Comisión instó a diálogo y recordó que protestas no pueden desletigirmarse por hechos de violencia de particulares.
Servindi, 15 de octubre, 2025.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a Ecuador a investigar, juzgar y sancionar imparcial y diligentemente las denuncias de uso excesivo de la fuerza y violaciones de derechos humanos durante las protestas del Paro Indígena.
Mediante un comunicado de prensa junto a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), también instó a las autoridades a establecer un diálogo inclusivo, intercultural y genuino con manifestantes.
En esa línea, condenó todos los tipos de violencia, reafirmó que las protestas no pueden deslegitimarse por actos de particulares y recordó que las fuerzas de seguridad deben actuar de forma diferenciada en esos casos, respetando estándares de derechos.
La CIDH subrayó que la protesta social está protegida por los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación y constituye un componente esencial de la democracia, que exige canales de diálogo efectivos.
De igual forma, manifestó su preocupación por el posible uso de la “Ley de Transparencia Social” que el gobierno aprobó para obstaculizar el trabajo de organizaciones sociales que protestan.
Como se documenta, el 16 de septiembre el Gobierno declaró estado de excepción en 7 provincias y dispuso la movilización de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La Comisión registró reportes sobre presuntos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad, así como actos de violencia atribuidos a ciudadanos presentes en las manifestaciones.
Entre los casos mencionados se encuentra el de la muerte del comunero kichwa Efraín Fueres, ocurrido durante enfrentamientos con fuerzas militares en Cotacachi, Inambura, así como los reportes de heridos, detenidos, desaparecidos y procesados bajo supuestos cargos de terrorismo.
Las organizaciones indígenas también denunciaron el congelamiento de cuentas bancarias de sus dirigentes por parte del Estado y falta de garantías judiciales, en especial para las personas indígenas detenidas y acusadas de terrorismo.
La RELE, por su parte, registró al menos 21 casos de agresiones físicas y hostigamiento contra periodistas y trabajadoras de medios durante la cobertura de manifestaciones, presuntamente cometidos tanto por manifestantes como por fuerzas de seguridad estatales.
En ese sentido, da cuenta de la suspensión, por 15 días, de las transmisiones del medio comunitario indígena TV MICC, bajo el argumento de preservar el orden público y la seguridad nacional.
Los hechos registrados habrían afectado la capacidad de las comunidades para organizarse y ejercer su derecho a la protesta, así como el derecho de la ciudadanía a estar informada durante las movilizaciones sociales, remarca la Relatoría.
La RELE advierte que la suspensión de la señal de medios de comunicación que utilizan el espectro electromagnético podría generar un efecto inhibitorio en otros medios para emitir informaciones y opiniones de manera libre, por temor a enfrentar consecuencias similares.
https://www.servindi.org/seccion-pueblos-indigenas-actualidad-noticias/15/10/2025/cidh-pide-investigar-afectaciones-derechos
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