la argentina está obligada a fijar posición sobre la propiedad comunitaria indígena ante la corte interamericana

La Corte IDH fijó un plazo improrrogable de dos meses para que el Estado argentino responda las presentaciones del caso “Comunidades indígenas de Lhaka Honhat vs. Argentina”. La Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat y el CELS demandan por las vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas que habitan los ex lotes fiscales 55 y 14 del Departamento Rivadavia de la provincia de Salta.

El caso “Comunidades indígenas de Lhaka Honhat vs. Argentina” es el primero en el que se discutirá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la propiedad comunitaria indígena en nuestro país, por lo que representa una oportunidad histórica para el resguardo de los derechos de las comunidades denunciantes, y para la garantía de los derechos indígenas a nivel estructural. La semana pasada la Corte IDH notificó al Estado argentino las presentaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat y el CELS que demandan por las vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas de los pueblos Wichí (Mataco), Iyojwaja (Chorote), Nivacklé (Chulupí), Qom (Toba) y Tapy’y (Tapiete) que habitan los ex lotes fiscales 55 y 14 del Departamento Rivadavia de la provincia de Salta. La Corte Interamericana fijó un plazo improrrogable de dos meses para que el Estado argentino conteste. Tras acreditar las violaciones al derecho a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, a la personalidad jurídica y por el daño ambiental, entre otras afectaciones, las comunidades y el CELS solicitamos reparaciones que incluyen la entrega del título colectivo por 400.000 hectáreas a nombre de todas las comunidades, la provisión de agua potable en el territorio, la realización de obras para el traslado de las familias criollas y la remoción de los alambrados que han perturbado su forma tradicional de vida y la detención de la tala ilegal. También requerimos medidas para asegurar que estas violaciones no se repitan, como la creación de mecanismos institucionales de acceso a la propiedad comunitaria y a la consulta libre, previa e informada sobre obras en las tierras de los pueblos indígenas de la Argentina. A principios de 2008 el Estado nacional y la provincia de Salta interrumpieron de manera unilateral todos los trabajos de delimitación del territorio indígena que se realizaban en los ex lotes fiscales 55 y 14. Por ello, en la última asamblea de caciques realizada en Santa María el 25 de abril pasado, las comunidades denunciaron: “En virtud de que el Estado manifestó en distintas reuniones con las comunidades indígenas (..) que como consecuencia de la remisión del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se detuvieron los trabajos en terreno, queremos remarcar que no existe razón alguna en esta instancia que justifique la interrupción de las acciones que el Estado debe realizar para garantizar nuestros derechos territoriales. Por lo tanto, exigimos que los trabajos se reanuden de inmediato”. La respuesta a la Corte IDH es la oportunidad para que el Estado nacional y el de la provincia de Salta reconozcan las vulneraciones a las comunidades indígenas y se comprometan, por fin, a la realización efectiva de todas las medidas y acciones necesarias para que en el menor plazo posible puedan gozar cabalmente de su derecho al territorio ancestral. Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat (“Nuestra Tierra”) CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales https://www.cels.org.ar/web/2018/07/la-argentina-esta-obligada-a-fijar-posicion-sobre-la-propiedad-comunitaria-indigena-ante-la-corte-interamericana/

Estado pedirá perdón por masacre y desplazamiento de comunidad del pueblo Wiwa Este 19 de julio de 2018 en el corregimiento de Caracolí, Sabana de Manuela, en jurisdicción del territorio ancestral del pueblo Wiwa, San Juan del Cesar, Guajira

En ceremonia presidida por el Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, el Estado colombiano pedirá perdón y reconocerá su responsabilidad por la masacre y el desplazamiento de la comunidad de la vereda El Limón, corregimiento de Caracolí Sabanas de Manuela, en San Juan del Cesar, sur de La Guajira, donde fueron asesinadas 16 integrantes del pueblo Wiwa y cientos más fueron desplazados, por una cruenta incursión de 200 paramilitares. Foto: Víctimas en audiencia - Diario El Pilón

De acuerdo con testimonios de integrantes de la comunidad y declaraciones rendidas en la investigación adelantada por la Fiscalía General, integrantes de grupos paramilitares ingresaron a la comunidad el Limón asesinado a niños, adolescentes e indígenas Wiwa, quemando viviendas, torturando y desapareciendo personas y desplazando a todas las personas que habitaban en cercanías a la Sierra Nevada de Santa Marta. El 1 de septiembre de 2002, 200 paramilitares del Bloque Norte del grupor paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, llegaron a la vereda El Limón, corregimiento de Caracolí Sabanas de Manuela, en San Juan del Cesar, sur de La Guajira. y asesinaron a 16 de sus pobladores. También arrojaron rockets y cilindros contra la población civil e incendiaron 15 viviendas. 15 años después, el Tribunal Administrativo de la Guajira profirió sentencia de segunda instancia frente a una acción de grupo presentada por integrantes de la comunidad indígena Wiwa. De acuerdo con testimonios de integrantes de la comunidad y declaraciones rendidas en la investigación adelantada por la Fiscalía General, durante la creutna masacre, los paramiltiares asesinaron a niños y niñas, adolescentes y adultos indígenas Wiwa, quemando sus viviendas, torturando y desapareciendo personas y desplazando los sobrevivientes. En el fallo, del pasado 19 de julio, el Tribunal declaró la responsabilidad de la Nación- Ministerio de Defensa por el desplazamiento forzado del que fue víctima la comunidad asentada en la vereda El Limón. De acuerdo con las magistradas que integran la sala, el material probatorio aportado dentro del proceso permitió concluir que el Estado colombiano desconoció sus obligaciones de garantía y protección frente al pueblo Wiwa, faltando a los deberes que se desprenden de su condición de garante y permitiendo la violación de derechos fundamentales a una población objeto de protección reforzada. La responsabilidad del Estado se desprende de dos comportamientos clave: La falta de cuidado y previsión de la administración que facilitó la actuación del grupo paramilitar, Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y la inactividad del Ejército Nacional en relación con los previsibles actos deterrorismo que se presentarían en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, y en especial, en la vereda El Limón. El fallo hace parte de una serie de decisiones judiciales adoptadas por el Tribunal de la Guajira con ocasiones de estos hechos de violencia y graves violaciones a los derechos humanos. Dentro de este contexto, el Estado colombiano ha sido condenado por la muerte de los hermanos Edgar y Jaimonzón Radillo Redondo, la tortura y homicidio de Jaime Elias Mendoza, el asesinato por medio de incineración de Rosa María Loperena y el homicidio de los hermanos José Ángel y Adalberto Sarmiento. Para el Tribunal, era claro que la fuerza pública tenía posibilidades de intervenir en el desarrollo de los hechos ya que contaba con conocimiento previo de los actos de violencia que serían perpetrados por los paramilitares a partir de las denuncias y advertencias que la comunidad y la Defensoría del Pueblo habían realizado por medio del Sistema de Alertas Tempranas –SAT- durante el año 2002. Además, en el curso del proceso penal se recibieron declaraciones de desmovilizados de las Autodefensas, entre ellos José Luis Ángulo, quien afirmó que el Ejército Nacional estuvo escoltando a los paramilitares que efectuaron la masacre, no les opusieron resistencia y, por el contrario, facilitaron su huida una vez ocurridos los hechos. Esta versión coincide con las declaraciones del ex integrante de las AUC José Gregorio Álvarez y con múltiples testimonios de las víctimas quienes aseguraron que en la zona había presencia permanente de efectivos militares. De esta manera, la Fuerza Pública desconoció el mandato establecido en los artículos 2, 217 y 218 de la Constitución Política, los cuales establecen la obligación de protección de los ciudadanos colombianos por parte de las Fuerzas Armadas y de Policía, así como el deber de mantener la soberanía nacional y las condiciones necesarias para el adecuado ejercicio de los derechos. La incursión de los grupos paramilitares en El Limón trajo consigo ataques a la población, maltrato a los habitantes en su integridadfísica y psicológica, homicidios selectivos, destrucción de bienes, amenazas y hostigamientos, entre otros. Es por esto que para el Tribunal Administrativo de la Guajira no es de recibo el argumento que sostiene que el daño no es atribuible al Estado al haber sido consecuencia de las actuaciones de grupos paramilitares o que las obligaciones de las Fuerzas Militares son de medio y no de resultado: por el contrario, el Ejército y la Policía contaban con altas posibilidades de impedir el desplazamiento forzado de la comunidad Wiwa y evitar las masivas violaciones a derechos humanos que ocurrieron en El Limón. Resultan especialmente graves los hechos por los cuales se originó la Acción de Grupo teniendo en cuenta la protección reforzada que asiste a las comunidades indígenas. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, los grupos indígenas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad ante situaciones de violencia, por ello reconociendo la multiculturalidad y la diversidad proclamada desde la carta política, las fuerzas del orden debieron brindar mayor atención y asistencia en seguridad a las poblaciones ubicadas en cercanías a la Sierra Nevada de Santa Marta. Además del reconocimiento de responsabilidad, el fallo llama la atención por las consideraciones que hace respecto al valor probatorio de copias simples. La Sala estimó errada la actuación del juez de primera instancia al no dar mérito probatorio a las copias simples de las declaraciones rendidas por los accionantes ante la Procuraduría General de la Nación respecto al desplazamiento forzado del que fueron víctimas. El Tribunal recordó la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2013 (M.P.: Enrique Gil Botero) en la que se establecen dos requisitos para dar valor a las copias que se aporten al proceso y que no sean auténticas: que estas hayan obrado durante todo el curso del proceso, sin haber sidotachada de falsa por la entidad demanda y que no se hubiese presentado oposición a los documentosen las etapas procesales pertinentes. Inclusive, a juicio del Tribunal, la decisión del fallador primario resulta particularmentedefectuosa cuando se aprecia su incompatibilidad con las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia de la CorteInteramericana de Derechos Humanos, la Constitución Política de 1991 y lajurisprudencia constitucional, pues no reconoció ningún peso o valor a la doble connotación de sujeto de especial protección que ostentan las víctimas en este caso, pues pertenecen a una comunidad indígena y fueron sometidos a un desplazamiento forzado. La sentencia hace aplicación del principio de flexibilización de cargas probatorias y procesales a sujetos de especial protección constitucional, en este caso comunidades indígenas, y por ello otorga mayor valor a los testimonios, interrogatorios y documentos que fueron aportados en copia simple. Todos estos insumos permitieron arribar a una conclusión: El Estado incurrió en una falla en el servicio al no proveer la suficiente seguridad a la comunidad de El Limón. Para el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", Cajar, este fallo constituye un avance importante en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y de la falta de actuación diligente del Estado ante las atrocidades cometidas por los grupos paramilitares y continúa la lista de decisiones judiciales que hacen un reconocimiento expreso de las afectaciones que la violencia en nuestro país ha generado en las comunidades étnicas. https://www.colectivodeabogados.org/?Estado-pedira-perdon-por-masacre-y-desplazamiento-de-comunidad-del-pueblo-Wiwa

