «Sus comentarios, publicados en un sitio web patrocinado y dedicado a la minería, son perjudiciales para los pueblos indígenas y reflejan una ideología adversa a nuestros derechos, tal como están contemplados en la Constitución Nacional y los instrumentos jurídicos internacionales a los que nuestro país suscribe.» El Convenio 169 de la OIT y el Consentimiento libre, previo e informado (CLPI) garantizan el derecho de los pueblos indígenas a dar o negar su consentimiento a cualquier actividad que afecte sus tierras, recursos y territorios. Los principios de este consentimiento constituyen un marco que brinda los protocolos, procesos, normas y reglamentos que los pueblos indígenas podemos exigir tanto al Estado como a empresas privadas. Las autoridades aborígenes señalaron que «Al otorgar todas las prerrogativas a las provincias, ignora el mandato constitucional que garantiza la participación de los pueblos indígenas en la gestión de sus recursos naturales, desconociendo así nuestros derechos territoriales reconocidos por el Convenio 169 de la OIT y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.» También «malinterpreta el principio de igualdad ante la ley, olvidando que este principio está vinculado al reconocimiento de las diferencias culturales. Los pueblos indígenas tenemos derechos específicos debido a nuestras culturas distintas, y tratarlos como parte de una ´cultura occidental´ simplifica y distorsiona la complejidad de nuestras situaciones.» «Es evidente que el INAI ha minimizado su rol, delegando competencias a las provincias y restringiendo los derechos indígenas, presentándose como un mero consultor. Esto muestra un retroceso en la construcción de un Estado intercultural y plurinacional, favoreciendo intereses extractivos sobre los derechos de las comunidades indígenas», afirmaron. Como antecedente a favor de los pueblos indígenas y como jurisprudencia, recordamos que Argentina debe adecuar sus políticas en materia de derecho indígena, fundamentando que la consulta es vinculante y que su objetivo es obtener el consentimiento de las comunidades. De no ser así, el Estado puede ser demandado, y en este caso, los estados provinciales serían los responsables, como se evidenció en el caso de Lhaka Honhat. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por incumplir con el procedimiento de consulta y participación, ordenando la adopción de medidas legislativas y administrativas para garantizar la seguridad jurídica del derecho de propiedad comunitaria indígena y ampliar la participación en la toma de decisiones, resaltaron. CON LA NUESTRA «Como Consejo de Participación Indígena, hacemos un llamado a la Dra. Sonia Ochoa a concretar una instancia de rectificación de los conceptos erróneos que está desarrollando en estas capacitaciones, con el agravante de estar ejerciendo un cargo público que sostenemos con nuestros impuestos, a fin de que dé respuesta a la mesa nacional de los CPI por los dichos vertidos y brinde las explicaciones correspondientes.» EL ROL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (INAI) Su principal propósito es asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los integrantes de los pueblos indígenas, garantizando el cumplimiento de los derechos consagrados constitucionalmente (Art.75,Inc.17). Implementa programas que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes, tal como lo establece el Decreto 410/2006 que reglamenta su estructura organizativa. CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO «El derecho a la consulta no es un instrumento no vinculante, como afirma la funcionaria del Estado Nacional. Todo lo contrario, el proceso se desarrolla con el fin de obtener o no el consentimiento y es vinculante en todos los casos, por más que las políticas liberales actuales de la gestión a la que ella pertenece intenten día a día cercenar estos derechos mediante manipulaciones, mentiras y cipayismo», afirmaron desde la Mesa Nacional de CPI. Y advirtieron: «No permitiremos que nuestros territorios sean regalados al mejor postor para engrosar los bolsillos de un par de empresas que solo traen miseria y dolor a nuestros territorios y a nuestra Madre Tierra.» «Seguiremos