Comunidades del Pueblo Nación Charrúa de Entre Ríos eligieron sus representantes

La asamblea de renovación o/ y continuidad de los delegados del Consejo de Participación Indígena (CPI), ante el Instituto nacional de asuntos indígena (INAI), se llevó a cabo el sábado 16 de noviembre del 2024 en el Polideportivo de la ciudad de Villaguay, con la presencia de autoridades de 12 comunidades de la provincia.

En una jornada que comenzó con una ceremonia ancestral y que continuó con planteamiento de algunas preguntas, a los técnicos del INAI, sobre la situación del organismo y como trabajarían con los nuevos mandatos de las comunidades, por lo que expresaron que su rol es cumplir con lo que ordena el reglamento de CPI basado en la ley 23302 que crea el instituto y los artículos 75 inciso 17 que reconoce su preexistencia étnica y cultural, como el respetar su identidad, herramienta que resguarda sus derechos y que la provincia de Entre Ríos adhirió incorporándola a la constitución provinciales con el artículo 33. Luego se llevó a cabo la asamblea donde intercambiaron saberes desde el proceso de sus comunidades y la elección de sus dos representantes ante el INAI, quedando como elegidos Silvia Solari de la comunidad Ayendajau de Federal, que formará parte de Mesa Nacional y Héctor Senaqué Santomil de la comunidad Charrúa Etriek de Villaguay , que continuaría como Concejo de Coordinación Indígena ( CCI). Silvia expresó que se siente “, orgullosa y digna de representar a nuestro pueblo” por lo que está dispuesta a afrontar “los desafíos y seguir luchando por nuestros derechos “Afirmó. Y detalla de que es necesario “demostrar que somos grupo de hermanos que está de pie”, y que “en cada paso que demos nos muestre orgulloso de nuestra identidad”. Resaltó. En ese sentido menciona que “debemos seguir visibilizando la cultura de nuestro pueblo Charrúa y que se creen nuevas leyes que den respaldo a las decisiones que tomemos de acuerdo a las demandas de las comunidades”. En tanto Héctor afirmó que “esta herramienta de representación ante el organismo del estado es para garantizar las leyes vigentes de la constitución a lo que desde el cuerpo de CPI se debe hacer valer”. Por lo que es imprescindible que las demás representaciones del país tengan que observar y hacer cumplir, en conjunto, las demandas con la constitución en mano, porque se están vulnerando y violando las leyes y los derechos de las comunidades indígenas, impunemente” A lo que agrega que “es fundamental seguir planteando reparación histórica y que se efectivice la ley de propiedad comunitaria , así como hacer que se garanticen otros derechos” En cuanto a la jornada , Héctor celebró que “alguien como Silvia esté en ese lugar de representación, por las característica de ella, de nos solo preocuparse por su comunidad sino por las demás de su localidad y que se nota su deseo de llevar de la mejor manera el mandato”. También mencionó que “desde ya hay presentada en distintas ciudades de la provincia la propuesta de que se cree área intercultural y pueblos originarios”. Y que eso mismo propuso al INAI “para que desde allí soliciten que se cree en la provincia”. Las autoridades de las comunidades que participaron fueron: Silvia Solari de Ayendajau, Federal; Celia Saucedo de Gue Guidaí Berá , Maciá; María Romero de Pueblo Jaguar, Villaguay; Sandra Giménez Salto grande, Chajarí; Diana Villa de Y’ Jaguarí, Villaguay; Martín Maislín de Onkaiujmar, Paraná; Ukaivberá Gladys Do Nascimento de I’Tu, Concordia, Héctor Senaqué Santomil de Charrúa Etriek, Villaguay; Gisela Miño de Ombú, Federal; Rosaura Escobar de Rafaelita, Federal, Evangelina Leguiza de Remajumén, Km 13, Maciá; Juan Manuel Acosta de Inchalá Ué ,Villa Domínguez Las comunidades notificadas fueron 20 de las cuales 8 estuvieron ausentes, por los que justificaron la no presencia… Contacto: 3455432518 Hector Santomil Romina Arapeiz 3435233376 FOTO:Comunidades del Pueblo Nación Charrúa de Entre Ríos

Argentina. Pueblos Originarios. Enérgico repudio a declaraciones de la Directora de Tierras del INAI que atentan contra los derechos indígenas consagrados

Resumen Latinoamericano, 13 de noviembre de 2024 La Mesa Nacional del Consejo de Participación Indígena (CPI) expresó su “enérgico repudio” a los dichos de la funcionaria del INAI Sonia Ochoa, quien señaló que “las consultas libres, previas e informadas que se realizan a las comunidades, no tienen carácter vinculante y no pueden detener por sí solas el avance de un proyecto minero”. Tras las declaraciones de la Directora de Tierras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) durante una jornada de capacitación sobre Derecho Indígena, en Catamarca, la Mesa Nacional de CPI hizo público su repudio a través de un comunicado, señalando: «Sus comentarios, publicados en un sitio web patrocinado y dedicado a la minería, son perjudiciales para los pueblos indígenas y reflejan una ideología adversa a nuestros derechos, tal como están contemplados en la Constitución Nacional y los instrumentos jurídicos internacionales a los que nuestro país suscribe.» El Convenio 169 de la OIT y el Consentimiento libre, previo e informado (CLPI) garantizan el derecho de los pueblos indígenas a dar o negar su consentimiento a cualquier actividad que afecte sus tierras, recursos y territorios. Los principios de este consentimiento constituyen un marco que brinda los protocolos, procesos, normas y reglamentos que los pueblos indígenas podemos exigir tanto al Estado como a empresas privadas. Las autoridades aborígenes señalaron que «Al otorgar todas las prerrogativas a las provincias, ignora el mandato constitucional que garantiza la participación de los pueblos indígenas en la gestión de sus recursos naturales, desconociendo así nuestros derechos territoriales reconocidos por el Convenio 169 de la OIT y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.» También «malinterpreta el principio de igualdad ante la ley, olvidando que este principio está vinculado al reconocimiento de las diferencias culturales. Los pueblos indígenas tenemos derechos específicos debido a nuestras culturas distintas, y tratarlos como parte de una ´cultura occidental´ simplifica y distorsiona la complejidad de nuestras situaciones.» «Es evidente que el INAI ha minimizado su rol, delegando competencias a las provincias y restringiendo los derechos indígenas, presentándose como un mero consultor. Esto muestra un retroceso en la construcción de un Estado intercultural y plurinacional, favoreciendo intereses extractivos sobre los derechos de las comunidades indígenas», afirmaron. Como antecedente a favor de los pueblos indígenas y como jurisprudencia, recordamos que Argentina debe adecuar sus políticas en materia de derecho indígena, fundamentando que la consulta es vinculante y que su objetivo es obtener el consentimiento de las comunidades. De no ser así, el Estado puede ser demandado, y en este caso, los estados provinciales serían los responsables, como se evidenció en el caso de Lhaka Honhat. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por incumplir con el procedimiento de consulta y participación, ordenando la adopción de medidas legislativas y administrativas para garantizar la seguridad jurídica del derecho de propiedad comunitaria indígena y ampliar la participación en la toma de decisiones, resaltaron. CON LA NUESTRA «Como Consejo de Participación Indígena, hacemos un llamado a la Dra. Sonia Ochoa a concretar una instancia de rectificación de los conceptos erróneos que está desarrollando en estas capacitaciones, con el agravante de estar ejerciendo un cargo público que sostenemos con nuestros impuestos, a fin de que dé respuesta a la mesa nacional de los CPI por los dichos vertidos y brinde las explicaciones correspondientes.» EL ROL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (INAI) Su principal propósito es asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los integrantes de los pueblos indígenas, garantizando el cumplimiento de los derechos consagrados constitucionalmente (Art.75,Inc.17). Implementa programas que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes, tal como lo establece el Decreto 410/2006 que reglamenta su estructura organizativa. CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO «El derecho a la consulta no es un instrumento no vinculante, como afirma la funcionaria del Estado Nacional. Todo lo contrario, el proceso se desarrolla con el fin de obtener o no el consentimiento y es vinculante en todos los casos, por más que las políticas liberales actuales de la gestión a la que ella pertenece intenten día a día cercenar estos derechos mediante manipulaciones, mentiras y cipayismo», afirmaron desde la Mesa Nacional de CPI. Y advirtieron: «No permitiremos que nuestros territorios sean regalados al mejor postor para engrosar los bolsillos de un par de empresas que solo traen miseria y dolor a nuestros territorios y a nuestra Madre Tierra.» «Seguiremos resistiendo estas nuevas entregas de tierras y asumiendo que este gobierno para pocos, por más que intente separarse del mundo y no firmar acuerdos internacionales, como el reciente voto negativo que el país tuvo en la ONU sobre el documento que ´Promueve el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de culturas y lenguas de los pueblos originarios´. Estas políticas van en consonancia con la falta de políticas públicas que este gobierno lleva adelante.» «No resignaremos ni un solo derecho conseguido con la lucha, la sangre y el cuerpo de nuestros hermanos y hermanas por el derecho a la tierra y a nuestros territorios. No vamos a permitir el avasallamiento, las amenazas ni la inutilidad de funcionarios cipayos. No vamos solo a llamar al diálogo porque no hay un verdadero respeto. Solicitamos la rectificación de este tipo de capacitaciones que tergiversan la realidad e iniciaremos las acciones legales correspondientes por incumplimiento de funciones como funcionarios públicos», concluyeron. QUIÉN ES SONIA OCHOA? La abogada Soni Ochoa, fue desginada Directora de Tierras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), por su rol ejercido durante el gobierno de Morales en Jujuy. Sonia Ochoa Ochoa estuvo a cargo de la Secretaría de Pueblos Indígenas, de Jujuy, y del Ministerio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas cuando se desarrolló la represión al Tercer Malón de la Paz, el año pasado. Lugar desde donde, lejos de defender a la población originaria, garantizó la impunidad de funcionarios del gobierno de Gerardo Morales respecto a la violencia institucional ejercida durante las permanencias en las rutas que realizaron las comunidades que rechazaron los cambios en la Carta Magna provincial jujeña. FUENTE: originarios.ar