Un juicio histórico: indígenas y campesinos ganan lucha contra Chevrón

La Corte Constitucional de Ecuador notificó a las partes la resolución en la que niega la acción de protección solicitada por Chevron. Esta acción tenía por objetivo evitar el pago de la sentencia que le impusieron las Cortes de Justicia de Ecuador, y así evadir su responsabilidad legal por la reparación de las zonas contaminadas.

La tarde de ayer, mediante notificación enviada a los abogados de las partes, la Corte Constitucional dio a conocer oficialmente la resolución del pleno llevado a cabo el día miércoles 27 de junio del año en curso y que niega la acción extraordinaria de protección. Con esta resolución culminan todos los recursos disponibles en Ecuador dentro de este proceso judicial. En un extenso documento de 151 páginas la Corte Constitucional detalla toda la argumentación que le lleva a “Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales”; y, “Negar la acción extraordinaria de protección planteada” por Chevron Corp., en la que aduce que se le violaron sus derechos constitucionales. Este fallo es un gran paso para acceder a la justicia, dijo Willian Lucitante, Coordinador Ejecutivo de la Unión de Afectados/as por Texaco (UDAPT), organización en la que se amparan más de 30 mil afectados y que ha llevado este caso frente a todas las cortes posibles. “Luego de 25 años de lucha, finalmente podemos cerrar este capítulo. Estamos dando pasos firmes para que se nos haga justicia”, dijo el dirigente de la UDAPT. Según Lucitante, ahora Chevron no puede seguir engañando en otras jurisdicciones, en las que sostiene que la sentencia no es ejecutable porque el juicio no ha terminado en Ecuador, lo que le sirve para solicitar que los procesos de homologación y ejecución de la sentencia se detengan y no se pueda hacer efectiva la obligación judicial, cobrar la deuda y proceder a la reparación de más de 480 mil hectáreas de selva que hasta ahora albergan cientos de tóxicos regados por la petrolera. Donald Moncayo, subcoordinador de la UDAPT y representante de las comunidades de colonos afectadas por la contaminación, recalcó que no es un triunfo solamente de la organización, sino de cientos de organizaciones y millones de ciudadanos del mundo, que luchan por defender la vida y acceder a la justicia. Recalcó que estos 25 años han sido de aprendizaje, tanto para los afectados como para miles de luchas sociales, que han tomado este caso como un ejemplo para desentrañar las estructuras de impunidad que cobijan a las empresas transnacionales y les permiten violar los derechos humanos de las comunidades donde operan. Este caso no afecta solamente a Chevron, dijo Moncayo, sino que sienta un precedente para juzgar a las corporaciones, que generalmente con la complicidad de los Estados, cometen crímenes ambientales y contra los seres humanos. Es una victoria contra el sistema de injusticia e impunidad corporativa que opera en todo el planeta, sostuvo. Pablo Fajardo, Procurador Común de los afectados recalcó que en el Ecuador, los jueces de las tres instancias judiciales y los magistrados de la Corte Constitucional, cumplieron con su deber, a pesar de las inmensas presiones que vivieron. Fajardo agradeció a nombre del país a esos jueces que no sucumbieron ante los chantajes e intentos de soborno, que es una práctica común de las Transnacionales, como se ha evidenciado en múltiples casos que fueron denunciados oportunamente, en el transcurso de más de dos décadas de este juicio. Fajardo reconoció que éste no es solo un triunfo de la UDAPT o los afectados, es un triunfo de todos los pueblos del mundo que luchamos por el acceso a la justicia, por una vida digna y por el respeto nuestros derechos ante los crímenes corporativos. No hemos vencido solo a Chevron, hemos vencido al sistema de impunidad Corporativa en el Ecuador. Recalcó que el sistema judicial ecuatoriano, ha sido el único en el mundo que ha conocido y tratado a profundidad el Caso Chevron. Sobre la base de pruebas y argumentos legales suficientes ha dado la razón a los afectados en las dos instancias judiciales, en la Corte Nacional de Justicia y ahora en la Corte Constitucional. Con ello, sostiene, el “crimen cometido por la petrolera” es evidente y está comprobado, por lo que no se puede seguir hablando de un supuesto daño ni mucho menos que es un fraude. Finalmente los afectados se mostraron satisfechos tanto por el fallo, como por el precedente global que han logrado sentar. Era impensable dijo el Coordinador de la UDAPT, que un grupo de 30 mil indígenas y campesinos pobres le hicieran frente a una de las corporaciones más poderosas del mundo, “ahora hemos demostrado que es posible”, que el poder del dinero tiene límites cuando se enfrenta con la dignidad de los pueblos. Afirmó que la lucha no ha concluido y que seguirán litigando en cortes extranjeras, como la de Canadá, para validar la sentencia. Posted by UDAPT, in Corte Constitucional. http://cdes.org.ec/web/un-juicio-historico-indigenas-y-campesinos-ganan-lucha-contra-chevron/

#SantaFe en el IPAS formalizamos convenio con integrantes de la Comunidad Aborigen MOCOV

Com Caia de Recreo. Esto va a permitir brindar talleres sobre la Recuperación de la Lengua Materna, la música y el baile a los integrantes de esta Comunidad. Celebrar este convenio es un paso muy importante , generar instancias que propicien la revitalización de la Lengua originaria de los pueblos para la población infanto juvenil y adulta , como así también la valoración de la cultura . La lengua representa a un PUEBLO, representa la ideología de una comunidad, por eso todas las lenguas son importantes , merecen respeto y tienen valor porque contribuyen a l

a riqueza cultural de nuestra Nación. Seguimos Juntos en la Promoción de Derechos!!! https://www.facebook.com/alejandra.dupouy.5?hc_ref=ARRevnlnspp80DhbAcHVYBxldtNL4u71z7a-jAOPkqj-9dQ7XCdTCza5zRKfVNY1xuk

