Piden cerrar la investigación a vecinos del barrio Toba

La solicitud es de parte de los defensores de los involucrados en incidentes del 2 de abril con la Policía porque entienden que “no hay pruebas en su contra”. “Se les fue de las manos un procedimiento de rutina”, sostuvo el abogado oficial Gustavo Franceschetti sobre el accionar policial

El defensor regional Gustavo Franceschetti confirmó el pedido del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) a la fiscal de Corrupción y Violencia Institucional, Karina Bartocci, para que cese la investigación contra 12 personas de la comunidad Qom – asistidas por la Defensa Pública–, en el marco de los incidentes que se registraron en el barrio Toba el pasado 2 de abril. En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), Franceschetti sostuvo: “No puede ser creíble que hayan cometido delitos porque no tienen antecedentes penales” y agregó: “No hay pruebas en su contra”. También apuntó al accionar policial: “Se les fue de las manos un procedimiento de rutina por el maltrato que tienen contra estas personas, después hicieron las detenciones y encontraron que uno de ellos tenía pedido de captura”, indicó. Según explicó, junto a la Defensora Pública Adjunta, Susana Brindisi, radicaron esta petición a Bartocci al considerar que “la única prueba de cargo es el acta de procedimiento en la que se incluyeron hechos falsos (supuesta portación de armas, supuesta resistencia a la autoridad) y se omitieron sucesos relevantes (lesiones proferidas por los policías, allanamientos ilegales, etc.) que comprometían la responsabilidad del personal policial”. Según sostuvo, ese acta es “un instrumento confeccionado por los mismos policías que tenían interés en evitar su propia incriminación, sin la firma de testigos de actuación cuando las circunstancias no autorizaban prescindir de ellos”. Franceschetti y Brindisi argumentaron que “insertar hechos falsos en un documento público es un delito y el fruto de un delito no puede ser prueba válida en contra de ningún ciudadano”. La Defensa Pública basó su pedido en numerosas declaraciones testimoniales recibidas en la Fiscalía, en informes médicos agregados al Legajo fiscal y en la propia acta de procedimiento que consideró "nula". También, pidieron que se inicie una investigación “pronta, diligente y eficaz” para determinar las responsabilidades penales de los efectivos policiales por falsedad documental (arts. 292 y 293 del Código Penal por la confección de un acta de procedimiento con hechos falsos) y apremios ilegales (lesiones proferidas a los ciudadanos de la comunidad Qom) atento que encuadran en hechos de violencia institucional protagonizados por agentes estatales. https://www.rosario3.com/noticias/Piden-cerrar-la-investigacion-a-vecinos-del-barrio-Toba-20170517-0046.html