Brasil crea Comisión contra la Covid para los pueblos indígenas

Son al menos 115 las comunidades indígenas que se encuentran aisladas por el virus. El Consejo Nacional de Secretario de Salud (Conass) de Brasil confirmó este martes la creación de una Comisión contra el coronavirus en pueblos indígenas, la cual contó con la aprobación del presidente Bolsonaro, quien desde hace dos años niega la peligrosidad de la pandemia. LEA TAMBIÉN: Prevén intensas olas de calor en países de Suramérica Un juez del Supremo Tribunal Federal había ordenado llevar a cabo esta medida en julio del 2020 ante la expansión del virus por todo el mundo, sin embargo no fue hasta esta fecha que se creó dicha Comisión. El decreto publicado este martes asevera que el comité se encargará de adoptar medidas para la protección de los pueblos autóctonos, sobre todo los 115 que se encuentran aislados en sus comunidades. https://www.telesurtv.net/news/brasil-comision-contra-covid-pueblos-indigenas-20220111-0021.html

El INAI aprobó la restitución de restos de pueblos originarios más grande del país

En esta oportunidad, se trata de 42 restos pertenecientes a la "Comunidad Indígena Punta Querandí". Pertenecen al partido de Tigre y son reclamados desde 2009.

Fuente: Télam El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) aprobó este lunes la restitución de los restos de 42 ancestras y ancestros a la "Comunidad Indígena Punta Querandí" que habitaron donde hoy está el partido de Tigre. Esta acción se convertirá en la recuperación más grande que se concrete en el país. Se reclaman los restos desde el año 2009, más precisamente a Patrimonio de la provincia de Buenos Aires. En 2021, comenzaron con una primera etapa de restitución. En ese momento se recuperaron los primeros ocho ancestros del pedido original de 50 ancestros a la comunidad. Te puede interesar: "El pueblo comechingón pide la restitución de restos ancestrales al Museo de La Plata" Esta restitución fue en coordinación con el Consejo de Participación Indígena de la provincia de Buenos Aires el CPAI, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, el Inapl y el INAI. Terminó con el entierro de los restos en su territorio bajo los rituales ancestrales en junio y diciembre de 2021. "Cada restitución es un acto de justicia" El antropólogo coordinador del Área de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y protección de Sitios Sagrados del INAI, Fernando Miguel Pepe, expresó a Télam que "esta es la segunda etapa de un pedido de restitución que cumplió una década. En marzo del 2021 entregamos 8 ancestras y ancestros que ya están enterrados 7 de ellos en sus sitios sagrados. Y el octavo en territorio comunitario. Ahora vamos a cerrar el ciclo terminando con esta segunda etapa para dar fin a estos reclamos de años". "Cada restitución es un acto de justicia para las comunidades y un granito de maíz en la larga lucha de los pueblos originarios", destacó. "Estos restos de hombres y mujeres fueron exhumados por el arqueólogo estadounidense Samuel Lothrop, en 1925 en el Delta. Es particularmente interesante determinar que Lothrop trabajó intensamente para el servicio de espionaje de los Estados Unidos utilizando su carrera como una fachada para la labor de recolección de información estratégica en los países que recorría". Fernando Miguel Pepe - antropólogo coordinador del Área de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y protección de Sitios Sagrados - INAI "Así Lothrop fue uno de los pocos extranjeros a quienes se les autorizó conducir excavaciones en territorio argentino. Aunque aún no se desclasificaron documentos que lo involucren con su trabajo en la CIA en Argentina, sí salieron a la luz su labor durante décadas para esa agencia y otras, en otros países que visitaba como arqueólogo", detalló. Fuente: Télam

Preocupación de Charole porque la Corte dejará de intervenir en la cautelar en favor del pueblo Qom del Chaco

La legisladora provincial Andrea Charole - a través de un proyecto de resolución enviado al Legislatura - manifestó su preocupación en virtud de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejará de intervenir en la medida cautelar en favor del pueblo Qom, en el entendimiento de que no fuera de su competencia intervenir en una causa para garantizar los derechos de nuestras comunidades originarias.

Charole recordó que, ”sin embargo, fue la propia Corte la que interviniera en el año 2007 y estableciera las obligaciones para los gobiernos de Argentina y Chaco, a partir de que el Defensor del Pueblo de la Nación planteara que las comunidades Qom se encontraran en situación de emergencia extrema en la que no se respetara el derecho a la vida y a la integridad física. Violándose así los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y denunciara también que los pueblos indígenas estuvieran en situación de exterminio silencioso, progresivo, sistemático e ” ”Con el pronunciamiento de la Corte Suprema, emerge el claro apartamiento de una política pública judicial orientada a que el Estado Nacional y el Estado de la Provincia de Chaco adopten las medidas necesarias para modificar la condición de vida de los habitantes originarios de las regiones sudeste del Departamento General Güemes y noroeste del departamento Libertador General San Martín, privándolos de una tutela judicial efectiva”, agregó. En ese sentido, la legisladora insistió en señalar que, ”planteamos que debió mantenerse incólume e inalterada la intervención de la Corte Suprema de Justicia en la medida cautelar dictada a favor del pueblo Qom, porque derivan pautas concretas de protección en favor de las comunidades indígenas que actualmente continúan en situación de miseria social, sanitaria, educativa y ambiental en El Impenetrable Chaqueño, agravadas por la Covid-19”. Fundamentos Entre sus fundamentos de su proyecto de Resolución, Andrea Charole también hizo hincapié en la crítica contra el fallo dictado el 8 de abril de 2021 por la Corte Suprema de Justicia Nacional, y que expresara públicamente el Juez de Niñez, Adolescencia y Familia de Juan José Castelli – especialista en Derecho Indígena – Dr. Gonzalo García Veritá. Solicitando, además, ”el correspondiente pronunciamiento/postura que debe adoptar el Instituto del Aborigen chaqueño, el cual tiene por objetivo la defensa de los derechos de las Comunidades Indígenas en la Provincia del Chaco. Ya que, atento la gravedad del fallo de la Corte Suprema, amerita una postura sobre el tema en razón de que el IDACH tuviera un rol preponderante conjuntamente con el Defensor del Pueblo de Nación en la promoción de la medida cautelar”. https://www.chacodiapordia.com/2022/01/05/preocupacion-de-charole-porque-la-corte-dejara-de-intervenir-en-la-cautelar-en-favor-del-pueblo-qom-del-chaco/

La vieja deuda que pasa el tiempo y no se salda

La UNR publicó Salir de la emergencia, sobre la vulneración de derechos de los pueblos originarios a partir de la negación de una normativa que afectaría intereses económicos.

El Barrio Toba de zona sur. La cuarta prórroga a la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria reavivó el debate sobre una vieja deuda que el Estado nacional mantiene con los habitantes originales de este suelo, los pueblos originarios. Y en ese marco, la Universidad Nacional de Rosario editó un libro que pone de relieve estos asuntos nunca resueltos y que en lo cotidiano se traducen en la violación de los derechos humanos de esa parte de la población. Una problemática que involucra a la provincia de Santa Fe, y a Rosario en particular, donde las comunidades indígenas reanudaron este año la movilización en reclamo de legislación definitiva que las legitime en la ocupación y uso de sus tierras ancestrales ya como dueños titulares. En esta ciudad no hay tierras comunitarias, y la población qom y mocoví –también hay wichi, pilagá y mapuche, pero muy poca– que empezó a radicarse desde hace 35 años enfrenta un problema nada sencillo con sus viviendas, ocupadas a modo individual y no con sentido comunitario, como indican sus culturas. Se precisa una ley que reconozca la forma de propiedad comunitaria. El reclamo histórico de las comunidades originarias no tiene cabida entre las prioridades de las agendas parlamentarias, ni nacional ni provinciales. Data de 2006 la ley 26160, de emergencia de la propiedad comunitaria, y que obliga al Estado –esto es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)– a realizar un relevamiento territorial de cada comunidad en coordinación con los gobiernos locales. Pero esta ley es solo la antesala de lo que debería ser una legislación definitiva que consolide a los pueblos originarios en sus tierras, a salvo de los intereses económicos que los mismos estados dan calce, al autorizar desmontes, expropiaciones, explotaciones agrícolas y ganaderas. Desde entonces esa ley se viene prorrogando. El Presidente Alberto Fernández tuvo que hacerlo el 18 de noviembre a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Carlos Salamanca es investigador del Conicet y director del Programa Espacios, Políticas, Sociedades (Centro de Estudios Interdisciplinarios, Universidad Nacional de Rosario). En su prólogo del libro Salir de la emergencia (CEI - UNR) puso de relieve que 15 años después de sancionada la ley, todavía falta relevar más de la mitad del total de comunidades indígenas. Y mientras tanto, "sobre muchos territorios se ciernen amenazas de desalojos y expulsiones", bajo la presión de un modelo extractivista que prioriza el agronegocio y el monocultivo. El libro recopila una serie de conversatorios que se desarrollaron en la víspera del DNU presidencial de prórroga de la ley, entre setiembre y noviembre pasado, con personas involucradas como líderes indígenas, ambientalistas, abogados y antropólogos. Como caso testigo está el relevamiento que el INAI realizó en la comunidad Mbya Guaraní de Alecrín, en Misiones. Una experiencia que se hizo desde el Estado, y desde el Estado mismo a su vez se autorizó continuar con la deforestación en la zona. "Eso ocurre paradojalmente, el Estado hace una cosa con una mano y lo opuesto con la otra", señaló Salamanca a Rosario/12.