REFORMA CONSTITUCIONAL. Ampliación de derechos para los pueblos indígenas

Ipas (*) ipas@santafe.gov.ar El Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (Ipas), autoridad representativa de los Pueblos Indígenas en la provincia de Santa Fe, considera de vital importancia que la Constitución a reformar esté anclada a las normativas de alcance provincial, nacional e internacional, otorgando reconocimiento a los derechos fundamentales de dichos pueblos. Perspectiva histórica de derechos El trayecto de reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas comienza en 1985, cuando el Congreso de la Nación argentina sanciona la ley Nº 23.302 sobre “Política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes”. Pero es a partir de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, que sus derechos son consagrados en la cúspide de la pirámide jurídica del ordenamiento legal argentino; estableciéndose en el artículo 75 inciso 17, que le corresponde al Congreso: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan”. En la provincia de Santa Fe la Legislatura sanciona la ley Nº 11.078/94, que regula las relaciones colectivas e individuales de los pueblos originarios y crea el Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (Ipas), como órgano de aplicación de dicha norma, pero a la fecha sólo se han reglamentado los artículos Nº 7, 10, 11 y 12, deviniendo en una ley que se ejecuta sin una reglamentación que le dé actualidad y la saque de su estado de obsolescencia. Perspectiva geopolítica El Censo de Población, Hogares y Viviendas realizado en la provincia de Santa Fe en 2010, identificó que 48.265 personas se reconocen pertenecientes o descendientes de un pueblo indígena. De éstas, 24.751 son varones y 23.514 son mujeres. Actualmente, las comunidades indígenas colectivamente organizadas se distribuyen en treinta y nueve (39) mocoví; veintiuna (21) qom; dos (2) kolla; una (1) corundá; una (1) mapuche; y una (1) diagüita olongasta; también existen comunidades mixtas integradas por pueblos qom y mocoví y todas están inscriptas en el Registro Especial de Comunidades Aborígenes -Reca- creado por decreto Nº 1.175/09, reconociéndolas como Persona Jurídica de Derecho Público, en los términos establecidos por la Constitución Nacional. A la luz de dichos datos, se constata que los pueblos indígenas en Santa Fe no están en extinción, sino que se acrecientan y manifiestan su condición de preexistencia étnica, cultural y territorial. Perspectiva intercultural Los pueblos indígenas son considerados más allá de un orden legal. Existen abordajes que plantean su realidad desde “una perspectiva de interculturalidad, manifestada en lo relacional, donde el contacto e intercambio de prácticas, saberes, valores y tradiciones pueden darse en condiciones de igualdad o desigualdad; en lo funcional, que da cuenta de la diversidad y la diferencia, tomando como meta la inclusión a través del diálogo y la tolerancia; y en la interculturalidad crítica, que aborda el problema indígena como un ‘otro’ segregado social, moral y culturalmente, buscando transformar las relaciones jerárquicas entre grupos, culturas y lenguas, reconociendo sus mutuas diferencias en un plano de inclusión y equidad”. (Hirsch y Lazzari, 2016). Ante el auspicioso escenario de reforma de nuestra Constitución, la perspectiva de la interculturalidad debe estar plasmada y por propiedad transitiva expresarse en el diseño y ejecución de las políticas públicas provinciales, como “un proyecto societal intercultural que empieza por incluir a los excluidos de la identidad nacional, por refundar las democracias modernas, fuertemente etnocéntricas, y por hacer de los espacios de la sociedad civil, espacios donde converjan la diversidad cultural y la pluralidad de racionalidades”. (Tubino, 2004). Ampliación de derechos Es innegable el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas realizado por el Estado provincial, no obstante, al proponer ampliar la base de sus derechos consideramos que también debe expresar en la constitución provincial, el reconocimiento y protección jurídica de los territorios y recursos; el respeto a las costumbres, tradiciones y sistemas de tenencia de las tierras; y legitimar su participación y representación política. En este marco, los pueblos indígenas en Santa Fe merecen el reconocimiento de nuevos derechos como: derecho de “autodeterminación” para decidir sus propias formas de gobierno, de desarrollo económico, social y cultural y, estructurarse libremente sin injerencias externas; derecho de “participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado”, como “una oportunidad para abrir un diálogo normativo en torno a las demanda legítimas de los pueblos indígenas, a la luz de los derechos internacionalmente reconocidos, propiciando una mayor participación e inclusión” (Anaya, 2009); derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, por constituir el fundamento de la subsistencia, de su reproducción, y desarrollo socio cultural y espiritual; derecho a la igualdad idiomática y a la eliminación de la discriminación por el uso de sus lenguas indígenas; derecho a contar con promotores en salud intercultural indígena, que oficien de intérpretes de sus lenguas maternas entre el personal médico y demás integrantes de los equipos de salud; derecho a la participación en la formación de la voluntad general de la provincia, con sus propios representantes en el Poder Legislativo y en los gobiernos locales (municipios y comunas), expresado en cupos para los representantes de los pueblos originarios que tengan presencia significativa en su territorio; derecho a una reparación histórica, ejecutando el proyecto de ley presentado al poder Legislativo para derogar el inciso c) del artículo 1º de la Ley Nº 2.537 y modificar los elementos interiores del escudo y la bandera oficial de la provincia, por ser una simbología que discrimina a los pueblos originarios (**), porque de nada servirá que se reconozcan nuevos derechos si los emblemas oficiales denotan una intención degradatoria hacia un colectivo social que preexiste en el territorio santafesino desde tiempos inmemoriales. Finalmente, otorgar reconocimiento Constitucional al Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (Ipas), garantizando su autonomía funcional, legitimación activa, autarquía e independencia de quienes desempeñen cargos representativos de los pueblos indígenas. La manifestación explícita de estos derechos en la Carta Magna, cierra las puertas a interpretaciones posteriores de la norma, otorgando a los pueblos indígenas una participación real en la vida política de nuestra provincia, reconociendo que contribuyen a la diversidad y riqueza del patrimonio cultural, al ser culturas vivas con historia, identidad, costumbres, organización social y política propias. (*) Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos. (**) Expte. Nº 21.611/08 (FP UCR). Referencias: Hirsch, S. y Lazzari, A. “Pueblos Indígenas en Argentina. Interculturalidad, Educación y Diferencias”. Ministerio de Educación y Deportes. Presidencia de la Nación. 2016. Tubino, F. “La impostergable alteridad: del conflicto a la convivencia intercultural”, en Castro-Lucic (Ed.) “Los desafíos de la interculturalidad: Identidad, política y derecho”. Universidad de Chile. (2004). Anaya, J. “Principios internacionales aplicables a la Consulta en relación con la Reforma Constitucional en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas en Chile”. 2009. http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2018/07/16/opinion/OPIN-03.html

LOS ABORÍGENES FUERON FUSILADOS EN EL SIGLO XIX Universidad de La Plata entregó restos de 9 indígenas víctimas de la Guerra del Chaco Leer en: https://www.elciudadano.cl/argentina/universidad-de-la-plata-entrego-restos-de-9-indigenas-victimas-de-la-guerra-del-chaco/07/12/#ixzz5L9n7ZpFJ

La Colonia Napalpí cuenta con una de las mayores comunidades indígenas de Argentina y fue creada en 1911 por un decreto del entonces presidente Roque Saénz Peña

Leer en: https://www.elciudadano.cl/argentina/universidad-de-la-plata-entrego-restos-de-9-indigenas-victimas-de-la-guerra-del-chaco Los restos de nueve indígenas “tobas” y “qom” pertenecientes a la Colonia Aborigen Napalpí, fusilados a finales del siglo XIX, durante la “Conquista del Chaco” en Argentina, fueron devueltos a su comunidad luego de la solicitud hecha a la Universidad de La Plata que conservaba sus restos. Leer en: https://www.elciudadano.cl/argentina/universidad-de-la-plata-entrego-restos-de-9-indigenas-victimas-de-la-guerra-del-chaco La entrega de estos restos conservados en el Museo de la Facultad de Ciencias Naturales forma parte de una política de reparación histórica que impulsa la casa de estudios. En esta oportunidad, la Colonia realizó un pedido respaldado por el Consejo de Participación Indígena del Chaco y de Buenos Aires, como también de las comunidades Qom y el Concejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la Argentina Leer en: https://www.elciudadano.cl/argentina/universidad-de-la-plata-entrego-restos-de-9-indigenas-victimas-de-la-guerra-del-chaco Según datos estadísticos, la Colonia Napalpí cuenta con una de las mayores comunidades indígenas de Argentina y fue creada en 1911 por un decreto del entonces presidente Roque Saénz Peña. Actualmente se encuentran instalados en los departamentos de 25 de mayo y Quitilipi de la provincia del Chaco. Leer en: https://www.elciudadano.cl/argentina/universidad-de-la-plata-entrego-restos-de-9-indigenas-victimas-de-la-guerra-del-chaco La Conquista del Chaco A finales del siglo XIX, Argentina llevó adelante la ocupación militar del Chaco Central y Austral, cuyo territorio pertenecía a los pueblos originarios. La primera expedición militar se realizó con la finalización de la Guerra de la Triple Alianza. El objetivo de la misión fue tomar los ríos Pilcomayo, Paraná y Salado. Fue Benjamín Victorica, ministro de Guerra y Marina en la presidencia de Julio Roca, decidió desplegar tres regimientos de caballería, dos de infantería y tres buques de la Marina de Guerra, con el objetivo de penetrar en el territorio en todas direcciones y someter a los últimos grandes caciques del Chaco argentino. https://www.elciudadano.cl/argentina/universidad-de-la-plata-entrego-restos-de-9-indigenas-victimas-de-la-guerra-del-chaco/07/12/

la argentina está obligada a fijar posición sobre la propiedad comunitaria indígena ante la corte interamericana

La Corte IDH fijó un plazo improrrogable de dos meses para que el Estado argentino responda las presentaciones del caso “Comunidades indígenas de Lhaka Honhat vs. Argentina”. La Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat y el CELS demandan por las vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas que habitan los ex lotes fiscales 55 y 14 del Departamento Rivadavia de la provincia de Salta.