Argentina. Pueblos Originarios. Pronunciamiento de la Asamblea Plurinacional de la Red TICCA “Territorios de vida en Argentina”

Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2024

Las comunidades indígenas y las organizaciones presentes en la Asamblea de la Red TICCA Territorios de Vida en Argentina, expresamos nuestra profunda preocupación y firme postura respecto a la situación actual de nuestros territorios y derechos. Por lo tanto, declaramos lo siguiente: 1. Cumplimiento integral de la ley 26.160 sobre propiedad comunitaria. Exigimos que se complete el relevamiento territorial de las comunidades indígenas que aún no han sido incluidas. Asimismo, es imperativo avanzar hacia la segunda etapa que garantice la efectivización de los títulos de propiedad comunitarios. La fama de avances en esta materia continúa vulnerando nuestros derechos y perpetuando la inseguridad territorial. 2. Implementación de la consulta previa, libre e informada. Reiteramos la urgente necesidad de que se cumpla de manera efectiva la consulta previa, libre e informada, conforme a lo establecido por el Convenio 169 de la ONU y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta práctica es esencial para asegurar nuestra participación activa en la toma de decisiones que afectan directamente a nuestras vidas y territorios. 3. Gobernanza indígena en los territorios. Demandamos un marco de gobernanza indígena que respete y reconozca nuestra autoridad y responsabilidad en la gestión de los territorios. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) define este tipo de gobernanza como áreas protegidas gestionadas por pueblos indígenas a través de instituciones y normas propias, ya sean formales o informales. Solicitamos la modificación del marco normativo de la Administración de Parques Nacionales (APN), puntualmente la problemática que atraviesan hermanas y hermanos en el sur de Argentina, para su correcta implementación en nuestros territorios comunitarios, garantizando así la protección de nuestros derechos y la preservación de nuestras prácticas culturales y ambientales. 4. No a los desalojos. Nos oponemos categóricamente y repudiamos a todas las acciones que implique el desalojo de las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales. Estos actos no solo representan una violación de nuestros derechos humanos sino que afectan gravemente nuestra identidad, cultura y modo de vida. Es urgente que se implementen políticas públicas que promuevan la permanencia y el fortalecimiento de nuestras comunidades en sus territorios. 5. Acuerdo de Escazú. Solicitamos efectiva aplicación del acuerdo en el marco de los y las defensores ambientales. Como así también, lo vinculado a la consulta ambiental en los territorios comunitarios que habitan y poseen los Pueblos Preexistentes. 6. Se rechaza expresamente las medidas -normativas, leyes, decretos, resoluciones y otras- que atentan contra los derechos adquiridos y reconocidos en la Constitución Nacional. Hacemos un llamado a las autoridades nacionales, internacionales y a la sociedad en general para que se solidaricen con nuestra lucha por la defensa de la vida, la tierra y la dignidad de nuestros pueblos. https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/11/11/argentina-pueblos-originarios-pronunciamiento-de-la-asamblea-plurinacional-de-la-red-ticca-territorios-de-vida-en-argentina/

Guerrero: comunidades indígenas resisten el avance de las familias del poder en Jujuy

Desde la aprobación de la reforma constitucional de Jujuy, en junio de 2023, las comunidades indígenas y campesinas de la provincia han enfrentado una ola de desalojos violentos que favorecen la especulación inmobiliaria y los proyectos extractivos. En Guerrero, una comunidad kolla fue despojada de sus tierras por parte de una de las familias que más poder concentran en la provincia, los Jenefes. El caso revela cómo estas expulsiones se realizan sin respeto por la identidad indígena, a pesar de que las familias afectadas tienen una relación ancestral con el territorio. Camila Parodi noviembre 13, 2024 Fotos: Susi Maresca El pasado 15 de octubre, cinco familias indígenas de la comunidad kolla de Guerrero, en Jujuy, fueron desalojadas violentamente de su territorio habitado por más de cinco generaciones. Este desalojo, ordenado por la justicia provincial y ejecutado por más de 150 efectivos policiales, dejó a las familias en situación de calle y despojadas de todos sus bienes y animales. Durante el operativo, se realizaron detenciones arbitrarias y se violaron los derechos de las infancias allí presentes. Además, se intimó a la comunidad bajo la amenaza de demoler su cementerio ancestral. Un espacio sagrado donde descansan los restos del abuelo de Máxima Bustamante, lideresa de la comunidad quien fue violentamente expulsada de su hogar junto a su madre de 99 años. La comunidad de Guerrero había obtenido la personería jurídica otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2008, junto con la aprobación de la cartografía de su territorio. Sin embargo, en febrero de 2021, esta personería fue derogada por un decreto del entonces gobernador Gerardo Morales, debilitando su defensa legal frente a los desalojos. Detrás de este despojo se encuentra la familia Jenefes Quevedo, un poderoso clan político y empresarial de la provincia, que busca apropiarse de estas tierras ubicadas a tan solo 28 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Este desalojo se suma a una serie de acciones judiciales en todo el país que, bajo el argumento de usurpación, vulneran los derechos territoriales de las comunidades indígenas.

