Culturas originarias

Pueblos originarios harán un encuentro internacional virtual

Una organización huarpe de Cuyo participará de este encuentro junto a colectividades de ocho países americanos. La organización Huarpe Pynkanta de San Luis, Mendoza y San Juan iniciará este martes un encuentro internacional virtual de pueblos indígenas (PPII) que se trasmitirá por radio y del que participarán autoridades de pueblos nación preexistentes de Argentina y de ocho países de América. El Encuentro denominado de "Voz Sol Luna", reunirá autoridades y referentes indígenas en torno a una asamblea (Tautau), para conectar "por primera vez desde este territorio nuestros sentires y decires en primera persona y plena libertad", dijo la Autoridad Tradicional del Consejo de Ancianos de la Organización Huarpe Pynkanta, Omta (jefe) Samay Pachay, Roque Miguel Gil Guaquinchay Guayama. "Cada pueblo organizará su participación con ejes como la aplicación de la ley Indígena en los distintos territorios, Educación, Salud, Desarrollo, relación con el Estado, Educación Superior, Arte y Cultura", explicó al destacar que ya cuentan con videos y trabajos escritos que serán "recreados durante el Encuentro que se extenderá durante el 21 y 22 de julio próximos".

Las autoridades de 19 pueblos nación preexistentes de Argentina y de otros ocho PPII de América intervendrán en el encuentro asambleario que será transmitido en vivo desde la FM 104.1 Radio Rebelde San Luis "para compartir en primera persona y en total libertad, un tejido internacional frente a la realidad que nos ocupa desde hace más de 500 años, con nuestras particularidades, culturas, saberes, alegrías y dolores; para poner en común nuestra vigencia en la actualidad y nuestra mirada sobre la compleja realidad que nos toca transitar". El Omta describió que uno de los motivos del encuentro es recrear las diferentes lenguas originarias "convencidos que es el mayor testimonio de resistencia a la colonización americana y que no puede ser traducida por su contenido simbólico, sino por uno de nuestros hermanos y hermanas, que la han atesorado, cuidado y difundido oralmente y a través de la vivencialidad". "Una voz –dijo- que son miles de voces, que deben ser hoy amplificadas, en el todo diverso que representa para decir: estamos vivos, vigentes, hemos resistido y continuaremos luchando por nuestros derechos, reconocidos constitucionalmente pero no aplicados efectivamente". "Lo hacemos para construir el nosotros originario, con sus multicolores manifestaciones y sus lugares comunes de habitantes de una tierra que nos sustenta, para que la voz de los pueblos originarios sea escuchada y vivenciada desde sus orígenes, con su mágica composición y amplificada sin mediaciones de ningún tipo", concluyó. https://www.elsol.com.ar/pueblos-originarios-haran-un-encuentro-internacional-virtual

¿Por qué tenemos que hablar de Napalpí?

Fue una de las masacres masivas de personas más trágicas de nuestra historia. Pero aún no es reconocida en todo el país. Este domingo se cumplieron 96 años. ¿Por qué es importante que trascienda lo que pasó aquel 19 de julio de 1924 en Chaco? ¿Cómo siguen operando aquellos discursos racistas sobre las comunidades indígenas en el presente? ¿Qué relaciones hay entre Napalpí y la estigmatización del Pueblo Mapuche o la reciente represión y tortura policial en Fontana?

Los gendarmes y la policía montada estaban al acecho. Los Qom y Moqoit reunidos en la zona de El Aguará no lo sabían. La policía rondaba la reducción desde hacía dos meses. La Gendarmería de Línea, desde hacía una semana. Sus nombres, armas y municiones quedaron registrados prolijamente en listados oficiales. Mientras tanto, el gobernador del Territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno, entablaba el supuesto diálogo con los líderes indígenas que reclamaban por las condiciones de explotación a las que eran sometidos. Pero era una trampa: al mismo tiempo que desde el Estado se proponía a las comunidades indígenas canales de negociación, se preparaban las acciones punitivas. Fórmulas del pasado y del futuro. El castigo como figura siempre omnipresente. La Masacre de Napalpí era algo que iba a suceder en algún momento. Y pasó. Centenares de Qom y Moqoit fueron asesinados el 19 de julio de 1924 por las fuerzas represivas estatales. Fue una consecuencia de las características del sistema de disciplinamiento impuesto desde el Estado y los sectores privados de la región a los pueblos indígenas.

Iba a pasar porque los asesinatos masivos sobre personas indígenas ya se habían llevado a cabo antes, en las diversas campañas militares a Pampa, Patagonia y la región chaqueña. Iba a pasar porque se continuarían repitiendo en el futuro, como en el caso de La Bomba, en Formosa en 1947, entre muchas otras. Iba a pasar porque era un lugar de confinamiento para controlar los cuerpos y someterlos violentamente al trabajo. Los cuerpos como objetos. Como meras herramientas. Iba a pasar porque esos cuerpos iban a revelarse colectivamente. Iba a pasar porque no tenían permitido ninguna acción de resistencia allí adentro. Y cuando esos cuerpos se sublevaron en la escena pública, fueron reprimidos y asesinados. La violencia en el espacio y los cuerpos La masacre se llevó a cabo en la Reducción Estatal para Indígenas de Napalpí. Un espacio de control social que formaba parte de un sistema más amplio. Un proyecto que implementó el Estado argentino en Chaco y Formosa a espejo de las que ya existían en Estados Unidos con múltiples denuncias por las consecuencias sobre las familias indígenas. Acá llegaron a coexistir cuatro reducciones. Funcionaron entre 1911 y 1956. Hubo años en los que estuvieron concentrados más de siete mil indígenas de las etnias Qom, Moqoit, Vilela, Wichí y Pilagá. Los presidentes de la Nación del momento se pronunciaban sobre las reducciones como un sistema ejemplar y exitoso para la “incorporación del indígena a la civilización”. Pero las condiciones eran otras. “Siempre palo, palo y palo. Nosotros sufrimos mucho. No teníamos ropa”, se acordaba Juan Ballesteros en Bartolomé de las Casas, lugar donde funcionó una de esas reducciones en Formosa. El “proceso de civilización del indígena” implicó el trabajo a destajo, con paga en mercadería del almacén del lugar, manejada por el propio Estado nacional, y con deudas que se acumulaban con el administrador de la reducción. La deuda como forma de disciplinamiento. Un sistema de explotación basado fundamentalmente en el desmonte de cientos de miles de toneladas de árboles nativos para proveer a la industria maderera y al propio Estado para la construcción de vías férreas. Vías que se construían abriendo picadas en monte cerrado. ¿Quiénes lo hacían? Los propios indígenas bajo control del Ejército. Las mujeres, los niños y las niñas eran sometidxs al trabajo de la cosecha y violentadxs por quienes trabajaban para la administración. Las enfermedades no tenían modo de ser curadas en las salas de primeros auxilios desabastecidas. El control era ejercido con extrema violencia. “Los indígenas eran estaqueados toda la noche como castigo”, recuerda Bernardino Paz en Colonia Aborigen, lo que antes era Napalpí.