Desde la sanción de la Ley en 2006 se ha relevado sólo el 42% de las comunidades. Es pertinente considerar además que cuando se sancionó la legislación había menos de mil comunidades registradas y que hoy son 1.756, de las cuales 703 ya han sido relevadas, con resolución administrativa. Santa Fe es una de las pocas provincias junto con Salta, Chaco, Misiones y Jujuy, que mantiene un convenio con el INAI para avanzar en el relevamiento de comunidades. El debate apunta superar esta ley 26160 que impide los desalojos y reconoce la posesión originaria de tierras, pero falta otra legislación con la que el Estado reconozca de manera definitiva los territorios comunitarios para esta población, esto es, la necesidad de una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena que garantice la propiedad y titularidad, no solo la posesión. "Se desconoce que, como consecuencia de una práctica estructural y culturalmente arraigada de despojo, muchos indígenas en el país habitan hoy en pequeñas porciones de tierra de lo que fueron sus territorios tradicionales. Permanece una impronta etnocéntrica que invierte la carga de la prueba en la misma ley. Las comunidades indígenas, aun con la injusticia socioespacial que viven, deben demostrar que la posesión que ejercen de sus tierras es legítima", observó Salamanca en el prólogo del libro del que participaron académicos, activistas , indígenas y no indígenas de distintas organizaciones. La Constitución de 1994 incluyó el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena, estatuto clave para revertir la relación traumática que campeó siempre entre Estado y pueblos originarios. A pesar del reconocimiento normativo, y a pesar del tiempo transcurrido, el goce efectivo de los derechos territoriales sigue siendo una utopía para este sector de la población. El caso Rosario En Rosario, la Dirección de Pueblos Originarios municipal realizó un censo en 2014, y luego le hizo algunas actualizaciones. En ese entonces, contaron 6.521 personas que se declararon pertenecientes a pueblos originarios. La titular de esa repartición, Marcela Valdata, estima que esa población creció quizás un tercio y hoy contenga a unos 8500 miembros, sin contar la comunidad de paraguayos guaraníes, fuera de este registro. Aquí la lucha no es por tierras comunitarias porque no las hay como tales. Pero aunque la relación socio espacial es diferente, el sentido de comunidad persiste como identidad. Esta población sí se debe un reconocimiento del Estado al carácter comunitario de las viviendas que les han ido asignando desde que empezaron a migrar masivamente, a mediados de los '80, y que en muchos casos han terminado de pagar. "Esas tierras no están planificadas como comunitarias porque tienen viviendas de uso individual", explicó Valdata. Al poseer viviendas individuales no comunitarias hubo quienes las vendieron –muchas veces, de palabra nomás– a personas ajenas a la comunidad indígena, y allí la situación se complejiza y depara una puerta de ingreso del narcomenudeo u otras economías delictivas al barrio. El incremento poblacional superó las previsiones. Las dificultades llegan a extremos como el de la violencia institucional. Dentro de una veintena de casos de represión estatal contra el reclamo indígena en diversas provincias, se cuenta el desalojo violento que la policía hizo el 12 de junio de 2020 sobre un grupo de familias Qom y Moqoit (tobas y mocovíes) en un predio de Rouillón y Aborígenes Argentinos que pretendían ocupar para erigir allí sus viviendas y aliviar el hacinamiento que predomina en el barrio. La misma saturación registra el asentamiento de Travesía y Sorrento, al norte del emplazamiento de Juan José Paso y Sabin, el ex proyecto Sueños Compartidos. Quedaron 37 viviendas sin construir, y el terreno hoy está ocupado por un centenar de familias. "Durante el gobierno de Macri no hubo ningún acercamiento de Nación para solucionar el problema allí. Hicieron promesas nunca concretadas, y persisten las comunidades que hace casi 40 años que están en la ciudad y que nunca tuvieron inserción en planes habitacionales", señaló Valdata

. Los asentamientos urbanos y periurbanos indígenas como los barrios de Travesía y Sorrento, o Los Pumitas, o de Rouillón y Maradona, registran hoy un alto grado de hacinamiento porque las familias de origen se han multiplicado, y la inmigración desde el norte continúa. Entonces, destaca "el déficit en infraestructura y saneamiento, y la ausencia de una política clara que baje para contribuir al ejercicio de los derechos territoriales", señala el documento publicado por CEI-UNR. A nivel local, la problemática se discute en la comisión de Tierra y Vivienda del Concejo, con la presencia del Ejecutivo y doce comunidades originarias. Mientras tanto esperan desde agosto que el INAI atienda su llamado. Las familias originarias se han ido dispersando, y ya no habitan solamente los tres barrios mencionados. También residen en Industrial, Bella Vista Oeste, Villa Banana, Villa Pororó, Tío Rolo y Fontanarrosa (Zona Cero). Desde el censo de 2014, hay barrios que duplicaron su población originaria en estos siete años. "Es preciso tener certeza mayor, y saber los núcleos parentales que conforman la comunidad de Rosario", señaló la titular del área municipal. "La consecuencia de que Rosario no tenga tierras comunitarias es el desarrollo de esta población en la marginalidad, asentamiento poco urbanizados, con problemas de acceso a servicios públicos porque se han ido extendiendo en lugares donde no es posible aún una vida digna ni saludable. Y como no hay un trabajo que apunte a considerar esas propiedades como comunitarias, es que se necesita una planificación, una ley, para que las viviendas pertenezcan para siempre a la comunidad, que sean intransferibles. No hay planificación en sentido comunitario. No hay regulación para que eso sea de la comunidad y no individual", reclamó Valdata, antropóloga de profesión. https://www.pagina12.com.ar/392986-la-vieja-deuda-que-pasa-el-tiempo-y-no-se-salda

La Corte Suprema dejó de intervenir en la medida cautelar en favor del pueblo Qom del Chaco

En esta nota exclusiva para LITIGIO, el juez de Niñez, Adolescencia y Familia de Juan José Castelli y especialista en derechos indígenas, Gonzalo García Veritá, critica el fallo de la Corte Suprema de Justicia que consideró que no es de su competencia originaria intervenir en una causa para garantizar los derechos del pueblo Qom de la provincia del Chaco. Lunes, 3 de enero de 2022

