“Lo único que han hecho es cortar las llamadas” Comunidad indígena expulsada por el Pilcomayo denunció incumplimientos

La comunidad debió moverse a 3 kilómetros Sus casas las levantan con horcones de madera, adobe y plásticos. (Redes Sociales)

Desde el año pasado los habitantes de Misión San Luis están en riesgo de ser alcanzados por las aguas del río. El cacique de Misión San Luis, comunidad indígena del municipio de Santa Victoria Este (en el departamento Rivadavia), que fue expulsada por la crecida del río Pilcomayo, denunció el incumplimiento de compromisos de ayuda del gobierno provincial. “Ahora lo único que han hecho es cortar llamadas”, dijo a Salta/12 Celedonio Torres. Desde la anterior crecida del río, en 2024, esta comunidad ya estaba en riesgo de ser alcanzada por los desbordes del río. Por eso en 2025 integrantes de Misión San Luis empezaron a limpiar terrenos a tres kilómetros de distancia de la ribera, con la intención de trasladarse a ese lugar para evitar que las aguas los alcancen. Torres mostró notas que envió a distintos organismos del gobierno provincial desde principios del año pasado para solicitar ayuda y la instalación eléctrica, así como la disponibilidad de agua potable, y materiales de construcción para levantar las nuevas viviendas. El cacique afirmó que hubo reuniones en las que funcionarios de distintas áreas del gobierno, como Defensa Civil, la Secretaría de Recursos Hídricos y el Ministerio de Desarrollo Social comprometieron su ayuda, ya sabiendo que el traslado era inminente. Con ese fin les pidieron un censo, que se hizo y contabilizó 55 familias. “Estamos de acuerdo de trasladarnos por la seguridad de la familia. Pero no tenemos la ayuda”, insistió Torres. Según contó, uno de los compromisos involucraba la llegada de un camión para la mudanza. Las familias deben trasladar los horcones que sostienen las paredes de adobe y techos de plástico o paja. Y es que, si bien pidieron chapas, plásticos y ladrillones para reconstruir las viviendas de todas las familias, la entrega fue mínima o no llegó. “Cuesta desplantar y llevar los horcones de madera”, explicó el cacique. Por ahora lograron contar con agua potable pero gracias a la donación de 400 metros de mangueras que facilitó el INTA. Con estas mangueras se conectan a una red de agua de otra comunidad que está a tres kilómetros del lugar a donde las familias de Misión San Luis se tuvieron que trasladar. Aún esperan la ayuda de Desarrollo Social, a cargo de Mario Mimessi, pero hasta ahora no tuvieron una respuesta. “Estamos pasando un mal momento porque juegan con nuestra necesidad y preocupación”, dijo Torres. Mientras, indicó que, si bien las aguas del Pilcomayo están bajando, ahora golpean riberas más altas en donde hay otras familias que empiezan a ser afectadas por el desbarrancamiento de la ribera, lo que las obliga a moverse de donde están. La respuesta del gobierno Desde el Ministerio de Desarrollo Social afirmaron que acondicionaron el terreno para eventuales reubicaciones “incluyendo limpieza del predio y apertura de calles”, junto a un relevamiento que realizó la Subsecretaría de Asuntos Indígenas. Reconocieron las reuniones entre diversos organismos y la comunidad con el fin de “evaluar la situación de riesgo vinculada a la cercanía de viviendas a la barranca del río”. “El traslado de familias se llevará a cabo de manera progresiva, priorizando aquellos casos que presenten mayor riesgo, conforme a las evaluaciones técnicas realizadas por Defensa Civil”, respondieron a las consultas de Salta/12 sobre las denuncias de la comunidad que asume que el peligro inminente es para todas las familias. El organismo aclaró que solo se harán los traslados de acuerdo a lo que determinen los organismos provinciales intervinientes. Acuerdo en Morillo En el mismo norte salteño, también creció el río Bermejo, con los consiguientes inconvenientes para las familias afectadas. En ese marco se generó un conflicto colateral en la Municipalidad de Coronel Juan Solá, más conocida como Morillo, en la banda norte del departamento Rivadavia. El miércoles último se inició una toma del edificio municipal. Al día siguiente se llegó a un acuerdo entre la intendencia y referentes de comunidades originarias para que unas 72 personas cobren 5 mil pesos diarios por tres horas de trabajo, de lunes a jueves. Según el acta, a la que accedió este diario, el acuerdo entre el intendente Ariel Arias y referentes de distintas comunidades, exhibe que el conflicto se inició cuando el jefe comunal decidió quitar una llamada “tarja de contención” a algunos beneficiarios, integrantes de las comunidades indígenas de la zona. Esa contención era de 10 mil pesos por semana, a razón de dos mil pesos por día hábil. Según dijo Arias en declaraciones públicas, decidió eliminar más de la mitad de estos beneficios a más de 40 personas porque no existía ninguna contraprestación. Añadió que las llamadas “tarjas” se empezaron a usar en 1995, año en el que asumió por primera vez el ahora procesado exintendente de ese municipio, Miguel Atta Gerala, quien en estos días responde ante la Justicia por el robo de rieles. Frente a la quita del beneficio, referentes de las comunidades tomaron el edificio municipal y cerraron con candado las puertas de acceso. Tras las negociaciones, cerca de la medianoche del jueves se firmó el acta por la cual se acordó “la contratación de los 36 referentes (de las comunidades)”, más una persona que “cada uno de ellos podrá agregar” para “trabajar”. El convenio indica que los incorporados “prestarán servicios de lunes a jueves inclusive, en el horario de 7 a 10”. En total, 72 personas realizarán tareas de manera alternada “realizándose un mes en las comunidades y al mes siguiente en la localidad de Coronel Juan Solá (Morillo), garantizando así una distribución equitativa de la asistencia y el trabajo”, indica el acuerdo. La contraprestación será pagada con 5 mil pesos por cada día de trabajo. https://www.pagina12.com.ar/2026/03/30/comunidad-indigena-expulsada-por-el-pilcomayo-denuncio-incumplimientos/