Resistencia y represión Pero en un momento, en la Reducción de Napalpí, se llevó a cabo una acción de resistencia. Los caciques Dionisio Gómez y José Machado entre los Qom, y Pedro Maidana y la cacica Mercedes Dominga entre los Moqoit, son los nombres que lxs sobrevivientes mencionan como los referentes de la protesta. Se reunieron centenares de personas en la zona del Aguará, dentro de la reducción, para reclamar por una quita que le impusieron al precio de la cosecha del algodón, por las condiciones de salud y alimentación, por la explotación laboral y por un decreto que prohibía que puedan ir a trabajar donde quisieran, entre otras. Mientras los líderes indígenas negociaban con las autoridades estatales las fuerzas policiales se iban organizando. Entre el gobernador Fernando Centeno, el jefe de Policía Diego Ulibarrie, el comisario Roberto Sáenz Loza, el sargento Alejandro Verón y Mario Arigó, administrador de la reducción, se definió la represión. El ministro del Interior de la Nación era Vicente Gallo y el Presidente, Marcelo T. de Alvear. El 19 de julio de 1924 el Regimiento de Gendarmería de Línea y la Policía Montada avanzaron sobre las y los indígenas reunidos. La represión incluyó la utilización del avión Chaco II que despegó del Aero Club Chaco al mando del sargento Emilio Esquivel y del piloto estadounidense Juan Browis. El historiador y piloto Alejandro Covello afirma que fue justamente esa la primera vez en la historia argentina que se utilizó un avión para reprimir desde el aire a población civil. La foto del avión -que se encuentra en el Instituto Iberoamericano de Berlín- tiene al dorso una referencia escrita por Lehmann Nitsche, antropólogo alemán que estaba por esos días en Chaco: “avión contra levantamiento indígena”. Él nunca mencionará la masacre en sus futuros textos. El silencio de la ciencia. La matanza continuó los días siguientes con la policía persiguiendo a la gente por el monte. Los relatos de las personas sobrevivientes son el espanto y la crueldad. Asesinatos de niño/as y anciano/as, violaciones, mutilaciones y cuerpos quemados en fosas comunes. Quienes pudieron sobrevivir y luego contar la masacre lo hicieron escondidos en el monte durante varios días. Durante mucho tiempo, la Masacre de Napalpí fue encerrada al olvido. Un parte policial de ese mismo año clausuró la investigación. De nada sirvió el debate abierto en la cámara de diputados y el pedido de una comisión investigadora. Recién en 2004 se inició una demanda civil por Genocidio contra el Estado Nacional que aún no tiene resolución final. Y en 2014 se inició un proceso de investigación por parte de la Fiscalía Federal de Resistencia que es llevado adelante por el fiscal Diego Vigay y por el que solicita la realización de un Juicio por la Verdad considerando las normas de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. La violencia por otros medios Cuando la masacre terminó, la Reducción Estatal para Indígenas de Napalpí siguió funcionando. Incluso doce años después fueron creadas otras dos reducciones y puestas bajo el control de la Gendarmería de Línea. Quizás a modo de reconocimiento por los servicios prestados ese 19 de julio de 1924. A pesar del asesinato de cientos de personas dentro de una institución estatal realizada por sus propias fuerzas de seguridad, las reducciones para indígenas continuaron funcionando durante 32 años más. Hasta 1956. En Napalpí el control se profundizó. Se continuó con la utilización de brazaletes para diferenciar a quienes se consideraba “pacíficos” de los que no. La administración de la reducción elaboró documentos oficiales con listados que incluían el nombre y apellido de quienes se sugería expulsar y se lxs categorizaba en columnas de “concepto y observaciones”. Allí se definía a las personas como “inadaptable”, “vago”, “propagandista insidioso contra la administración”, “inepto”, entre otras. Y una definición muy explícita era: “formó parte de la sublevación”. Esta forma de marcación negativa de las personas indígenas sometidas en la reducción traía peligrosas consecuencias. Quienes eran expulsados de la reducción, lo eran a un territorio chaqueño en el que todavía operaban las fuerzas militares y en el que para transitar, al ser indígena, se requería un salvoconducto, “un papel firmado” por alguna autoridad estatal o ingenio privado. No tenerlo implicaba que ese sujeto había fracasado en el intento estatal civilizatorio. Noticias de ayer, discursos de hoy Las construcciones discursivas sobre el indígena también son centrales para comprender la Masacre de Napalpí y los discursos que circulan aún hoy con componentes racistas. Los medios de comunicación fueron centrales en la preparación de la masacre, produciendo discursos de malón y de peligro para la población blanca de los alrededores. Y luego, también lo fueron invisibilizándola. Antes de la masacre aparecían en los medios los pedidos de “acción” (léase represión) sobre los indígenas de Napalpí. Pero después de la matanza, la noticia desapareció por completo. Salvo en una edición especial, exclusivamente sobre la masacre, que realizó el diario El Heraldo del Norte un año después, en 1925. Edición que, como explica la investigadora Mariana Giordano para entender los silencios sobre Napalpí, debió hacerse desde Corrientes ya que había sido censurada por el gobierno territoriano del Chaco. Los medios de comunicación operaron a favor de los sectores económicos más importantes de la provincia relacionando el peligro de la “revuelta indígena” con “los productores”. El diario La Nación, por ejemplo, el día mismo de la masacre publicó una nota mencionando telegramas de preocupación de la Cámara de Comercio del Chaco y de la Sociedad Rural al presidente de la Nación, Marcelo T. de Alvear. El propio Ministerio del Interior de la Nación mencionó en sus memorias en relación a la masacre que “dicha reducción sufrió grave retroceso (…) indígenas traídos de distintos puntos del territorio por agitadores de profesión cometieron desmanes de todo género”. El indígena aparece como el culpable. Como el sujeto que se relaciona con “agitadores” y pone en riesgos el desarrollo económico. Más acá en el tiempo, se hizo la misma inversión con el Pueblo Mapuche, asociándolo a supuestos grupos terroristas, planteándolos como usurpadores de la propiedad privada. Definición de enemigo interno que terminó en el asesinato de Rafael Nahuel en 2017 y la represión en el Lof en Resistencia Cushamen que finalizó con la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Otra vez, como en La Nación de 1924, se mezclaron las tierras, el capital privado y el accionar represivo. La represión se asoció a una “necesidad de pacificación”, de restablecimiento de una “normalidad” que fue rota por ciertos grupos que estarían por fuera de ella. En el caso de los pueblos indígenas, esos discursos han circulado desde la propia conformación del Estado-nación y han servido como legitimadores de la violencia. De la idea de “malón” a la de “terroristas”. Y, como en Napalpí, se ocultan tras la búsqueda de “paz y seguridad”. Estos últimos meses estuvimos escuchando -en el marco de la pandemia de COVID-19- discursos sobre “indios “infectados” en el Barrio Toba de Resistencia, que los marcaban como los culpables de poner en riesgo al resto de la población. Con ese mismo grito en la boca, la policía chaqueña entró violentamente a una casa en Fontana, cuyas imágenes circularon por todos lados, para golpear y abusar de una familia. A principios de año, cuando fallecieron por desnutrición muchxs niñxs wichí en Salta, la respuesta de los funcionarios de salud de la provincia fue culpar a las propias familias por sus “costumbres”. Discursos de ayer que se continúan reproduciendo hoy y que estigmatizan, marcan y matan. Ese “indios infectados” que apareció en la represión de Fontana en junio de 2020 se retroalimenta en ese “indios revoltosos” del 19 de julio de 1924. La historia no termina Como siempre dice el historiador qom Juan Chico, haberle cambiado el nombre de Napalpí al lugar donde ocurrió la masacre y colocarle el casi genérico de “Colonia Aborigen” es un intento de borrar la historia de lo que allí pasó. La masacre de Napalpí intentó producir el disciplinamiento a través del terror. No sólo dirigido a la gente que allí vivía, sino como mensaje al resto de las comunidades indígenas de la zona. Para mostrar que una protesta se reprime. Siempre. Pero no hay modo de borrar la memoria. Y la gente siguió recordando y contando. Cada vez que algún pedazo de tierra es arado aparecen signos de la represión: se encuentran fusiles, restos óseos, como recuerda Ramón Verdán. Todavía hoy quienes aseguran que se sienten ruidos, de cadenas, de golpes. La memoria duele. Durante muchos años, como cuenta Mario Paz -comunicador de la Colonia Aborigen- los ancianos no enseñaban la lengua como una forma de protección a las nuevas generaciones. Había sido muy fuerte el castigo. Muy violento. Se había aprehendido que ser indígena podía ser peligroso. Ir a los pueblos de al lado a vender mercadería o conseguir trabajo implicaba tratar de ocultar la identidad. Recién 50 años después de la masacre comenzaron a aparecer los textos con los relatos. Muchos, por suerte. Con muchos abordajes. Con testimonios y documentos. Ya no se puede ocultar la Masacre de Napalpí. Incluso, se fueron encontrando a través de un profundo trabajo de la Fundación Napalpí, a ancianas y ancianos sobrevivientes. Melitona Enrique, Pedro Valquinta y Rosa Grilo (que aún vive en la Colonia) pudieron contar lo que vieron de niños al ocultarse en el monte. Y sus testimonios pudieron incorporarse al proceso para llevar adelante el Juicio por la Verdad. Un proceso fundamental para sentar precedentes. Igual al que está llevando adelante la Federación Pilagá por la Masacre de Rincón Bomba, en octubre de 1947. En uno de esos testimonios, Pedro Valquinta, moqoit, cuenta que también sobrevivió a la masacre de El Zapallar, Chaco, en 1933. Sobreviviente a dos masacres estatales en apenas nueve años. El proceso de memoria sobre la Masacre de Napalpí lleva muchos años y el manto de terror y silencio que se intentó imponer se fue horadando de muchas maneras. En Colonia Aborigen la cacica Mercedes Dominga tiene su monumento en la zona moqoit de la Colonia Aborigen. Y un mural pintado colectivamente en la plaza central muestra el momento en que el avión sobrevoló y disparó sobre la gente. Es la memoria de generaciones. Desde el Estado provincial, en 2008, se realizó un pedido de perdón por la Masacre de Napalpí y el tema se incluyó en la agenda pública y educativa. Ahora, se está inaugurando un memorial en la zona para recordar a los ex combatientes qom muertos en la Guerra de Malvinas y donde serán ubicadas las urnas con los restos óseos de nueve caciques que el Museo de Ciencias Naturales de La Plata restituyó en 2018. Sus esqueletos fueron exhibidos en sus vitrinas del Museo durante más de cien años, en otra violenta y cruel práctica del Estado y sus instituciones sobre los pueblos originarios de nuestro país. Aún es un desafío que la Masacre de Napalpí trascienda lo provincial y pueda ser estudiada en escuelas de todo el país. Que el 19 de julio sea una fecha que no sólo tenga significancia en Chaco. Que exceda a investigadores, comunidades, docentes, periodistas y militantes de causas indígenas. Pero son procesos que todavía, lamentablemente, encuentran fuertes resistencias. ¿Por qué no hay actos nacionales por esta masacre? ¿Por qué no está en las efemérides de todas las escuelas? ¿Por qué los medios masivos de alcance nacional no la recuerdan? ¿Cuánto de esto se explica en que fue una masacre sobre pueblos indígenas? Las lógicas negacionistas sobre el genocidio indígena en Argentina siguen siendo muy fuertes. Las prácticas y discursos racistas siguen apareciendo y las represiones en los territorios continúan a la orden del día. Para romper esas resistencias es indispensable el ejercicio de la memoria y disputar los sentidos establecidos. Ahí radica la importancia de volver a Napalpí, de volver 96 años atrás. Para encontrar cómo opera la lógica de estigmatización sobre las comunidades indígenas que luego habilita la violencia estatal y cómo eso se sigue repitiendo una y otra vez en el presente. * Marcelo Musante es Sociólogo e investigador de la UBA, integrante de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina. Escribió sobre Napalpí y Reducciones Estatales en los libros colectivos En el país de nomeacuerdo (Universidad Nacional de Río Negro) y en Historia de la Crueldad Argentina (Ediciones El Tugurio). http://www.laizquierdadiario.com/Por-que-tenemos-que-hablar-de-Napalpi

La restitución se logró en 2018 Chaco inaugura el memorial de la “Masacre de Napalpí” con los restos devueltos por el Museo de La Plata

Este domingo, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, inaugurará el memorial donde descansarán los restos de los fusilados del pueblo qom que en 2018 fueron restituidos por el Museo de La Plata. El acto tendrá lugar al cumplirse 96 años de la "Masacre de Napalpí".