Por Gonzalo García Veritá* En 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia cautelar (urgente) pedida por el Defensor del Pueblo de la Nación. Es decir, estableció una política pública judicial orientada a que el Estado Nacional y el Estado de la Provincia de Chaco adopten las medidas necesarias para modificar la condición de vida de los habitantes de las regiones sudeste del Departamento General Güemes y noroeste del departamento Libertador General San Martín. Describió la situación para poder decidir de forma urgente como de “emergencia extrema y de necesidades básicas y elementales insatisfechas” respecto de al menos el derecho a “una real y efectiva calidad de vida digna” para el ejercicio del derecho a la vida, salud, asistencia médico-social, a la alimentación, al agua potable, a la educación, a la vivienda, al bienestar general, al trabajo, a la inclusión social, “entre otros”. Resumiendo, garantizar el plan de vida digna indígena. Las medidas cautelares son medidas urgentes y provisorias, que tienden a garantizar derechos de forma rápida y efectiva. En el fallo que compartimos hoy (dictado el 8 de abril de 2021), luego de referir los informes de cumplimientos parciales del Estadol de Chaco, y del Estado Nacional, la actual Corte y luego de 15 años de trámite, entiende que “(se logró) alterar el estado de cosas que exigió la inmediata intervención de esta corte con el propósito de superar la anomia existente al momento que se asumió el trámite de esta causa”. Traduzco, a ver si me sale: el Estado cambió la forma de garantizar derechos para el bien de las comunidades indígenas y considera que no es igual hoy que al momento de hacer el pedido a la Corte. No dejo pasar que las personas no son cosas, y que el estado de cosas que refiere la corte, hoy y con enfoque de derechos humanos no puede pasar desapercibido ni debe ser soslayado, máxime a la luz de la histórica posición de sometimiento por racismo que han tenido las naciones preexistentes indígenas. No había un “estado de cosas”, eran condiciones inconstitucionales-inconvencionales de vida de las naciones indígenas. Uso el pasado porque la Corte lo usa. Solamente por eso. Ahora bien, en el fallo que compartimos, en su consideración Nº 17, la CSJN sostiene que en realidad este pedido es igual a uno que ha resuelto la entonces Jueza del Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Resistencia, la actual Jueza del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, Iride Maria Isabel Grillo, en la conocida causa “IDACH” (454/2007). Entonces, la CSJN, previo a afirmar que “la situación de miseria (sic) estructural de dichas comunidades no se ha superado completamente” sostiene que su misión, la intervención de la CSJN, está satisfecha y debe seguirse entonces en la justicia chaqueña. Finalmente la máxima autoridad judicial del país refiere que “(…)más allá de los logros obtenidos en este proceso, (…) resulta indiscutible que la dignidad de los seres humanos que padecen la situación que dio origen a las acciones referidas, exige de todos los agentes responsables la realización de las medidas coordinadas que hagan que la intervención judicial no se transforme en una mera declaración y declamación de derechos, sino en la concreta y efectiva realización de los presupuestos ineludibles para la consagración de dicha dignidad. No podrá el hombre, amparado por estos procesos judiciales, lograrla “efectivamente” si no es alimentado en la emergencia, tratado en la enfermedad, y educado para recibir los medios que le permitan conocer cuáles son los caminos y cuáles las herramientas que puede usar para salir de un estado de cosas que, solo existe, porque no se realizan políticas “concretas”, en cortos y largos plazos, que tengan como objetivo que la realidad de hoy, en un futuro cercano, no exista más.” Y que, por consiguiente: “el Tribunal se desprenderá del conocimiento de estas actuaciones”. En fin, no entiendo la lógica de la resolución, ante semejante afirmación luego decide sin más “desprenderse” de la intervención. Si la razón para hacerlo es la causa “IDACH”, ¿por qué la Corte esperó 15 años para tomar esta decisión? Ahora, sino es la causa IDACH, y es la mejora de la situación de las naciones preexistentes indígenas de Chaco ¿por qué no clausuró la medida?. Finalmente, la Corte sostiene que deberá remitirse al Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Resistencia, para que siga la intervención en el marco de la causa “IDACH”. El fallo tiene una disidencia parcial, del Juez Rosencrantz que opinó que debía enviarse al Superior Tribunal. Como fuera, la causa tiene que seguir en la provincia, porque la Corte “se desprendió” del conocimiento de la misma. En fin, la sustancia de todo este debate es la respuesta que el Estado debe darles a los pueblos indígenas en torno a la pregunta sobre cómo garantizar el plan de vida indígena. Allí la tarea corresponsable del Estado es clara: eliminar el racismo. Los derechos de los pueblos indígenas en general tensionan al Estado a un diálogo para el que no fue formado, ni creado. Exponen, visualizan, dejan a la vista la ausencia de mecanismos estatales destinados a la formulación y ejecución de políticas públicas para la interculturalidad. Aunque recurrente, y una obviedad a esta altura, no se trata de reconocer los méritos de una agencia del Estado o de un poder del Estado por sobre otro, el problema es más serio que analizar la buena o mala voluntad de quien circunstancialmente ejerce la función pública en cualquiera de los poderes públicos. Como sociedad tenemos que animarnos a promover un nuevo consenso social que incluya la necesidad de eliminar el racismo, de ponerle un fin. Para ello es muy importante darnos a la tarea de reconocerlo, hacernos cargo de lo que nos toca, y destruirlo. Es que las violencias que condensa el racismo significan pérdidas de derechos, de vidas, de libertades y de igualdades. Es claro en los aspectos vinculados a las tierras y territorios, hoy condicionados por la ausencia de la prórroga de la ley de emergencia territorial 26.160. Las tierras indígenas son indígenas porque siéndolo sostienen el plan de vida comunitario, y la misión más importante del Estado es respetar, promover, garantizar y proteger ese plan de vida. Desde la última reforma constitucional se han dado pasos importantes pero también serios retrocesos. Sobre estos últimos subrayo uno, especialmente, que hubo de pasar relativamente desapercibido en la provincia: el que sostenía que las reservas indígenas no eran aún derecho, sino una reserva para constituir derechos, y por cuanto, como no eran derecho, podía el Estado disponerlas de diversas maneras. Esta forma de interpretar el derecho, disminuyendo el valor jurídico de las reservas indígenas, es una forma de expresión del racismo. Las reservas indígenas son actos de reparación histórica del Estado, en los que reconoce la presencia de una nación preexistente en un determinado territorio. Es por ello un reconocimiento de territorialidad indígena y se encuentra reconocido en la constitución de la provincia (Art. 37 Const. Prov.), en la de la nación (Art. 75 inc. 17) y en el art. 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras normas. Ahora bien, esas “reservas” debían titularizarse. Todas, sin excepción, y durante el año 1995. No, no fue un error de tipeo. Desde entonces y a la fecha se han titulado algunas, y otras no. ¿Es importante el título de un territorio indígena? Sí. Es parte de las obligaciones que tiene el Estado de garantizar la propiedad comunitaria indígena. Un título de propiedad comunitaria indígena otorga mayor seguridad, incluida la seguridad jurídica. Es por cuanto una política pública de derechos humanos con una fuerte incidencia en la seguridad de las personas indígenas. La medida cautelar de la que la Corte se desprendió es sólo un mojón en el complejo diseño de políticas públicas para los pueblos indígenas y de cómo la corresponsabilidad en materia de derechos humanos se diluye en posiciones que prefieren formas, antes que fondo. Cuando el Estado, sus tres poderes, miran los derechos de los pueblos indígenas priorizando formas por sustancias, se genera un verdadero retraso en la efectivización de derechos. Don Carlos Benedetto sabía decirme, y no se equivocaba, que la tarea pendiente es la destrucción del racismo. En esa tarea nos tenemos que enfocar todos los poderes y agencias del Estado, y la sociedad que no puede quedar ajena a un nuevo consenso social que nos permita andar derechos siempre, reconociendo las diversidades a partir de las que, en definitiva, se construye la democracia. *Abogado, http://litigio.com.ar/2022/01/02/la-corte-suprema-dejo-de-intervenir-en-la-medida-cautelar-en-favor-del-pueblo-qom-del-chaco/

La CSJN se declaró incompetente en amparo promovido por Félix Díaz

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró incompetente para tramitar y resolver el recurso de amparo que había promovido Félix Díaz en representación de la comunidad qom de La Primavera, quien denunció una serie de irregularidades durante la construcción de un centro de salud en ese lugar.

El máximo tribunal de la Nación se pronunció a través de un fallo muy bien fundamentado, diciendo que este conflicto es ajeno a su competencia, razón por la cual ordenó la remisión de las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia de Formosa para que sea el STJ quien determine donde deberá tramitarse este expediente. La sentencia reviste singular importancia porque reivindica la facultad y autonomía que tiene el Poder Judicial de la provincia en esta materia. Además, cabe recordar que por disposición legal de la provincia los amparos son tramitados ante los juzgados del fuero Civil y Comercial de primera instancia de la Circunscripción que correspondiere. El reclamo Para llegar a la CSJN el planteo recorrió varias instancias y jurisdicciones. Comenzó ante el Juzgado Federal Nº 2, donde Félix Díaz promoció acción de amparo contra el Estado Nacional y la Provincia de Formosa y cualquier otro organismo que pudiere estar involucrado, a fin de que se les ordene la inmediata implementación de un procedimiento adecuado de consulta y participación, con consentimiento libre previo e informado de la comunidad indígena de La Primavera con relación a las políticas planeadas e implementadas en su territorio comunitario, esto es la construcción de un centro de salud, trabajos realizados por la Dirección Provincial de Vialidad en los caminos internos de su territorio y la construcción y adjudicación de viviendas en territorio comunitario por parte del Instituto Provincial de la Vivienda. Consideró que se estaban violando los derechos de los pueblos indígenas en general y, en particular, los de la Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh, y pidió la suspensión de los trabajos preparatorios para la construcción de la obra edilicia ubicada en las cercanías del Centro Integrador Comunitario, así como de los realizados por las máquinas de vialidad provincial sobre los caminos intracomunitarios y de la realización de toda obra dentro del territorio comunitario hasta tanto se haya garantizado su derecho de información, consulta y participación por medio de un procedimiento adecuado a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas. La titular del Juzgado Federal N° 2 de Formosa se declaró incompetente para conocer en las actuaciones y ordenó girarlas a la Justicia provincial. Esta decisión fue apelada por Díaz y elevada a la Cámara Federal de Resistencia, que revocó la resolución y ordenó la remisión del proceso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por considerar que corresponde a su jurisdicción originaria prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional. Que dijo la Corte Con relación al tema de la competencia, la CSJN afirma, en el fallo que lleva la firma de todos sus integrantes, que la consagración constitucional de facultades concurrentes en materia de derechos de los pueblos indígenas entre la Nación y las provincias, no solo tiene raigambre histórica, pues desde la organización nacional fueron los estados locales los que se ocuparon en primer término de las cuestiones indígenas, e incluso el proceso legislativo de reconocimiento de tales derechos tuvo su origen en las provincias que sancionaron una serie de leyes específicas, sino que además responde a los lineamientos básicos de un régimen federal equilibrado, que no puede prescindir de las múltiples y variadas realidades locales, con mayor razón en materia aborigen, por el íntimo encuentro entre los distintos pueblos y cada una de las tierras que habitan. En esta línea de razonamiento, la Corte Suprema advierte la necesidad de tener un adecuado respeto al régimen federal de gobierno que impone a los estados locales el derecho de ejercer su potestad de legislar y reglamentar, reconociendo y aceptando los respectivos estándares de referencia fijados a nivel normativa federal cuyas disposiciones constituyen una guía de contenidos mínimos a tener en cuenta por todas las provincias que integran el Estado argentino. Por otra parte, señala que el hecho de que las omisiones denunciadas en las que habría incurrido el Estado provincial, tengan influencia en las garantías que la Constitución Nacional le ha reconocido a las comunidades indígenas, no transforma a la cuestión planteada en una que pueda ser calificada como predominante o exclusivamente federal. En efecto, no solo es facultad local, sino que en orden a la previsión contenida en el art. 5° de la Ley Fundamental, también es deber de las jurisdicciones provinciales, el proveer normativas tendientes a garantizar los derechos reconocidos en la cláusula constitucional referida, desde que cada provincia debe dictar para si una constitución “de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional” y naturalmente las leyes locales necesarias para facilitar la operatividad de la garantía de los pueblos indígenas. Tras descartar la competencia originaria de la CSJN por no tratarse de una cuestión exclusivamente federal, el fallo señala que la implementación del procedimiento de consulta y participación pretendido, se vincula a actividades desarrolladas en territorio comunitario por autoridades provinciales, cuales son, la construcción de un centro de salud, los trabajos realizados por la Dirección Provincial de Vialidad en los caminos internos y la construcción y adjudicación de viviendas en territorio comunitario por parte del Instituto Provincial de la Vivienda, de tal manera que no aparece configurada la exigencia de que el Estado Nacional sea parte en sentido sustancial, y en todo caso serían los organismos provinciales respectivos los que deberían realizar las consultas pertinentes a la comunidad. La provincia cumplió Sin perjuicio de lo expuesto, la sentencia recuerda que en el marco de la causa “Comunidad Indígena Toba La Primavera – Navogoh c/ Formosa, Provincia de y otros”, la Corte resolvió en relación a la obra denominada “Construcción Centro de Salud – Colonia La Primavera – Laguna Naick-Neck – Formosa”, indicando que no se había aportado elemento alguno de juicio que recomiende impedir la continuación de la obra, máxime cuando, sobre la base de los fundamentos expuestos en esa oportunidad, se consideró que el procedimiento de consulta al pueblo interesado fue apropiado, dado que se llegó a un acuerdo con los representantes de los distintos sectores de la comunidad y se logró su consentimiento acerca de las medidas propuestas. El fallo judicial lleva las firmas del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y los demás ministros Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Fuente: https://agenfor.com.ar/