El caso “Comunidades indígenas de Lhaka Honhat vs. Argentina” es el primero en el que se discutirá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la propiedad comunitaria indígena en nuestro país, por lo que representa una oportunidad histórica para el resguardo de los derechos de las comunidades denunciantes, y para la garantía de los derechos indígenas a nivel estructural. La semana pasada la Corte IDH notificó al Estado argentino las presentaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat y el CELS que demandan por las vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas de los pueblos Wichí (Mataco), Iyojwaja (Chorote), Nivacklé (Chulupí), Qom (Toba) y Tapy’y (Tapiete) que habitan los ex lotes fiscales 55 y 14 del Departamento Rivadavia de la provincia de Salta. La Corte Interamericana fijó un plazo improrrogable de dos meses para que el Estado argentino conteste. Tras acreditar las violaciones al derecho a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, a la personalidad jurídica y por el daño ambiental, entre otras afectaciones, las comunidades y el CELS solicitamos reparaciones que incluyen la entrega del título colectivo por 400.000 hectáreas a nombre de todas las comunidades, la provisión de agua potable en el territorio, la realización de obras para el traslado de las familias criollas y la remoción de los alambrados que han perturbado su forma tradicional de vida y la detención de la tala ilegal. También requerimos medidas para asegurar que estas violaciones no se repitan, como la creación de mecanismos institucionales de acceso a la propiedad comunitaria y a la consulta libre, previa e informada sobre obras en las tierras de los pueblos indígenas de la Argentina. A principios de 2008 el Estado nacional y la provincia de Salta interrumpieron de manera unilateral todos los trabajos de delimitación del territorio indígena que se realizaban en los ex lotes fiscales 55 y 14. Por ello, en la última asamblea de caciques realizada en Santa María el 25 de abril pasado, las comunidades denunciaron: “En virtud de que el Estado manifestó en distintas reuniones con las comunidades indígenas (..) que como consecuencia de la remisión del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se detuvieron los trabajos en terreno, queremos remarcar que no existe razón alguna en esta instancia que justifique la interrupción de las acciones que el Estado debe realizar para garantizar nuestros derechos territoriales. Por lo tanto, exigimos que los trabajos se reanuden de inmediato”. La respuesta a la Corte IDH es la oportunidad para que el Estado nacional y el de la provincia de Salta reconozcan las vulneraciones a las comunidades indígenas y se comprometan, por fin, a la realización efectiva de todas las medidas y acciones necesarias para que en el menor plazo posible puedan gozar cabalmente de su derecho al territorio ancestral. Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat (“Nuestra Tierra”) CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales https://www.cels.org.ar/web/2018/07/la-argentina-esta-obligada-a-fijar-posicion-sobre-la-propiedad-comunitaria-indigena-ante-la-corte-interamericana/

El Diputado Ricardo Sanchez Trata De “India De M…” A La Señora Inocencia Charole.

¿Que tanto poder tenia el movimiento feminista hace un tiempo atrás?

El movimiento feminista tuvo mucho que ver en lo que respeto a las mujeres se refiere, es decir, muchos casos que antes quizás pasaban desapercibidos por la justicia hoy se resolvieron y se resuelven o en cualquier caso que tenga como víctima a una mujer toma mucha fuerza siempre tanto en la justicia como en los medios. Una duda que podemos llegar a tener es ¿Qué pasaba tiempo atrás? Tiempos en los que las mujeres no salían a la calle a exigir respeto y expresar el apoyo que se tienen entre ellas. Yendo un poco hacia atrás, podemos rescatar el caso del ahora diputado provincial Ricardo Sánchez con la representante de las comunidades aborígenes, Inocencia Charole, cuando el diputado trató de “india de m…” a la señora Charole, sin dudas además de ofender a ella ataco también a toda la comunidad aborigen, con éste ejemplo claro de discriminación hacia una mujer y la ausencia de la justicia hasta el día de hoy. ¿Podemos decir que las mujeres hace un tiempo no eran tan respetadas como ahora o que el respeto siempre estuvo pero la justicia solo en algunos casos? https://diariosdelchaco.com/2018/07/10/el-diputado-ricardo-sanchez-trata-de-india-de-m-a-la-senora-inocencia-charole/

Una reparación histórica El Museo de La Plata restituirá restos de miembros de la comunidad Qom fusilados en la “Campaña del Chaco”

El próximo 12 de julio, el Museo de La Plata restituirá a referentes de la comunidad Qom de “Napalpí”, Chaco, los restos de nueve hombres Qom fusilados durante la “Campaña del Chaco” a fines del siglo XIX que anexó un vasto territorio al Estado nacional a partir del exterminio de sus comunidades aborígenes. Estos restos humanos formaron parte de las primeras "colecciones" del museo local Según el Catálogo de la Sección Antropológica del Museo de La Plata se tratan de restos atribuidos a la etnia “toba”. Entre ellos, se encuentran un hombre fallecido en el Hospital militar de Buenos Aires en 1893, un “Cacique” donado por el Luis Jorge Fontana, un joven llamado “Pichón” fusilado a los 24 años en 1887, los restos del cacique “León”, muerto en 1887 por las tropas argentinas y un Qom N.N. fusilado en 1886 en Resistencia.

También se encuentran los restos de “Petizo”, fusilado en 1886 en Resistencia, el Cacique “Löwöreraik” (El Quemado), asesinado por el comisario de esa misma ciudad en 1887, y otros dos cuerpos sin identificar. Info BLANCO SOBRE NEGRO accedió al expediente del museo donde consta que se trata en todos los casos de restos humanos que formaron parte de las primeras colecciones del Museo de La Plata. Según el informe presentado en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo ayer, cuando se aprobó de forma unánime la restitución, los restos fueron obtenidos durante “La Campaña del Chaco” que se desarrolló en las últimas décadas del siglo XIX, período vinculado con los procesos de avance y control militar y político del territorio comprendido entre los ríos Pilcomayo, Paraguay, Paraná y Salado, con el exterminio de sus poblaciones aborígenes. Este proceso se inició en 1870, una vez finalizada la “Guerra del Paraguay”, se agudizó a partir de 1883 y finalizó en las primeras décadas del siglo XX. Por estas campañas, Chaco y Formosa, así como Chubut, Misiones, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego fueron incorporados al Estado Nación en calidad de territorios nacionales a partir de 1884. Y tuteladas por altos mandos militares y relacionados con una élite política e intelectual que favoreció el proyecto de ocupación legitimado bajo los ideales de la civilización y el progreso. Muchos de los militares y funcionarios que fueron parte del avance sobre el territorio y pueblos del Chaco tuvieron su participación en las regiones de la Pampa y Patagonia, donde ocuparon cargos de relevancia. Luis Fontana, por ejemplo, fue el fundador de la ciudad de Formosa y también gobernador del Territorio Nacional del Chubut. De modo similar a la Campaña del Desierto, el avance militar sobre la región del Chaco se acompañó de cierta retórica acerca del territorio. El discurso oficial impuso la idea de “desierto” para una región que había registrado en etapas precedentes una importante actividad económica y social no siempre conflictiva que vinculaba a comunidades de pueblos originarios, gauchos, comerciantes y pobladores. Un siglo antes había sido relatada como “selva densa”, en cambio ahora esta región designaba una frontera que encerraba barbarie y violencia. Bajo ese concepto, el destino de la región en el proyecto civilizador era el de ser “pacificada” y el de los pueblos indígenas ser incorporados como mano de obra en las estancias, ingenios azucareros y obrajes forestales. Las avanzadas y enfrentamientos con indígenas se acompañaban de actividades de exploración, mapeo, observaciones meteorológicas, medición de distancias, descripciones de suelos y caminos, navegabilidad de los ríos, así como especies vegetales y animales. Estas acciones podían ser realizadas por los mismos militares o comisiones científicas y se acompañaban de informes que hacían recomendaciones de actividades económicas u ocupación humana a través de la fundación de pueblos. Aparecían en escena geógrafos, zoólogos, botánicos, entre otros científicos y exploradores que realizaban sus propias investigaciones y colectas de muestras. De acuerdo con las referencias mencionadas en Lehmann-Nitsche (1910), algunas de las personas involucradas con los restos humanos en restitución están directamente vinculadas al Estado. Uno de ellos es Manuel Obligado (1838-1896) que, como militar y político, realizó incursiones en el territorio del Chaco y participó de enfrentamientos con nativos. Fue el primer gobernador del territorio del Chaco, hasta 1887. Un caso similar es el de Luis Jorge Fontana (1846-1920), militar, político, geógrafo, escritor y alumno, al igual que el “Perito” Moreno, del racista alemán German Burmeister que trajo al país Domingo Faustino Sarmiento. Fontana participó en la Guerra del Paraguay en 1875 y en la “Campaña al Desierto”, como integrante de los famosos “Rifleros del Chubut”. Se mencionan además en el Catálogo al comisario de Resistencia y tropas argentinas. Si bien los mismos militares y funcionarios realizaban tareas de investigación sobre el territorio, aparecen científicos ligados directamente a la adquisición de los restos humanos con fines de constituir una colección. La principal figura en este caso es Carlo Luigi Spegazzini (1858-1926), un botánico y naturalista de origen italiano. Se radicó en Argentina en 1879 y en 1884 se instaló en La Plata, lugar a partir del cual desarrolló una prolífica actividad científica, entre lo que se cuenta la formación de colecciones de zoología, botánica y de restos humanos que fueron posteriormente vendidas al Museo de La Plata. De los restos humanos contemplados en este informe se tienen algunas referencias de la identidad individual en cinco de los nueve individuos: Cacique, Pichón, León, Petizo y Löwöreraik, pero no ha sido posible conocer mayores detalles de su biografía. En cuanto a las causas de muerte, las referencias de Lehmann-Nitsche (1910) indican que en al menos seis de los individuos, en particular todos aquellos con identidad individual, se trató de muertes violentas, mayoritariamente fusilados. La antropóloga y Consejera Superior de la UNLP, Victoria Homberger, que estuvo presente en la sesión que aprobó la restitución, expresó: “Es un orgullo para nosotros acompañar a las comunidades originarias y en especial en este caso a Juan Chico que es un historiador Qom muy comprometido con este justo reclamo, también es un enorme compromiso para nosotros, ya que son miles los restos que el museo contiene, pero estamos trabajando junto a las autoridades para realizar las próximas restituciones. También quiero agradecer a los representantes del INAI que se hicieron presente ya que su trabajo es fundamental para lograr el consenso de todos”. http://infoblancosobrenegro.com/noticias/21083-el-museo-de-la-plata-restituira-restos-de-miembros-de-la-comunidad-qom-fusilados-en-la-campana-del-chaco

