30 sept 2013
“Una respuesta a demandas territoriales indígenas”: el Congreso prorrogó hasta el 2017 la vigencia de la ley 26160
Jujuy al día® – “Esperamos que esta norma contribuya a saldar la deuda que mantiene con las comunidades indígenas el Estado” afirmó el senador nacional Gerardo Morales tras la reciente sanción de la Ley Nº 26894 que prorroga la Ley 26160. La norma, aprobada en 2006, declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas y suspendió los desalojos. Esa ley debía operar hasta 2010, pero fue prorrogada hasta 2013. Ahora con la sanción de la Ley 26894 la norma operará hasta noviembre de 2017. Ese instrumento además dispone fondos para un relevamiento de las tierras y la regularización dominial.
El senador nacional Gerardo Morales impulsó la iniciativa atendiendo el reclamo que habían expresado, en abril último, diversas comunidades indígenas de Jujuy. En Senadores la norma había sido aprobada el 3 de julio de este año. Además de extender hasta el 23 de noviembre de 2017 los plazos establecidos en los artículos 1, 2 y 3 de la 26160, dispuso que el Ejecutivo asigne nuevas partidas para atender el fondo especial creado en el artículo 4 de la norma.
Morales recordó que la “la ley 26.160 cristalizó un innegable acto de justicia y reparación histórica para los pueblos originarios de nuestro país”. Sin embargo, no obstante la ley se registraron incumplimiento estatales que retrasaron el ejercicio efectivo del derecho a las tierras de las comunidades”.
Cabe señalar que el reconocimiento de “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”, está plasmado en el artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, donde además se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. También el Convenio 169 de la OIT establece la obligación para el Estado argentino de “tomar las medidas necesarias” a los fines de “determinar las tierras que los pueblos ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”.
El senador jujeño destacó la importancia que tiene para las comunidades la posesión y propiedad de sus territorios que son el espacio de producción material y reproducción simbólica, así como de contacto espiritual con sus antepasados y confió que la Ley 26894 ayudará a efectivizar este derecho.
Puso de relieve Morales la histórica lucha por las tierras de los pueblos indígenas que tuvo hitos, como la Batalla de Abra de la Cruz, la Batalla de Quera y el Malón de la Paz. Recordó además que en 2011, tras un corte de ruta de 3 días en Purmamarca, el Gobierno Provincial estableció plazos para entregar los títulos a las comunidades. Ese compromiso fue vulnerado por eso el 22 de abril de este 2013, las comunidades de los pueblos kolla y quechua concretaron una marcha reclamando la entrega de las tierras y la prórroga de la Ley 26.160.
Atento al reclamo, Gerardo Morales promovió un proyecto de ley considerando que “sigue siendo necesaria la emergencia dispuesta en la Ley 26160 para evitar desalojos y otro tipo de actos o medidas administrativas o judiciales que pueda afectar su posesión territorial y afectar su derechos a la propiedad comunitaria”.
“La ley aprobada este jueves, explicó, provee reaseguros para los pueblos indígenas, protegiéndoles de eventuales avasallamiento a su derecho constitucional de ocupar los territorios en los que vivieron ancestralmente”.
Observó Morales que de esta manera, se crea un instrumento para prevenir eventuales violaciones de derechos y situaciones irreparables que pudieran devenir como consecuencia del lento proceso de regularización y entrega de tierras a las comunidades indígenas, en particular en la región NOA.
“En la Provincia de Jujuy hace más de quince años se ha iniciado un proceso de regularización y entrega de las tierras a las comunidades, sin embargo el mismo ha sido lento y ha generado múltiples expresiones de protesta en el movimiento indígena que ha reclamado de diversas maneras, inclusive judicialmente, la conclusión de ese proceso”.
Finalmente, el senador jujeño afirmó que la norma “brindará un marco de seguridad a las comunidades” y abogó para que permita poner término al proceso de regularización de tierras indígenas, largamente dilatado en Jujuy.
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