El separatismo del INDEC en el censo de población

El cuestionario del Censo Nacional de Población y Vivienda no tiene el consentimiento del movimiento indígena. La variable étnica puede tener más de una dimensión: autoreconocimiento étnico, lenguas propias de los pueblos originarios, territorio y/o hábitat, localización urbana o rural, composición parental no monogámica, etc. El diseño del cuestionario censal realizado por el equipo macrista en el INDEC goza de buena salud a dos años de la gestión del Frente de Todos. Era entendible en los dos años previos al 2020. Pero luego de la pandemia, cuando ya pasaron casi dos años y se sigue sosteniendo la misma negativa a incluir la pregunta sobre las lenguas indígenas para toda la población argentina, quiere decir que el racismo institucional sigue intacto. La pregunta de autoreconocimiento sociocultural y/o étnico tiene un error numérico. Ha incluido una lista de sesenta y cuatro (64) pueblos originarios que ninguna de las organizaciones indígenas reconoce. Por ejemplo: pueblo Inca. La propuesta de visibilización estadística para que la respuesta no quede con casilleros en blanco sino que se nombre el listado de treinta y nuevo (39) pueblos originarios la ha hecho el Tejido de Profesionales Indígenas desde 2019. El instrumento de validación estatal de la cantidad y nombres de los pueblos originarios es el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) que administra el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, por lo cual resulta al menos curioso que no coincida la lista oficial. El avance experimental realizado entre noviembre y principios de diciembre incluyó la pregunta sobre diversidad lingüística en el censo electrónico (E-Censo), pero se aplicó solo para las personas que se reconocieron miembros de pueblos originarios. Este modo niega de hecho la existencia de quienes, no siendo pueblos originarios, hablan una lengua indígena, la entienden o la aprenden. La pregunta tiene otro grave error: no capta hablantes de lenguas indígenas que no son parte de pueblos originarios, tal es el caso de lxs quichuistas en Santiago del Estero. Dichos quichuistas no se reconocen quechuas por su origen y tampoco koyas, pero hablan habitualmente la quichua (variedad regional de la lengua runasimi). La pregunta sobre las lenguas indígenas ha sido motivo de alianzas intersectoriales entre investigadores, universidades y activistas indígenas quienes han llevado adelante la recolección firmas para la campaña por la inclusión de la misma durante el presente año y han elevado el diseño de la pregunta al INDEC. Dicho apoyo popular facilitaría la vía judicial, para garantizar la participación de los pueblos originarios en la etapa pre-censal y en el comité censal. El INDEC está promoviendo una política de medición poblacional separatista, ya que solo es aplicada a los pueblos originarios, segregándolos del resto de la ciudadanía argentina. Todxs lxs ciudadanxs tendrían que tener la posibilidad de afirmar en su respuesta que habla/entiende una lengua indígena. ¿Estamos en presencia de una política de racialización estadística? La pregunta sobre diversidad lingüística debe aplicarse a toda la población. Esto permitiría medir quienes hablan lenguas de señas, lenguas migrantes y lenguas indígenas. Un mundo de blancos para blancos y un mundo de indígenas para indígenas es la peor política poblacional que podría diseñarse en Argentina post pandemia, ya que niega la posibilidad de la convivencia y mutuo aprendizaje para todas las personas y culturas que vivimos en este país. * Politóloga. Mapuche. https://www.pagina12.com.ar/392108-el-separatismo-del-indec-en-el-censo-de-poblacion

Pueblos Originarios. La fortaleza mbya guaraní posibilitó el cese del desmonte en su territorio

La semana pasada diferentes comunidades de la zona se movilizaron en apoyo de Alecrin, cansada de venir sufriendo desmontes por parte de la empresa “Hijas de Juan Harriet S.A.”, que no duda en invadir el territorio mbyá guaraní de la Provincia de Misiones. Los pobladores de Alecrin, ubicada en el Departamento de San Pedro, denunciaron el día 9 que encontraron maquinaria de dicha empresa, que ya habían derribado varios árboles de gran tamaño. Los hermanos hicieron la denuncia correspondiente, exigiendo el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo que la empresa debía presentar ante el Ministerio de Ecología, a cargo del nuevo Ministro, Victor Kreiman. Fue entonces que la comunidad decidió bloquear la entrada y salida de los camiones y máquinas de la empresa, según lo expresó en un comunicado, ya “que la empresa Harriet/Larrague desmontaron de manera ilegal sin consulta previa y dentro del territorio de nuestra aldea. Somos la primer comunidad relevada por la ley 26.160 y exigimos el cumplimiento de la misma. Queremos que las autoridades del Ministerio de Ecología se hagan presentes hoy mismo para que nos aseguren que las máquinas dejarán de trabajar. Si nadie se hace presente continuaremos con el corte y aumentaremos las medidas de fuerza para ser escuchados y se haga justicia con esta injusticia que estamos sufriendo”. Y para acompañar esta firmeza de los hermanos de Alecrin, el día jueves 16 representantes de diversas comunidades de la zona se trasladaron al lugar y con su presencia dieron su apoyo. Finalmente, ese mismo día jueves, el cacique de Alecrin, junto con caciques de otras comunidades participaron de la reunión con el Ministro, el Intendente del lugar, representantes de la empresa, y varios funcionarios relacionados con el tema. Para dar más claridad a todo esto y conocer los resultados de dicha reunión o mesa de diálogo, escuchamos las palabras del cacique Sebastián Benítez y del abogado de la comunidad, José Luis Fuentes. Este último testimonio es parte de una entrevista realizada por Radio Nacional Iguazú, a quien agradecemos por dicho material informativo. https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/22/pueblos-originarios-la-fortaleza-mbya-guarani-posibilito-el-cese-del-desmonte-en-su-territorio/

Pueblos Originarios. Más de 7500 niños y niñas de la comunidad wichi padecen riesgo nutricional en Salta

El dato fue incorporado en un amparo presentado por dos asociaciones civiles contra el Estado provincial por incumplir la Ley de Salud Intercultural. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la comunidad indígena Comisión Directiva Wichí Misión La Loma de Embarcación presentaron el recurso para garantizar el cumplimiento de la ley N° 7.856 promulgada en diciembre de 2014. La sección local del diario Página 12 informó que el recurso ingresó ayer al Tribunal de Impugnación a cargo de Eduardo Barrionuevo quien deberá resolver sobre el pedido de las medidas cautelares que incluye el pedido de designación de facilitadores interculturales y la habilitación de albergues de tránsito para pacientes originarios en cada Centro de Salud de los tres departamentos en donde se declaró la emergencia sanitaria: San Martín, Rivadavia y Orán. En el escrito se incorporó la información oficial que surgió de otro amparo: en este caso el presentado por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) en el que se resaltó que, según los informes del Ministerio de Salud de la provincia, “al menos 7.543 menores de 5 años que residen en estas comunidades se encuentran en estado de riesgo nutricional”. De esos informes surge también que en los territorios de emergencia fallecieron 108 niñas y niños en 2020 y, en el transcurso de los primeros 6 meses de 2021, se registraron 64 casos. Entre los datos incorporados también resaltan los siguientes: en la provincia residen aproximadamente 500 comunidades indígenas que pertenecen a más de 14 pueblos originarios y que viven en condiciones de pobreza estructural con fuertes restricciones en el acceso al sistema de salud y a servicios básicos como el agua potable. Fuente: Cuarto https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/22/pueblos-originarios-mas-de-7500-ninos-y-ninas-de-la-comunidad-wichi-padecen-riesgo-nutricional-en-salta/

Avanza la consulta a pueblos originarios sobre el aprovechamiento hidroeléctrico del Río Santa Cruz

En la jornada de hoy, la Dirección de Patrimonio Cultural de la Cartera de Cultura de Santa Cruz, recibió a autoridades del Gobierno Nacional para tratar el proceso de consulta a los pueblos originarios sobre el aprovechamiento hidroeléctrico del Río Santa Cruz. De la reunión participó la doctora Daniela Vázquez por la Fiscalía de Estado; el secretario de Estado de Cultura, Oscar Canto; la directora de Patrimonio Cultural, Carla García Almazán; el vicepresidente del INAI, doctor Luis Pilquiman; el doctor Julián Fernández, director de Asuntos Jurídicos del organismo; y el doctor Marcelo Lezcano, coordinador de Procesos de Consulta. Según informó la directora de Patrimonio Cultural, Carla García Almazán, “en la reunión se coordinó una agenda de trabajo para llevar adelante durante 2022, en conjunto con los CPI y los representantes de los pueblos originarios de Santa Cruz”. “También se acordó, como fecha de próximas reuniones, los días 14, 15 y 16 de febrero próximo, se abordaron las temáticas establecidas a partir de las mesas de diálogo, y se estableció una estructura de tareas a fines de coordinar acciones con las comunidades”, concluyó. https://noticias.santacruz.gob.ar/gestion/ministerio-de-gobierno/cultura/item/22376-avanza-la-consulta-a-pueblos-originarios-sobre-el-aprovechamiento-hidroelectrico-del-rio-santa-cruz

Impulsan actualizar la Ley de Educación Superior para incorporar a originarios y afros

Se trata de una iniciativa de la diputada nacional Alcira Figueroa (FDT), de Salta, elaborada por la Cátedra Unesco de la Untref para incluir a grupos poblacionales que no están contempladas en la norma.