II Congreso internacional de Derecho Constitucional Indigena.GS Equidad

II Congreso internacional de Derecho Constitucional Indigena.GS Equidad

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II Encuentro Internacional de Liberación de la Madre Tierra 2018

Servindi, 3 de julio, 2018.- Los hermanos del pueblo Nasa en el norte del Cauca, en Colombia, iniciaron el 29 de junio una Jornada de Minga comunitaria para el corte de caña en un punto de liberación. Nos comparten un vídeo sobre dicha iniciativa, bajo el lema: "con el corazón y las manos en la tierra abrimos horizonte y echamos raíz".

Las actividades se realizaron en el marco del II Encuentro Internacional de Liberación de la Madre Tierra 2018. https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=qIZBPr0tyKQ https://www.servindi.org/actualidad-noticias/03/07/2018/ii-encuentro-internacional-de-liberacion-de-la-madre-tierra-2018

Por asesinato de líderes indígenas en Colombia aumenta preocupación de autoridades

l aumento de los asesinatos y las amenazas de líderes indígenas en regiones como el Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó tiene en alerta a las diferentes comunidades del país.

Según Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), tras la firma de los acuerdos de paz en noviembre del 2016 hasta este año 2018, se ha reportado el asesinato de 59 líderes indígenas en el país. Isabel Toconás, quien representa la comunidad indígena pueblo Nasa de la Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Chacha, relató en RCN Radio los momentos de angustia por lo que está viviendo su comunidad en el Cauca. "La preocupación ha sido constante porque hay muchos líderes y comunidades que siguen amenazados. Es por eso que en este proceso de paz hemos tenido más muertes y estamos muy preocupados, teniendo en cuenta que en nuestra organización indígena buscamos la forma de prevenir estos crímenes", afirmó. La presencia de grupos al margen de la ley muy cerca de las zonas campesinas viene generando temor. Tienen que enfrentarse a la guardia indígena, que es la autoridad de la zona para sus comunidades. "Ya se está viendo la presencia de grupos ilegales, pero nuestro ejercicio de la Guardia Indígena en el control territorial se viene haciendo y de esta manera nosotros contribuimos a la paz, porque ellos revisan y están pendiente de las personas que entran a nuestro territorio, pero de alguna manera nuestros líderes están siendo asesinados", subrayó. La ONIC, en su informe sobre criminalidad y ataques contra los pueblos y comunidades indígenas que defienden sus derechos en el país, confirmó que en Colombia existe un desplazamiento masivo forzado de 4.281 personas, mientras que 2.343 indígenas permanecen en confinamiento y más de 133 permanecen amenazados en sus territorios. En el país se tienen 102 pueblos indígenas, de los cuales 64 se encuentra en riesgo de extinción física y cultural, teniendo en cuenta que en lo corrido de este año se tiene nueve asesinatos de líderes aborígenes. Además, la Corte Constitucional identificó 36 pueblos en riesgo de extermino por causas del conflicto armado interno y sus factores subyacentes que están relacionados con las mujeres indígenas que han sido víctimas del conflicto armado. Eso está conllevando a que se agudice aún más la situación humanitaria de riegos de exterminio inminente hacia los pueblos y comunidades Indígenas. Nuevas amenazas Una mayor seguridad a los líderes indígenas en el país exigió la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, luego de conocer nuevas denuncias contra sus representantes en el Amazonas. "La entidad denuncia y rechaza los hechos de intento de homicidio, tortura y amenazas contra la lideresa indígena, Sofia Mariño y su esposo Darío Silva, reconocido dirigente indígena en el Amazonas que fueron interceptados por hombres armados", señala el comunicado de la entidad. El documento agrega que toda la familia fue amenazada, por lo que se declararon en alerta máxima por el aumento de los crímenes a sus representantes. "El hecho se desarrolló en la comunidad de Curare, en La Pedrera, Amazonas (…) cuando dos sujetos armados intentaron ahorcar a la líder indígena Sofía Mariño, cuando se encontraba en su chagra. Los sujetos la golpearon fuertemente con la culata de sus armas en la espalda y la cara, dejándola gravemente herida y desmayada en su canoa. La lideresa fue encontrada por un sobrino que la llevó al Centro de Salud de la Pedrera", señala. Agrega que "en este mismo hecho también fueron amenazados sus dos hijos y su esposo el dirigente indígena Darío Silva, uno de los dirigentes más antiguos de esta asociación". "La ONIC alerta a la comunidad nacional, internacional y a los organismos competentes sobre el grave riesgo en la que se encuentra el dirigente Darío Silva, su esposa la lideresa Sofía Mariño y su núcleo familiar", puntualizó el comunicado. https://www.lafm.com.co/colombia/por-asesinato-de-lideres-indigenas-en-colombia-aumenta-preocupacion-de-autoridades Fuente Sistema Integrado de Información

La Comisión de Pueblos Indígenas sesionó en el IDACH para coordinar cronograma de consultas a las tres etnias

El objetivo fue consensuar un cronograma de fecha para realizar las consultas que se pretenden acerca de los cinco proyectos de leyes que están en la Comisión de Pueblos Indígenas que impulsan actualizar la ley 562-W (antes 3258) de creación del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH)

La sesión contó con quórum de la diputada Claudia González (pta), junto con sus pares Andrea Charole, Gustavo Corradi y Gladis Cristaldo, con la presencia del presidente del Instituto Orlando Charole junto al directorio, encuentro que fue en su sede ubicada en Frondizi 89 de la ciudad de Resistencia. Así lo comentó al final del encuentro la presidenta de la Comisión diputada Claudia González. “Estuvimos sesionando esta mañana en el IDACH junto con su presidente Orlando Charole y su directorio, vocales que representan a las tres etnias, para socializar el cronograma, a través del cual se van a realizar las consultas previas para definir sobre la oportunidad de los proyectos que pretenden la actualización de la ley madre 3258, por la cual fue creado el Instituto del Aborigen Chaqueño” y explicó queremos salir al interior provincial porque “se pretende socializar las iniciativas y recabar todas las ideas y poder unificar todos los criterios, trabajar en conjunto para lograr los consensos necesarios, ya que nuestra ley madre esta muy desactualizada, por lo que vamos a pedir a toda la comunidad y a los intendentes el apoyo”. Precisó que se entregaron copias del posible cronograma de actividades al presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño Orlando Charole. “El mismo nos informó que el día de mañana van a sesionar y a poner a consideración este cronograma y con la definición de esta reunión, nos remitirán una nota con la decisión de este Instituto y así lograr una cronograma consensuado con ellos” detalló González. “Desde el directorio nos adelantaron su acompañamiento y nos manifestaron que nos van a apoyar con la logística necesaria para asistir a las comunidades que participen de estas jornadas de consultas, ya que hay comunidades que están a kilómetros de distancia de donde se van a realizar las consultas, y dado que muchas veces son jornadas extensas y necesitan tener un refrigerio desde el Instituto van a considerar esta organización” informó la presidenta de la Comisión y con posterioridad a la remisión de este informe “desde el IDACH y de la posterior aprobación del Cuerpo Legislativo de este cronograma de actividades, se va a brindar una conferencia de prensa junto con el organismo para dar a conocer a la sociedad” concluyó González. http://www.chacodiapordia.com/2018/07/03/la-comision-de-pueblos-indigenas-sesiono-en-el-idach-para-coordinar-cronograma-de-consultas-a-las-tres-etnias/

II Encuentro Internacional de Liberación de la Madre Tierra 2018

Servindi, 3 de julio, 2018.- Los hermanos del pueblo Nasa en el norte del Cauca,

en Colombia, iniciaron el 29 de junio una Jornada de Minga comunitaria para el corte de caña en un punto de liberación. Nos comparten un vídeo sobre dicha iniciativa, bajo el lema: "con el corazón y las manos en la tierra abrimos horizonte y echamos raíz". Las actividades se realizaron en el marco del II Encuentro Internacional de Liberación de la Madre Tierra 2018. https://www.servindi.org/actualidad-noticias/03/07/2018/ii-encuentro-internacional-de-liberacion-de-la-madre-tierra-2018

AYER SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN REGIONAL DE LA CONSULTA INDÍGENA EN EDUCACIÓN Lenguaje y cultura de pueblos originarios serán incluidos como asignatura en 2020

La educadora de tradiciones, Lidia Placencia Güenante, indicó que la propuesta ha llegado un poco tarde, sin embargo, valora el gesto de ser incorporados.