resistiendo estas nuevas entregas de tierras y asumiendo que este gobierno para pocos, por más que intente separarse del mundo y no firmar acuerdos internacionales, como el reciente voto negativo que el país tuvo en la ONU sobre el documento que ´Promueve el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de culturas y lenguas de los pueblos originarios´. Estas políticas van en consonancia con la falta de políticas públicas que este gobierno lleva adelante.» «No resignaremos ni un solo derecho conseguido con la lucha, la sangre y el cuerpo de nuestros hermanos y hermanas por el derecho a la tierra y a nuestros territorios. No vamos a permitir el avasallamiento, las amenazas ni la inutilidad de funcionarios cipayos. No vamos solo a llamar al diálogo porque no hay un verdadero respeto. Solicitamos la rectificación de este tipo de capacitaciones que tergiversan la realidad e iniciaremos las acciones legales correspondientes por incumplimiento de funciones como funcionarios públicos», concluyeron. QUIÉN ES SONIA OCHOA? La abogada Soni Ochoa, fue desginada Directora de Tierras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), por su rol ejercido durante el gobierno de Morales en Jujuy. Sonia Ochoa Ochoa estuvo a cargo de la Secretaría de Pueblos Indígenas, de Jujuy, y del Ministerio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas cuando se desarrolló la represión al Tercer Malón de la Paz, el año pasado. Lugar desde donde, lejos de defender a la población originaria, garantizó la impunidad de funcionarios del gobierno de Gerardo Morales respecto a la violencia institucional ejercida durante las permanencias en las rutas que realizaron las comunidades que rechazaron los cambios en la Carta Magna provincial jujeña. FUENTE: originarios.ar

Argentina. Pueblos Originarios. Pronunciamiento de la Asamblea Plurinacional de la Red TICCA “Territorios de vida en Argentina”

Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2024

Las comunidades indígenas y las organizaciones presentes en la Asamblea de la Red TICCA Territorios de Vida en Argentina, expresamos nuestra profunda preocupación y firme postura respecto a la situación actual de nuestros territorios y derechos. Por lo tanto, declaramos lo siguiente: 1. Cumplimiento integral de la ley 26.160 sobre propiedad comunitaria. Exigimos que se complete el relevamiento territorial de las comunidades indígenas que aún no han sido incluidas. Asimismo, es imperativo avanzar hacia la segunda etapa que garantice la efectivización de los títulos de propiedad comunitarios. La fama de avances en esta materia continúa vulnerando nuestros derechos y perpetuando la inseguridad territorial. 2. Implementación de la consulta previa, libre e informada. Reiteramos la urgente necesidad de que se cumpla de manera efectiva la consulta previa, libre e informada, conforme a lo establecido por el Convenio 169 de la ONU y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta práctica es esencial para asegurar nuestra participación activa en la toma de decisiones que afectan directamente a nuestras vidas y territorios. 3. Gobernanza indígena en los territorios. Demandamos un marco de gobernanza indígena que respete y reconozca nuestra autoridad y responsabilidad en la gestión de los territorios. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) define este tipo de gobernanza como áreas protegidas gestionadas por pueblos indígenas a través de instituciones y normas propias, ya sean formales o informales. Solicitamos la modificación del marco normativo de la Administración de Parques Nacionales (APN), puntualmente la problemática que atraviesan hermanas y hermanos en el sur de Argentina, para su correcta implementación en nuestros territorios comunitarios, garantizando así la protección de nuestros derechos y la preservación de nuestras prácticas culturales y ambientales. 4. No a los desalojos. Nos oponemos categóricamente y repudiamos a todas las acciones que implique el desalojo de las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales. Estos actos no solo representan una violación de nuestros derechos humanos sino que afectan gravemente nuestra identidad, cultura y modo de vida. Es urgente que se implementen políticas públicas que promuevan la permanencia y el fortalecimiento de nuestras comunidades en sus territorios. 