Este viernes, la vicegobernadora de Chaco, Analía Rach Quiroga, encabezó el acto de traslado de las nueve urnas con los restos de los mártires de la masacre de Napalpí, que formó parte de la llamada “Conquista del Chaco”. “Se Trata de un día histórico para la provincia. Buscamos una reparación para los pueblos originarios”, aseguró la funcionaria quien despidió los restos que estaban en el hall de Casa de Gobierno para dirigirse al nuevo memorial en Napalpí. La iniciativa forma parte del proceso de reparación histórica a los pueblos originarios que comenzó con la restitución de los restos de los fusilados realizada por el Museo de La Plata en 2018. El monumento está emplazado en el sitio original donde ocurrió el crimen de lesa humanidad, un terreno de 4.800 m2 ubicado en el Lote 39 de Colonia Aborigen. Estos restos humanos formaron parte de las primeras “colecciones” del Museo de La Plata. Según el catálogo de la institución se tratan de restos atribuidos a la etnia “toba”. Entre ellos, se encuentran un hombre fallecido en el Hospital militar de Buenos Aires en 1893, un “Cacique” donado por el Luis Jorge Fontana, un joven llamado “Pichón” fusilado a los 24 años en 1887, los restos del cacique “León”, muerto en 1887 por las tropas argentinas y un Qom N.N. fusilado en 1886 en Resistencia. También se encuentran los restos de “Petizo”, fusilado en 1886 en Resistencia, el Cacique “Löwöreraik” (El Quemado), asesinado por el comisario de esa misma ciudad en 1887, y otros dos cuerpos sin identificar. “La Campaña del Chaco” se desarrolló en las últimas décadas del siglo XIX, período vinculado con los procesos de avance y control militar y político del territorio comprendido entre los ríos Pilcomayo, Paraguay, Paraná y Salado, con el exterminio de sus poblaciones aborígenes. Este proceso se inició en 1870, una vez finalizada la “Guerra del Paraguay”, se agudizó a partir de 1883 y finalizó en las primeras décadas del siglo XX. Estos fusilamientos fueron la antesala del episodio denominado como “Masacre de Napalpí” ocurrido el 19 de julio de 1924. Se trató de una matanza emprendida por el Estado sobre más de 200 miembros de comunidades qom y moqoit. En diálogo con Info BLANCO SOBRE NEGRO, el antropólogo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Fernando Miguel Pepe, aseguró: "Nos llena de orgullo acompañar desde el INAI esta reparación histórica hacia nuestras comunidades. La provincia de Chaco no es una isla y este acto se enmarca en una política de Memoria, Verdad y Justicia que desde Argentina se irradia al mundo”. Y destacó: “Es histórico, un logro de todas las comunidades que como ejemplo de resistencia tanto nos enseñan en este momento tan difícil y nos da una alegría enorme porque son muchos años de trabajo pero ahora los ‘Prisioneros de la Ciencia’ ya descansan en paz con los suyos”. Luego del entierro, Pepe participará de manera virtual de un conversatorio junto al dirigente Qom Juan Chico que lleva dos décadas denunciando la Masacre de Napalpí. El 16 de enero de 2008, a pocos días de asumir su primer mandato como gobernador, Capitanich pidió perdón en nombre del Estado a la sobreviviente de la masacre de Napalpí, Melitona Enrique. Doce años después, y tras el testimonio de la sobreviviente Rosa Grilo, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros se constituyó en querellante en el juicio por la verdad que declara a la Masacre de Napalpí como delito de Lesa Humanidad. La obra fue diseñada por Alejandro Fernández, arquitecto oriundo de Napalpí, que trazó el diseño de acuerdo a los elementos de la naturaleza, cosmovisión y reivindicación de la lucha de los pueblos indígenas. http://www.infoblancosobrenegro.com/noticias/28715-chaco-inaugura-el-memorial-de-la-masacre-de-napalpi-con-los-restos-devueltos-por-el-museo-de-la-plata

Arrancan los foros virtuales sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Se trata de unas Jornadas de Intercambio Internacional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que se llevarán a cabo del 20 al 22 de julio bajo el título: *“Derechos de los Pueblos Indígenas amazónicos en contextos de extractivismo y pandemia”. Ciudad del Vaticano “La idea de estos foros es difundir el importante informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos )CIDH) titulado “Pueblos indígenas y tribales de la Pan-Amazonia”” asegura para Vatican News Mauricio López, Secretario Ejecutivo de la REPAM, una de las redes que participará en esta iniciativa junto a la red de Universidades Jesuitas de América Latina – AUSJAL, el Consejo Indigenista Misionero, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA y una diversidad de centros sociales especializados en toda la región Pan-amazónica. Mauricio López explica que se trata de un instrumento cuya intención es la de “difundir este informe, darle a conocer, animar a su aplicación y de alguna manera permitir que organizaciones de base e instancias especializadas, académicas, centros sociales y de la Iglesia puedan sumarse y articular acciones de defensa que puedan utilizar esta jurisprudencia interamericana”. Además, tal y como se lee en la página web de la REPAM, este instrumento “tiene un valor imprescindible en este momento de pandemia, ante la situación de vulnerabilidad, exclusión y violaciones sistemática de los derechos de los pueblos originarios y comunidades tradicionales en este territorio”. “Como REPAM hemos sido partícipes de todo el proceso y queremos agradecer al CEDIB – Centro de Documentación e Información Bolivia, la APDHB – Asociación Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la CONTIOCAP – Coordinadora Nacional de Derechos de Territorios Indígenas Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas, y la Universidad Católica Boliviana – Cochabamba, que están coordinando este evento” señala. Programa y horarios Todos los paneles serán realizados a las 15 h (Colombia, Ecuador, Perú, Rio Branco-Brasil), 16 h (Bolivia, Manaus-Brasil, Venezuela), 17 h (Argentina, Brasil-Brasilia), con una duración de dos horas cada día. En toda la jornada se contará con la participación de la Relatoría para Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH. Descarga aquí la programación completa 20 julio 2020: Derechos de los Pueblos indígenas en la Panamazonía en la actual coyuntura del COVID 19. Estaremos escuchando una serie de reflexiones, orientaciones y perspectivas con el informe mencionado anteriormente, con testimonios de Brasil y Bolivia. ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/84676583544 YOUTUBE: https://youtu.be/Z2uNwIWjN8E FACEBOOK: https://www.facebook.com/CEDIBolivia/live/ 21 julio 2020: Exigibilidad de derechos de pueblos indígenas en Bolivia. Será un panel dedicado específicamente a la realidad boliviana. ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/88168751121 YOUTUBE: https://youtu.be/ujFM8vjmDIQ FACEBOOK: https://www.facebook.com/CEDIBolivia/live/ 22 julio 2020: Amenazas a Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario. Nuevamente estaremos participando como REPAM, juntamente con el CIMI – Consejo Indigenista Misionero, de Brasil, y otras instituciones bolivianas. ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/84343827679 YOUTUBE: https://youtu.be/lUJU_TqA1FA

FACEBOOK: https://www.facebook.com/CEDIBolivia/live/https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2020-07/arrancan-foros-virtuales-sobre-derechos-pueblos-indigenas-repam.html

SALTA Pueblos originarios cortan la ruta: piden obras públicas al Gobierno de Sáenz

Integrantes de comunidades guaraníes y wichís se apostaron sobre la ruta 34 en reclamo de “viviendas, baños y alguna participación de las comunidades”, según informó el cacique Modesto Rojas. Corresponsal | Salta

Desde la mañana de hoy, integrantes de comunidades originarias de Tartagal, cortan la ruta en reclamos de obras públicas al Gobierno provincial de Gustavo Sáenz. Están ubicados frente a la Refinor de la ruta 34. En comunicación con este medio el cacique Modesto Rojas, referente de la ruta 86, que se encuentra en el lugar encabezando el reclamo, sostuvo que “estamos pidiendo obras, viviendas, baños y también alguna participación de las comunidades. Como pueblos originarios nos sentimos muy abandonados por el Estado. Nosotros no estamos recibiendo nada”.

“Estamos reclamando porque provincia nos quiere dar un baño a cada comunidad y no es lo justo. En mi comunidad tengo 67 familias y me quieren dar un baño. Entonces, estamos haciendo el corte de la ruta 34 y vamos a estar cortando la ruta hasta que nos den una respuesta favorable”, manifestó. Esta no es la primera vez que las comunidades reclaman, en medio de la cuarentena, derechos básicos como es tener un baño por familia, el acceso al agua potable o el cobro de asignaciones y el Ingreso Familiar de Emergencia en tiempo y forma. En Salta, hay más de 150 asentamientos y un déficit habitacional de 72.000 viviendas dignas. http://laizquierdadiario.com/Pueblos-originarios-cortan-la-ruta-piden-obras-publicas-al-Gobierno-de-Saenz

Julio García, especialista en derecho indígena: "En los casos de violencia institucional anida una concepción racista"

El candidato a defensor del pueblo del Chaco analiza la situación de los pueblos originarios.