Guerrero con memoria La violencia política no es una práctica nueva para este pueblo. Durante la última dictadura cívico militar en Argentina, Guerrero fue el escenario de uno de los centros clandestinos de detención más brutales de la provincia. En ese sitio, conocido como “el lugar del horror”, cientos de personas fueron secuestradas, torturadas y, en algunos casos, asesinadas. Durante operativos como “La Noche del Apagón”, personas de localidades cercanas como Calilegua y Libertador General San Martín fueron llevadas a Guerrero, donde fueron sometidas a terribles torturas, abusos sexuales y entre otras violencias. Testimonios de sobrevivientes recuerdan que las personas detenidas eran golpeadas, colgadas de los pies e incluso introducidas en tachos de agua hirviendo. Muchas de ellas perdieron la vida bajo tortura o fueron ejecutadas por las fuerzas represivas, marcando la memoria de la comunidad. Esta violencia institucional forma parte de una larga historia de represión en la región, que se repite con los procedimientos actuales, perpetuando un patrón de atropello contra quienes habitan el territorio y se resisten a las imposiciones del poder político de turno. Una reforma que habilita el despojo La reforma constitucional impulsada por el exgobernador Gerardo Morales reforzó los derechos de la propiedad privada y creó mecanismos rápidos para desalojar ocupaciones “no consentidas”. Este marco legal ha facilitado que las comunidades indígenas sean expulsadas de sus tierras, pese a estar protegidas por el Convenio 169 de la OIT, que garantiza su derecho a la consulta previa, libre e informada sobre decisiones que afectan sus territorios. La reforma ha sido instrumental no solo para el avance de proyectos extractivos, como la explotación de litio y otros minerales codiciados en la zona, sino también para la especulación inmobiliaria y turística. En el caso de Guerrero, la codicia por las tierras no está impulsada por la minería, sino por el interés de las élites locales. Un lugar donde las familias del poder construyen sus estancias y grandes fincas desconociendo su historia. Las familias desalojadas han vivido en esta región durante generaciones, pero ahora enfrentan una narrativa que subestima su identidad indígena, cuestionando su derecho a habitar estas tierras. “Mi comunidad se llama Pueblo Kolla”, responde Máxima Bustamante cuando es consultada por la prensa en torno a su permanencia en el territorio. “Yo vengo de la quinta generación: los abuelos de mi padre, Casiano Bustamante, vivieron en ese territorio que heredamos, yo tengo 72 años y mis hijos 50, hagan números para saber desde qué año estamos viviendo ahí”, manifiesta la lideresa de la Comunidad de Guerrero al reafirmar su vínculo con el territorio. Para Doña Máxima, el desalojo no solo es una violación de su derecho a la tierra, sino un acto que borra siglos de historia familiar y comunitaria. El desalojo: 150 policías para 5 familias El operativo ocurrido el 15 de octubre fue particularmente violento. Más de 150 efectivos policiales irrumpieron en la comunidad de Guerrero para expulsar a cinco familias del Pueblo Kolla. Lorena Durand de Cruz, recuerda cómo la policía destruyó sus hogares y maltrató a sus animales: “Arrasaron con todo. Derribaron nuestras casas, cortaron nuestros árboles frutales y rompieron nuestras huertas”. A las personas niñas y ancianas de la comunidad tampoco se les perdonó el terror. “Sacaron a mi suegra de 99 años de su cama, la tiraron en su silla de ruedas”, añade Lorena, demostrando la brutalidad del operativo. Durante el desalojo, relata Nancy Cabana, tesorera de la comunidad, intentaron proteger a las niñeces del caos y la violencia generalizada: “Corrí para sacar a mis hijos y llevarlos donde se encontraba la abuela imaginando que no les harían nada, pero los policías me empujaron, me golpearon. Mi hija, desesperada, corrió al cementerio y se tiró en la tumba del abuelo, pidiéndole que todo terminara”. “Si quieren ver lo que quedó de nuestras casas tienen que ir al arroyo las peras”, explica con tristeza Lorena. Parte de sus bienes fueron tirados a unos kilómetros de su hogar bajo un puente sin tener la posibilidad de retirarlos previamente. Hoy cada una de las familias desalojadas se refugió en el hogar de algún afecto debido a la falta de respuesta estatal. Desde entonces, Nancy junto a su marido y sus tres hijos duermen en un colchón de dos plazas: “Mis hijos no entienden porqué de un día para otro estamos durmiendo en el piso, me preguntan todas las noches cuándo van a poder volver a su cama y no sé qué decirles, ¿cómo se le explica tanta maldad a un niño? ¿cómo les explico que ese lugar ya no existe?”, se pregunta. Además de no hacerse presente durante el brutal desalojo, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Jujuy no tomó contacto con las familias para acompañar a sus hijos e hijas posteriormente. La policía no solo ignoró los derechos de las infancias, sino que tampoco permitió que las familias cuidaran de sus animales a quienes consideran parte de su comunidad. “Nuestros animales sufrieron igual que nosotros, algunos siguen desaparecidos y sin nosotros es muy difícil que sobrevivan”, agrega Nancy. Para la comunidad de Guerrero, los animales son parte fundamental de su vida cotidiana y su economía de subsistencia. Más allá de ser una fuente de alimentos y sustento, representan un vínculo profundo con la tierra y su modo de vida ancestral. Durante el desalojo, los animales también sufrieron el abandono y la violencia: “Nos faltan vacas, ovejas, gallinas y chivos. No sabemos cómo estarán nuestros perros y gatitos. Muchos siguen desaparecidos, no nos dejan ir a alimentarlos”, explican, evidenciando la negligencia de las autoridades al no garantizar el bienestar de los animales. Para ellos, el maltrato a sus animales es una extensión del maltrato a las personas, subestimando el valor que tienen dentro de su cosmovisión y su vida diaria. Las familias del poder detrás del desalojo Detrás del operativo judicial, policial y mediático de Guerrero se encuentra Guillermo Jenefes, una figura central en la política y la economía jujeña. Ex vicegobernador y miembro de una de las familias más influyentes de la provincia, Jenefes ha sido señalado por usar su poder para apropiarse de tierras que, tras la reforma constitucional, quedaron expuestas al despojo. Las familias de Guerrero creen que el interés de Jenefes en su territorio está vinculado al valor inmobiliario creciente de la zona, una tierra codiciada por las élites para proyectos privados. El conflicto territorial fue iniciado por Juan Jenefes, hijo de Guillermo y actual diputado provincial, quien en 2017 presentó un juicio alegando la propiedad de más de 1.000 hectáreas, justo cuando el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) avanzaba en el proceso de reconocer a esos terrenos como parte del territorio ancestral de la comunidad kolla de Guerrero. El entonces gobernador Gerardo Morales, en febrero de 2021, anuló por decreto la personería jurídica de la comunidad kolla de Guerrero, dejando sin efecto tanto la resolución del INAI que validaba sus derechos territoriales, como el reconocimiento formal de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Jujuy. Este decreto provincial debilitó la defensa legal de la comunidad frente a los intereses de la familia Jenefes, cuya abogada, Leonor Palomares, acusó a la comunidad por “usurpación” y argumentó que las provincias tienen la potestad de otorgar o rechazar personerías jurídicas a comunidades indígenas, minimizando el reconocimiento nacional del territorio indígena. “No quieren que quede vestigio de que alguna vez un grupo de kollas de piel oscura se atrevió a levantar la mirada y a decirle que no son nuestros patrones”, expresa Lorena, reflejando cómo las élites, encabezadas por los Jenefes, han privatizado progresivamente la región. Así, el accionar impune de los Jenefes demuestra cómo las élites locales se benefician de la nueva legislación para avanzar en proyectos especulativos, ignorando el bienestar de las comunidades indígenas que históricamente han habitado el lugar. Máxima Bustamante: una historia de resistencia y ancestralidad Uno de los principales argumentos que se reproducen en el Canal 7, multimedio que dirige el mismo Guillermo Jenefes y uno de los principales medios de comunicación de la provincia, sostiene que las familias indígenas “no han vivido en esas tierras por mucho tiempo”, cuestionando su identidad originaria. Sin embargo, este relato se contradice con la historia contada por Doña Máxima Bustamante, una de las mujeres mayores de la comunidad, quien explica con claridad la relación ancestral de su familia con estas tierras: “Mi abuelo nació, vivió y murió en esa tierra donde hoy se encuentra enterrado, su historia nos dice que somos de ese territorio”. A pesar de que la comunidad tiene sus papeles en regla, incluyendo la personería jurídica que les reconoce como pueblo indígena, el Estado no protegió sus derechos. El INAI, la institución que debería haber intervenido para impedir el desalojo, no actuó de manera oportuna y su accionar nos habla de un clima de época. “Nosotros tenemos los papeles al día, pero aun así nos han desalojado como si no existiéramos”, denuncia Doña Máxima. Esta omisión muestra cómo las instituciones del Estado, que deberían velar por los derechos de las comunidades, fallan en su deber, dejando a las familias indígenas desamparadas. El dolor de Doña Máxima no solo proviene de la pérdida de su hogar, sino también del desarraigo forzado: “Me sacaron el día de la primera lluvia. Mi mamá está desesperada, quiere volver al campo, quiere ver la tumba de su marido. Nos quitaron todo, incluso nuestras cosas más preciadas: las vasijas de barro que heredamos de nuestros abuelos, los ponchos de vicuñas y otras reliquias familiares, todo quedó destruido”. Desde su mirada, este accionar, tan cercano al día de los muertos es una forma de violencia simbólica: “Ellos saben lo importante que es para nosotras estar cerca a nuestros ancestros en estos tiempos”. Para Máxima, además, la imposición de una vida en la ciudad es el peor castigo y se lamenta que no han vuelto a comer desde el día en que fueron desalojadas. “Nosotras comemos muy sano en casa, sabemos de dónde viene cada alimento y es producto de nuestro trabajo, de nuestra tierra… acá querían que comamos unos sanguches, eso no es comida”, instó. Un patrón de desalojos El caso de Guerrero no es un hecho aislado. Otras comunidades en Jujuy están siendo despojadas de sus tierras para abrir paso a proyectos extractivos, turísticos e inmobiliarios. En Palpalá, la comunidad kolla Tusca Pacha ha resistido tres intentos de desalojo, mientras que en La Quiaca Vieja, cinco familias fueron desalojadas en plena noche con solo 48 horas de aviso informal durante el mes de junio. Estos desalojos se realizan de manera violenta, sin respetar los derechos territoriales de las comunidades indígenas. La situación en Tilcara es similar: el 16 de enero, la Policía jujeña irrumpió en el barrio Estación para desalojar a las familias que vivían cerca de las vías del nuevo Tren Turístico. Nueve personas fueron retenidas mientras se ejecutaban los desalojos, que buscaban liberar el terreno para la construcción de locales comerciales proyectados por el gobierno provincial. La resistencia indígena: memoria y dignidad ante la crueldad A pesar de la violencia sistemática y los desalojos, las comunidades indígenas en Jujuy y otras regiones de Argentina siguen resistiendo con dignidad. Para ellas, la lucha no es solo por la tierra, sino por su derecho a existir en los territorios que han habitado y cuidado durante generaciones. Como expresa Doña Máxima, con una convicción que refleja siglos de historia: “No vamos a desaparecer. Estamos aquí y vamos a seguir defendiendo nuestras tierras, porque son nuestras”. Esta resistencia, más allá de la supervivencia física, es un acto profundo de afirmación cultural y ancestral, en defensa del legado que sus antepasados les dejaron y que las políticas actuales intentan borrar. Los desalojos en Jujuy, facilitados por la reforma constitucional y ejecutados con la complicidad de figuras de poder como Guillermo Jenefes, son una grave amenaza no solo para las comunidades indígenas de Jujuy, sino también para los derechos colectivos de los pueblos en todo el país. Mientras la comunidad kolla de Guerrero sufre el despojo, en el sur, la Lof Paillako de la comunidad mapuche recibió una orden de desalojo emitida por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. En ambos casos, y en tantos otros, las comunidades, a pesar de tener preexistencia en los territorios, son expulsadas sin que el Estado cumpla su obligación de protegerlas, vulnerando derechos reconocidos tanto en la Constitución como en tratados internacionales. En Collasuyu, en Puelmapu, y en todo el territorio, las comunidades indígenas siguen resistiendo no solo para preservar sus tierras, sino para que sus otros modos de vida, basados en el cuidado mutuo, la convivencia con la naturaleza y la vida en comunidad, no sean invisibilizados ni negados. Frente al avance del extractivismo y la especulación, estas comunidades se alzan como horizontes posibles para quienes soñamos con el buen vivir, un modelo de vida que contrasta radicalmente con el individualismo y la crueldad política que hoy arrasan con la vida. https://latfem.org/guerrero-comunidades-indigenas-resisten-el-avance-de-las-familias-del-poder-en-jujuy/

