Fotos: Eugenia Neme
Días atrás, antes de que se conociera el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, el werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, ante el protocolo antipiquetes delineado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había dado una señal de alerta al decir: “Como organización política, estamos preocupados por la situación general”. En tal sentido, el referente provincial de los pueblos originarios no dudó en afirmar que la medida en cuestión era inconstitucional, e incluso consideró que se ingresaba en un “virtual estado de sitio”.
Tras la cadena nacional del mandatario argentino, donde se escucharon algunos alcances del DNU, la inquietud entre los indígenas de Argentina en general aumentó.
Por ejemplo, quienes integran el denominado Tercer Malón de la Paz, es decir aquellos que se movilizaron a partir del 25 de julio de 2023, desde Jujuy a Buenos Aires, en protesta por la reforma constitucional dispuesta algo más de un mes antes en aquella provincia norteña, se han pronunciado fuertemente ante la acción presidencial.
Aquí cabe hacer un paréntesis y señalar el porqué de la denominación de quienes levantan su voz en el norte.
Porque si se habla de un “Tercer Malón” es porque antes hubo otros dos, lo que muestra que los inconvenientes en materia de políticas indígenas han perdurado a través del tiempo.
En 1946, se produjo la primera de esas marchas a Buenos Aires, en demanda de la devolución de tierras a un recién asumido como presidente Juan Domingo Perón.
Finalmente, los “maloneros” fueron obligados a regresar en tren a sus territorios. De más está decir que la “bienvenida”, de terratenientes y capataces, no fue la mejor.
El Segundo Malón se formó sesenta años después, en esta ocasión para marchar internamente en la provincia para exigir al entonces gobernador, Eduardo Fellner, la entrega de tierras dispuesta por una orden judicial.
Ahora, ante el DNU de Milei, desde el Tercer Malón de la Paz, entre otras cuestiones, se expuso: “La Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011 expresó la necesidad de colocar un freno al proceso de extranjerización de tierras. Un artículo importante es el que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera. Su derogación conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez, esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades indígenas podrán ser expulsadas por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el deslizamiento de la explotación hidrocarburífera”.
Por otra parte, desde la Confederación Mapuche de Neuquén se indicó: “El pueblo nación mapuche se asume bajo estado de amenaza ante una Presidencia que promueve odio racial y que busca privarnos de derechos que han sido ganados a costa de vidas que han quedado en las rutas o en los territorios”.
En la misma línea, manifestaron: “Ante el infame megadecreto que hizo público Milei y la ‘casta’ que lo sostiene, la Confederación Mapuche de Neuquén manifiesta su absoluto rechazo a ese decreto que bajo la falsa apelación a la necesidad y urgencia intenta arrasar con derechos básicos, habilita la venta de bienes comunes ambientales y científicos, atenta contra derechos gremiales y laborales, lesiona gravemente el sistema de salud y rompe las reglas fundantes del sistema democrático”.
“Hemos vivido un sistema democrático débil, incompleto, desigual, que ha impedido que las naciones indígenas ocupen el lugar que nos corresponde. Pero con todas esas falencias, que son reparables con la movilización popular, este sistema desaparece ante un autoritarismo represor, clasista, racista y organizado para una mayor explotación a manos de los grupos de poder económico concentrado”, concluyeron.
En Bariloche, en tanto, donde a partir del conflicto de Villa Mascardi –con un acuerdo entre referentes indígenas y el Estado que, por ahora, ha quedado en la nada– la cuestión referida a los pueblos originarios se vive con particularidades propias, tras la cadena nacional de Milei del miércoles 20 de diciembre, cuando se dio a conocer el DNU, en medio del cacerolazo que retumbó en el centro de la ciudad, flameó la bandera mapuche.
Por el Cordillerano
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