Pueblos Originarios. Hualpa: «Los pueblos originarios ponen en crisis a todo el sistema político; hay una negación de sus derechos»

Resumen Latinoamericano, 24 de octubre de 2022 Entrevista de Lola Sánchez El despojo de pueblos originarios en el siglo XX y XXI se sostiene en la incertidumbre y la indefinición por parte del Estado respecto de las tierras tradicionalmente ocupadas. Eduardo Hualpa es militante, docente y abogado en causas emblemáticas de Derechos Humanos, miembro de la Asociación de Abogados de Derechos Indígenas y Coordinador de Acceso a la Justicia en la Patagonia. En diálogo con El Extremo Sur, repasó el panorama de Derechos Humanos en la Patagonia, especialmente la situación de los Pueblos Originarios, que hoy sufren un recrudecimiento de las violencias institucionales y una serie de discursos negacionistas contra sus comunidades. Hualpa resaltó a los Pueblos Originarios en tanto actores sociales fundamentales ya que «ponen en crisis a todo el sistema político, a la organización federal de nuestro país, al sistema representativo, a la idea de desarrollo y producción que pueda existir en la medida en que tenemos modelo fuertemente extractivo». Ratificó la necesidad de reconocer las autonomías indígenas en el marco de las políticas públicas, y explicó que si bien existe un marco normativo vigente que protege sus Derechos, no está siendo implementado. Por otra parte, evaluó la situación ocurrida en Villa Mascardi y criticó un modo estatal de resolución de conflictos centrado en la violencia: «Hay que entender que muchas veces las soluciones para los conflictos no son inmediatas ni mágicas, pero el camino tiene que ser restablecer el diálogo, bajar los niveles de violencia, ofrecer caminos de derecho.» ¿Hay avances en la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial? ¿Hay expectativas favorables al respecto? La Ley debería haberse prorrogado en noviembre del año pasado, y el Congreso no llegó a tiempo, entonces el presidente dictó un decreto de necesidad de urgencia. Es decir, hoy no hay Ley, lo que hay es un DNU que tiene el mismo efecto, pero en términos institucionales siempre es más débil la institución del ejecutivo que que todo el poder legislativo. Si bien la ley está prorrogada, todavía estamos a la espera de que el congreso atienda el tema con la profundidad que merece. Las señales hasta ahora no son muy alentadoras. ¿Qué prevé la Ley? La ley suspende los desalojos de comunidades, judiciales o por razones administrativas, establece un relevamiento territorial, catastral y registral, un buen diagnóstico de la situación de ocupación de tierras tradicionales que al finalizar el proceso que está previsto con una serie de normas, permite a la comunidad tener una carpeta en la que se ha dictado una resolución que reconoce su ocupación tradicional. Esto es importante. El primer paso para el reconocimiento de los derechos territoriales es la ocupación, el espacio territorial que utilizan los pueblos. Al no haber título de propiedad, una mensura sobre espacios ocupados, les van corriendo los alambres, disputando los espacios. El despojo de pueblos originarios en el siglo XX y XXI se sostiene en la incertidumbre y la indefinición por parte del Estado respecto de las tierras tradicionalmente ocupadas. ¿A qué cree que se debe la demora en su tratamiento legislativo? Sin duda está vinculado con intereses representados en el Congreso y tiene que ver con que los Pueblos ocupan tierras que son de interés para cuestiones extractivas, turísticas, industriales o de explotación. Por lo tanto, no se quiere garantizar la tierra porque eso los fortalece respectivos de sus demandas contra el Estado, provincias o particulares. ¿Existe actualmente una estructura normativa que prevea garantías mínimas para los Pueblos Originarios en la Argentina? Existe la Constitución, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana y Universal de los Pueblos. Hay una base normativa, lo que no hay es una implementación de esos derechos en la realidad de cada pueblo. Por ejemplo, no existe una ley de propiedad comunitaria indígena, que dicte cómo van a hacer esos pueblos para acceder a títulos comunitarios de propiedad, no hay ley que suspenda los desalojos, lo que hay es una prórroga vía decreto, no hay asignación de presupuestos. No es un problema de normas sino de voluntad política y de implementación de las normas. ¿Qué opinión le merecen las políticas públicas del Gobierno Nacional en torno a los asuntos indígenas? Hay muchos problemas. De hecho ni siquiera actualmente hay presidente del INAI, que sería el organismo encargado de darle dinámica a estas normas. El otro gran problema es que la mayoría de los conflictos de las comunidades en todo el país es con las provincias, por lo tanto hay un cierto obstáculo permanente que tiene que ver con que las acciones del Gobierno Nacional no siempre impactan de forma inmediata en territorios provinciales. Además, los Pueblos ponen en crisis a todo el sistema político, a la organización federal de nuestro país, al sistema representativo, a la idea de desarrollo y producción que pueda existir en la medida en que tenemos modelo fuertemente extractivo, y una de la víctimas principales de este modelo son los pueblos indígenas y el campesinado. Todas estas situaciones generan un marco bastante complejo para el avance de los pueblos indígenas. ¿Qué lugar ocupan las autonomías indígenas en la construcción de políticas públicas? ¿Hoy está contemplado en la normativa? En nuestros países, los pueblos tienen el derecho a ser consultados y participar de las decisiones que los afecten. Esto está establecido en la constitución -artículo 75, inciso 17-, en