Finaliza el operativo sanitario en comunidades indígenas de Santa Victoria Este

Hasta mañana viernes 15, médicos especialistas de la Delegación de Asuntos Indígenas y profesionales del Ministerio de Salud Pública están llevando a cabo el vigésimo operativo conjunto. Hasta el momento, ya fueron 3600 las personas que recibieron asistencia médica especializada.

La Delegación de Asuntos Indígenas, a cargo del secretario Marcelo Córdova, informa que en seis comunidades de Santa Victoria Este se está llevando a cabo el vigésimo operativo sanitario articulado con la Subsecretaría de Medicina Social del Ministerio de Salud Pública. Se busca continuar fortaleciendo el acceso a la salud en los departamentos del norte provincial proporcionando un servicio integral y de calidad para los habitantes de la región. Médicos especialistas en Pediatría y Medicina Familiar y General de la Delegación junto a nutricionistas, enfermeros y agentes sanitarios brindan atención a niños y adultos. Las atenciones serán brindadas hasta mañana 15 de noviembre en las comunidades Santa María, Pozo El Tigre, Pozo El Toro, Vertiente La Costa, Cruce Nuevo y Quebracho Blanco. Todos los operativos tienen la asistencia vehícular de la Delegación en camionetas todoterreno y con la participación de conductores con amplio conocimiento de la región y del manejo vehicular en terrenos de difícil acceso. El coordinador médico de la Delegación, Daniel Morales comentó que, además de las consultas se efectúan controles antropométricos (peso y talla), se da control y seguimiento a personas gestantes, se aplican vacunas de Calendario Nacional y se entrega medicación. La logística de traslado de los profesionales y de los pacientes son efectuados en camionetas todoterreno de la Delegación de Asuntos Indígenas. Por último, Morales expresó que fueron 3623 las personas atendidas durante los últimos 19 operativos coordinados con la cartera sanitaria. Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación https://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/nuevo-operativo-sanitario-en-comunidades-indigenas-de-santa-victoria-este-98690

Declararon patrimonio cultural, natural y ancestral al sitio donde se produjo la Masacre de El Zapallar en 1933

Por unanimidad, el Parlamento chaqueño declaró Patrimonio Histórico, Cultural, Natural y Ancestral al sitio donde se produjo la Masacre de El Zapallar en el año 1933, ubicado en la General San Martin. En el predio, de 95 metros por 20, se preserva el tatané en el que se emplaza el monolito que perpetúa el sitio de memoria del doloroso acontecimiento.