or Gustavo Montiel 14 de Julio de 2020 Los derechos de las comunidades indígenas son, acaso, los que avanzan con mayor lentitud de todos los colectivos históricamente invisibilizados del país. Sobre esas deudas históricas, potenciadas en este contexto de pandemia, habla el abogado, académico y jurista, Julio César García. Nacido en Las Lajas, provincia de Neuquén, hace 53 años, estudió y se recibió en la Universidad Nacional del Nordeste. Luego se radicó definitivamente en la provincia de Chaco. Con los años construyó una larga trayectoria como letrado de causas indígenas, ambientales y de derechos humanos. Especialmente en casos de familias campesinas desalojadas en Chaco, Formosa y Misiones. Litigó también en las causas sobre genocidio indígena en relación a las masacres de Napalpí (1924) y Rincón Bomba (1947). “Hace más de 25 años que soy abogado. Mi primera oficina fue una camioneta roja con la cual recorrí Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, norte de Santa Fe y Misiones, acompañando a comunidades indígenas, cuando casi no había abogados que acompañaran la causa de los pueblos originarios”, recordó, en esta entrevista con Tiempo Argentino. García también es cofundador, miembro y ex vicepresidente de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI). Entre 2016 y 2019 se desempeñó como subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Provincia de Chaco, durante la gestión encabezada por el exgobernador Domingo Peppo. Actualmente está postulado como uno de los candidatos a Defensor del Pueblo de esa provincia, cuya convocatoria a consulta pública se postergó debido a la pandemia. -¿Cuáles son las principales deudas en materia de derechos en las comunidades indígenas de Chaco? -El Chaco tiene tres pueblos indígenas: el qom, el mocoví y el wichí. Y hay tres problemas básicos. El primero es el derecho a la tierra, al territorio. El segundo el derecho a tener acceso al sistema de justicia. Esto ocurre a pesar de que la provincia incrementó la representación de pueblos indígenas dentro de la estructura del poder judicial, como empleados que cumplen una función de coordinación o articulación entre la demanda indígena y un poder que es muy conservador. La tercera cuestión tiene que ver con el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Fundamentalmente con tener salud, vivienda, hábitat. -¿Hubo cambios en la forma en la cual el Estado aborda las problemáticas indígenas? -Hoy el Estado no puede negar la realidad indígena. A partir de la reforma constitucional de 1994 y de la adhesión de Argentina a los pactos internacionales no puede invisibilizarlo. Sin embargo muchos funcionarios creen que la cuestión indígena es una cuestión meramente folklórica. Hablo en general, no solamente del Chaco. Entonces incorporan lo indígena de manera nominativa. “Tiene que haber un indígena acá, otro allá”, dicen. Pero estructuralmente no modifican el sistema. La interculturalidad tiene que ver con eso. El indígena ingresa de alguna manera al sistema, de manera formal o informal, pero empieza a discutir políticas públicas. -¿Cómo persiste la violencia institucional? -El racismo perdura. Las estructuras racistas y la discriminación perduran. En los casos de violencia institucional que existen hay una concepción racista. Esto implica que debemos profundizar las transformaciones en nuestras fuerzas de seguridad. Creo que lo leyó muy bien la Cámara de Diputados del Chaco, e inmediatamente de ocurrido uno de los últimos casos –no el único- , justamente estamos terminando de editar un libro sobre derechos humanos, pueblos indígenas y género, donde recopilamos una serie de casos referidos a crímenes y abusos con respecto a pueblos indígenas. -¿Cómo evalúa el rol que desempeña el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas? -Cambiar la constante de racismo y discriminación implica un trabajo arduo del Estado que no se puede modificar de un año para el otro o de un gobierno para el otro. Requiere de políticas públicas que tengan como eje la participación de los pueblos indígenas. Creo que el INAI, con Magdalena Odarda, ha leído muy bien eso. Ella conoce del tema y con los primeros movimientos que nosotros hemos visto entendemos que van en el sentido indicado, que es el respeto a la Constitución, convocar a todos los actores, conocer el territorio, capacitar y formar a sus cuadros técnicos. -¿Cómo impacta la pandemia en los derechos de las comunidades indígenas? -Ahí uno ve la fragilidad y las limitaciones que tiene el Estado. Necesitamos otro modelo de Estado con respecto a salud, educación, acceso al agua, al trabajo, a situaciones mínimas de bienestar general. Quizás la pandemia sea una oportunidad para encontrar ese Estado, con otro diseño. En el Gran Resistencia, la pandemia impactó en el llamado Gran Toba, que son de seis a nueve barrios indígenas, una zona histórica con nuevos asentamientos. -¿Cuáles son los ejes que considera claves para abordar las problemáticas de los derechos indígenas? -El primer eje es rescatar la institucionalidad del Estado de derecho para los sectores vulnerables. Rescatar lo que dice nuestra Constitución reformada en el año 1994, que es el real reconocimiento de determinados sujetos que han estado invisibilizados. En segundo lugar el derecho a la tierra, con una agenda global que incluya también el derecho al desarrollo, al hábitat digno, al agua, a condiciones mínimas de equidad. Necesitamos consolidar estructuras locales autosustentables. Y en tercer lugar tener en cuenta el contexto de pandemia y contribuir a la gradualidad para salir de ella, con algunas premisas básicas para que salgamos todos. Y me parece que esa ha sido la premisa de Alberto Fernández. https://www.tiempoar.com.ar/nota/julio-garcia-especialista-en-derecho-indigena-en-los-casos-de-violencia-institucional-anida-una-concepcion-racista

Carlos Vives apoya indígenas en defensa de su territorio en Caribe colombiano

Barranquilla (Colombia), 15 jul (EFE).- El cantante y compositor Carlos Vives expresó este miércoles su apoyo a las acciones legales de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la región Caribe, para defender de la minería sus territorios sagrados en el macizo montañoso. Vives expresó en una rueda de prensa virtual, en la que también participaron los líderes de las cuatro comunidades, que "hay que cuidar y proteger la Sierra Nevada de Santa Marta porque es el corazón del mundo, es nuestro lugar sagrado y porque protegerla y cuidarla es proteger todo lo que somos: el origen, nuestra identidad". "Me uno al llamado de los cuatro pueblos por la protección de la Sierra Nevada y sus lugares sagrados", agregó Vives en el video en el que mostró una hoja de papel en la que estaba escrito #1500latidos, que es el numeral con la cual hacen viral en las redes sociales la campaña de protección. La actriz colombiana Marcela Carvajal también se unió a la iniciativa y afirmó: "no podemos permitir que destruyan el corazón del mundo". EL DECRETO Durante la rueda de prensa los líderes de las cuatro comunidades indígenas se refirieron al proceso de nulidad que actualmente cursa ante el Consejo de Estado (máximo tribunal de lo contencioso en Colombia), del decreto 1500 de 2018, expedido por el anterior Gobierno y que delimita el territorio para más de 340 espacios sagrados. El secretario técnico del Consejo Territorial de Cabildo Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Jaime Luis Arias, hizo un llamado para que les "ayuden a salvaguardar y proteger no solamente" sus "sistemas de sagrados", sino también sus "ecosistemas con un alto valor cultural y ambiental". "Salvemos el corazón del mundo, porque es la permanencia de la vida para nosotros y toda la humanidad", agregó Arias. Juana Hofman, que hace parte de la Asociación Interamericana de la Defensa del Ambiente, explicó que el decreto demandado ante el Consejo de Estado "redefine el territorio ancentral de las comunidades koguis, wiwas, arhuacos, y kankuamos, considerado como territorio perteneciente a la línea negra". "Hoy existen 251 títulos mineros en la Sierra Nevada de Santa Marta y ninguna de estas actividades cuenta con la evaluación apropiada de los impactos que se han generado a partir de ellas. Esta degradación ambiental implica una afectación a la vida digna", anotó la abogada. LÍNEA NEGRA El decreto demandado redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la "Línea Negra -Sheshiza", como ámbito tradicional de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental. La demanda se fundamenta en que con la actual norma para realizar cualquier proyecto dentro del territorio, que incluye 25 municipios en tres departamentos, se tendría que realizar una consulta previa con las comunidades indígenas. Además de buscar que sean aceptados como parte en el proceso de demanda que cursa ante el Consejo de Estado, los pueblos indígenas de la Sierra Nevada exigen del actual gobierno la implementación de la norma que los reconoce como titulares de la relación de carácter espiritual, cultural y ambiental con el territorio. https://www.eldiario.es/politica/carlos-vives-apoya-indigenas-en-defensa-de-su-territorio-en-caribe-colombiano_1_6107543.html

Proponen Declarar Idiomas Oficiales A Todas Las Lenguas Indígenas

La Senadora Silvina García Larraburu presentó un Proyecto de Ley con el fin de declarar idiomas oficiales de la República Argentina a todas las lenguas pertenecientes a los Pueblos Indígenas. “Buscamos reconocer, proteger y promover los idiomas de todas nuestras comunidades y saldar una deuda histórica en materia de inclusión lingüística”. Con este propósito se crea la Secretaría o Dirección de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe y de Idiomas de Pueblos Indígenas, la misma contará con la participación de las comunidades y se le asignará una partida presupuestaria a fin de cumplir con los objetivos establecidos por la norma. Entre ellos, se destaca el derecho de los pueblos indígenas a acceder a espacios de difusión en los medios de comunicación que les permita fortalecer su idioma, cultura y cosmovisión. También se reconoce el derecho a participar en proyectos educativos interculturales que incorporen el idioma de cada comunidad en las distintas regiones del país. A su vez, se dispone que en las regiones habitadas por comunidades indígenas, se dispongan señalizaciones con los nombres de las entidades y sus dependencias en la lengua originaria. En la elaboración del proyecto participaron representantes de las distintas lenguas y del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) de Rio Negro. “Con esta ley pretendemos dar un paso decisivo en la generación de una conciencia colectiva plurinacional. Con la reforma de la Constitución de 1994 se logró reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Se garantizó el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe intercultural; entre otras reivindicaciones sociales y ambientales. La Ley de Educación Nacional sancionada en 2006 regula la Educación Intercultural Bilingüe, garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígenas a recibir una educación que contribuya a preservar su lengua, cosmovisión e identidad étnica. Este proyecto de Ley le da un marco organizativo y designa un órgano ejecutor que efectiviza derechos establecidos por leyes anteriores y la propia Constitución Argentina”, sostuvo García Larraburu. Concluyó: “Durante la década pasada diversos países de la región iniciaron procesos constituyentes que incluyeron las cosmovisiones indígenas. El caso más cercano es Bolivia. El país logró incorporar a vastos sectores sociales, previamente excluidos, al ejercicio real de la ciudadanía. Los derechos civiles se transformaron en económicos y esta población cambió sus condiciones estructurales de vida. Los indicadores socio y macroeconómicos de la presidencia de Evo Morales ratifican que el reconocimiento y la ampliación de derechos conduce a un proceso virtuoso en toda la sociedad. Con distinto sujeto histórico, el peronismo, y antes Yrigoyen, realizaron procesos similares. Debemos promover los derechos de cuarta y quinta generación. El reconocimiento lingüístico de todos nuestros pueblos se constituirá en un avance decisivo en esa dirección”. http://choiquenet.com.ar/2020/07/13/proponen-declarar-idiomas-oficiales-a-todas-las-lenguas-indigenas/?fbclid=IwAR2QK9ao-D5LpaYSjAnCL18Ynm9cPRkMs0jh7T8IiM1NJM82maQYR9lMq3U