5. Acuerdo de Escazú. Solicitamos efectiva aplicación del acuerdo en el marco de los y las defensores ambientales. Como así también, lo vinculado a la consulta ambiental en los territorios comunitarios que habitan y poseen los Pueblos Preexistentes. 6. Se rechaza expresamente las medidas -normativas, leyes, decretos, resoluciones y otras- que atentan contra los derechos adquiridos y reconocidos en la Constitución Nacional. Hacemos un llamado a las autoridades nacionales, internacionales y a la sociedad en general para que se solidaricen con nuestra lucha por la defensa de la vida, la tierra y la dignidad de nuestros pueblos. https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/11/11/argentina-pueblos-originarios-pronunciamiento-de-la-asamblea-plurinacional-de-la-red-ticca-territorios-de-vida-en-argentina/

Guerrero: comunidades indígenas resisten el avance de las familias del poder en Jujuy

Desde la aprobación de la reforma constitucional de Jujuy, en junio de 2023, las comunidades indígenas y campesinas de la provincia han enfrentado una ola de desalojos violentos que favorecen la especulación inmobiliaria y los proyectos extractivos. En Guerrero, una comunidad kolla fue despojada de sus tierras por parte de una de las familias que más poder concentran en la provincia, los Jenefes. El caso revela cómo estas expulsiones se realizan sin respeto por la identidad indígena, a pesar de que las familias afectadas tienen una relación ancestral con el territorio. Camila Parodi noviembre 13, 2024 Fotos: Susi Maresca El pasado 15 de octubre, cinco familias indígenas de la comunidad kolla de Guerrero, en Jujuy, fueron desalojadas violentamente de su territorio habitado por más de cinco generaciones. Este desalojo, ordenado por la justicia provincial y ejecutado por más de 150 efectivos policiales, dejó a las familias en situación de calle y despojadas de todos sus bienes y animales. Durante el operativo, se realizaron detenciones arbitrarias y se violaron los derechos de las infancias allí presentes. Además, se intimó a la comunidad bajo la amenaza de demoler su cementerio ancestral. Un espacio sagrado donde descansan los restos del abuelo de Máxima Bustamante, lideresa de la comunidad quien fue violentamente expulsada de su hogar junto a su madre de 99 años. La comunidad de Guerrero había obtenido la personería jurídica otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2008, junto con la aprobación de la cartografía de su territorio. Sin embargo, en febrero de 2021, esta personería fue derogada por un decreto del entonces gobernador Gerardo Morales, debilitando su defensa legal frente a los desalojos. Detrás de este despojo se encuentra la familia Jenefes Quevedo, un poderoso clan político y empresarial de la provincia, que busca apropiarse de estas tierras ubicadas a tan solo 28 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Este desalojo se suma a una serie de acciones judiciales en todo el país que, bajo el argumento de usurpación, vulneran los derechos territoriales de las comunidades indígenas.

Guerrero con memoria La violencia política no es una práctica nueva para este pueblo. Durante la última dictadura cívico militar en Argentina, Guerrero fue el escenario de uno de los centros clandestinos de detención más brutales de la provincia. En ese sitio, conocido como “el lugar del horror”, cientos de personas fueron secuestradas, torturadas y, en algunos casos, asesinadas. Durante operativos como “La Noche del Apagón”, personas de localidades cercanas como Calilegua y Libertador General San Martín fueron llevadas a Guerrero, donde fueron sometidas a terribles torturas, abusos sexuales y entre otras violencias. Testimonios de sobrevivientes recuerdan que las personas detenidas eran golpeadas, colgadas de los pies e incluso introducidas en tachos de agua hirviendo. Muchas de ellas perdieron la vida bajo tortura o fueron ejecutadas por las fuerzas represivas, marcando la memoria de la comunidad. Esta violencia institucional forma parte de una larga