La declaración fue impulsada por la diputada del CER, Andrea Charole, su par justicialista Rubén Guillón y el del Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP), Rodolfo Schwartz, y votado por unanimidad en el Recinto. Ahora, el Poder Ejecutivo, a través de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico Cultural y Natural, inscribirá en su Registro Provincial, el sitio declarado como perteneciente al acervo patrimonial de la Provincia y delimitará su territorio con la colaboración de las entidades oficiales pertinentes, asegurando su protección y tutela específica. El Poder Legislativo emplazará una placa conmemorativa en el lugar de la Masacre de El Zapallar. Obró de miembro informante, el diputado Guillón, quien agradeció a la comunidad educativa de los pueblos qom, wichí y mocoit presentes en el Recinto para acompañar el tratamiento, además de funcionarios del Gobierno provincial, de General San Martín y del fiscal federal Diego Vigay presente en el lugar “para reivindicar en esta lucha la historia, memoria y derechos” “Bienvenido sea que en esta Casa de la Democracia se le de este reconocimiento”, expresó luego de un extenso repaso sobre un capítulo sangriento de la historia. Agradeció los pasos decididos de Juan Chico, profesor e historiador, y en su persona y su memoria hizo extensivo el agradecimiento “a tantos profesores e investigadores que se animaron a escribir y dejar constancia”. “Queremos que esta Cámara declare sitio histórico ese lugar, ese croquis histórico”, remarcó. Juan Carlos Ayala, diputado justicialista, agradeció la presencia de referentes de las comunidades indígenas en el recinto legislativo. “Acá siempre tienen las puertas abiertas”, sostuvo. Desde el Frente Grande, la diputada Tere Cubells celebró la sanción de la ley que “es un paso más en el reconocimiento del Estado”, en un contexto de negacionismo. La diputada del CER, Andrea Charole bregó porque la juventud principalmente se nutra de la historia de los pueblos indígenas que habitan el Chaco. Reconoció también a Juan Chico en esta tarea y agradeció a los miembros de la Comisión de Educación. Destacó además el paquete de leyes indígenas sancionadas por la Legislatura provincial El diputado radical Carlos Salom habló de matanzas que fueron realmente carnicerías humanas, al igual que con el pueblo Pilagá en Formosa en la masacre de Rincón Bomba. Bregó por una reparación de los errores cometidos por los distintos gobiernos contra pueblos que fueron “perseguidos, violados, masacrados, exterminados”. La diputada justicialista Mariela Quiroz también habló de un “negacionismo que socaba nuestra historia tan diversa”. Me parece importante asumir el compromiso de sostener y no incurrir en contradicciones aquellos proyectos en los que destaquemos políticas que a nivel nacional viene en desmedro de determinados sectores”, apuntó. Posteriormente, la ley fue votada por unanimidad. https://chacodiapordia.com/declararon-patrimonio-cultural-natural-y-ancestral-al-sitio-donde-se-produjo-la-masacre-de-el-zapallar-en-1933/

Política Cancillería: Argentina es el único país que votó en contra de los derechos de los pueblos indígenas

En la asamblea de la ONU, el nuevo responsable de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein quiso dar la nota con una posición ultra reaccionaria. Ni los países con los que quiere congraciarse fueron tan lejos: Estados Unidos votó a favor e Israel se ausentó.

En la Asamblea de la Naciones Unidas del 11 de noviembre, Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución en favor de los derechos de los pueblos indígenas presentada por Bolivia, Venezuela, Dominica, Ecuador, Liberia, México y Paraguay el 22 de octubre. Es la primera votación del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Werthein, luego del desplazamiento de Diana Mondino por votar en contra del bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos. El ex embajador en Estados Unidos quiso dejar claro el cambio en la política exterior del gobierno de Javier Milei con una posición racista y colonialista, que fue incluso más lejos que los países con los que quiere congraciarse. Estados Unidos votó a favor de la resolución e Israel estuvo ausente. Otros seis países se abstuvieron: Francia, Lao, Lituania, Mali, Rumania y Eslovaquia. Te puede interesar: ChatPTS responde: ¿quién es Gerardo Werthein, el reemplazante de Mondino? El documento no estipula nuevos alcances en materia de derecho para los pueblos indígenas sino que reafirma derechos concedidos y reconocidos hasta el momento en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas e insta a los Estados a cumplirlos, reconociendo implícitamente el avasallamiento sobre los pueblos originarios. En particular se hace énfasis en el reconocimiento del “Consentimiento Libre, Previo e Informado”, en la “protección contra el Desplazamiento Forzoso”, en la “participación en proyectos de desarrollo” y en la “toma de decisiones”. Sin embargo, se establece que estos derechos se pueden cumplir de la mano de las mismas empresas y multinacionales que avasallan los territorios de las comunidades indígenas. Contra el desplazamiento forzoso, se sugiere una “ indemnización justa y equitativa” y la opción de regresar, como si comunidades y empresas negociaran en igualdad de condiciones. Así también se destaca la “participación plena, igualitaria y significativa” de las comunidades sin dar cuenta de las relaciones asimétricas de poder. Respecto al “desarrollo”, se alienta a los estados y al sector privada a “garantizar prácticas empresariales sostenibles y responsables que aborden el impacto ambiental adverso de ciertas actividades en las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas”, los mismos sectores que solo priorizan su rentabilidad por sobre cualquier otra valoración socioambiental. Como es habitual en este tipo de Asambleas no se discute los verdaderos alcances sustanciales de las políticas formales y está claro que esta declaración no va a cambiar la situación de resistencia de innumerables comunidades en todo el mundo. Pero el rechazo del gobierno de Milei muestra la intención de avanzar sobre los territorios indígenas sin ningún escrúpulo al servicio del capital transnacional para hacer extractivismo recargado, destruyendo el ambiente y habilitando aún más el saqueo de nuestros bienes comunes naturales. Debemos enfrentarlo en cada territorio y coordinando todas las luchas. https://www.izquierdadiario.es/Cancilleria-Argentina-es-el-unico-pais-que-voto-en-contra-de-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas

Pueblos originarios: La Provincia repudió el voto de Argentina en la ONU

A través de la Secretaría de Derechos Humanos, el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas y el Consejo Indígena de Buenos Aires condenaron el debut del canciller Gerardo Werthein en la Asamblea General de la ONU.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense emitió un comunicado a través del cual "repudio" oficialmente el votó de la Cancillería argentina en la Asamblea General de la ONU contra de una resolución que protege los derechos de los pueblos indígenas y alertó sobre la peligrosidad de estas acciones de gobierno. "En la primera intervención oficial del canciller Gerardo Werthein en la Asamblea General de la ONU, Argentina se pronunció en contra de una resolución que protege los derechos de los pueblos indígenas. La resolución, impulsada por el organismo internacional, busca garantizar el acceso a la justicia, la preservación del ambiente y la protección de las culturas y lenguas indígenas", afirma el texto del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI) de la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Consejo Indígena de Buenos Aires (CIBA). El texto aprobado en la ONU reafirma la importancia del consentimiento "libre, previo e informado en todas aquellas decisiones que afectan la vida, los territorios y tradiciones de las comunidades indígenas"; cuando, según datos del Censo 2022, más de 40 pueblos indígenas habitan en Argentina, "país que fue el único en rechazar esta resolución". "Así, el gobierno de Javier Milei niega el derecho de los pueblos indígenas a participar en decisiones sobre sus territorios. La declaración de la ONU subraya la 'urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, derivados de sus estructuras políticas, económicas, sociales y culturales, sus tradiciones espirituales, historia y filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos'", advierte el documento. Y concluye: "Desde el CPAI de la Subsecretaría de Derechos Humanos y el CIBA, repudiamos y alertamos sobre esta decisión del Gobierno nacional, reafirmando nuestro compromiso con las comunidades indígenas de la provincia, reconociendo su preexistencia, su cultura, lenguas madres y territorios". TÓPICOS RELACIONADOS #Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires#Pueblos Originarios#indígenas#Cancillería https://www.codigobaires.com.ar/2024-11-12/pueblos-originarios-la-provincia-repudio-el-voto-de-argentina-en-la-onu-238814/

Vergüenza internacional: Milei vota en la ONU en contra de los Pueblos Originarios

Pronunciamiento conjunto sobre el voto de Milei ante la ONU en contra de los Derechos de los Pueblos.