Denuncian persecución racial y complicidad judicial en la liberación de los policías investigados por abusos

El vicepresidente del Comité contra la Tortura, Egidio García, dialogó con CIUDAD TV tras la liberación de los cuatro policías imputados en la causa que investiga el violento allanamiento en concurso legal con vejaciones ocurrido en la localidad de Fontana, cuyas víctimas son cuatro jóvenes de la etnia qom. Habló de "complicidad policial

En nombre de la sociedad civil de los pueblos indígenas de Chaco, García expresó: “Me siento embroncado, molesto por la complicidad de una jueza en la libertad de algunos miembros de la fuerza de seguridad”. “Los responsables del vejamen, la persecución racial y la tortura de los hermanos indígenas de Fontana deja que pensar porque somos un pueblo pacífico. Tengo entendido que todo miembro de las fuerzas de seguridad viene de la escuela de policía. Portan un arma, no como civiles, y es un peligro atentar contra la vida de otro ser humano. Debatimos con las comunidades indígenas sobre esta percusión racial de las fuerzas de seguridad”, advirtió. “Es más triste porque hay una jueza en complicidad en la liberación de estos personajes de las fuerzas de seguridad”, apuntó en relación a la disposición del juzgado de Garantías N°3 que encabeza la jueza Rosalía Zózzoli. Respecto del nuevo protocolo de seguridad impulsado por el gobernador Jorge Capitanich, García apuntó: “Tengo entendido que el Gobernador ha presentado un anteproyecto de ley para que se renueve el Comité de Prevención de la Tortura, donde no figuramos los pueblos indígenas. Eso también da pie a la persecución racial de los pueblos indígenas como práctica en las fuerzas de seguridad”. “Hay pactos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y esto es lo que me aflige en mi trabajo, como miembro del Comité contra la Tortura”, aseguró y añadió: “Hablo como indígena, como qom y me hago cargo de lo que digo. Hablo de la persecución racial, del hostigamiento de la policía”. http://www.chacodiapordia.com/2020/07/09/denuncian-persecucion-racial-y-complicidad-judicial-en-la-liberacion-de-los-policias-investigados-por-abusos/

Diputadas discrepan por paridad en candidaturas de pueblos originarios, seguridad a candidatas y nulidad de elecciones

Sofía García Mosqueda, del PRI y Mirza Flores, de Movimiento Ciudadano, debatieron largo y tendido en el tema

Rosario Bareño I El Occidental Discrepan las diputadas del PRI, Sofía García Mosqueda, y de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, porque no se incluye en la reforma en materia electoral la paridad en candidaturas a pueblos originarios; en la seguridad a las candidatas y en anular las elecciones. Entérate: La emecista Flores Gómez dijo que está primero el derecho a los usos y costumbres de los pueblos originarios que el derecho a garantizar la candidatura a una mujer indígena, “lo dice la Corte, no lo digo yo”, apuntó. En el tema de paridad para que 50 por ciento sean candidaturas con mayor población de pueblos originarios, propuesta de la Consejera electoral Beatriz Rangel del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) que no se incluye en la reforma, dijo García Mosqueda: “Argumenta, no ves cómo las tratan y así quieres enviarlas al matadero, cómo vamos a fortalecerlas sino están en puestos de poder para decir lo que están viviendo y desde un ayuntamiento alzar la voz”. Que debe consultarse a los pueblos originarios, es la justificación para no incluirse, porque en los pueblos originarios prevalece los usos y costumbres, “entiendo los usos y costumbres, pero lo que nunca voy a entender es que violen niñas entre compadres y no se diga nada, lo siento no estoy de acuerdo en eso. Los derechos se aplican no se consultan”. https://www.eloccidental.com.mx/local/diputadas-discrepan-por-paridad-en-candidaturas-de-pueblos-originarios-seguridad-a-candidatas-y-nulidad-de-elecciones-5433096.html

Lenguas originarias: patrimonio de un pueblo y de la humanidad

La lengua para un pueblo no es solo un medio o instrumento de entendimiento que posibilita la comunicación entre pares, la lengua transmite conocimiento tradicional y distingue a los pueblos de otros grupos de hablantes. Es un vehículo importante de cultura y tradición ancestral, pero no solo eso, es la expresión de la imagen particular del mundo que se ha creado esa comunidad, como llaman algunos especialistas es “la levadura de su vida interior”. La identidad de un pueblo y su lengua están inherentemente vinculadas porque los actos lingüísticos son finalmente actos identitarios. De ahí la relevancia de respetar y proteger el patrimonio o diversidad lingüístico-cultural. En Chile, recién a partir de 1993, con la promulgación de la llamada Ley Indígena 19.253, el Estado reconoce la existencia de las principales “etnias” que habitan en el territorio nacional y se compromete a respetar, proteger y promover sus culturas y lenguas, intentando revertir con este tardío reconocimiento, el trato discriminatorio que se ha tenido con los pueblos originarios. Si bien las presiones globalizantes del mundo moderno tienden a la homogeneización, todo esfuerzo por preservar la lengua materna, así como promover el plurilingüismo y la diversidad cultural de un pueblo es un imperativo de las sociedades inclusivas y democráticas. Los pueblos originarios, como el mapuche, son un ejemplo de esta lucha y resistencia por mantener viva su lengua y cultura. Que en definitiva es la lucha por diferenciarse y mantener viva su expresión. En un contexto de amenaza y vulnerabilidad que viven todas las lenguas indígenas de nuestro país, aún falta mucho por avanzar en el reconocimiento a los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. El Estado y sus instituciones deben respetar y promover los derechos lingüísticos, como un derecho humano irrenunciable, cimiento del derecho a la identidad y a la cultura, porque son parte de la dignidad de las personas. En todo caso, todos somos responsables del proceso de mantenimiento o desplazamiento de las lenguas indígenas que aún perviven en nuestro territorio. Especialmente cuando comprendemos que estas decaen y pierden vitalidad al enfrenarse a un entorno hostil, cuando son minorizadas producto de sistemáticos procesos de discriminación y minusvaloración de parte de la sociedad mayoritaria, lo que finalmente repercute en la pérdida de su funcionalidad en diferentes espacios sociocomunicativos al interior de las familias y comunidades. En definitiva, como se ha planteado desde el ámbito de la sociolingüística y antropología lingüística, se requiere una reflexión amplia sobre el problema de las lenguas indígenas y su articulación con políticas económicas, sociales, culturales, académicas, educativas y comunicacionales. El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador. https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/06/30/lenguas-originarias-patrimonio-de-un-pueblo-y-de-la-humanidad/

Expertos indígenas de Costa Rica diseñarán una ruta para la recuperación de sus terrenos

El objetivo es mantener el sistema de producción artesanal y mecanismos propios de distribución e intercambio

Un grupo de expertos indígenas de Costa Rica diseñarán una ruta para la recuperación de sus terrenos después de la pandemia. La ruta contará con la ayuda del Plan Nacional de Recuperación económica de los territorios indígenas afectados por la COVID-19. Bajo un marco conceptual y metodológico desde la visión indígena, se enfocará en el fortalecimiento de la actividad turística, entre otros aspectos. Este plan de recuperación se desarrollará en un plazo de tres meses y está apoyado por el Gobierno de Costa Rica y el Sistema de Naciones Unidas (SNU). Tiene como objetivos mantener el sistema de producción artesanal y mecanismos propios de distribución e intercambio, aparte de las actividades turísticas. El viceministro de la presidencia de Costa Rica, Randall Otarola, explicó que, “con esta ruta queremos generar respuestas a mediano y largo plazo que permitan a las comunidades indígenas adaptar sus actividades productivas a la nueva normalidad”. El SNU contratará a cuatro expertos indígenas, quienes se encargarán de identificar los impactos de la COVID-19, las propuestas comunitarias urgentes (de mediano y largo plazo) y de la recopilación y sistematización de información de los territorios indígenas. Esta iniciativa surgió por parte del viceministerio de Asuntos Políticos y de Diálogo ciudadano como respuesta a la afectación por el impacto de las crisis generada por la COVID-19, donde la economía en territorios indígenas se vio afectada en el turismo, venta de artesanía y la producción agrícola. Actualmente Costa Rica cuenta con ocho grupos indígenas, los cuales además se encuentran diseminados en 24 territorios indígenas. Los Pueblos Indígenas de Costa Rica son: Maleku, Bribri, Cabécar, Brunca o Boruca, Térraba o Teribe, Chorotega, Huetar y Ngöbe. https://www.agenttravel.es/noticia-038418_Expertos-indigenas-de-Costa-Rica-disenaran-una-ruta-para-la-recuperacion-de-sus-terrenos-.html

Pueblos originarios vs COVID-19

Diez universidades nacionales participaron de la realización del documento que analiza las condiciones socioeconómicas y sanitarias de comunidades indígenas de todo el país. Las investigadoras consultadas alertan sobre la situación crítica en torno a la falta de agua, la dificultad para acceder al sistema sanitario y la violencia a la que están expuestos, como principales problemáticas.