historia de represión en la región, que se repite con los procedimientos actuales, perpetuando un patrón de atropello contra quienes habitan el territorio y se resisten a las imposiciones del poder político de turno. Una reforma que habilita el despojo La reforma constitucional impulsada por el exgobernador Gerardo Morales reforzó los derechos de la propiedad privada y creó mecanismos rápidos para desalojar ocupaciones “no consentidas”. Este marco legal ha facilitado que las comunidades indígenas sean expulsadas de sus tierras, pese a estar protegidas por el Convenio 169 de la OIT, que garantiza su derecho a la consulta previa, libre e informada sobre decisiones que afectan sus territorios. La reforma ha sido instrumental no solo para el avance de proyectos extractivos, como la explotación de litio y otros minerales codiciados en la zona, sino también para la especulación inmobiliaria y turística. En el caso de Guerrero, la codicia por las tierras no está impulsada por la minería, sino por el interés de las élites locales. Un lugar donde las familias del poder construyen sus estancias y grandes fincas desconociendo su historia. Las familias desalojadas han vivido en esta región durante generaciones, pero ahora enfrentan una narrativa que subestima su identidad indígena, cuestionando su derecho a habitar estas tierras. “Mi comunidad se llama Pueblo Kolla”, responde Máxima Bustamante cuando es consultada por la prensa en torno a su permanencia en el territorio. “Yo vengo de la quinta generación: los abuelos de mi padre, Casiano Bustamante, vivieron en ese territorio que heredamos, yo tengo 72 años y mis hijos 50, hagan números para saber desde qué año estamos viviendo ahí”, manifiesta la lideresa de la Comunidad de Guerrero al reafirmar su vínculo con el territorio. Para Doña Máxima, el desalojo no solo es una violación de su derecho a la tierra, sino un acto que borra siglos de historia familiar y comunitaria. El desalojo: 150 policías para 5 familias El operativo ocurrido el 15 de octubre fue particularmente violento. Más de 150 efectivos policiales irrumpieron en la comunidad de Guerrero para expulsar a cinco familias del Pueblo Kolla. Lorena Durand de Cruz, recuerda cómo la policía destruyó sus hogares y maltrató a sus animales: “Arrasaron con todo. Derribaron nuestras casas, cortaron nuestros árboles frutales y rompieron nuestras huertas”. A las personas niñas y ancianas de la comunidad tampoco se les perdonó el terror. “Sacaron a mi suegra de 99 años de su cama, la tiraron en su silla de ruedas”, añade Lorena, demostrando la brutalidad del operativo. Durante el desalojo, relata Nancy Cabana, tesorera de la comunidad, intentaron proteger a las niñeces del caos y la violencia generalizada: “Corrí para sacar a mis hijos y llevarlos donde se encontraba la abuela imaginando que no les harían nada, pero los policías me empujaron, me golpearon. Mi hija, desesperada, corrió al cementerio y se tiró en la tumba del abuelo, pidiéndole que todo terminara”. “Si quieren ver lo que quedó de nuestras casas tienen que ir al arroyo las peras”, explica con tristeza Lorena. Parte de sus bienes fueron tirados a unos kilómetros de su hogar bajo un puente sin tener la posibilidad de retirarlos previamente. Hoy cada una de las familias desalojadas se refugió en el hogar de algún afecto debido a la falta de respuesta estatal. Desde entonces, Nancy junto a su marido y sus tres hijos duermen en un colchón de dos plazas: “Mis hijos no entienden porqué de un día para otro estamos durmiendo en el piso, me preguntan todas las noches cuándo van a poder volver a su cama y no sé qué decirles, ¿cómo se le explica tanta maldad a un niño? ¿cómo les explico que ese lugar ya no existe?”, se pregunta. Además de no hacerse presente durante el brutal desalojo, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Jujuy no tomó contacto con las familias para acompañar a sus hijos e hijas posteriormente. La policía no solo ignoró los derechos de las infancias, sino que tampoco permitió que las familias cuidaran de sus animales a quienes consideran parte de su comunidad. “Nuestros animales sufrieron igual que nosotros, algunos siguen desaparecidos y sin nosotros