Desde la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores repudiamos enérgicamente el voto del Gobierno argentino contra la resolución de la ONU que protege los derechos de los pueblos originarios. La representación del Gobierno de Milei fue la única entre todos los países integrantes de las Naciones Unidas que en una sobreactuación de xenofobia y colonialismo rechazó un documento ampliamente consensuado que busca reconocer los derechos de los pueblos indígenas a nivel mundial y el consentimiento libre, previo e informado para los pueblos indígenas en decisiones gubernamentales que afectan sus territorios y recursos naturales. Nos avergüenza como trabajadores y trabajadoras y como herederos de las luchas anticoloniales que forjaron nuestro nacimiento como patria, este voto que no sólo va contra los derechos de tercera generación en el mundo sino que además es violatorio del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que garantiza el derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan. Por ello, esta decisión de política exterior de Milei no sólo es retrógrada sino que viola nuestra propia Constitución Nacional, ya que en ella los convenios internacionales tienen rango superior a las leyes. La resolución aprobada por la ONU, pese al vergonzante rechazo de la cancillería argentina, establece que “los pueblos indígenas deben participar plenamente en la toma de decisiones sobre asuntos que afecten sus derechos” y sostiene la relevancia de respetar sus tradiciones y conocimientos ancestrales. Hugo Godoy, Secretario General CTA Autónoma. Hugo Yasky, Secretario General CTA de las y los Trabajadores. https://ctaa.org.ar/verguenza-internacional-milei-vota-en-la-onu-en-contra-de-los-pueblos-originarios/

Saludos a las y los afrodescendientes en su día, y especialmentea los que residen en nuestra Comunidad y en Melincué

8 de Noviembre - DÍA NACIONAL DE LOS/AS AFROARGENTINOS/AS Y DE LA CULTURA AFRO

El día 8 de noviembre se celebra el Día Nacional de los/as Afroargentinos/as y de la Cultura Afro. La fecha homenajea a María Remedios Del Valle, patriota que luchó por la independencia junto a Manuel Belgrano en el Ejército del Norte La efeméride, instituida en 2013 mediante la ley 26.852, busca reconocer y visibilizar el componente afro en la cultura nacional e impulsar la participación de los afrodescendientes y africanos en todos los aspectos de la vida sociocultural En un muestreo que realizó el censo del Bicentenario de 2010, al menos 150 mil personas se auto reconocieron afrodescendientes. La propia comunidad estima que alrededor de 1.500.000 de argentinos y argentinas e inmigrantes en el país son de origen afro POR ariel araujo

16 edición de la muestra La lucha por la supervivencia de los pueblos indígenas llega a Córdoba a través del cine

La facultad de ciencias de la Educación y Psicología de Córdoba proyecta una selección de filmes sobre la situación de estas comunidades

El salón de actos de la facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido el inicio de la 16 Muestra de Cine de los Pueblos Indígenas, organizada por la Cátedra Intercultural, la Cátedra de Desarrollo Sostenible y Solidaridad, CIC-Batá y el Grupo Intercultural Almáciga. Desde hace 16 años, a través del cine y el audiovisual de los pueblos indígenas, la muestra aborda distintos aspectos de la vida de estos pueblos. En esta edición, se contemplan diversas problemáticas que enfrentan a estos pueblos, en lucha permanente por la supervivencia, pero sin renunciar a una vida mejor, según su propia visión del desarrollo y del bienestar. El programa de proyecciones se puede consultar aquí. Contenido de la muestra En la muestra, se exhibirán un total de ocho películas en las que podrá verse cómo los pueblos indígenas defienden su territorio y, cumpliendo con sus deberes sagrados, protegen a la Madre Tierra y a sus distintos habitantes, como hacen los Awá Guajá, uno de los últimos pueblos cazadores y recolectores del mundo, aislados en la selva amazónica brasileña (Ka’a zar ukyze wà - Los dueños de la selva en peligro) o cuál es la estrategia de los pueblos Kolla-Atacama de Salinas Grandes (Argentina) frente al Estado y las multinacionales para ejercer su derecho a la consulta libre, previa e informada (Kallpa Kachi – Fuerza de la Sal). Igualmente, el público conocerá también cómo defienden sus culturas distintos pueblos que la están perdiendo por un contacto invasivo y abusivo con la sociedad capitalista: la defensa de su lengua, en peligro de extinción, de los mapoyo/wanai (Yaponi. El nido de la lengua); o cómo los médicos tradicionales de los pueblos indígenas Murui Muina y Muinane manejan el mundo espiritual y armonizan el material a través de las plantas sagradas (Raâ - Plantas de sabiduría para armonizar el mundo). La dialéctica pérdida-preservación de la cultura se produce de forma cada vez más acelerada, y esto podrá entenderse viendo Keradó, la historia de Chidima, una pequeña niña Embera Katio que descubre los tesoros de su cultura; o el cortometraje Waorani, que nos habla de la pérdida de las costumbres y raíces del pueblo indígena Waorani (Ecuador). Pero también se podrán conocer las nuevas realidades que enfrentan las y los indígenas más jóvenes, a través de la historia de Mónica Chub, una mujer trans maya del pueblo Q´eqchi´ (Guatemala), que se narra en Ixim – Maíz. Los indígenas de Xingu (Brasil), observan las terribles consecuencias del cambio climático (¿Para dónde se fueron las golondrinas?) y, como nosotros, se preguntan por el futuro de las personas más jóvenes. Pero, además de dudas ante el futuro incierto, de luchas por sobrevivir y preservar el territorio, los pueblos indígenas tienen claves acerca de la relación con la naturaleza que nos permiten albergar esperanzas ante la crisis climática, económica y humanitaria en que nos hallamos inmersos. Lo colectivo, lo comunitario, lo sostenible y el respeto por las personas y por la vida antes que por el dinero y el poder son parte de la visión indígena de la que todavía podemos aprender para, como decía Joan Baptista Humet, “burlar ese futuro que empieza a ser seguro en ti”. Participación de la comunidad académica La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UCO, Sara Pinzi, dio la bienvenida al estudiantado y personas que se acercaron a visionar las primeras proyecciones, animándolos a participar en este tipo de actividades que completan y enriquecen su cv académico, fomentando el compromiso social del estudiantado. En la inauguración, el director de la Cátedra de Desarrollo Sostenible y Solidaridad, Guillermo Palacios Rodríguez, ha agradecido la “colaboración sólida y continua” del consistorio cordobés con las actividades de la Cátedra y el coordinador general de Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba, Juan Rafael Martínez Carrasco, ha destacado la utilidad de las actividades conjuntas que ambas instituciones llevan a cabo en materia de desarrollo sostenible y solidaridad. Adaptación al cambio climático El representante de CIC-Batá, Rafael Cantero, ha puesto en valor la relación de los pueblos indígenas con la naturaleza, destacando lo que podemos aprender de estas sociedades en su capacidad de adaptación al cambio climático. Por su parte, la directora de la Cátedra Intercultural de la UCO, Mercedes Osuna Rodríguez, y la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, Natividad Adamuz Povedano, han destacado la diversidad y riqueza cultural de estos pueblos, cuya problemática está muy invisibilizada. Te puede interesar Este año, la invitada es Nelly Kuiru o Moniya (nombre tradicional). Pertenece al pueblo indígena Murui Muina de la amazonia colombiana. Delegada por la Macro Amazonía de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas. Es impulsora y coordinadora del proceso de la Escuela Ka+ Jana Uai (La voz de nuestra imagen), primera escuela de comunicación propia de la Amazonía Colombiana. Ha participado en producciones audiovisuales vinculadas a Canal Trece y Netflix. Raâ - Plantas de sabiduría para armonizar el mundo, historia que hace parte de la Serie El Buen Vivir – Temporada 1, 2019. Actualmente es la Coordinadora General de la Coordinadora Latinoamérica de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas (CLACPI). La muestra recorrerá diversas sedes universitarias hasta el próximo 13 de noviembre. https://www.diariocordoba.com/cultura/2024/11/06/lucha-supervivencia-pueblos-indigenas-llega-111435247.html

Detenidos por no llevar DNI: un grupo de hip hop fue demorado cuando ensayaba en una plaza

Jóvenes artistas de la comunidad Qom se preparaban para un festival del programa provincial Nueva Oportunidad. Cuatro terminaron tras las rejas Por Martín Stoianovich