Un proyecto para actualizar la Ley de Educación Superior (LES), vigente desde 1995, busca incorporar a ese nivel de enseñanza a estudiantes de los pueblos originarios y afrodescendientes, que no fueron incluidas en la norma, lo que profundizó la "discriminación estructural" de esos sectores históricamente invisibilizados consideró este martes Daniel Mato, titular de la Cátedra Unesco de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref). La iniciativa fue presentada por la diputada nacional Alcira Figueroa (FDT), de Salta, elaborada por la Cátedra Unesco de la Untref, y cuenta con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las 57 universidades públicas del país, y del secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa. Dado que muchas universidades están ubicadas a más de 500 kilómetros de las comunidades originarias, las dificultades para acceder a la educación superior origina el desmembramiento de esos pueblos si los jóvenes emigran para proseguir sus estudios superiores. También influye, explicó Mato, la falta de becas específicas que pongan en pie de igualdad a los integrantes de estos sectores con el resto de la sociedad, lo que incluyen el respeto integral por sus culturas y costumbres. "El Estado tiene una responsabilidad enorme de promover estos procesos multiculturales". Oscar Alpa "La Ley de Educación Superior asegura derechos a personas con discapacidad, por género y orientación sexual, pero nada dice sobre los pueblos originarios y los afrodescendientes, y esto no solo es inconstitucional sino que, también, es discriminatorio", dijo a Télam Daniel Mato, titular de la Cátedra Unesco de la Untref. Mato aseguró que Argentina "está obligada por tratados internacionales incorporados a la Constitución a incorporar en la LES esta actualización" y añadió "que ellos no estén, y sí otros sectores habla de un sesgo racista en nuestra sociedad". De acuerdo al último censo, existen casi 150.000 personas afrodescendientes en el país, mientras que cerca de 955.000 personas se identifican como indígenas. Solo el 10% de los jóvenes de entre 20 y 29 años provenientes de comunidades indígenas cursa estudios de nivel superior, en comparación al 35% de la población general del mismo rango etario, según datos del Censo Nacional 2010. Los originarios que ingresan en la educación superior son muy pocos ya que muchas escuelas secundarias carecen de interculturalidad, y en las universidades "existe una vacancia en el conocimiento y cosmovisiones de los pueblos indígenas y afrodescendientes", dijo Alpa, durante la presentación virtual del proyecto. De esta forma, los esfuerzos que realizan las universidades para facilitar el acceso a estos sectores "son individuales, no hay una ley que obligue al Estado a garantizar esos derechos", detalló Mato. En 21 de las 57 universidades públicas existen algunos programas que favorecen la inclusión y sólo en dos de ellas, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) hay programas de becas específicas para estos estudiantes. En la UNNE el programa de becas existe desde el 2015, pero desde ese año hasta la fecha solo se dispusieron 60 becas para una casa de estudios superiores que agrupa a estudiantes de Chaco, Corrientes y el norte de Santa Fe. "Esto es por el desinterés de las autoridades nacionales que no están obligadas por ley a otorgar estos fondos especiales", dijo Mato, quien señaló que la Universidad Nacional de Misiones también tuvo un programa de becas, pero no pudo sostenerlo. El CIN, en su plenario de marzo pasado, reclamó la "necesaria y urgente" actualización de la LES para resolver estos problemas de vulneración de derechos en los que incurre la normativa vigente por omisión "Solo se trata que la LES se ajuste a la Constitución, no de una ampliación de derechos. Si se omite a los afros y a los originarios no se lo hace sólo por racismo sino porque no tienen capacidad de movilización", dijo Mato, y consideró que Argentina es uno de los países mas retrasados de América. Para Alpa "más allá de que es una propuesta de inclusión del sistema universitario, estamos hablando de un derecho humano universal a la educación superior y tenemos que plasmarlo, comprenderlo e incluirlo". Luego indicó que se necesita una legislación "para visibilizar estos derechos no solo en el acceso a la universidad, sino también pensarlos desde la inteculturalidad". "El Estado tiene una responsabilidad enorme de promover estos procesos multiculturales", agregó. Para la diputada Alcira Figueroa se trata de "un proyecto de necesidad y urgencia" ya que "estamos en emergencia en lo que respecta a pueblos originarios, en emergencia ambiental, en emergencia sanitaria, en emergencia de nuestra madre tierra", sentenció. "Creo que debemos recuperar la historia, la cultura, y la visión de la vida" que tienen los pueblos indígenas. "Necesitamos paradigmas nuevos que tengan que ver con la cosmovisión indígena, con el buen vivir, redescubrirnos con los saberes, las culturas, y su manera de pensar", concluyó. ETIQUETAS: UNIVERSIDAD PUEBLOS ORIGINARIOS EDUCACIÓN SUPERIOR AFRODESCENDIENTES UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO https://www.telam.com.ar/notas/202112/577838-ley-educacion-superior-actualizacion.html

Declaran patrimonio histórico al primer inmueble del IDACH y al Hotel Samuhú

A través de la ley 3504 E, presentada por la diputada del CER Andrea Charole, el Poder Legislativo declaró como patrimonio Histórico Cultural y Natural de la Provincia, al primer inmueble, sede central del Instituto del Aborigen Chaqueño (I.D.A.CH.), ubicado en Colonia Aborigen Chaco, en el marco de la ley 1400-E. Dicho inmueble no podrá ser demolido o sufrir modificaciones en su fachada original, estructura o dependencias. A su vez la normativa aprobada, autoriza al Poder Ejecutivo a la reconstrucción para la preservación o restauración en dicha edificación de avanzada para su funcionamiento o recreación cultural, como ser la creación de un salón de exposición de fotografías históricas de líderes, dirigentes indígenas chaqueños y administradores de la antigua Reducción y posterior Dirección del Aborigen e IDACH, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias de la Provincia. Asimismo, dispone que el Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaria de Cultura y la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico Cultural y Natural, lo inscribirá en el Registro Provincial como perteneciente al Patrimonio Cultural Provincial. Dicha declaración se considera como un justo y merecido homenaje a todos los trabajadores y familias que han participado desde sus comienzos y fuere un icono de la lucha por los derechos y reconocimientos indígenas. Andrea Charole destacó que “esta iniciativa fue un pedido del Idach, para declarar patrimonio al primer inmueble sede central del instituto, ubicado en Colonia Aborigen, es un patrimonio histórico de la comunidad, tenemos un informe positivo de la institución y del instituto de cultura” y agradeció “a la asociación comunitaria de Colonia Aborigen que colaboró para hacer este proyecto, a los vocales, a los ex presidentes, a la Comisión de Pueblos Originarios, a la diputada Azula, el diputado Aradas, la diputada (MC) María Elena Vargas y a la Comisión de Educación que dio debate a este proyecto”. HOTEL SAMUHÚ, PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL A propuesta del diputado Juan José Bergia, el Poder Legislativo aprobó la ley 3501 E, con ella se declaró Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia del Chaco, al edificio donde funcionara el Hotel ubicado en la localidad de Samuhú. La norma indica que el Poder Ejecutivo, a través del Instituto de Cultura del Chaco, en coordinación con el municipio de la localidad de Samuhú, dará cumplimiento a los principios y objetivos, métodos e instrumentos de actuación pertinentes para proteger y conservar el bien declarado en el artículo precedente, con la participación y el compromiso de la comunidad. “El Patrimonio Histórico Cultural y Natural constituye la herencia histórica ante las cuales, las generaciones presentes tenemos una responsabilidad irrenunciable por cuanto es el testimonio vivo de aquello que la civilización ha producido. Forman parte del patrimonio cultural todos aquellos bienes materiales e inmateriales, de interés relevante, para la construcción de la identidad de la localidad”, argumentó el autor de la propuesta legislativa. Además, precisó “es visión y responsabilidad del pueblo de Samuhú encarar el desafío de puesta en valor del circuito histórico industrial cultural del siglo pasado, reconociendo y empoderando el pasado como legado y punto de partida para recuperar la identidad pujante de los habitantes oriundos de la localidad, y así enfrentar mejor el futuro con nuevas competitividades potenciando el patrimonio local”. “El objetivo de esto es preservar el patrimonio para realizar arqueología industrial e histórica y puesta en valor de las edificaciones denominada HOTEL Samuhú para las generaciones futuras de Samuhú y el Chaco, siendo el mismo el primer shopping o centro comercial bajo un mismo techo de todo el interior provincial y no sabemos si podríamos decir de toda la provincia, no encontramos hasta ahora en Resistencia o Presidencia Roque Sáenz Peña donde todo el comercio haya estado junto en esos años del pasado. Fue inaugurado aproximadamente en el año 1947”, recordó Bergia. Además, describió que “la estructura se encuentra bastante bien conservada y se puede armar en su interior un recorrido turístico, reacondicionando los espacios y habitaciones para mostrarlos y presentarlos a los visitantes, ya que en el pasado fue el hotel más importante del interior provincial”. “Mucha gente que pasa por Samuhú habla de él con nostalgia por lo importante que fue en el pasado, muchas colectividades de inmigrantes trabajaron en Samuhú. Tiene una desconocida y rica historia, muchas vivencias, pasaron bandas y orquestas por su patio de baile. Y algunas colectividades se juntaban a festejar en ese legendario hotel” precisó y concluyó diciendo que “es necesario recuperarlo, ponerlo en condiciones y darle valor histórico cultural por la importancia que tuvo en el pasado para Samuhú, el interior de Chaco y el Norte del país”. Juan José Bergia señaló “este proyecto nace la comunidad de Samuhú que el viernes va a cumplir un nuevo aniversario, y pretende declarar patrimonio histórico cultural el Hotel tiene que ver con poner en valor al circuito histórico, y recuperar una identidad, ya que fue el primer hotel que tuvimos en el Chaco, recuperar todo eso y ponerlo en condiciones es algo que tiene en mente el municipio y toda la comunidad, por eso pido el acompañamiento poder llevar esto al municipio y decirle a esta comunidad que para nosotros no existe un pueblo chico o grande, sino un pueblo que necesita seguir creciendo o avanzando”. Su par Rodrigo Ocampo explicó que “el camino que siguió el municipio de Samuhú para declarar lo que fue esa porción de territorio que significa un desarrollo tanto de alojamientos como emprendimientos comerciales, el objetivo es poder, a partir de esta declaración, utilizar esta porción de tierra para dar un destino turístico, ambiental, para que los jóvenes tengan un lugar donde recrearse, lo que tiene que ver con recuperar la actividad turística que puede ofrecer el municipio” y agregó “cuando visite a al Intendente este proyecto daba vueltas en la Legislatura y era fundamental que tenga tratamiento para obtener recursos para garantizar que el destino de estas tierras sea para mejorar la calidad de vida”. https://www.diariochaco.com/noticia/declaran-patrimonio-historico-al-primer-inmueble-del-idach-y-al-hotel-samuhu