es muy difícil que sobrevivan”, agrega Nancy. Para la comunidad de Guerrero, los animales son parte fundamental de su vida cotidiana y su economía de subsistencia. Más allá de ser una fuente de alimentos y sustento, representan un vínculo profundo con la tierra y su modo de vida ancestral. Durante el desalojo, los animales también sufrieron el abandono y la violencia: “Nos faltan vacas, ovejas, gallinas y chivos. No sabemos cómo estarán nuestros perros y gatitos. Muchos siguen desaparecidos, no nos dejan ir a alimentarlos”, explican, evidenciando la negligencia de las autoridades al no garantizar el bienestar de los animales. Para ellos, el maltrato a sus animales es una extensión del maltrato a las personas, subestimando el valor que tienen dentro de su cosmovisión y su vida diaria. Las familias del poder detrás del desalojo Detrás del operativo judicial, policial y mediático de Guerrero se encuentra Guillermo Jenefes, una figura central en la política y la economía jujeña. Ex vicegobernador y miembro de una de las familias más influyentes de la provincia, Jenefes ha sido señalado por usar su poder para apropiarse de tierras que, tras la reforma constitucional, quedaron expuestas al despojo. Las familias de Guerrero creen que el interés de Jenefes en su territorio está vinculado al valor inmobiliario creciente de la zona, una tierra codiciada por las élites para proyectos privados. El conflicto territorial fue iniciado por Juan Jenefes, hijo de Guillermo y actual diputado provincial, quien en 2017 presentó un juicio alegando la propiedad de más de 1.000 hectáreas, justo cuando el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) avanzaba en el proceso de reconocer a esos terrenos como parte del territorio ancestral de la comunidad kolla de Guerrero. El entonces gobernador Gerardo Morales, en febrero de 2021, anuló por decreto la personería jurídica de la comunidad kolla de Guerrero, dejando sin efecto tanto la resolución del INAI que validaba sus derechos territoriales, como el reconocimiento formal de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Jujuy. Este decreto provincial debilitó la defensa legal de la comunidad frente a los intereses de la familia Jenefes, cuya abogada, Leonor Palomares, acusó a la comunidad por “usurpación” y argumentó que las provincias tienen la potestad de otorgar o rechazar personerías jurídicas a comunidades indígenas, minimizando el reconocimiento nacional del territorio indígena. “No quieren que quede vestigio de que alguna vez un grupo de kollas de piel oscura se atrevió a levantar la mirada y a decirle que no son nuestros patrones”, expresa Lorena, reflejando cómo las élites, encabezadas por los Jenefes, han privatizado progresivamente la región. Así, el accionar impune de los Jenefes demuestra cómo las élites locales se benefician de la nueva legislación para avanzar en proyectos especulativos, ignorando el bienestar de las comunidades indígenas que históricamente han habitado el lugar. Máxima Bustamante: una historia de resistencia y ancestralidad Uno de los principales argumentos que se reproducen en el Canal 7, multimedio que dirige el mismo Guillermo Jenefes y uno de los principales medios de comunicación de la provincia, sostiene que las familias indígenas “no han vivido en esas tierras por mucho tiempo”, cuestionando su identidad originaria. Sin embargo, este relato se contradice con la historia contada por Doña Máxima Bustamante, una de las mujeres mayores de la comunidad, quien explica con claridad la relación ancestral de su familia con estas tierras: “Mi abuelo nació, vivió y murió en esa tierra donde hoy se encuentra enterrado, su historia nos dice que somos de ese territorio”. A pesar de que la comunidad tiene sus papeles en regla, incluyendo la personería jurídica que les reconoce como pueblo indígena, el Estado no protegió sus derechos. El INAI, la institución que debería haber intervenido para impedir el desalojo, no actuó de manera oportuna y su accionar nos habla de un clima de época. “Nosotros tenemos los papeles al día, pero aun así nos han desalojado como si no existiéramos”, denuncia Doña Máxima. Esta omisión muestra cómo las instituciones del