Este martes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, presidida por el senador del Frente de Todes, Carlos Caserio, trató el expediente S-1813/21 de autoría de la senadora salteña Nora del Valle Giménez -también del FdT- que prorroga la Ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2025 con asignación de presupuesto. El interbloque de Juntos por el Cambio no participó de las deliberaciones por considerar que no estaba en vigencia el protocolo de funcionamiento virtual de la Cámara Alta, que será votado en la próxima sesión.
Durante su exposición, la senadora Giménez sostuvo que “la urgencia de esta ley es que el 23 de noviembre de este año se vence la prórroga y nos vamos a quedar sin ningún instrumento legal que permita evitar los desalojos de todas esas tierras” y agregó que “actualmente hay entre mil seiscientas y mil setecientas comunidades”. La intención de una nueva prórroga es poder terminar con los relevamientos e incorporar a aquellas comunidades que aun no han sido relevadas.
Asimismo, la senadora destacó que “es indispensable asignar una partida porque este año se ha trabajado sin recursos propios” y concluyó asegurando que “la prórroga es una responsabilidad para garantizar la paz social en todo el país”.
Carlos Caserio informó que los dictámenes pasarán a ser firmados, para contar con la aprobación de la Comisión al momento que la Cámara decida sesionar, para poder darle tratamiento en el recinto. Se espera que esto suceda durante la próxima semana.
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La historia de la ley
Sancionada el 1 de noviembre y promulgada el 23 de noviembre de 2006, esta ley declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) u otro organismo provincial competente.
En aquel momento la ley establecía un término de cuatro años para realizar los relevamientos técnico, jurídico y catastrales de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades. Y suspendía, por ese mismo lapso, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objetivo fuera el desalojo o la desocupación de estos territorios.
Es importante destacar que esta ley no crea un derecho, sino que reconoce un derecho preexistente, presente en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional desde el año 1994, que no sólo reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, sino también la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan. Asimismo, esta ley se fundamenta en las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y demás tratados internacionales.
Desde el momento de su sanción en 2006, la ley no ha logrado su objetivo y ya ha tenido tres prórrogas (Leyes 26.554, 26.894 y 27.400), la última con vencimiento el 21 de noviembre de 2021. En el tiempo transcurrido el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) pudo relevar sólo 742 de las 950 comunidades identificadas en 2006. Y a ese número se han agregado otras, en su mayoría desmembramientos de grupos existentes, que ampliaron a cerca de 1.700 el número de comunidades a relevar.
Desde hace unos meses la propia presidenta del INAI, Magdalena Odarda, viene solicitando a los senadores y senadoras una nueva prórroga, entendiendo que es la única herramienta que protege a las comunidades. Desde el organismo se viene trabajando desde hace un año en un Ciclo de Charlas con diferentes organizaciones indígenas, de derechos humanos y académicos, con el objetivo de visibilizar la problemática y diagramar estrategias conjuntas para lograr una nueva prórroga.
“Esta ley atiende la emergencia territorial de los diferentes pueblos originarios de nuestro país, por ello junto a las organizaciones de comunidades indígenas y de derechos humanos, como así también universidades, les estamos requiriendo que consideren algunas modificaciones necesarias como un financiamiento apropiado para poder afrontar los relevamientos de cientos de comunidades que aún nos faltan relevar”, sostuvo Odarda el pasado viernes en una reunión con los senadores y senadoras del FdT.
Además, la presidenta del INAI destacó que “Si bien el proyecto original que impulsó el ex Presidente Néstor Kirchner contemplaba este presupuesto que hoy requerimos, lamentablemente en el transcurso de las siguientes prórrogas se ha quitado. Las comunidades originarias necesitarán de un paraguas de protección por ello insistimos en que también será importante contar con una Ley de Propiedad Comunitaria, porque es una deuda pendiente del Estado con los pueblos indígenas desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994”.
Por su parte, en diálogo con Notas el werken de la comunidad Fvta Anekon y miembro del Área de Relaciones Internacionales del INAI, Ignacio Prafil, sostuvo que este dictamen “es una alegría, porque es sumamente importante contar con una nueva prórroga con presupuesto propio para poder terminar con los relevamientos de los territorios comunitarios”.
La autoridad originaria destacó que llevan muchos años trabajando y que más allá de una ley lo importante es el verdadero resguardo de los territorios y evitar los desalojos que continúan sucediendo de manera violenta a lo largo y ancho de nuestro país.
“Ahora es importante no bajar los brazos y priorizar que esta prórroga sea posible. Es importante hablar con todos los diputados y senadores para visibilizar la lucha de los pueblos y naciones preexistentes”, agregó Prafil. “Nosotros estamos defendiendo nuestra vida, y nuestra vida es el territorio”, concluyó.
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