El domingo celebraron el We tripantu, que es el año nuevo mapuche, y ayer, en las dependencias de la Secretaría Ministerial de Educación de Magallanes, se realizó la presentación regional de la Consulta Indígena en Educación sobre propuesta de bases curriculares para una asignatura de lengua y cultura de pueblos originarios, de primero a sexto básico. La consulta se iniciará el martes 10 de julio en todo el territorio nacional. Están invitados a participar los nueve pueblos originarios reconocidos por la Ley Nº 19.253: Aymara, Quechua, Licanantai, Colla, Diaguita, Rapa nui, Mapuche, Kawésqar y Yagán. El seremi de Educación, Nelson Cárcamo, explicó que el objetivo de la consulta es “darle la importancia que se merecen todos los pueblos originarios que tenemos en nuestro país y, en segundo término, buscar las modificaciones a las bases curriculares que existan en este momento para poder insertarlo y estructurarlo como asignatura a partir del año 2020”. Comunidad Mapuche Asimismo, una de las representantes y educadora de tradiciones en Magallanes, Lidia Placencia Güenante, se mostró contenta por el gran paso en educación que se iniciará para todos los pueblos originarios y las futuras generaciones. “En este momento estamos incluidos, pero a través del proyecto de Educación Intercultural Bilingüe, que está a disposición de los directores, es decir, si se quiere implementar en algún establecimiento educacional. Ahora, con este cambio, a partir de 2020 se estará trabajado como base curricular y sí o sí se tendrá que implementar en los colegios”, destacó la educadora. Aun así, Placencia Güenante manifestó que esta medida ha llegado un poco tarde. “Desde hace años hemos sido invisibilizados como pueblo. En vez de enseñar inglés, primero debieran haber enseñado lenguas originarias, porque somos los pueblos que habitábamos desde el principio. Recién se nos están dando espacios, porque antes los teníamos que pelear y ahora el Gobierno nos invita. En nuestro caso, no nos quisieron enseñar el mapudungún, porque en los colegios o en los pueblos nos trataban como indios y no existía ningún tipo de respeto”. Al finalizar, Lidia Placencia saludó a su comunidad, Amulepe Taiñ Weichan, con un “nuestra lucha continúa”. @JesúsNieves Foto: JC.Salvador http://elpinguino.com/noticia/2018/06/26/lenguaje-y-cultura-de-pueblos-originarios-seran-incluidos-como-asignatura-en-2020-

Apoyo a la creación de la Universidad Indígena de Pampa del Indio en la CRES 2018

En el marco de la III CRES 2018 (Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe), se recibió un amplio apoyo al Proyecto de la Universidad Nacional ‘OIQUIAXAI Intercultural de los Pueblos Indígenas que gestiona el Lqataxac Nam Qompi de Pampa del Indio, provincia del Chaco.

Los días 11 al 15 de Junio se realizó la tercera Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, en la ciudad de Córdoba, de la República Argentina. Con la presencia de 500 Rectores de Universidades e Institutos de Educación Superior de todos los países miembros, en un marco de más de 13.000 participantes, con la presencia además de funcionarios nacionales y provinciales, legisladores, docentes, alumnos, instituciones; el proyecto de Universidad Indígena de Pampa del Indio, recibió un amplio apoyo, siendo uno de los requerimientos al Estado Nacional, por parte de la Asamblea. Los integrantes de la organización Indígena Lqataxac nam Qompi, quienes participaron del evento, expusieron su experiencia en Educación Superior y su proyecto de Universidad para los Pueblos Indígenas de la Argentina, a las Instituciones de Nivel Superior presentes. Así mismo, se pudo intercambiar experiencias con rectores y docentes de las diferentes Universidades e instituciones de Educación Superior de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, produciendo un documento que fue presentado a la Asamblea de la Conferencia, reclamando la Autonomía y el reconocimiento a estas Instituciones por parte de las Universidades convencionales, que fuera ampliamente aprobado por los participantes. Los integrantes del Qompi, expusieron durante los Simposios y posteriormente, en las reuniones paralelas que se realizaron entre las Instituciones de Nivel Superior de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. En estas reuniones, las diferentes instituciones indígenas, manifestaron sus realidades educativas, las constantes situaciones de discriminación que sufren estos centros educativos, la falta de presupuestos y de posibilidades de funcionamiento de muchos Pueblos. Recibieron el apoyo concreto por parte del Coordinador General del IES CRES, Dr. Francisco Tamarit y el Dr. Pedro Henríquez Guajardo, Director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO), quienes se comprometieron a dar apoyo concreto a estas instituciones, siendo incluido en las Recomendaciones Finales de la Asamblea de la CRES 2018. Estuvieron presentes los rectores de las instituciones Indígenas y Afrodescendientes: UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Oficina de los pueblos Indígenas; UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTONOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGUENSE (Uraccan); USAT UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO, Chiclayo – Perú; MAYA KAQCHIKEL NIMATIJOBÁL UNIVERSIDAD MAYA KAQCHIKEL UMK y la UNIVERSIDAD IXIL, ambas de Guatemala; CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES – LABORATORIO UNIVERSIDADES DE COIMBRA, Portugal; Universidad Autónoma Indígena Intercultural de Colombia (UAII) de Cauca, Colombia; UNIBOL guaraní de Bolivia, Universidad Indígena Boliviana Quechua Casimiro Huanca de Bolivia, Universidad Campesina Indígena en Red, de México; Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias Abya Yala (RUIICAY), Universidad Intercultural Indígena Amawtaywasi del Ecuador, Instituto Superior Intercultural Campinta Guazú – Gloria Pérez, además de docentes y organizaciones de universidades indígenas y Afrodescendientes de Chile, Honduras, Brasil, México y Venezuela. Los representantes del Lqataxac nam Qompi que participaron del evento, gracias al aporte del gobierno provincial y municipal, expresaron su emoción al recibir el apoyo de las Universidades de América Latina y el Caribe, al trabajo que vienen realizando en Educación Bilingüe Intercultural y a su proyecto de la Universidad Autónoma y manifestaron que en el marco de estos eventos, se comprende la importancia del Proyecto Educativo que llevan adelante. Es necesario, expresaron, profundizar los acuerdos arribados con el Señor Gobernador de la provincia, en la audiencia del pasado 06 de Junio, donde se comprometió a resolver los distintos puntos planteados, con su compromiso personal de profundizar el proyecto educativo de nuestra organización. Recordemos que en dicha reunión, el Gobernador de la Provincia, se comprometió a solucionar el tema de agua, realizando las negociaciones nacionales necesarias; a dar una respuesta inmediata a la solicitud de reconocimiento de la Gestión Social Indígena del Centro Educativo Integral, a la institucionalización de la EFABI y BLABI; A la asistencia Comedor; el mantenimiento edilicio del Centro Educativo Integral; a la designación urgente del personal faltante; a la construcción de las viviendas para ancianos; a la ampliación de los albergues; a la implementación de un programa de un Centro Genético Agroecológico; la construcción del Centro Odontológico y prosecución del proyecto de Comunicación de la organización, entre otros puntos y a llevar adelante una reunión urgente con la Ministra de Educación de la provincia, para avanzar en estos acuerdos. Por último, la organización, visitó la UNICAM SURI, del Mocase VIA CAMPESINA de Villa Ojo de Agua, Santiago del Estero, donde se pudo conversar con Ángel Strapazzon, quien dirige este proyecto, para conocer esta experiencia de Universidad Popular, y trabajar en una agenda de coordinación e intercambio entre ambas Instituciones. http://www.chacodiapordia.com/2018/06/20/apoyo-a-la-creacion-de-la-universidad-indigena-de-pampa-del-indio-en-la-cres-2018/

Charole impulsa un proyecto de ley de Censo Provincial de Pueblos Originarios

La legisladora provincial, Andrea Charole, elevó el proyecto de Ley Nº2637/2018, que tiene el objetivo de regular la planificación y elaboración de estadísticas oficiales, la organización de los servicios estadísticos y las relaciones en materia estadística referidas a los pueblos originarios. Como también la realización de los Censos que se efectúen en el territorio provincial.