el Convenio 169, en el Tratado de Escazú; esto implica que no se le puede imponer decisiones ajenas a sus pueblos, cuando el Gobierno quiere generar un gasoducto, puente, autorizar una actividad minera, petrolera, maderera, turística, previamente tiene que realizar un proceso de consulta. Tampoco hay una ley sobre cómo debe realizarse esta consulta. En la medida en que no realice ese proceso, no puede avanzar con las decisiones. Cuando se habla de Políticas Públicas, un concepto muy en boga en estos tiempos, se piensa en el acuerdo de distintos sectores políticos en decisiones que se sostienen en el tiempo, más allá de los cambios de gobierno, y ahí se está pensando que hay otros actores con los cuales conversar y dialogar. Pero los Pueblos no están dentro del acuerdo de los sectores políticos, están con su autonomía,n que existe en las normas por su carácter de preexistentes y por ser pueblos, es decir, tienen carácter de libre determinación. Esto no implica que se desconozca el estado argentino, que se atente contra la soberanía, que se ofenda a los signos patrios, que es un poco una campana que se escucha. Implica que los gobiernos tienen que lograr acuerdos con los pueblos. No pueden imponerles decisiones que los afecten como un hecho consumado, que es lo que normalmente ocurre. Se autoriza una actividad y después se ve que impacto tiene en la población. Esto no puede pasar, por eso hablamos de la libre determinación. ¿Cómo analiza, desde la perspectiva legal, lo ocurrido en Villa Mascardi? Por un lado, hay un contexto de negación de derechos de los Pueblos, fuertemente promovido por algunos sectores políticos, y son los mismos sectores políticos que en la gestión anterior, en ese lugar, mataron a Rafael Nahuel. Por otro lado, frente a esa dificultad que tienen los gobiernos para establecer una respuesta adecuada a los Derechos Humanos de los Pueblos, lo que ocurrió ahí fue una gestión por parte de la justicia sumamente violatoria de garantías en general, la detención de mujeres, el traslado arbitrario, el hecho de que aún continúa la detención de las mujeres por una causa de usurpación, por la cual una persona no debería estar detenida. Salvo cuando se justifica que hay peligro de entorpecimiento o fuga, pero no vemos que en este caso sea así, son mujeres con hijos, son de la zona. A eso se le suma una gestión de la provincia de Río Negro cuya posición sobre los Pueblos es sumamente negadora de derechos. Incluso niega la existencia de los mapuches como Pueblo. ¿Cómo voy a establecer un diálogo con aquel al que niego? ¿Los incidentes de este tipo afectan a las instituciones judiciales en general? Sin dudas, todos perdemos en esta forma y gestión de los conflictos, por lo menos pierde el gobierno, pierde autoridad y pierden pueblos porque sufren consecuencias de esas formas de enfrentar conflictos que, a mi modo de ver, no es la adecuada. ¿Cómo ve la situación a corto plazo? Tras los últimos eventos, ¿cree que la violencia se va a intensificar? ¿o podría aminorar? Ojalá que se pueda aminorar, que el diálogo se pueda restablecer. Sé que ha habido iniciativas en ese sentido, tengo esperanza. Hay que entender que muchas veces las soluciones para los conflictos no son inmediatas ni mágicas pero el camino tiene que ser restablecer el diálogo, bajar los niveles de violencia, ofrecer caminos de derecho. También hay que entender que si esos caminos de derecho están cerrados haya quienes promuevan otras formas al margen. El Estado tiene que garantizar que todas las personas que convivimos en este país confiemos en que el orden va a estar establecido, pero un orden justo, con respeto a las normas, a los derechos, al cumplimiento. Cuando esto se quiebra cada uno toma su camino para restablecerlo. Necesitamos restablecer la autoridad estatal para aminorar estos conflictos. ¿Coincide con la idea de que la violencia hacia los Pueblos Originarios constituye una forma de disciplinamiento? Ojala que no, porque sí ese es el objetivo, el resultado va a ser el contrario. Son tiempos en los que no hay margen para creer que se puede vivir sin conflictos y estrategias para gestionarlos. No solo los temas indígenas, sino todos los temas conflictivos en nuestra sociedad, deben ser pensados como una lucha de intereses, un cruce de posiciones que el Estado es el que debe organizar y tramitar. De lo contrario pasan estas cosas, se privatiza la respuesta frente a conflictos y ese es el peor de los mundos para todos. Sería muy torpe esa respuesta. Usted es Coordinador de Acceso a la Justicia en la Patagonia. ¿Los últimos hechos de violencia se inscriben en un clima debilitado respecto a los Derechos Humanos en la Patagonia? Sin duda hay muchos casos de violaciones de Derechos Humanos en la región. En muchos de los casos tienen que ver con esta idea: parece que no hay una especie de gobierno, nadie cumple ninguna ley o al contrario, hay un Estado que responde a los balazos, no propone diálogos ni organiza los conflictos de una forma racional. Creo que tenemos que repensar qué caminos se pueden establecer para la autoridad estatal, sin que eso implique un control policial de las conductas, control policial de espacios territoriales o un control autoritario. Ahí hay problema entre autoridad y autoritarismo. Pareciera que no se puede tener un Estado con funcionalidad sin mano dura. La mano dura no ha permitido respuestas favorables en ningún lugar del mundo. El extremo opuesto, la falta completa de presencia estatal, tampoco. Una sociedad tan desigual como la nuestra no se autoorganiza, pero no debe organizarse tampoco del modo drástico y autoritario que algunos nos hacen creer. FUENTE: El Extremo Sur de la Patagonia