BUENOS AIRES (Agencia CTyS-UNLaM).- Más de un centenar de investigadores e investigadoras de 10 universidades nacionales participaron en un detallado informe que releva las condiciones socioeconómicas y sanitarias de las comunidades de pueblos originarios durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). El trabajo es una continuación ampliada y profundizada de un primer documento que había salido a principios de abril, a partir de un pedido de la Unidad Coronavirus sobre datos de poblaciones vulneradas. El informe también recoge sugerencias y recomendaciones para mejorar el impacto de la política pública. “En este caso, se trata de poblaciones afectadas por condiciones históricas. Lo que muestra el relevamiento es que se profundizaron desigualdades ya existentes en cuestiones socioeconómicas, sanitarias, educativas y alimentarias, entre otras”, afirmó a la Agencia CTyS-UNLaM, Malena Castilla, becaria postdoctoral del CONICET e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, quien estuvo como integrante del trabajo. Julia Colla, becaria doctoral del CONICET y docente de la Universidad Nacional del Litoral, señaló por su parte que “problemáticas como la falta de agua potable, la disponibilidad de servicios básicos, el hacinamiento, la dificultad para acceder al tratamiento médico y situaciones de violencia son problemas estructurales que afectan a casi todas las poblaciones indígenas”. “Uno de los principales objetivos es sumar la participación de las comunidades en los Comités de Emergencia Sanitaria y Social en las provincias, municipios y barrios para que tengan una participación activa en las decisiones y haya medidas diferenciales respetando las particularidades de cada lugar”, agregó Colla. “No se trata de pueblos vulnerables, sino de pueblos cuyos derechos han sido y continúan siendo vulnerados. Lleva a preguntarse por qué, cómo y por quién se produjeron estas acciones que derivaron en la situación que estamos observando” analizó Carolina Maidana, investigadora de la Universidad Nacional de La Plata. Emergencias antes de la pandemia Según manifiestan en el documento, estas condiciones de vulnerabilidad complejizan su situación ante la decisión del Gobierno nacional de implementar el ASPO. “La falta de agua, por ejemplo, es una situación sumamente crítica. Muchas de las comunidades no pueden acceder al agua potable y consumen de fuentes contaminadas, con lo que tienen luego enfermedades digestivas. En otros casos, el acceso al agua es por aljibes o canillas comunitarias, por lo que obtenerla implica romper el aislamiento”, señaló Castilla, quien trabaja con comunidades qom en Pampa del Indio, al norte del Chaco. Norma Naharro, investigadora de la Universidad Nacional de Salta, agregó que, en esta provincia, “ya en enero se declaró la emergencia sociosanitaria por muerte por hambre, con integrantes de la comunidad wichi como víctimas y que hizo que se activara toda una serie de políticas públicas. Si partís desde esa base, la situación de cuarentena no hace más que complicar todo el escenario”. Actualmente, Salta cuenta con más de 300 comunidades indígenas, pertenecientes a 14 pueblos originarios diferentes. Para Colla, por su parte, el escenario se complejiza con las dificultades para acceder al sistema sanitario: “En Chaco, hay pueblos donde ni siquiera hay médicos presentes de forma permanente. En lugares así, si se detectaran casos de coronavirus, la situación podría ser desastrosa”, alertó la investigadora, que trabaja con comunidades de Chaco. En este sentido, a la dificultad para acceder a los servicios de salud se le agregan factores epidemiológicos de enfermedades anteriores. “Hay denuncias en Pampa del Indio y en el barrio de Gran Toba, en Resistencia, de que en el hospital y centros de salud ya no hay insumos ni medicamentos. Y a eso se le suma que se trata de pueblos fumigados, con lo que muchos integrantes tienen enfermedades respiratorias que los dejan más expuestos ante el COVID-19”, remarcó Castilla.

Desconectados La implementación del ASPO implicó clases a distancia en todos los niveles educativos, un fenómeno que, de acuerdo al informe, también supone un punto crítico para las comunidades originarias. “Hay muchas complicaciones a la hora de pensar la conectividad, porque no todos tienen las mismas posibilidades”, analizó Marcela Valdata, investigadora de la Universidad Nacional de Rosario y directora del área de Pueblos Originarios en la Municipalidad. En su caso, por ejemplo, la académica cuenta que si bien muchos estudiantes tienen teléfono celular, las instituciones envían el material por correo electrónico. “En ese caso, lo que hacemos es actuar de mediadores: nos mandan el mail a nosotros, quienes descargamos el material y se lo reenviamos por Whatsapp a las familias. Pero son cuestiones que desde las instituciones no se tienen en cuenta”, remarcó Valdata, quien trabaja con comunidades qom, mocoví, coya, quechua y mapuche, con un abordaje integral. Naharro, por su parte, aportó en este sentido que, al no tener todas las comunidades los instrumentos o las herramientas necesarias para conectarse, se deben pensar alternativas válidas y eficaces. “Por ejemplo, considerar un sistema que combine el uso de cartillas impresas con clases difundidas por radio. En muchas zonas alejadas de los centros urbanos funcionan radios comunitarias a las que todas las familias tienen acceso. Entonces, sería conveniente fortalecer esas emisoras que se mantienen gracias al trabajo voluntario”, amplió la docente e investigadora de la Escuela de Antropología de la UNSa. Un contexto violento El informe también alerta sobre la violencia ejercida sobre las comunidades originarias de parte de algunas instituciones. “A lo largo de este tiempo, nos hemos encontrado con muchas situaciones de violencia por parte de la policía. Generalmente trabajamos los casos con la Secretaría de Derechos Humanos que, a su vez, articula con el Ministerio de Seguridad”, explicó Valdata. “En Salta, el Gobierno provincial sancionó, en el mes de abril, el DNU 255/2020, que crea un mecanismo por el cual queda en mano del jefe/a de la policía provincial la facultad de detener, juzgar, sentenciar y aplicar penas de arresto a presuntos infractores. Esto agravó situaciones de violencia basadas en el racismo que siempre son frecuentes” denunció Naharro. La antropóloga agrega también que, incluso en época de ASPO, “hubo un caso de desalojo muy violento en Tartagal, en altas horas de la noche, con adultos y niños heridos. Y eso se dio incluso cuando está en vigencia la Ley 26.160”. Maidana también observó este racismo y discriminación en sus trabajos con comunidades qom, guaraníes, mocovíes y tonocotés, en el área metropolitana de Buenos Aires. “Persiste esta idea de que Argentina desciende de los barcos y que ya no hay pueblos originarios. Hay reconocimientos legales y, al mismo tiempo, son privados de muchos de sus derechos”, alertó la investigadora de la UNLP. Castilla y Colla, por su parte, agregan que las poblaciones rurales, al no poder ir al pueblo a abastecerse y ante la suba de precios, “salen a hacer sus prácticas históricas como la caza, la pesca y la recolección para alimentarse. Recientemente, un joven qom, en la provincia de Chaco, fue baleado por agentes de la Policía, por haber entrado a un lugar privado para cazar y poder comer”. En los últimos meses en la zona del Gran Toba, en Resistencia, la discriminación y la violencia institucional han aumentado junto con los abusos policiales contra los pueblos indígenas. “En Fontana, localidad cercana a la ciudad capital, han torturado, abusado sexualmente y golpeado brutalmente a una familia qom. Estas acciones, ejercidas en la provincia, no hacen más que profundizar los escenarios de vulneración y criminalización que sufren las comunidades”, denunció. Una integración cultural Para Maidana, uno de los aspectos claves en el proceso debe ser el de desarrollar políticas interculturales que permitan reconocer a los pueblos originarios como sujetos políticos y sociales. “Históricamente, se les ha negado el derecho a reflexionar sobre la situación que atraviesan o proponer herramientas para transformarla. Es central recuperar los conocimientos y saberes para generar mecanismos de participación y prácticas interculturales”, analizó la investigadora de la UNLP. En este sentido, Naharro señaló que es común que los funcionarios recurran al experto para que hable en nombre de las comunidades. “Esto refleja que, en algún punto, se inferioriza a los grupos indígenas inhabilitando sus saberes y su capacidad de acción política. Los antropólogos y antropólogas no somos intermediarios ni traductores. Podemos aportar diversos tipos de análisis, pero no podemos reemplazar al sujeto político que es la comunidad”, aseveró la investigadora de la UNSA. En el mismo sentido, Castilla remarcó la necesidad de generar políticas que “tiendan a visibilizar los conflictos y problemáticas que afectan a la población y, especialmente, teniendo en cuenta estas desigualdades históricas que se describen en el informe”. Para la investigadora de la UBA, además, “no es lo mismo para una población que fue históricamente criminalizada, que sus territorios han sido históricamente fumigados y desmontados, pararse frente a una pandemia de este calibre”. Colla, por su parte, subrayó la importancia de que las políticas públicas se tomen a partir de la situación general de los pueblos originarios. “El objetivo siempre es que las políticas públicas se adapten a sus estilos de vida y a las legislaciones existentes”, planteó la académica de la UNL. folder_openTagged in: Agencia CTyS-UNLaM, agua potable, aislamiento social, Buenos Aires, covid 19, salud, sectores vulnerables, Tierra del Fuego Navegación de entradas

"Hay una discriminación ancestral", dice la primera médica wichi sobre los qom

Tujuayliya Gea Zamora destacó la situación de Gran Toba, conglomerado donde reside gran parte de la comunidad qom en Resistencia y donde hubo 16 muertos por coronavirus. También señaló que para el sistema "no hay un otro cultural con el que se convive".