Estado, que deberían velar por los derechos de las comunidades, fallan en su deber, dejando a las familias indígenas desamparadas. El dolor de Doña Máxima no solo proviene de la pérdida de su hogar, sino también del desarraigo forzado: “Me sacaron el día de la primera lluvia. Mi mamá está desesperada, quiere volver al campo, quiere ver la tumba de su marido. Nos quitaron todo, incluso nuestras cosas más preciadas: las vasijas de barro que heredamos de nuestros abuelos, los ponchos de vicuñas y otras reliquias familiares, todo quedó destruido”. Desde su mirada, este accionar, tan cercano al día de los muertos es una forma de violencia simbólica: “Ellos saben lo importante que es para nosotras estar cerca a nuestros ancestros en estos tiempos”. Para Máxima, además, la imposición de una vida en la ciudad es el peor castigo y se lamenta que no han vuelto a comer desde el día en que fueron desalojadas. “Nosotras comemos muy sano en casa, sabemos de dónde viene cada alimento y es producto de nuestro trabajo, de nuestra tierra… acá querían que comamos unos sanguches, eso no es comida”, instó. Un patrón de desalojos El caso de Guerrero no es un hecho aislado. Otras comunidades en Jujuy están siendo despojadas de sus tierras para abrir paso a proyectos extractivos, turísticos e inmobiliarios. En Palpalá, la comunidad kolla Tusca Pacha ha resistido tres intentos de desalojo, mientras que en La Quiaca Vieja, cinco familias fueron desalojadas en plena noche con solo 48 horas de aviso informal durante el mes de junio. Estos desalojos se realizan de manera violenta, sin respetar los derechos territoriales de las comunidades indígenas. La situación en Tilcara es similar: el 16 de enero, la Policía jujeña irrumpió en el barrio Estación para desalojar a las familias que vivían cerca de las vías del nuevo Tren Turístico. Nueve personas fueron retenidas mientras se ejecutaban los desalojos, que buscaban liberar el terreno para la construcción de locales comerciales proyectados por el gobierno provincial. La resistencia indígena: memoria y dignidad ante la crueldad A pesar de la violencia sistemática y los desalojos, las comunidades indígenas en Jujuy y otras regiones de Argentina siguen resistiendo con dignidad. Para ellas, la lucha no es solo por la tierra, sino por su derecho a existir en los territorios que han habitado y cuidado durante generaciones. Como expresa Doña Máxima, con una convicción que refleja siglos de historia: “No vamos a desaparecer. Estamos aquí y vamos a seguir defendiendo nuestras tierras, porque son nuestras”. Esta resistencia, más allá de la supervivencia física, es un acto profundo de afirmación cultural y ancestral, en defensa del legado que sus antepasados les dejaron y que las políticas actuales intentan borrar. Los desalojos en Jujuy, facilitados por la reforma constitucional y ejecutados con la complicidad de figuras de poder como Guillermo Jenefes, son una grave amenaza no solo para las comunidades indígenas de Jujuy, sino también para los derechos colectivos de los pueblos en todo el país. Mientras la comunidad kolla de Guerrero sufre el despojo, en el sur, la Lof Paillako de la comunidad mapuche recibió una orden de desalojo emitida por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. En ambos casos, y en tantos otros, las comunidades, a pesar de tener preexistencia en los territorios, son expulsadas sin que el Estado cumpla su obligación de protegerlas, vulnerando derechos reconocidos tanto en la Constitución como en tratados internacionales. En Collasuyu, en Puelmapu, y en todo el territorio, las comunidades indígenas siguen resistiendo no solo para preservar sus tierras, sino para que sus otros modos de vida, basados en el cuidado mutuo, la convivencia con la naturaleza y la vida en comunidad, no sean invisibilizados ni negados. Frente al avance del extractivismo y la especulación, estas comunidades se alzan como horizontes posibles para quienes soñamos con el buen vivir, un modelo de vida que contrasta radicalmente con el individualismo y la crueldad política que hoy arrasan con la vida. https://latfem.org/guerrero-comunidades-indigenas-resisten-el-avance-de-las-familias-del-poder-en-jujuy/