En sus fundamentos, la diputada recordó que, según el Convenio Nº169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los mismos, en países independientes, “son considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenecían en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales. Y que, cualquiera sea su situación jurídica, todas conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. “Hasta los años ‘80, el discurso público y las políticas de Estado contribuyeron al proceso de “invisibilización” de los pueblos indígenas. No obstante, a partir de la década de los ‘90, los movimientos indígenas comenzaron a constituirse como actores políticos y adquirir no sólo cierta “visibilidad”, sino también el reconocimiento del Estado. Es por ello que la Reforma Constitucional del año 1994 definió a la Argentina como una nación multiétnica y garantizó a los pueblos indígenas ciertos derechos especiales”, agrega. Sosteniendo que, el Artículo 75, inciso 17 de la Constitución, señala “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”. “Para de esta manera, “asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”. Andrea Charole sostiene que, en base a estas premisas, “se incorporó en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001 la “temática de auto-identificación de identidad y pertenencia a comunidades aborígenes” (Ley 24.956 de Censo Aborigen). Y en el mismo se incluyó una pregunta específica que combinaba este criterio de auto-identificación con el de origen étnico, a saber: ¿Existe en este hogar alguna persona que se reconozca descendiente o perteneciente a un pueblo indígena”. Por otra parte, entre los años 2004 y 2005 se realizó una Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI). El objetivo fue cuantificar y caracterizar a la población que se reconocía perteneciente y/o descendiente de un pueblo indígena y que a la fecha del Censo 2001 residía en hogares donde al menos uno de sus miembros había declarado pertenecer y/o descender de un pueblo indígena. Razones del proyecto La legisladora destacó que esta iniciativa se basa en dos razones: 1) Pese a la intención del Estado nacional de ocuparse de los asuntos indígenas, la gran desactualización de los datos nacionales y a la escasa elaboración de datos provinciales hace imposible cuantificar y caracterizar a la población que se reconoce perteneciente y/o descendiente de un pueblo indígena, aún cuando no todos los integrantes del hogar se reconozcan y/o desciendan de pueblos indígenas. Actualmente hay un profundo desconocimiento de las similitudes y diferencias que caracterizan al mundo indígena, ya que no se trata de una sociedad homogénea. 2) La aprobación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de la Asamblea General de las Naciones unidas en 2007. Este hecho inicia una nueva etapa en la relación de los pueblos indígenas con el resto de la sociedad al reconocerle sus derechos; puesto que, en virtud de esta declaración, los niños, niñas, mujeres y adultos indígenas gozan de todos los derechos individuales y colectivos por su pertenencia a un pueblo indígena. “Esta Ley propone tomar como punto de partida las experiencias nacionales y, en base a ello, relevar información acerca del uso de lenguas o idiomas indígenas y sus características socio-demográficas; así como características habitacionales de los hogares, y educación y empleo entre otros aspectos”, dijo Charole. Subrayando que, “a través de los datos generados por este censo, generar herramientas de investigación que favorezcan la preservación cultural de nuestros pueblos ancestrales y sirvan de muestra para conocer el estado de situación de las comunidades y tomar las medidas necesarios para determinar las acciones que atiendan a la diversidad cultural”. http://www.chacodiapordia.com/2018/06/26/charole-impulsa-un-proyecto-de-ley-de-censo-provincial-de-pueblos-originarios/

COMIENZA EL DEBATE POR LA UNA LEY QUE REEMPLACE A LA QUE CREÓ EL IDACH La tenencia de la tierra, uno de los aspectos más complejos en discusión

El 10 agosto comenzará una ronda de consultas con comunidades originarias por la reforma de la ley que creó el Instituto del Aborigen Chaqueño. cinco proyectos para reformar la ley que creó el Instituto del Aborigen Chaqueño se debaten en la comisión legislativa de Pueblos Indígenas y a partir de agosto sumará aportes de las poblaciones.

En 2015 se titularizaron 300000 hectáreas de la Reserva Grande, una decisión que fue muy cuestionada. “Hay proyectos de diputados que reformaron el aspecto electoral y si bien es una ley que necesita cambios en ese aspecto, también una reforma integral”, señala la diputada Andrea Charole. La expresidenta del Instituto del aborigen Chaqueño (Idach) admitió que el tema más importante es la gestión de tierra comunitaria, que es indivisible e intransferible. “Uno de los temas más complicados es el de la tierra, como pasó con la Reserva Grande. Esa experiencia nos lleva a reformar porque tuvimos muchas complicaciones”, admite. En 2016 el Ejecutivo entregó de los títulos de propiedad de más de 300000 hectáreas en El Impenetrable para las comunidades de las tres etnias (wichí, qom y mocoit) y pueblos criollos. La medida tuvo duros cuestionamientos de algunos referentes indígenas, y en particular del hermano de Andrea y expresidente del Idach, Orlando Charole. Por eso la vicepresidenta de la comisión legislativa -que preside Claudia González- sostiene que es necesario trabajar en conjunto y más en una ley que creó una institución representativa de las comunidades. “Trabajamos por una reforma integral, es un proyecto muy ambicioso que va a cambiar muchos problemas que afectaron a las comunidades”, señala. La consulta A comienzos de agosto se realizarán las primeras consultas en varios puntos de la provincia. En una primera etapa el recorrido contemplará especialmente a las comunidades asentadas en el norte y en el sudoeste: Villa Ángela, Colonia El Pastoril y San Bernardo. Los integrantes de la comisión legislativa esperan que puedan participar representantes de las asociaciones civiles y comunitarias, fundaciones, instituciones para emitir opinión sobre los proyectos. Unas 15 consultas se realizarán en una diversidad de comunidades y realidades: Castelli, Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, San Bernardo, Las Tolderías, Resistencia, Sáenz Peña, Pampa del Indio. “La consulta es necesaria porque en la provincia siempre se ha respetado lo que dicen las comunidades, como lo indica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para todo tipo de proyecto relacionado con ellas”, puntualiza. De allí que la diputada considera que la idea es que la gente va a elegir qué conviene aprobar, modificar e integrar. Los proyectos anteriores los impulsaron los exdiputados Egidio García y Raúl Acosta, y los actuales legisladores Élida Cuesta y de Ricardo Sánchez. Con los últimos Andrea trabajó cuando presidía el Instituto. El proyecto de Andrea Charole también promueve crear el registro de artesanos indígenas de la provincia, para contemplar también la protección y el derecho de cada artesano, y la preservación de la identidad de sus productos. En los tres poderes hacen falta traductores e intérpretes Sobre la necesidad de peritos traductores en el Poder Judicial, que la coordinadora integral Elizabeth González planteó recientemente a Chacodiapordia.com, Andrea Charole admite que es un tema bastante delicado, especialmente cuando se trata de violaciones o asesinatos. En declaraciones a FM Universidad la legisladora concuerda que en trámites judiciales hace relativamente pocos años que las comunidades tienen la participación actual. “Hoy la participación se ve y Elizabeth González hace un muy buen trabajo; con ella venimos hablando de presentar varios proyectos relacionados con la violencia de género y sobre el archivo de casos”, agregó. Sobre ese punto consideró que hay otro proyecto de ley que hace necesario articular y trabajar en conjunto porque faltan traductores e intérpretes en otros ámbitos del Estado, de los tres poderes. González se identifica con la cultura qom y dentro del sistema judicial es la primera reconocida institucionalmente a cargo de coordinar y facilitar el acceso de las poblaciones indígenas. Su presencia evidenció la distancia que había en una de las instituciones centrales del Estado y en varias ocasiones se pronunció sobre la importancia de que se forme, convoque y designe a peritos, traductores e intérpretes en las tres lenguas originarias en la Justicia. http://www.diarionorte.com/article/167822/la-tenencia-de-la-tierra-uno-de-los-aspectos-mas-complejos-en-discusion---

Charole presentó proyecto de ley de creación del Registro de Artesanos Indígenas del Chaco

La diputada provincial Andrea Charole, que impulsa el proyecto de ley N°2290/2018, fundamentó que el mismo constituye, "un instrumento legal de carácter público, integral, gratuito, voluntario y de libre acceso". Y tiene como principal objetivo, "revalorizar lo nuestro, lo local, lo nacional y popular; en consecuencia, la Patria argentina".