Barrio Originario Underground es un grupo de hip hop integrado por ocho jóvenes de la comunidad Qom que reside en el barrio Toba de la zona sudoeste de Rosario. Surgieron en 2016 y desde 2020 forman parte de la BT Crew, un colectivo de artistas nacido desde el programa provincial Nueva Oportunidad. En ese marco institucional se juntan dos veces por semana, mientras que otros dos días se reúnen en el playón del barrio a practicar. Como dice Cristian, uno de sus integrantes, lo hacen "para ir tomando ritmo y cada vez que toque ir a un evento salir bien pulidos". Esta podría ser la historia del grupo y su desarrollo artístico, pero por estos días la inquietud de sus miembros pasa por un episodio que ocurrió hace unos días en su barrio. Ensayaban en un playón municipal cuando agentes de la policía provincial los requisaron para identificarlos y se llevaron detenidos a cuatro de los chicos por no tener DNI. Desconocidos ingresaron el sábado al comité nacional de la UCR. Tres detenidos por el ataque a la sede central de la UCR Uno de los detenidos, tucumano de 37 años, tenía pedido de captura por una causa de pornografía infantil Cuatro detenidos en inmediaciones del Gigante por el partido Aldosivi-San Martín de Tucumán >> Leer más: Maximiliano Pullaro defendió los pedidos de DNI: "Vamos a seguir con la misma política de calle" Cristian, uno de los referentes del grupo, habló con La Capital para contar lo ocurrido y sentar una postura en un contexto social y político en el que existe un aval para que la policía solicite DNI a personas en la vía pública. Un marco que alcanzó el debate judicial con fallos que niegan la inconstitucionalidad de estas medidas pero a su vez sugieren evitar detenciones por el solo hecho de que una persona no porte su documento. El gobierno provincial mantiene el respaldo a su fuerza de seguridad, a la que facultó -con una modificación del artículo 10 bis de la Ley Orgánica Policial- para la detención de presuntos sospechosos por no llevar documento. Este caso tiene otra particularidad: los chicos fueron demorados cuando ensayaban para un festival del Nueva Oportunidad, que se llevó a cabo una semana después y que el propio gobierno provincial difundió desde el área de Desarrollo Humano. Los jóvenes que forman parte de este programa inclusivo, que el gobierno provincial sostiene hace más de 10 años, conviven con la dualidad de que el mismo Estado, desde su policía, los ubique como sospechosos por no tener DNI. Detenidos por no tener DNI La juntada de los chicos de Barrio Originario Underground en el playón municipal ubicado en el cruce de las calles Aborígenes Argentinos y Qom, barrio Toba del sudoeste rosarino, generalmente es después de las 20. A esa hora la mayoría vuelve de trabajar, como Cristian, que es ayudante de plomería y por estos días se está ocupando del armado de estructuras para la Fiesta de las Colectividades. >>Leer más: Detenciones en la calle: lo que tenés que saber si la policía te pide el DNI En eso estaban el lunes 28 de octubre cerca de las 21 cuando un móvil policial llegó al playón. Los chicos pausaron el ensayo, apagaron el parlante y se dispusieron a mostrar sus DNI ante el procedimiento policial. "La mayoría de nosotros tenía DNI, pero cuatro compañeros que viven cerca de la plaza no. Salieron sin DNI porque era para ensayar y estábamos en un lugar público. Nos cortaron el ensayo y se llevaron a los cuatro", contó Cristian a La Capital. Lo que continuó, según relata este joven, es parte de uno de los trasfondos de esta problemática vinculada a las requisas policiales. La aprehensión de una persona por no llevar DNI es materia de discusión, pero no lo que ocurre desde el momento en que el presunto sospechoso es subido al móvil policial. En este caso lo que contaron los chicos es que, desde que los subieron al móvil hasta que los llevaron a la comisaría, recorrieron distintos puntos de la ciudad. Uno terminó en la comisaría 1ª del centro, los otros tres en la seccional 32ª. >> Leer más: Un camarista dictaminó que la policía no puede detener personas por circular sin documento En el camino, cuentan desde el grupo, a los tres que terminaron en la 32ª los llevaron hasta la zona céntrica de la avenida Pellegrini. "Los frenaron, los bajaron, los esposaron adelante de toda la gente como a criminales. Como para mostrar que estaban trabajando", aseguró Cristian. "En la 32ª la pasaron mal. Les decían indios de mierda, negros, que son ratas. Ellos no se defendieron, agacharon la cabeza para que no les peguen", agregó. En cuanto al joven que llevaron a la comisaría 1ª, contó que todavía no le devolvieron su celular a pesar de que fue el primer liberado porque llevaba consigo una constancia de DNI en trámite. "Es muy frustrante para él porque en el celular tiene las letras que compone, es su herramienta", contó Cristian. A los otros tres los liberaron a las 15 del día siguiente y, según les dijeron, les inciarían una causa por resistencia a la autoridad. "Nunca hubo resistencia", aseguró su compañero. "Se siente el hostigamiento" Los talleres del programa Nueva Oportunidad están destinados, en general, a jóvenes que al momento de comenzar a participar no estaban escolarizados o no tenían trabajo. No implican solo la capacitación en determinada disciplina u oficio, sino también la formación de personas con un sentido crítico sobre el presente que viven. La mayoría de integrantes del programa residen en barrios populares y están atravesados por distintas problemáticas sociales. Entre ellas la violencia urbana, con el ejemplo certero de que en los últimos años varios participantes de los talleres fueron asesinados. De ese marco surge la postura de los miembros de Barrio Originario Underground acerca de lo que les ocurrió: no consideran que se trata de un hecho aislado. "Acá como en todos los barrios bajos de Rosario se siente mucho el hostigamiento de la policía, más a los pibes", explicó Cristian. "Vienen deteniendo a chicos en la calle para mostrar que hacen su trabajo, pero no lo están haciendo bien. Nosotros somos artistas, no somos criminales. Eso es lo más frustrante, es injustificable", agregó. Una semana después de las detenciones los chicos participaron de un festival que se realizó en el mismo playón y al que acudieron unos 150 jóvenes del Nueva Oportunidad. Desde el gobierno provincial difundieron el evento y citaron las palabras de la directora del programa, Andrea Travaini: "Elegimos hacerlo en el playón del barrio Toba del oeste porque acá hay un grupo que hace hip hop, que es una referencia y nos parecía bueno poder mover al resto de los espacios a uno de los barrios de la ciudad". >>Leer más: Denuncian detenciones "sistemáticas" de personas en situación de calle o por circular sin DNI Para los chicos tuvo un valor simbólico. "Volver al playón nos resultó muy satisfactorio. Poder estar de vuelta y decir que seguimos estando acá, que no nos van a detener. Contarle al barrio lo que nos pasó y decirle a las autoridades que estaban ahí que esto no se puede volver a repetir", contó Cristian. "Estamos reclamando un respaldo al Nueva Oportunidad. Muchos pibes de distintos talleres pasaron por esto, pero nosotros lo pudimos visibilizar", agregó. Respaldo del gobierno a la policía Este jueves el gobernador Maximiliano Pullaro volvió a respaldar públicamente el trabajo de los policías que solicitan DNI en la vía pública. "Vamos a seguir trabajando con la misma política de calle porque estamos en el marco de la ley", explicó en radio LT8. El gobernador contextualizó la discusión en una problemática de seguridad pública que va más allá de hechos como el que ocurrió en el barrio Toba. "Lamento que no se llegue a comprender la magnitud del problema que tenemos. Que en una ciudad que hace un año tuvo 290 homicidio y ahora 70 no se entienda que debe tenerse un control estricto d la calle", indicó. "A una de 15 personas se la molesta para corroborar si tiene pedido de captura. Hay que detectar eso", sostuvo y aseguró: "Los controles han hecho bajar la violencia y aprehender a muchas personas con pedido de captura y tener el secuestro de armas de fuego en flagrancia récord en Rosario". En ese marco desde el Ministerio de Justicia y Seguridad informaron que este jueves, en un procedimiento de rutina de este tipo, lograron la detención de uno de los evadidos de la comisaría 16ª el pasado 13 de octubre. >>Leer más: Un juez provincial recomendó al gobierno medidas para evitar detener a quienes no llevan DNI El debate por las detenciones callejeras llegó al Centro de Justicia Penal tras una serie de presentaciones del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. En ese marco fue rechazada por el juez Rafael Coria la solicitud de que se plantee la inconstitucionalidad del artículo 10 bis de la Ley Orgánica Policial que habilita la detención sin orden judicial de personas sospechosas o que se resistan a ser identificados en la vía pública. Sin embargo dio una serie de recomendaciones para evitar demoras arbitrarias. https://www.lacapital.com.ar/policiales/detenidos-no-llevar-dni-un-grupo-hip-hop-fue-demorado-cuando-ensayaba-una-plaza-n10163004.html En la instancia siguiente, el juez Gustavo Salvador, de la Cámara Penal, definió que la policía no puede privar de la libertad a ciudadanos por no tener DNI. Según planteó en su resolución, es porque no existe una ley que oblige a las personas a circular con su el documento de identidad.