La irrupción del coronavirus en el "Gran Toba", donde reside la mayor parte de la comunidad qom de Resistencia y donde ya hubo 16 muertos, puso de relieve "la ancestral discriminación y estigmatización" sobre ese pueblo, aseguró la primera médica wichi de Argentina. "Para ese sistema todo es igual, todos son lo mismo, no hay un otro cultural con el que se convive", dijo Tujuayliya Gea Zamora a Télam sobre lo que ocurre en este conglomerado ubicado en las afueras de Resistencia y considerado como uno de los epicentros del virus en el Chaco. Tujuayliya destacó que tanto en la provincia como en otras regiones del norte argentino "las sociedades pretenden que todos sean exactamente iguales, sin ver la pluralidad cultural" y añadió: "Convivimos en un mismo Estado pero pertenecemos a pueblos diferentes". Para este sistema todo es igual, todos son lo mismo, no hay un otro cultural con el que se convive.” TUJUAYLIYA GEA ZAMORA Y agregó que "en este contexto hay cosas indignantes" que tienen que ver con la discriminación y con un sistema médico que no ha sido capaz de adecuar su atención. El barrio Toba es considerado uno de los epicentros donde se expande el virus, por lo que el Gobierno nacional asiste allí con el programa Detectar, que permite identificar contagiados de coronavirus al actuar sobre los contactos estrechos de un infectado. Tujuayliya, que en idioma wichí significa "la que vence", se recibió de médica en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, luego de que su madre le escribiera una carta a Fidel Castro y, a través de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, recibiera una respuesta favorable a su pedido. Allí partió en el año 2004, ocasión en la que pudo convivir con jóvenes de diversos pueblos indígenas de Latinoamérica con el propósito de aprender medicina y saber cómo aplicarla en las comunidades, aprovechando la raíz solidaria, humanista y ética que primó en su formación. El Gran Toba está compuesto por lo barrios Chililí, Toba Camalote, Crescencio López, América y Cotap, en donde residen unas 4.500 personas y la mayor parte pertenecen a la comunidad qom. El coronavirus ya causó allí la muerte a 16 personas y hay otras 165 contagiadas. "Aproximadamente el 75% de las comunidades indígenas residen en áreas periurbanas que sufren la carencia de un centro de salud intercultural y el que funciona dentro de los barrios lo hace sin recursos con trabajadores totalmente precarizados que no están en condiciones de dar salud a la población", explicó la médica.

Chaco registra un total de 1.930 infectados por Covid-19 y lo convierte en el tercer distrito con mayor cantidad de personas contagiadas, detrás de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Gea Zamora nació en Embaración, Salta, y allí en la década de 1990 vivió la epidemia de cólera que azotó al departamento de Santa Victoria Este. "En esa época debíamos caminar muchos kilómetros para poder obtener agua limpia, hoy a más de 30 años, todavía seguimos sin pozos de agua, lo que denota el desprecio hacia nuestra comunidad por la falta de políticas públicas interculturales, algo que ha sido visibilizado recientemente con las muertes por desnutrición de niños wichi", reveló. Ante la aparición del primer caso en el barrio Toba, el 3 de mayo pasado, el Gobierno chaqueño decidió cerrar los seis barrios, mientras que el 7 de junio pasado instaló una carpa sanitaria en la que atiende a personas infectadas o con síntomas compatibles con Covid-19. "Hasta ese momento, los qom que vivían en el barrio Toba eran discriminados por el resto de la sociedad chaqueña, a quienes adjudicaban los contagios que se multiplicaban en Resistencia. Inclusive muchos medios de comunicación publicaban los nombres de los infectados con su DNI", aseguró la médica. La profesional, al egresar de la escuela universitaria cubana, fue a ejercer con las comunidades indígenas del departamento venezolano de Apure, mientras que en el 2016 retornó a la Argentina. Actualmente integra una mesa intercultural de adolescencia y salud mental que trabaja en el Chaco con los pueblos Wichí, Qom y Mocoyt y en la zona de El Impenetrable. "Los qom son muy arrraigados a sus familias, en una misma vivienda pueden convivir hasta 8 familias. Para ellos ir a un centro de salud 'criollo' no es fácil, ya que constantemente se los destrató, así como también en lo que tiene que ver con el acceso a la educación y a la justicia", dijo la médica.

Tujuayliya también mencionó el factor cultural en el manejo de los cadáveres de sus difuntos. "Ellos se oponen terminantemente a la cremación, quieren enterrar a sus muertos, por eso piensan que si van a un hospital por cualquier síntoma compatible al coronavirus van con un dolor de cabeza y vuelven en una cajita", aseguró. "El personal de salud que está en el territorio, que conoce las problemáticas y la prioridades de los qom, trabaja sin recursos. No tenemos un sistema de salud intercultural, no hay médicos ni enfermeras preparados para eso y tampoco nunca se estimuló la formación de profesionales indígenas universitarios", precisó la profesional. https://www.telam.com.ar/notas/202006/483606-whici-medica-discriminacion.html

Comunidad Los Tobas: residente criollo acusado de provocar divisiones entre caciques

El cacique Gabriel Espinosa; de Comunidad Los Tobas; especificó que un residente criollo de su comunidad viene provocando, intencionalmente, discordias con la comunidad Sarmiento, de etnia wichi. Espinosa recordó que esta persona solicitó un lote donde vivir pero desde entonces su comportamiento ha provocado situaciones tensas no solo en Los Tobas, sino también con otras comunidades de Ruta 86. Consultado al respecto de una serie de disputas entre Los Tobas y Sarmiento, Espinosa recordó que las comunidades se rigen por una misma ley y estatuto propias de cada una, en donde se especifica que los mismos residentes eligen a sus representantes, sea cacique o referente. No obstante, esas mismas normativas se aplican a cualquier iniciativa que pretendan llevar a cabo dentro de esos territorios, sean la destitución de un cacique o el levantamiento de grutas; como el caso que llevó al último enfrentamiento con el residente criollo. «Quiso levantar una gruta de San La Muerte enfrente de la Iglesia Evangelista (…) si bien no nos oponemos a que cada uno profese su fe, debe antes consultar con la comunidad», remarcó Espinosa. La ley y el estatuto de la comunidad; al igual que en Misión Cherenta; contempla expulsar a los residentes que alteren la paz social pero en este caso buscan llegar a un consenso, dado que la persona en cuestión tiene un hijo discapacitado y no obstante, un historial similar de relaciones con sus vecinos en anteriores puntos de residencia. «No solo discute nuestras leyes sino que también ha buscado que Los Tobas tenga problemas con la comunidad Sarmiento para que me destituyan a mí, lo que es una invasión (…) me entero así que Sarmiento (de etnia wichi) pretende quedarse con Los Tobas, cuando nosotros tenemos ley, estatuto y personería jurídica», cerró Espinosa. https://fmalba.com.ar/comunidad-los-tobas-residente-criollo-acusado-de-provocar-divisiones-entre-caciques/

Capacitarán a fuerzas de seguridad en derecho de los pueblos originarios

El Ministerio de Seguridad y el Instituto de Asuntos Indígenas firman convenio histórico para avanzar en esta propuesta. La instancia de formación será obligatori

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Sabina Frederic, firmó un convenio de cooperación con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), encabezado por Magdalena Odarda, que tiene como objetivo principal brindar capacitaciones en materia de derecho de los pueblos originarios para el personal que forme parte de las fuerzas de seguridad. "Esta iniciativa surgió en el marco del trabajo coordinado de la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios. El objetivo es consolidar un abordaje desde una perspectiva integral de derechos que pueda aplicarse en situaciones de conflicto en las que participen las Fuerzas Federales de Seguridad", expresó Silvia La Ruffa, subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa de la cartera de Seguridad. La propuesta pretende desarrollar acciones de capacitación y sensibilización para las y los trabajadores de las Fuerzas y para todos aquellos que se desempeñen en el Ministerio de Seguridad. La capacitación obligatoria, será un factor importante en la inclusión y el reconocimiento necesario de los pueblos indígenas como sujetos de derecho en el país. "El organismo que presido pondrá en conocimiento de las comunidades de los pueblos indígenas involucrados el diseño de contenidos y programas de capacitación. Los mismos serán convocados a los fines de su participación", sostuvo Odarda. https://lmdiario.com.ar/contenido/230638/capacitaran-a-fuerzas-de-seguridad-en-derecho-de-los-pueblos-originarios

Tres casos de covid-19 en Colonia Aborigen, Chaco

Coronavirus: alarma en una comunidad indígena El contagio inicial ocurrió en un hospital, con un médico que no cumplía las normas de la cuarentena. Los pueblos qom y mocoví iniciaron una campaña.