El INAI avanza con la implementación de los relevamientos territoriales de los pueblos originarios Tonocoté, Diaguita Cacano, Vilela, Lule Vilela, Guaycurú y Sanavirón de la provincia de Santiago del Estero

La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Dra. Magdalena Odarda, celebró la rúbrica del convenio llevado a cabo en la Provincia de Santiago del Estero junto al Ministerio de Salud provincial y las comunidades. “A través de la firma de este convenio marco de cooperación institucional se realizará la implementación y ejecución del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de comunidades indígenas, según ley nacional Nº 26.160”, explicó la funcionaria. La titular del INAI precisó además que “son 33 las comunidades indígenas que serán relevadas y pertenecen a los pueblos originarios Tonocoté, Diaguita Cacano, Vilela, Lule Vilela, Guaycurú y Sanavirón, en un plazo de 12 meses”. Odarda detalló también que “Para la rúbrica de este convenio me acompañó la ministra de Salud de Santiago del Estero, Lic. Natividad Nassif, el director de Tierras del I.N.A.I Lic. Alejandro Marmoni, el secretario de Ciencias y Tecnología Ing. Adrián Suarez, el director de Gestión Pública Ricardo Montenegro y representantes del Consejo de Participación Indígena (CPI), de los pueblos Tonocoté, Diaguita Cacano, Lule Vilela, Guaycurú, Vilela, Sanavirón y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero vía Campesina (MOCASE)”.

Durante el encuentro, la ministra Natividad Nassif agradeció la presencia de las autoridades nacionales y de los representantes de los pueblos destacando sobre todo “el trabajo mancomunado con las comunidades originarias con la que se vienen concretando los relevamientos de manera satisfactoria”. En tanto por parte de las comunidades originarias, manifestaron su beneplácito en referencia al convenio suscripto, Solita Pereyra, Tinkina del Pueblo Tonocoté; quien expresó que “la lucha por la ley se realizó de forma colectiva en el Congreso de la Nación y se logró…En ese camino transitamos las diferentes etapas del relevamiento y las cumplimos”. También hicieron uso de la palabra durante el acto Román Guerreros del Pueblo Sanavirón y Mirta Coronel del Pueblo Vilelas.

Por último la presidenta del I.N.A.I, Dra. Magdalena Odarda, expresó su satisfacción al respecto indicando que “este trabajo es el resultado de una construcción colectiva, porque hemos trabajado con las comunidades indígenas, las organizaciones y la provincia de Santiago del Estero. Es una demostración de cómo se puede trabajar en conjunto y poder llegar a una finalidad tan noble como es la aplicación de la ley N° 26.160 de relevar treinta y tres comunidades indígenas de en un plazo de ejecución previsto de 12 meses para darles dignidad, mayor seguridad jurídica a las comunidades indígenas en un momento muy difícil que es la lucha por el territorio y sus recursos”. https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-inai-avanza-con-la-implementacion-de-los-relevamientos-territoriales-de-los-pueblos

Pueblos Originarios. Salta creó la Diplomatura en Traductorado de la Lengua Wichí

A pocos meses de comenzar el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022/2032) declarado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas, nos resulta sumamente auspicioso que en la Provincia de Salta tuviera lugar la creación de la Diplomatura en Interpretación y Traducción en Lengua Wichí.

Se dicta en la Universidad Nacional de Salta, a través de su Facultad de Humanidades y cuenta con el apoyo del CONICET y diversas instituciones de la sociedad civil. Entre esas instituciones se encuentra el Consejo Wichí Lhämtes, cuyo representante, Osvaldo Segovia, celebró el resultado del esfuerzo de estudiantes y profesores que acompañaron el proceso, ya que dice que los hablantes en Wichí necesitan ser entendidos y construir una comunicación que sirva a todos porque si no los hermanos hablantes de esa lengua van a seguir fracasando ya que el español que hablan es su segunda lengua. Este proceso que lleva tiempo de gestación y fue consensuado a través de los distintos talleres y reuniones llevados a cabo por el Consejo de la Lengua Wichí junto con otras organizaciones amigas, vieron la necesidad de contar con intérpretes bilingües interculturales fundamentalmente dentro del sistema judicial. Cabe señalar que el pueblo wichí conforma el pueblo indígena mayoritario en la provincia de Salta, y está conformado aproximadamente por 50.000 personas que utilizan su lengua materna en un 95% (INDEC, 2010). Y justamente esta situación provoca una barrera para tener un adecuado acceso a la justicia, cuando ésta no se adecúa a las necesidades de los hermanos. Para contar con más información sobre este importante avance, contamos con la palabra de la abogada Cecilia Jezieniecki, Coordinadora de la Diplomatura y de Osvaldo Segovia, representante del Concejo Wichí Lhämtes, que nuclea a los hablantes wichí de las diversidades de Salta y de la provincias que se encuentran en la zona del Gran Chaco. Fuente: ANred – / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/02/pueblos-originarios-salta-creo-la-diplomatura-en-traductorado-de-la-lengua-wichi/

Pueblos Originarios Siete empresas de pueblos originarios representan a Chile en evento multicultural FOMA 2021 02/12/2021

Siete empresas chilenas, beneficiarias del Programa de Internacionalización de Pueblos Originarios de ProChile y Conadi, participaron del evento Fabrics of Multicultural Australia (FOMA) 2021, que se celebró en el Museo Marítimo Nacional de Australia, este 2 de diciembre. El evento tuvo como objetivo estimular el crecimiento económico del sector creativo y generar oportunidades comerciales bilaterales a través de la muestra de artes visuales, diseño textil y narración visual. Es en ese sentido, que por parte de Chile participaron representantes de los pueblos Aymara, Quechua, Rapa Nui y Mapuche.

Estas siete empresas chilenas, la gran mayoría lideradas por mujeres, son: Aymar Sawuri; Huenuman; Zapatería Nain; Valeria Martínez; Wiñay Marka; Yancol Diseño y Art from Rapa Nui. “Estamos orgullosas como equipo de Género y Pueblos Originarios del acompañamiento y la comunidad que estamos formando con nuestros beneficiarios. En FOMA 2021 se dieron cita siete talentosos emprendimientos de textiles, joyerías y otras disciplinas, las que por primera vez se muestran juntas en un stand de Chile en un mercado natural para proyectos indígenas como es Australia. La instancia no solo es una vitrina internacional importante, sino también un lugar de encuentro y mixturas de orígenes, colores y propuestas culturales. Estamos expectantes frente a los resultados comerciales que esta presencia pueda generar en el corto y mediano plazo”, explicó la Coordinadora Nacional de Pueblos Originarios de ProChile, Alejandra Antilef. FOMA fue establecido en 2018 por la emprendedora Sonia Sadiq Gandhi, directora ejecutiva de la empresa de eventos Gandhi Creations, para promover la diversidad del sector de las industrias creativas australianas, al tiempo que brinda la oportunidad de conectar marcas internacionales que buscan invertir y crecer en el mercado australiano. La pasarela FOMA contó con las obras de artistas cultural y lingüísticamente diversos de toda Australia, y los invitados pudieron ver la influencia creativa de las culturas en Asia, África, Europa, Medio Oriente y América Latina. Los asistentes y expositores tuvieron la oportunidad de participar en el comercio bilateral con las naciones participantes a través de la moda y la diplomacia cultural. “Estamos trabajando con 19 empresas de Pueblos Originarios a nivel nacional, lo cual nos tiene muy contentos porque hemos logrado visibilizarlos, en términos del mercado exterior y también hacer envíos de sus productos, por ejemplo, en Francia, a Nueva Zelanda, a Australia, a Colombia”, destacó la Coach del Programa de Internacionalización de Pueblos Originarios, Claudia Rojas.https://www.prochile.gob.cl/noticias/detalle-noticia/2021/12/02/siete-empresas-de-pueblos-originarios-representan-a-chile-en-evento-multicultural-foma-2021