OPINOA EXIGE AL PRESIDENTE DEL INAI QUE GARANTICE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Las Organizaciones de Pueblos Indigenas del NOA manifiestamos preocupación por la inseguridad jurídica y desamparo sistemático en que se encuentran las Comunidades Indígenas Preexistentes, por lo que solicitamos al presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Claudio Avruj, que garantice los derechos de los Pueblos Indígenas; como asi tambien abrogar la Resolución 53/2024 y Resolución 40/2024 por ser inconsultas y violatorias a los derechos constitucionales y tratados internacionales; instamos al INAI poner en funcionamiento al Consejo de Coordinación Indígena creado por Ley 23302 y su decreto reglamentario 155/89; de la misma manera solicitamos mantener la vigencia de Ley de emergencia 26160 que suspende los desalojos en Comunidades Indígenas Preexistentes en la Republica Argentina; como así también realizar la elección de CPI en la brevedad a taves de asamblea de cada Pueblo Indígena. DENUNCIAMOS que el genocidio continua a través del DNU 070, Ley Bases, RIGI, Convenio con empresa mekorot, reforma de Constitución de la Provincia de Jujuy; Con estos actos de discriminación y negación queda en evidencia el incumplimiento del Estado en sus obligaciones, asumidas a través de tratados internacionales. Reivindicamos la plena vigencia de nuestros derechos reconocidos en el art 75 inc. 17 de la Constitución Nacional; Convenio 169 de la OIT ratificado por Ley 24071; Declaración Universal de la ONU y Declaración Americana sobre los derechos de los Pueblos Indígenas; reafirmando el derecho a la autodeterminación y al territorio. A 30 años de la Reforma de la Constitución Nacional, es hora de que el Estado asuma la deuda histórica y la instrumentación de una ley especial de protección a la Propiedad Comunitaria Indígena; considerando que en el 2.020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, intimo al Estado Argentino en sentencia de Lhaka Honnat a otorgar el título de propiedad Comunitaria a las Comunidades Indígenas sobre su territorio. “POR EL BUEN VIVIR Y UN ESTADO PLURINACIONAL” JALLALLA!! CHAYNA KACHUN!! YASURUPAI!! POR:OPINOA

“Nos persiguen por pelear por nuestro territorio

El Secretario de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA provincia de Santa Fe, Luis Báez, denunció la persecución por parte de la Municipalidad de Rosario luego de ser citado por la justicia por reclamar por tierras y viviendas dignas para las comunidades. “El gobierno municipal nos denuncia por usurpación teniendo de por medio una mesa de diálogo que estaba programada con la referente de pueblos originarios de dicha gestión. Hoy nos encontramos con una citación imputativa”, explicó Báez esta mañana frente al Ministerio Público de la Acusación, en lo que definió como un gesto de amedrentamiento. “Llevamos décadas reivindicando nuestro territorio, mientras ellos están incumpliendo el reconocimiento de esas 32 hectáreas que nos pertenecen como comunidad en la zona oeste de Rosario. Nos denuncian por acompañar a las familias que están exigiendo esos terrenos. Es una persecución política. El Estado nos persigue por pelear por nuestro territorio”, agregó. Finalmente el dirigente remarcó que tomarán las medidas necesarias “para defender sus derechos y ser reconocidos por el municipio y la sociedad como la indianidad de una ciudad que nos quiere desconocer”. https://ctasantafe.ar/nos-persiguen-por-pelear-por-nuestro-territorio/

Huerta Taigoye Alfredo González maestro de la escuela taygoye 1344

Nos muestra algunas fotos de la huerta dé la escuela juntos con los chicos de la misma escuela Lechuga espinaca Aselga Remolacha Rucula Zanahoria Papa Batata Borraja Calendula Y más siembras Con los Alumnos de 6 to grados En la huerta Turno Mañana

POR:alfredo gonzalez

Fueron sobreseídos los mapuches juzgados por la usurpación de terrenos comprados por Ginóbili

Las siete personas acusadas por la ocupación de terrenos en Villa La Angostura que habían sido adquiridos por el ex basquetbolista fueron sobreseídos hoy El juez afirmó que la acción penal está extinguida, y apuntó a la justicia civil como vía para encontrar una solución al pleito.

En un giro inesperado para muchos de quienes vienen siguiente el caso, siete integrantes de la comunidad mapuche Paicil Antriao fueron sobreseídos de la acusación de usurpación de terrenos en Villa La Angostura, que había sido planteada por el exjugador de básquet Manu Ginóbili, propietario de las tierras en cuestión. En una audiencia que tuvo lugar este jueves por la mañana, la fiscalía no logró convencer al juez Ignacio Pombo de la necesidad de continuar con el proceso penal. En cambio, Pombo avaló el pedido de sobreseimiento presentado por el abogado defensor, Luis Virgilio Sánchez, argumentando que la acción penal estaba extinguida y sugiriendo que las partes buscaran una solución a través de la justicia civil. El Juez detalló que el delito de usurpación prescribe a los 3 años, y el plazo de este caso se halla excedido, ya que el delito de usurpación fue cometido en 2018. “Comprendo que esta decisión no les brinda respuesta satisfactoria a los querellantes, que llevan más de 5 años esperando respuesta de la justicia penal, pero debo aclarar que esto es lo que la ley manda. Si se vencen los plazos, debe adoptarse la desvinculación”, afirmó el juez Pombo en la fundamentación de su decisión. La acusación inicial del Ministerio Público Fiscal (MPF) sostenía que los integrantes de la comunidad mapuche habían ocupado terrenos de manera ilegal, y que debían ser juzgados por usurpación. El juicio estaba programado para comenzar el próximo 16 de diciembre. Sin embargo, la defensa argumentó que los plazos del proceso penal habían vencido y que la acción penal estaba prescripta. “No se puede usurpar lo que nos pertenece”, había afirmado hace poco más de un mes el lof Paicil Anciao, en un artículo de elDiarioAr, donde afirmpo que Ginóbili había sido “estafado en su buena fe”. Doce hectáreas de las 625 que el Estado nacional le reconoció a esa comunidad a principios del siglo XX, son las que están en el centro de la polémica: el ex basquetbolista Emanuel Ginóbili presentó una denuncia por usurpación y amenazas contra siete personas, y cerró así una instancia de diálogo que buscaba una salida negociada al conflicto originado en 2004. Aquel año Ginóbili compró el lote de la ladera del cerro Belvedere, en Villa La Angostura, Neuquén, desconociendo la presencia ancestral de la Paicil Antriao, lof que utilizaba el territorio para el pastaje de vacas y ovejas. “Es parte de la veranada, donde las familias llevan sus animales. Eso demuestra la ocupación tradicional del lugar por parte de nuestra comunidad, y así fue reconocido por la provincia de Neuquén en el relevamiento realizado”, explicó a elDiarioAR Tino Nawel, werkwen (vocero) de la comunidad. La comunidad Paicil Antriao reúne a unas 70 familias y casi 200 personas, que se encuentran dispersas en “diferentes porciones” a los que “nos fue arrinconando el avance inmobiliario”, plantea el werken. Así, de las 625 hectáreas originales, hoy las familias se asientan en un total de 125 hectáreas. En la década del ’90, con la presión ejercida por la migración interna en Villa La Angostura, la venta indiscriminada de lotes y el desarrollo de obras de infraestructura como el pavimento, la situación “nos fue corriendo” y se generaron numerosos conflictos. elDiarioAR