Los pueblos originarios de Colonia Aborigen, en el Chaco, entraron en alerta. Allí, la aparición de tres casos de covid en la última semana, alarmó a la población que inmediatamente implementó una campaña para advertir sobre lo ocurrido y prevenir futuros contagios. Los pobladores también encontraron una oportunidad para exponer sus condiciones de vida ante una sociedad que, a nivel nacional, desconoce la existencia de “la Colonia” --como le dicen--, y en general subestima la existencia de las culturas originarias en la actualidad. “Da bronca porque nosotros nos cuidamos, cumplimos, pero algunos pensaban que éramos inmunes y el virus entró, y entró por el hospital”, advierte Mateo Vucko, presidente de la cooperadora de una de las 14 escuelas primarias del lugar. “El caso uno fue un médico, por eso tuvimos que aislarnos los que fuimos sus contactos cercanos”, explica Vanesa Barrientos, enfermera del hospital local. Hoy se hacen hisopados y las personas guardan aislamiento en sus casas, como indica el protocolo, y sin tener que abandonar el lugar, algo que también generó temor en la comunidad al iniciarse el período de contagios. Colonia Aborigen abarca una superficie de 22.000 hectáreas en la que viven unas ocho mil personas, en su mayoría de los pueblos qom y moqoit (conocido popularmente como mocoví). “La aparición de los casos generó temor y es entendible”, define el intendente de Machagai, Juan Manuel “Juanchi” García, municipio al que responde Colonia Aborigen que nació en los años 40 como zona reservada para la Asociación Civil Colonia Chaco. Sucede que aún con la asistencia sanitaria de Machagai, y aunque el sistema de salud es provincial y no municipal, el virus causa temor. Y hay lugares cercanos afectados con mayor cantidad de casos. Tal como detalla García a Página/12, ciudades como Sáenz Peña, a pocos kilómetros de Colonia Aborigen, se encuentra en un estado más crítico. “Y en la zona de El Impenetrable hay un foco en Sauzalito --cuenta--, allí se hacen testeos masivos y si alguien tiene que salir de urgencia para una terapia, no hay rutas ni conexión rápida, solo una pista de aterrizaje que podría permitir el traslado por vía aérea”. En Colonia Aborigen, por su cercanía con la Ruta Nacional Nº16, esto no es un riesgo. “Como tampoco la densidad demográfica que sí presentan lugares como el barrio Toba, en Resistencia, donde viven unas 5000 personas. Muchos de ellos migraron desde la zona de la Colonia a la ciudad por cuestiones económicas”, explica García. Colonia Aborigen se encuentra a una hora de Resistencia, alineada entre los municipios de Quitilipi y Machagai. Tiene un solo hospital inaugurado en 2015 e ingresa al mapa de la pandemia a partir de un personal de salud. Un médico de Machagai que también trabaja en el hospital de Colonia Aborigen. Y según fuentes consultadas respondía a los “anticuarentena”: no usaba barbijo ni guardaba la distancia correspondiente. “El caso uno fue un médico y después se contagió un paciente del médico”, detalla Vucko. Vanesa Barrientos agrega: “Hoy tenemos muchas personas con síntomas, es entendible el temor”. Ella es licenciada en enfermería y estudia medicina en Sáenz Peña. “Soy de familia numerosa, nací en la comunidad y pertenezco al pueblo qom. Quiero dedicarme a la medicina indígena, pero tengo que entrar por la medicina criolla”, explica. Su hermana también es enfermera y está en aislamiento. Forman parte de la comunidad y reafirman su identidad cultural en una zona donde conviven criollos y familias de pueblo originarios. En el lugar, en 2015 se inauguró una escuela secundaria con albergue, un jardín de infantes, se construye un acueducto y se completan las primeras redes de agua potable y electricidad rural. Si llegaste hasta acá… Es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios. Página/12 tiene un compromiso de más de 30 años con ella y cuenta con vos para renovarlo cada día. Defendé la otra mirada. Defendé tu voz. https://www.pagina12.com.ar/275438-coronavirus-alarma-en-una-comunidad-indigena

Jóvenes Qom venden sus propios libros para construir sus casas

La mayoría nació en el Impenetrable y desde hace años están en Santa Fe. El año pasado editaron un libro cartonero con relatos propios. Con la venta de esos ejemplares levantan sus viviendas

Domingo 28 de Junio de 2020 Juan Yorqui, Iván Fabio Lorenzo, Cristian González, Mariano González y Ariel Benítez son jóvenes de la comunidad Qom que viven en barrio Santo Domingo, en el noroeste de la ciudad de Santa Fe. La mayoría nacieron en el Impenetrable, en Chaco, pero con las crisis económicas sus familias llegaron a la ciudad. Hoy, con un gran esfuerzo y con la ayuda de diferentes grupos de trabajo, están construyendo sus casas. Todo nace de La Comunidad, el grupo que integran junto a Andrés Cettour, quien fue su docente en el Centro de Alfabetización de Santo Domingo. "Lo primero que ve cuando uno entra son los ranchos. Los ranchos de chapa y los tobas trabajando en los patios la palma y el barro para hacer canastos y artesanías que luego venden. Después de los ranchos emerge la Capilla y después la escuela", cuenta Cettour.

n el largo proceso de conocerse los jóvenes fueron contando historias que Andrés les propuso plasmar en un libro. Para eso se contactaron con Legüera Cartonera, una editorial independiente que hace libros con cartón reciclados. Así nace Shotainá (Estoy aquí), una obra escrita en castellano y en Qom. El proyecto los llevó a presentar el libro en diferentes lugares de la ciudad y en la localidad de Fortín Olmos, en el departamento Vera. Pero, además, afianzó el vínculo entre los integrantes del grupo que hoy tiene en marcha el desafío de construir sus propias casas. Empezaron con la fabricación de ladrillos, que en parte vendieron para poder comprar herramientas y materiales que necesitaban, y ahora están en plena construcción con la ayuda del grupo Kiva Comunidad.

ndrés resalta que cada granito de arena que aportan los diferentes grupos de trabajo y las personas que conocen la iniciativa es fundamental para que las obras avancen. Hoy lo que más necesitan son cemento y chapas para poder terminar de darle forma a sus viviendas. La forma de conseguirlas puede ser la donación, pero también siguen apostando a su trabajo para poder comprarlas. El proyecto cuenta con dos fuentes de financiamiento: por un lado, la ayuda que llega todos los meses de un grupo de argentinos que están viviendo en Holanda. Por otro, la venta de sus libros, lo que es una doble satisfacción porque con la difusión de sus historias construyen sus casas. Legüera Cartonera está ofreciendo la obra Shotainá a través de sus redes sociales y todo lo recaudado se destina a la obra de las cinco casas.

Los libros de Shotainá son 100% artesanales. "Para la editorial representa un gran desafío y muchísimo trabajo y energías puestas en esto por la forma en que se realiza cada libro. Las tapas se cortan una a una, se pintan individualmente y se cosen a mano. También Legüera se ocupa de la venta y la entrega de cada ejemplar", contó Lucila Bianchi, una de las integrantes de la editorial, quien también sostiene que esto "resultó una oportunidad para que muchas personas conozcan la Comunidad, su lengua, y dar visibilidad a la situación en la que viven hoy". Legüera y La Comunidad se habían puesto una meta inicial de vender 100 libros. Sin embargo, el contagio que provocó la iniciativa hizo que ya superaran ampliamente esa meta y, casi sin querer, ya están cerca de duplicarla. La venta de los libros es lo que les permite a estos jóvenes contar todas las semanas con algo de dinero para poder seguir comprando los materiales que necesitan. Ahora deberán hacer frente a la compra de chapas, uno de los insumos más onerosos.

Los cinco jóvenes realizan una construcción solidaria, ya que se ayudan mutuamente para levantar sus viviendas. Al respecto, Lucila agregó: "Estamos felices de poder apoyar a los chicos en esto, nunca nos imaginamos que Shotainá sería una forma de financiar la construcción de sus viviendas. Por suerte también reciben donaciones de material y de fondos, casi todos de particulares". Quienes quieran ayudar, conocer la obra literaria de los jóvenes y disfrutar de los textos se pueden contactar con la editorial en sus redes sociales. En Facebook pueden buscar Legüera Cartonera o en Instagram, editorial.cartonera. Allí está toda la información para adquirir el libro, que se puede pedir también en formato digital, para que desde cualquier lugar puedan sumarse a colaborar.

El grupo La Comunidad junto a integrantes de Legüera Cartonera. https://www.unosantafe.com.ar/santa-fe/jovenes-qom-venden-sus-propios-libros-construir-sus-casas-n2593815.html

Informe: Los efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en las comunidades indígenas de la RMBA, NOA, NEA y Patagonia

INFORME: LOS EFECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES DE LA PANDEMIA COVID-19 Y DEL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA RMBA, NOA, NEA Y PATAGONIA http://antropologia.institutos.filo.uba.ar/anuncio/informe-los-efectos-socioecon%C3%B3micos-y-culturales-de-la-pandemia-covid-19-y-del-aislamiento-s?fbclid=IwAR3CXPySCCdHq4kbDnP5YXi1pGn_l-Xpvcqm1OU_AyZlIIyZRkBpOxpMdek

Comunidad selk’nam recibe títulos de propiedad de la Reserva

E ste día, los representantes de los pueblos originarios fueguinos reciben el título de propiedad definitivo de la Reserva Aborígen Rafaela Ishton. La entonces gobernadora Fabiana Ríos le entrega a la Comunidad selk´nam esa trascendente documentación.

Esta comunidad se transformó en la primera del país en recibir los títulos de propiedad de sus tierras. El presidente de la entidad Rubén Maldonado afirmó que “este es un día para no olvidar, ya que es el primer título de propiedad que se entrega a nivel país de manos de una gobernadora, lo que debe servir de ejemplo para todas las comunidades” y añadió: “Ya no viviremos en una tierra que no es nuestra o de la que no sabemos cuándo vamos a tener el título. A partir de hoy, podremos decir que vivimos en nuestra casa”. La titularidad de esas tierras de los sobrevivientes de los pueblos originarios, fue fruto de una larga lucha por su propiedad colectiva. En 1925, el gobierno nacional había adjudicado a los nativos, como reserva, los antiguos lotes 89, 90, 91 y 92, sobre la ribera del lago Fagnano. En los años posteriores, esa posesión fue sufriendo ocupaciones de hecho. Con la complicidad de sucesivos gobiernos fueguinos, algunas personas pretendían borrar la reserva y obtener la posesión de esas tierras. Luego de mucho batallar, el gran avance se concretó con la aprobación de la Ley 405 de “adjudicación de tierras a las Comunidades del pueblo Ona”, que entró en vigencia el 27 de julio de 1998. En su artículo 1°, dispuso la adjudicación “a las Comunidades del Pueblo Ona de Tierra del Fuego, las tierras (…) correspondientes a la Reservación Aborigen, dentro de las que se encuentran las pertenecientes a la señora Rafaela Ishton, heredera del señor Santiago Rupatini; de este último existe una mensura y ocupación permanente por sus herederos”. De la extensión original de la reserva, la ley debió hacer una excepción con el ejido urbano de la comuna de Tolhuin y otras quince hectáreas que quedaron asignadas “para obras públicas por el Poder Ejecutivo Provincial en el Lote 92”. Esta norma tomó en cuenta la vigencia de la Ley Nacional 23.302 de “Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes”, como lo especificado en la adhesión a los convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La comunidad poseía la personería jurídica que había sido otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. https://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2020/06/22/87201-comunidad-selknam-recibe-titulos-de-propiedad-de-la-reserva