América Indígena en Red de ALER comparte su programa "Latido Indígena" correspondiente a este jueves 02 diciembre de 2021. Producción Hugo Ramírez, Coordinación General ALER

Titulares: Región: Crónica del encuentro Internacional Abya Yala Soberana desde los Movimientos Sociales México: La alegría de inicio de la siembra en las comunidades Chile: Pueblo Williche en defensa de su espacio costero marino Paraguay: La Iglesia se pronuncia en contra de las leyes que criminalizan la lucha de campesinos que defienden sus tierras. Argentina: Leiva busca la vocalía del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco representando a los pueblos Qom, Moqoit y Wichi. Descargar Noticiero https://archivo.aler.org/s/5ZzBQcLpZ8pNFU5/download Emisiones anteriores: https://aler.org/air/latidoindigena

reclaman por el cumplimiento del fallo de la corte idh sobre las comunidades indígenas de lhaka honhat

Fue un pedido de la asamblea de caciques al titular de la Unidad para la Ejecución de la sentencia, que visitó el lugar esta semana. Le plantearon la urgencia de avanzar en los trabajos que permitan el acceso al agua, la delimitación y titulación de los territorios. Es la primera vez que las autoridades nacionales discuten con las comunidades la intervención que llevan adelante en el lugar.

Durante esta semana, funcionaries de la Unidad para la Ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos visitaron el territorio de las comunidades indígenas agrupadas en la Asociación Lhaka Honhat, en Salta, y recibieron un pedido de la asamblea de caciques, que les reclamaron por la falta de avances en las medidas contempladas en el fallo. En el escrito que entregaron las autoridades comunitarias demandaron por las obras que permitan el acceso al agua, la delimitación y titulación de los territorios y por un plan integral para que se cumpla con esa sentencia de la Corte, que reconoce la violación estatal de los derechos a la identidad cultural de la comunidad. En abril del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su sentencia a favor de las comunidades indígenas asociadas en la Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) contra el Estado nacional. En su fallo dice que los pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete) tienen derecho a su propiedad ancestral en ese territorio al norte de Salta y a un título único para las 400 mil hectáreas que abarcan los ex lotes fiscales 55 y 14, en Rivadavia. El tribunal internacional dispuso que en un plazo máximo de seis años Argentina debe, además, trasladar a la población criolla fuera del territorio, quitar alambrados, garantizar el acceso al agua y a la alimentación y la seguridad jurídica sobre el derecho de propiedad comunitaria indígena. Cabe resaltar que esta es la primera vez que el Estado crea una unidad especial para el cumplimiento de un fallo de la Corte IDH. Desde el 29 de noviembre al 1º de diciembre, les miembres de la Unidad Ejecutora recorrieron los territorios en el Departamento de Rivadavia, en la segunda visita formal desde que se dictó la sentencia. También del viaje participaron funcionaries nacionales de los Ministerios de Agricultura, Ambiente, Obras Públicas, Vivienda y Hábitat, Economía y Defensa y representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En cambio, la provincia de Salta sólo intervino en una reunión vinculada a la mesa de gestión institucional en Santa Victoria Este. Durante la visita se recorrieron diferentes zonas del territorio en las que se pueden observar las consecuencias de trabajos inconclusos. En la zona de La Puntana, por ejemplo, se construyó un pozo de agua que funcionará con energía solar, pero aún no hay detalles ni información sobre la extensión de la red de agua para su utilización. Situaciones similares ocurren con otros 12 pozos de agua cercanos. También se recorrieron las zonas a las que se mudaron las familias criollas que estaban en el lugar. Esos traslados no tuvieron colaboración del Estado ni desarrollo de la infraestructura necesaria para llevar el ganado. En la parte sur del territorio, las comunidades indígenas expusieron a les funcionaries los efectos que les generó, respecto de la falta de alimentos, la pérdida de árboles de algarroba y chañar. Es urgente que se avance con el cumplimiento de la sentencia de Lhaka Honhat. Después de 30 años de reclamos políticos y legales, las comunidades indígenas agrupadas lograron el reconocimiento de sus derechos al territorio tradicional. Pero para que eso se concrete el Estado tiene que avanzar de manera concreta con los plazos y medidas definidas en la sentencia internacional. Desde 1984 estas comunidades que reúnen más de diez mil personas reclaman el reconocimiento y la titulación de sus tierras ancestrales. Durante años se vieron forzadas a modificar sus usos y costumbres por el asentamiento de esas familias criollas. Las comunidades originarias son pescadoras, recolectoras y cazadoras. Recorren amplias extensiones de su tierra ancestral para encontrar alimentos y medicinas. Ante la falta de respuesta del Estado argentino, en 1998 la Lhaka Honhat, con el patrocinio del CELS, hizo una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2012, la Comisión dictó su informe de fondo, en el que declaró la violación de los derechos de las comunidades y dispuso las reparaciones correspondientes. El incumplimiento del Estado determinó que el caso fuera presentado en 2018 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el marco de este caso, la Corte IDH también reclamó que Argentina discuta con las comunidades indígenas del país una ley de propiedad comunitaria, que asegure el derecho a sus territorios. Aún hoy parecen existir dudas en la Argentina sobre el alcance y contenido de este derecho para los pueblos originarios. https://www.cels.org.ar/web/2021/12/reclaman-por-el-cumplimiento-del-fallo-de-la-corte-idh-sobre-las-comunidades-indigenas-de-lhaka-honhat/

Comunidades originarias de Argentina marchan en reclamo de la ley que suspende los desalojos de las tierras ancestrales

La emergencia territorial indígena venció el 23 de noviembre y fue extendida por un decreto presidencial, pero las poblaciones continúan en riesgo debido al avance de la privatización y explotación de las zonas que habitan. Las comunidades originarias de Argentina se movilizan este martes en todo el territorio nacional para exigir la prórroga de la ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena. La normativa suspende el desalojo o desocupación de tierras consideradas ancestrales y ordena a los estados nacional y provinciales hacer un estudio técnico catastral de los terrenos que habitan.

La ley fue promulgada en 2006 por 4 años, y desde entonces fue revalidada por el Congreso hasta la actualidad, ya que el plazo se venció sin que se terminara con los estudios de población. Así, la privatización y el avance sobre los territorios reclamados históricamente por los pueblos indígenas continúa abriendo conflictos, especialmente en tierras donde todavía quedan recursos naturales explotables. A pesar de los reclamos de las comunidades, el pasado 23 de noviembre caducó nuevamente la ley 26.160 sin que el Congreso llegara a prorrogarla en la Cámara de Diputados, por lo que el presidente Alberto Fernández lo hizo por decreto. Sin embargo, de esa manera la normativa presenta debilidades jurídicas que hacen que pueda ser anulada por un fallo de la Justicia. Por ello, desde hace un mes, las comunidades de todo el país han instalado un acampe frente al edificio parlamentario en Buenos Aires para exigir el tratamiento de la Emergencia Territorial, que ya tuvo media sanción en el Senado y resta ser debatida en Diputados. Se espera que la sesión clave se realice el próximo 6 de diciembre. "La situación nos obliga a quedarnos aquí para ser visibilizados. Nosotros no vamos a abandonar la lucha, porque el decreto no nos da seguridad", comenta a RT Octorina Zamora, referente wichí e integrante de la Fundación Kajianteya. Desde la vigencia de la ley, más de 700 comunidades indígenas preexistentes fueron registradas y están listas para recibir la titularidad de sus territorios comunitarios. No obstante, el conflicto se ha visto agravado en el sur del país por una serie de atentados contra propiedades privadas adjudicados a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), un supuesto grupo armado que reivindica ocupación de territorios que consideran como "históricamente mapuches" dentro del Estado argentino. Tal como ocurre en Chile, este tipo de acciones son respondidas por las autoridades con más militarización, y generan más violencia y estigmatización. Recientemente, un grupo ultranacionalista católico difundió panfletos amenazantes contra la comunidad: "Muerte a los Mapuches. Fuera de Bahía Blanca. Fuera de Argentina", dice el escrito firmado por el 'Comando de Restauración Nacional' y dirigido a la comunera Olga Curipán, según reveló Página/12. "La estigmatización que está padeciendo el pueblo mapuche en el sur del país tiene que ver con un plan sistemático, esto está premeditado y va contra todos los pueblos indígenas", dice en diálogo con este medio Néstor Jerez, cacique del pueblo ocloya de la provincia de Jujuy. Actividad en el acampe de los pueblos indígenas, frente al parlamento de la ciudad de Buenos Aires Octorina Zamora Contra la estigmatización y el exterminio Para el dirigente, con ayuda de los medios hegemónicos se quiere instalar la idea de que todos son violentos para que la sociedad de lo que hoy se denomina Argentina rechace la demanda legítima de los pueblos preexistentes: "Detrás de este plan hay un poder económico dominado por las multinacionales y los grandes poderes capitalistas no solo de Argentina, sino de toda la región, que tienen la ambición y la avaricia de seguir profundizando los saqueos sobre nuestros bienes naturales. Nosotros somos un obstáculo en su plan y por eso nos está costando tanto avanzar con la prórroga", advierte Jerez desde el acampe frente al Congreso. Octorina Zamora agrega que en la provincia de Salta hay empresarios que están esperando que caiga la ley para empezar de nuevo con los desmontes. Incluso en la ciudad de Embarcación está proyectado hacer una carretera sobre territorio indígena. "Si nosotros no protagonizamos esta lucha nos pasan por encima", señala. El histórico fallo de la Justicia argentina sobre un territorio mapuche que podría sentar precedentes y evitar desalojos por la fuerza El histórico fallo de la Justicia argentina sobre un territorio mapuche que podría sentar precedentes y evitar desalojos por la fuerza El cacique jujeño recuerda los casos de Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, Javier Chocobar y recientemente Elías Garay, fallecidos a manos de fuerzas represoras del Estado en el marco de la disputa territorial. Por eso, dice Jerez, "si esta ley no se prorroga va a haber una masacre", ya que hay dictadas varias órdenes de desalojo. "Estamos discutiendo el paradigma de la vida basada en el buen vivir de los pueblos milenarios, y del otro lado tenemos el paradigma de la muerte, con las consecuencias de las políticas que se llevan adelante a través de la explotación, la contaminación, el desequilibrio y los daños irreversibles que se provocan sobre la madre tierra, y que ya se ven reflejados en el cambio climático y el calentamiento global. Por eso decimos que esta lucha debe ser de todos", dice Jerez. Y añade: "Sabemos que la derecha históricamente nos ha negado y oprimido y nos quieren hacer desaparecer. Por eso necesitamos interpelar al campo popular. Queremos saber en qué parte de la agenda están los pueblos indígenas". Sin embargo, aclara Jerez, las comunidades originarias de Argentina necesitan dejar de ser objetos políticos y pasar a ser actores; ser visibilizados como sujeto de derecho colectivo e ir hacia la construcción de un estado plurinacional como el que existe hoy en Bolivia, donde estos sectores tienen mayor representación en la política y los órganos de poder. "Hay un proceso ya iniciado y tenemos hermanos de diferentes identidades que son representantes en las legislaturas de sus provincias. Es una semilla que va a llevar su tiempo, pero la planta ya ha nacido. Debemos estar en esos poderes para incidir y generar una transformación basada en políticas públicas interculturales". https://actualidad.rt.com/actualidad/412202-comunidades-originarias-argentina-marchar-reclamo-ley-desalojo