En sus considerandos, entre otros, señala que “desde que llegaron los invasores europeos a nuestro continente, los Pueblos Originarios han debido luchar, no sólo para salvar sus vidas, sus familias y sus territorios, sino también para hacer respetar una forma de vida propia”. “Esa forma de cultura debió soportar todo tipo de atropellos, hasta que varios siglos después fuera reconocida su existencia física y la de su vigencia”, agrega. Más adelante, destaca que, “todas esas expresiones, esas costumbres ancestrales y cosmovisión, se plasmaron tácitamente en lo que se ha conocido como derecho consuetudinario o de costumbres. Estas fueron las reglas en las que basaron su convivencia, y que durante muchos siglos ayudaron a una coexistencia equilibrada”. Charole, además y en referencias a las artesanías indígenas, detalla que, actualmente en la Argentina, 69.452 personas se reconocen pertenecientes y/o descendientes del pueblo Toba, comunidad que originariamente se dedicaban a éstas tareas, de los cuales – según la encuesta complementaria de pueblos indígenas (INDEC) del año 2006 – 47.591 se encuentran en la Provincia del Chaco. “La referencia recurrente a la artesanía indígena remite al pasado histórico del grupo, que se la asocia con formas de vida propias del nomadismo con anterioridad a la conquista y la colonización. La producción artesanal se relaciona, con un contexto sociocultural, económico, político y nace de una realidad cotidiana y de trabajo”, asegura. Indicando que es necesario, “elevar a rango de ley, una necesidad que los artesanos indígenas han observado en una serie de problemáticas que afectan sus potencialidades”. Finalmente, la legisladora provincial subraya que, “es imprescindible llevar un Registro de nuestros artesanos indígenas; para de alguna manera intentar proteger, no solo su propiedad intelectual, sino también el acervo cultural, patrimonio artístico e histórico de nuestra Provincia”. “La artesanía es un puente entre pasado y futuro, un puente vivo que ayuda a definir y redefinir permanentemente la memoria de un pueblo”, concluyó. http://www.chacodiapordia.com/2018/06/14/charole-presento-proyecto-de-ley-de-creacion-del-registro-de-artesanos-indigenas-del-chaco/

COMUNICADO SOBRE FORMOSA

AIRA, entidad indígena señera, fundadora de fundadores, ha estado desde el primer momento junto a los hermanos de Formosa, solidarizándose y ofreciendo todo el apoyo que se pueda necesitar para solucionar este conflicto. - Nuestra trayectoria de mas de 35 años siempre defendiendo la aplicación de los Derechos Indígenas nos da la autoridad suficiente para expresar lo siguiente:

- "LO OCURIDO EN FORMOSA NO TENDRÍA QUE HABER SUCEDIDO". Pero no solo con balas se mata a los indígenas. También se nos mata con el incumplimiento de las leyes que a lo largo de todos estos años hemos logrado crear y aprobar, tanto provinciales, nacionales, como internacionales. - No es casual que en el mapa de la pobreza en Argentina los indígenas seamos mayoría. No es casual que el Defensor del Pueblo haya obligado al Estado Nacional a dar respuesta a los graves problemas que afectan a nuestros hermanos del Chaco. No es casual que nos hayan alterado nuestro hábitat con desmontes irracionales en desmedro de la vida humana en esos lugares al envenenar nuestra tierra, nuestros ríos, nuestro aire, nuestra flora, nuestra fauna. O que nos instalen minas a cielo abierto con las mismas consecuencias encima llevándose a países extraños sin costo nuestros minerales más valiosos. O que nos contaminen con la extracción de petróleo para que el mundo industrial no quiebre. No es casual el analfabetismo que reina en nuestras comunidades. Ni que seamos las principales víctimas de enfermedades endémicas como chagas, tuberculosis y otras, así como inanición, falta de trabajo, de capacitación, negándonos la libre determinación, ello implicaría que nosotros manejaríamos nuestros asuntos, a lo que ningún gobierno, influido por Multinacionales, Latifundistas, terratenientes, y ellos mismos, están dispuestos a aceptar. - El gobernador de Formosa debe renunciar. No solo por ser responsable directo de estas muertes sino por los atropellos que desde hace años viene llevando a cabo contra las Comunidades Indígenas en su provincia. Agradecemos las adhesiones que recibimos sobre este punto. Pero que el árbol no nos tape el bosque. La gran diferencia entre el pensamiento indígena y el occidental es que occidente actúa siempre sobre los efectos. "Que renuncie el gobernador y ya está". Hasta la próxima muerte. El pensamiento indígena, por el contrario, actúa sobre las causas. Miles de años de experiencia nos da la sabiduría. Y ésta hoy nos dice que la verdadera causa de estos homicidios no está en Formosa, ni en ninguna otra provincia que no respeta los Derechos Indígenas. Está en el Estado Argentino, hoy encarnado por un gobierno que últimamente nos tira bombas de humo para hacernos creer que nos está dando respuesta, mientras se niega a cumplir con las Leyes, con la Constitución, con las Declaraciones y recomendaciones de organismos internacionales de los que dice formar parte pero hace caso omiso a lo que dichos organismos deciden, incluso con el voto favorable de Argentina que borra con el codo lo que firma con la mano. - La más antigua de las Leyes, como que fue aprobada en 1985, duerme el sueño de los justos en lo que hace a la verdadera y genuina participación y representación indígena, mientras sí cumplen con la parte de la ley que crea su estructura para llenarla de cargos afines al gobierno, incluso su Presidente, con presupuestos que los Pueblos Indígenas, supuestos destinatarios, ni siquiera conocen ni reciben. Esta situación se agrava por el hecho de que en 1991 se le inició juicio al Estado, cinco fallos a favor, una declaración del Defensor del Pueblo, una recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la ONU, no hacen mella en este gobierno nacional que se niega sistemáticamente a cumplir con el punto de la Ley 23.302 que le ordena crear la verdadera representación, elegida por todos los Pueblos Indígenas del País, y no por consultas parcializadas y/o digitadas, como la de la Comunidad La Primavera, de Formosa, donde dicha Comunidad eligió a un hermano no afín con el gobierno nacional y por lo tanto no aceptado por el INAI. - Si este Consejo de Coordinación Indígena estuviera en funciones, podemos asegurar que hace tiempo no sólo no habría más muertos indígenas, sino que, al manejar nosotros nuestros propios asuntos, como lo propone el artículo 5º de la Ley Nacional 23.302/85 y la Declaración de la ONU del 13 de Septiembre de 2007, a esta altura los indígenas preexistentes argentinos estaríamos aportando al erario público en vez de extraer de él. -Que Formosa sea un punto de inflexión, un antes y un después. Que el gobernador renuncie, será justicia. Que el Gobierno Nacional aplique las leyes nacionales e internacionales, sin alterar un punto ni una coma, será justicia. (no más bombas de humo, ni milagros que no existen ni hermanos indígenas en el gobierno que nosotros, en consulta nacional, no hemos designado) Que el Congreso reglamente el Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, será justicia. Que se incorpore a la Constitución la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, del 13 de Septiembre de 2007, será justicia. (Como lo acaba de hacer la Provincia de San Luis). - - Entonces si, habrá llegado el momento en que los Pueblos Naciones Indígenas preexistentes al estado Argentino cumplamos con nuestra parte. Ahí sí, no habrá más muertos por balas, ni por hambre, ni por enfermedades endémicas, ni analfabetismo ni discriminación. En nuestros territorios recuperados, habremos de demostrar que nuestros reclamos de autonomía no son solo palabras. Que los mártires de Formosa no han muerto en vano. Y ahora todos saben que nuestras desgracias tienen nombre y apellido. Si no hay respuesta, si siguen sucediendo, podremos señalar a los culpables con el dedo. Ahora ellos saben que nosotros también lo sabemos. No podrán ocultarse en frases rimbombantes o que la culpa la tiene el otro. Hermanos: Jalalla, Jalalla. Marichiweu. AIRA, cumpliendo el mandato de sus pueblos indígenas; y sus dirigentes sin negar el cumplimiento y la obligación moral como siempre proponen el camino a seguir. Rogelio Guanuco (Pueblo Diaguita Calchaquí) – César Currulef (Pueblo Mapuche) - Germán Canuhé (Pueblo Ranquel) Gabino Zambrano (Pueblo Kolla) - Marcelo Canuhe (Pueblo Ranquel) - Diana Oliva (Pueblo Ranquel) - Fermin Acuña (Pueblo Ranquel) Ana María Domínguez (Pueblo Ranquel) - Basilio Soria (Pueblo Tupí Guaraní) - Ángel Amado Sayhueque (Pueblo Tehuelche) – Ambrosio Ainqueo (Pueblo Mapuche) – Florencio Ruiz (Pueblo Mocoví) – Francisco Burgos (Pueblo Diaguita) – Carlos Guanuco (Pueblo Diaguita-Calchaquí) – Isabel Condolí (Pueblo Kolla) – Ramón Contreras (Pueblo Toba) Matías Rubén Sarmiento (Pueblo Toba) – Baldomero Espinosa (Pueblo Wichí) – Orlando García (Pueblo Toba) https://asociacionaira.blogspot.com/2010/11/comunicado-sobre-formosa.html