SOCIEDAD Inauguraron dos obras en homenaje a los pueblos originarios

En el marco del “Día del Genocidio Selk’nam” el Museo municipal presentó dos trabajos de reconocidos artistas de la ciudad, los cuales quedarán en exposición de manera permanente. RIO GRANDE.- El Museo Virginia Choquintel inauguró el pasado 25 de noviembre, en el “Día del Genocidio Selk’nam”, dos obras realizadas para homenajear a los pueblos originarios.

El subsecretario de Cultura, profesor Carlos Gómez, dijo al respecto: “En este día que es tan especial para los pueblos originarios, en que se conmemora el “Día del Genocidio Selk’nam”, desde el Museo inauguramos dos obras que encaramos hace un tiempo. Una es un busto de “Matan”, uno de los espíritus Hain, que realizó Darío Carmona que es un escultor del Atelier de Escultura, un espacio que inauguramos en el museo hace dos años para generar material artístico para el Museo. La otra obra es un cuadro en relieve que hizo Omar Hirsig, un reconocido artista de nuestra ciudad, quien realizó la portada del libro “El origen del viento”, que representa uno de los primeros contactos de un selk’nam con los barcos que traían a los españoles”. Remarcó que, “en cuanto al trabajo relacionado a los pueblos originarios, es una política que se viene llevando de parte del municipio; de respeto, de reconocimiento a nuestros pueblos originarios. El artista Omar Hirsig dijo al presentar su obra: “El cuadro está inspirado en la portada del libro “El origen del viento”, del que realicé la portada que estaba pintada. Aquí pasa a tres dimensiones. Me imaginé ese encuentro, ese avistaje de un barco, quizás aquel que le dio el nombre a la isla Tierra del Fuego, Fernando de Magallanes. Y me imagino esa impresión de ver desde el lado del pueblo originario, ver algo tan extraño como un barco. A la vez había leído en algún momento que cuando los originarios estaban de buen humor, solían pintarse todo el cuerpo con las líneas típicas con las que los conocemos y algunas veces se pintaban todo el cuerpo de rojo, que me llamó mucho la atención. hombre de dos metros pintado de rojo. Quise hacer un juego de toda esa cuestión de asombro, agregué un perro ya que solían cazar con perros y un guanaco que es su caza”. Darío Carmona, escultor del Atelier de Escultura del Museo, expresó acerca de su obra: “Esta obra es por encargo del Museo, forma parte de un grupo de tres obras que trabaje para el Día del Aborigen, pero hoy solo inauguramos una sola, las otras serán exhibidas más adelante. Es una obra realizada en porcelana fría, sobre un esqueleto de hierro con la técnica cartapesta. El “Matan”, uno de los dioses Hain, y lo que quería expresar era que está saliendo como del suelo, de la tierra, Tierra del Fuego. Como que emerge de la tierra”. Gómez citó una frase del intendente Martín Perez al inaugurar las obras: “La historia se merece una revisión y los pueblos originarios era quienes más se lo merecían”. “Con esa mirada de nuestro intendente es que realizamos todos esta especie de homenaje a nuestro pueblo originario, en este día que es bastante especial y que cuenta un capítulo de la historia que es muy triste”, expresó. “La historia se merece una revisión y los pueblos originarios era quienes más se lo merecían” “También desde el Museo tenemos a un integrante de los pueblos originarios que trabaja con nosotros, asesorándonos en la sección de pueblos originarios; así que eso es como un avance… un extra para nuestro trabajo”, agregó. Cabe mencionar que el Museo trabaja con visitas guiadas a alumnos y grupos de visitantes. “Sucede algo interesante, que los alumnos que vienen durante la semana muchos traen a sus papás el fin de semana para mostrarles lo que vivieron en el Museo”. “Era el pedido del Intendente, que en este año del Centenario, donde la historia cobró un valor tan importante, que el Museo esté a la altura de contar nuestra historia”. “Estamos contentos, un Museo que está pensado para que sea accesible, didáctico y a nivel discursivo para todos los rangos etarios que nos visitan, desde los más pequeños hasta nuestros adultos mayores”, comentó el Subsecretario. “A través del arte y nuevas expresiones artísticas el objetivo es contar nuestra historia; que es el objetivo del Museo y de la gestión municipal”, concluyó. Tags: “Día del Genocidio Selk'nam, homenaje, Museo Virginia Choquintel, Obras, pueblos originarios, Río Grande, Tierra del Fuego https://www.surenio.com.ar/inauguraron-dos-obras-en-homenaje-a-los-pueblos-originarios/

Pueblos Originarios. Asamblea de Articulación Plurinacional Regional Norte Salta moviliza a Congreso por la ley 26160 Pueblos Originarios. Asamblea de Articulación Plurinacional Regional Norte Salta moviliza a Congreso por la ley 26160

Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2021. Comunicado de Prensa de la Asamblea de articulación plurinacional regional norte Salta: En la jornada de hoy, 30 de noviembre 2021 Marcha en Capital Federal, al Congreso Nacional; y, Movilización y Cortes de Ruta en los Territorios desde las 10:30 horas. Mediante este Comunicado expresamos lo siguiente: pronta sesión de la Cámara de Diputados con tema Prorroga Ley 26160, de Emergencia Territorial Indígena, Convalidación en positivo del DNU 805 del Ejecutivo Nacional. Con Todas las Voluntades se sostiene la BIODIVERSIDAD. Los Pueblos Indígenas somos PREEXISTENTES al Estado Nacional. El estado argentino debe reconocer que cometió GENOCIDIO con los Pueblos Milenarios. Por lo tanto debe brindar una REPARACIÓN HISTÓRICA. «Los Pueblos Indigenas Milenarios somos PRE EXISTENTES a los Estados Municipales, Estados Provinciales y Estado Nacional» Asamblea de Articulación Plurinacional Regional Norte Salta -Departamentos Orán, Gral. San Martín y Rivadavia- Coordinador Plurinacional y Vocero: José Cuenca Cruz Móvil: 3873 330171 Nación Milenaria Qolla. Tartagal en Movimiento. Referente: Carlos Perez Nacion Milenaria Wichi 3873 600369 Vocero: Federico Segundo Movil: 3878 287459 Nación Milenaria Guarani Pichanal en Movimiento. Referentes: Mari Churito 3878 287459 Mónica Cantarella 3878 356758 Mirta Meriles Nacion Milenaria Wichi 3878 365157 Vocera: Liliana Bertozzi Movil: 3878 310422 Nación Milenaria Guarani. H. Yrigoyen en Movimiento. Referentes: Noemí Corrado 3878 570373 Hay de Cuñandipa 3874 832602 Salvador Mazza en Movimiento. Referente O.P.O.N.A. Lucía Ibáñez 3873 302843 https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/30/pueblos-originarios-asamblea-de-articulacion-plurinacional-regional-norte-salta-moviliza-a-congreso-por-la-ley-26160/